MADRID, 9 de noviembre de 2026. La coincidencia entre los tres licitadores de un contrato de señalización ferroviaria de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y las empresas incluidas en un expediente sancionador por cártel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vuelve a poner bajo escrutinio los controles de contratación de Adif. Una investigación periodística publicada a las 05:25 de este lunes ha confrontado el expediente de contratación 3.20/20810.0063 con la resolución S/DC/0614/17, aprobada por la CNMC el 29 de septiembre de 2021. El resultado es relevante para la integridad de la competencia pública, pero no demuestra que el contrato concreto de 2021 fuera amañado.
Las tres empresas identificadas son Siemens Rail Automation, Thales España GRP y CAF Signalling. Presentaron ofertas a un proyecto destinado a renovar la señalización, introducir el sistema europeo ERTMS y modernizar comunicaciones y centros de control en el corredor Madrid-Sevilla. Thales fue seleccionada por un importe de unos 77,5 millones de euros sin IVA, según las cifras de adjudicación. La CNMC, por otra parte, había investigado prácticas anticompetitivas desarrolladas en el mercado ferroviario durante periodos anteriores que alcanzaron, en general, de 2002 a 2017. No se debe confundir la sanción por aquel cártel con una declaración de colusión en el concurso de Adif de 2021.
La novedad de esta mañana: cruzar dos expedientes distintos
La publicación de hoy llama la atención sobre un dato documental: los participantes en el concurso para sustituir el LZB de la línea Madrid-Sevilla aparecen en la resolución histórica de la autoridad de competencia. Esa relación merece escrutinio porque el proceso de adjudicación tuvo lugar mientras el expediente sancionador se acercaba a su conclusión.
Para establecer la secuencia es necesario fijar fechas: las ofertas de las compañías se presentaron a comienzos de 2021, Adif acordó la adjudicación en septiembre y la CNMC aprobó su resolución sancionadora el día 29 de ese mes. El contrato se formalizó posteriormente. No fue una licitación celebrada después de una condena judicial firme que todos los intervinientes estuvieran necesariamente obligados a conocer desde el principio.
La identidad de los licitadores sí puede documentarse; los efectos jurídicos de la sanción sobre la contratación concreta requieren otro análisis. Hay que conocer la vigencia de cada limitación para contratar, las decisiones de los organismos competentes y los recursos que se hubieran interpuesto. La coincidencia nominal es un punto de partida para investigar, no un atajo para concluir culpabilidad por asociación.
Qué acreditó realmente la CNMC en 2021
La autoridad española de competencia anunció el 1 de octubre de 2021 una resolución que imponía sanciones por prácticas que afectaron a licitaciones de equipos de señalización, seguridad y comunicaciones de las redes ferroviarias. Según la propia CNMC, el cártel llegó a repartirse concursos públicos por un volumen superior a 4.100 millones de euros durante un periodo de unos quince años. También fueron sancionados directivos de determinadas compañías.
El expediente S/DC/0614/17 describe mecanismos anticompetitivos como reparto de licitaciones, acuerdos sobre cuotas de contratación, uso de uniones temporales de empresas y ofertas de acompañamiento. Se trata de hechos atribuidos por la resolución al conjunto de operaciones examinadas en su marco temporal. La descripción no equivale a una prueba de que todas las licitaciones posteriores de las sociedades implicadas estuvieran manipuladas.
En la resolución aparecen, entre otras, Siemens Rail Automation, Thales España GRP y CAF Signalling. La participación de las firmas y el alcance temporal son distintos y deben examinarse individualmente. Siemens Rail aportó información al programa de clemencia, una circunstancia que afectó a su tratamiento sancionador. Esa cooperación no borra los hechos analizados, pero puede tener consecuencias sobre sanciones y prohibiciones de contratar.
El contrato de señalización y la oferta de Thales
El concurso de Adif Alta Velocidad buscaba renovar instalaciones del corredor Madrid-Sevilla. Su alcance incluía señalización, implantación ERTMS, actualizaciones de comunicaciones y otras actuaciones destinadas a sustituir o modernizar tecnología existente. La oferta seleccionada de Thales rondaba los 77,5 millones de euros antes de impuestos y 93,8 millones con IVA.
En la documentación y las informaciones publicadas sobre el procedimiento aparece una baja económica relevante respecto al presupuesto de licitación. Una oferta anormalmente baja puede justificar requerimientos de explicación y comprobaciones técnicas, pero no es en sí misma una señal suficiente de concertación o fraude. El órgano de contratación debe evaluar su viabilidad con los criterios y garantías de la ley.
Para determinar si la oferta fue adecuada convendría consultar los informes de valoración, justificaciones técnicas y económicas, acuerdos de la mesa, posibles recursos, modificaciones y certificaciones posteriores. Un precio bajo puede obedecer a eficiencias reales o a supuestos de alcance cuya ejecución requiere control. Ninguna de esas posibilidades debe darse por probada sin documentos específicos.
La relación con la tragedia ferroviaria de Urda hace más urgente aclarar el estado de las obras, pero no autoriza a atribuir la causa del accidente a una firma o a un supuesto pacto. La causalidad técnica está sujeta a investigación distinta y exige registros y peritajes.
