El Tribunal de Cuentas cuestiona 4.090 millones del resultado presupuestario y alerta del patrimonio neto negativo de la Seguridad Social
MADRID — DOSSIER EDITORIAL, 25 DE OCTUBRE DE 2026. El Tribunal de Cuentas aprobó el 5 de mayo de 2026 la Declaración sobre la Cuenta General del Estado (CGE) correspondiente al ejercicio 2024. El dictamen contiene una conclusión doble: la opinión sobre la cuenta consolidada fue favorable, pero el organismo fiscalizador formuló salvedades sobre diversas partidas y sobre la manera en que se atribuyeron obligaciones y derechos al ejercicio presupuestario. La más cuantiosa de las salvedades destacadas en su nota pública afecta al resultado presupuestario consolidado, que, a juicio del Tribunal, estaba sobrevalorado en 4.090,3 millones de euros.
El dato procede de la comunicación institucional del propio Tribunal, no de una filtración ni de la interpretación de un comentarista político. La explicación técnica señalada por la entidad es la incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos: determinadas operaciones se habrían reconocido en un periodo contable distinto del que correspondía. No significa, por sí solo, que esos 4.090,3 millones se hayan sustraído, transferido ilegalmente o perdido.
Qué encontró realmente el organismo fiscalizador
La nota oficial agrupa las observaciones por naturaleza. Junto al ajuste del resultado presupuestario, destaca 1.627,1 millones de euros correspondientes a pagos a justificar pendientes de justificación o aprobación que ya habían superado los plazos legalmente establecidos. Es una incidencia de rendición de cuentas y de control de plazos; su importe no puede sumarse a la cifra de 4.090,3 millones como si ambas partidas representaran un mismo déficit o un dinero desaparecido.
El Tribunal también llama la atención sobre la calidad de la información acerca de los importes que distintas administraciones esperan cobrar: señala una sobrevaloración de 11.263 millones de euros en deudores tributarios y no tributarios y una infravaloración de 2.643,9 millones en deudores de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial. La corrección de estos saldos requiere procedimientos específicos de conciliación y seguimiento de derechos de cobro.
Se mencionan igualmente 781 millones por la ausencia de contabilización de intereses de demora sobre ciertas deudas de cuotas a la Seguridad Social y 672,3 millones cuya cobrabilidad suscita dudas en cotizaciones de instituciones sanitarias sujetas a moratoria. Estas son observaciones de valoración y contabilización; convertirlas sin más en una cifra de fraude sería ajeno al alcance de la declaración.
Seguridad Social: patrimonio neto negativo no es una quiebra inmediata
La cifra de mayor volumen en el informe corresponde al patrimonio neto del sistema de la Seguridad Social: 106.138,7 millones de euros negativos al cierre de 2024, por octavo año consecutivo. El organismo cifra los préstamos acumulados del Estado a la Seguridad Social en 126.170,2 millones, equivalentes al 7,91 % del PIB en aquel momento.
El patrimonio neto es una magnitud de balance. Un saldo negativo alerta de una relación desfavorable entre activos y pasivos según las reglas contables aplicadas, pero no describe por sí solo la liquidez disponible para pagar pensiones al mes siguiente ni equivale automáticamente a la insolvencia de una empresa privada. Precisamente por ello, el Tribunal insiste en la necesidad de medidas que mejoren la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo.
Un apartado específico recoge además un déficit estructural de 2.677,3 millones de euros en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de las mutuas colaboradoras. Se trata de otra variable de funcionamiento distinta del saldo patrimonial general.
La prórroga presupuestaria y el reparto temporal de las obligaciones
Durante 2024 estuvieron vigentes los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023 al no haberse presentado un nuevo proyecto para ese ejercicio. El Tribunal explica que esta situación generó incertidumbre sobre la aplicación de algunas reglas presupuestarias, especialmente al realizar modificaciones y destinar créditos sobrantes a otras necesidades.
Los créditos definitivos superaron a los iniciales en 77.341,9 millones. No significa que esa diferencia haya sido necesariamente gastada o financiada en su totalidad mediante mayor endeudamiento efectivo. El documento puntualiza que se había previsto financiar el 95 % mediante variación del saldo de deuda, si bien el comportamiento de los ingresos evitó alcanzar ese importe de variación.
La declaración también menciona la autorización de 2.389,4 millones en modificaciones para obligaciones ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas. El Tribunal considera que los fundamentos jurídicos de esa financiación deberían haber sido mejor justificados.
Un problema distinto: la fiscalización de las cuentas de partidos
El organismo ejerce además competencias sobre las cuentas de los partidos políticos. En su informe n.º 1.573, aprobado el 27 de junio de 2024 y referido a la contabilidad de 2020, fiscalizó 25 formaciones. De ellas, 5 obtuvieron una opinión favorable sin salvedades, 17 una opinión favorable con salvedades y 3 recibieron una opinión desfavorable: CUP, Izquierda Unida y Nueva Canarias. Cuatro partidos —EH Bildu, IU, PNV y PSOE— no habían integrado toda la actividad económica de sus organizaciones locales.
Estas conclusiones proceden del resumen oficial de ese informe y deben situarse en su fecha: 2020 es el ejercicio examinado; 2024, la aprobación del informe. No son hallazgos nuevos del 25 de octubre de 2026 ni salvedades de la Cuenta General del Estado de 2024.
Algunas informaciones periodísticas que reproducen pasajes del informe íntegro señalan que el patrimonio neto declarado por el PSOE en 2020 estaba infravalorado en 5.185.281 euros, y cuestionan una provisión de unos 3,7 millones para gastos de personal futuros que no cumpliría los criterios de registro. La cifra y su descripción aparecen en piezas de OKDIARIO, 2 de enero de 2026, y The Objective, 28 de octubre de 2025. Antes de citar ese detalle como lectura directa del órgano fiscalizador, esta redacción debe comprobar el pasaje concreto en el informe completo I1573, no accesible durante esta consulta por restricciones técnicas a su descarga.
Una provisión contable mal reconocida no es lo mismo que una caja B, y ninguna de estas conclusiones supone por sí misma una condena o resolución por financiación ilegal. Son asuntos distintos que exigen documentos y pruebas también distintos.
Qué debe aclararse antes del cierre definitivo
La fiscalización hace públicas diferencias de criterio y problemas de registro contable, pero para medir su alcance actual es necesario comprobar qué ajustes se practicaron posteriormente. La pregunta principal es si se han corregido los saldos objetados por el Tribunal y qué organismos asumieron cada recomendación.
Para ello resultaría pertinente solicitar al Ministerio de Hacienda y a la Intervención General de la Administración del Estado un estado de seguimiento de las salvedades relativas al ejercicio 2024; a la Seguridad Social, la evolución de su patrimonio neto y sus obligaciones frente al Estado; y al Tribunal de Cuentas, la documentación de implementación de sus recomendaciones.
La auditoría institucional permite explicar que una opinión favorable con salvedades no equivale a una aprobación sin reservas. Del mismo modo, el rigor exige no presentar ajustes contables como condenas penales. Es precisamente esa distinción la que permite medir lo que está documentado y las respuestas que todavía faltan.
Fuentes y referencias
- Tribunal de Cuentas, nota oficial de la Declaración de la Cuenta General del Estado 2024, 5 de mayo de 2026.
- Tribunal de Cuentas, resumen de fiscalización de las cuentas de partidos 2020, informe n.º 1.573, 2024.
- Repositorio oficial de informes de fiscalización de partidos políticos.
- OKDIARIO, 2 de enero de 2026: transcripción de salvedades contables atribuidas al informe n.º 1.573.
- The Objective, 28 de octubre de 2025: provisiones contables del PSOE.