Tres fechas que impiden un titular engañoso
Primero, el proyecto de renovación se licitó cuando la CNMC aún no había aprobado la resolución que se cita ahora. Segundo, el acuerdo de adjudicación de Adif precedió en días a la resolución sancionadora. Tercero, la formalización del contrato llegó después de esa decisión administrativa.
La secuencia abre preguntas legítimas sobre el régimen de prohibiciones para contratar, la información disponible en la administración y los controles aplicables en el momento de la formalización. Pero esas preguntas no pueden contestarse con la frase de que el Estado «adjudicó el contrato a sabiendas de un cártel» sin examinar las obligaciones legales vigentes y las resoluciones que afectaban a cada participante.
El expediente de competencia abarca una conducta histórica que terminó, según la resolución, años antes de este procedimiento. Probar una coordinación ilegal en el contrato de 2021 exigiría pruebas de coordinación en ese concurso, no solo la participación anterior de las mismas empresas en otras prácticas sancionadas.
La prohibición de contratar no es automática en todos los supuestos
La normativa española contempla consecuencias para quienes incurren en determinadas infracciones de competencia, pero su aplicación depende de procedimientos, alcance, firmeza y decisiones de los órganos competentes. En la propia resolución de la CNMC se distinguían situaciones de empresas y efectos derivados de la colaboración mediante clemencia.
Para esta licitación resulta imprescindible establecer si existía una prohibición de contratar efectivamente aplicable a cada sociedad en las fechas relevantes. La mera existencia de una multa no determina siempre la inhabilitación inmediata ni su duración. También importan las eventuales decisiones administrativas o judiciales posteriores.
La investigación debería solicitar a Adif la documentación mediante la que verificó la aptitud de las empresas para contratar y las declaraciones responsables presentadas. Asimismo, sería necesario conocer si se abrió alguna revisión tras la resolución de la CNMC y cuál fue su resultado. Ninguna de esas comprobaciones puede sustituirse por una deducción política.
Los fondos europeos y la nueva investigación
La Fiscalía Europea confirmó el 6 de noviembre la apertura de diligencias sobre un posible fraude relacionado con fondos comunitarios utilizados en las actuaciones de seguridad y señalización de la línea Madrid-Sevilla. La existencia de esa investigación convierte la trazabilidad del contrato en un asunto de interés público renovado.
Sin embargo, la investigación europea no constituye una resolución de culpabilidad sobre las empresas ni demuestra que la Fiscalía esté investigando concretamente los acuerdos de cártel de 2002 a 2017 como si hubieran ocurrido en 2021. Puede analizar el destino de los fondos y la ejecución contractual con criterios propios de la protección del presupuesto comunitario.
Las actuaciones policiales para recopilar información en Adif y otras instituciones son diligencias de obtención de documentos. No se debe convertir una visita de agentes en una declaración de fraude probado. El procedimiento podrá acreditar irregularidades, descartar sospechas o señalar hechos que requieran nuevas investigaciones. El resultado permanece abierto.
Competencia y seguridad ferroviaria: dos preguntas separadas
La competencia entre licitadores afecta a la integridad de la compra pública, la igualdad de oportunidades y el precio que paga la administración. La seguridad ferroviaria se relaciona con las prestaciones técnicas, pruebas, mantenimiento y estado efectivo de los equipos instalados. Aunque ambos ámbitos puedan encontrarse en el mismo contrato, no son equivalentes.
Un acuerdo para repartirse obras puede encarecer el gasto sin que necesariamente se acredite una deficiencia técnica en cada trabajo. Y una ejecución técnicamente insuficiente puede ocurrir sin que exista coordinación ilegal entre licitadores. La vigilancia pública debe atender ambos planos con evidencias distintas.
En el corredor Madrid-Sevilla, la cronología de instalación de ERTMS, el sistema LZB preexistente y las incidencias registradas son cuestiones que deben investigarse mediante documentación técnica. La sanción de competencia de 2021 no demuestra cuál fue la causa del accidente ocurrido en octubre de 2026.
Qué debe aclarar Adif
La lista de comprobaciones es concreta: identidad de participantes y sus ofertas; informes de admisión y evaluación; justificación de la baja económica; condiciones técnicas de ejecución; comprobación de capacidad y aptitud para contratar; posibles modificaciones y prórrogas; y recepción efectiva de las prestaciones.
También sería pertinente saber qué evaluación interna hizo Adif tras la resolución de la CNMC, si existió, y si la contratación recibió observaciones de otros órganos de control. La respuesta debe venir de expedientes y fechas, no de hipótesis sobre intenciones de dirigentes sin respaldo documental.
No consta para esta revisión una respuesta específica de todas las empresas al cruce documental difundido esta mañana. Sus posibles explicaciones y recursos forman parte del contraste pendiente. La sanción administrativa histórica merece citarse de manera precisa, sin adjudicar al contrato de 2021 hechos distintos de los probados entonces.
Una pista documental de interés, no una nueva condena
El hallazgo divulgado este lunes no es una multa recién impuesta ni una detención. Es la asociación periodística de una licitación de seguridad ferroviaria con una resolución sancionadora anterior. Su interés está en precisar qué controles de competencia se aplicaron cuando Adif contrató la modernización de una infraestructura crítica.
La novedad puede sostener un análisis propio siempre que se verifiquen los documentos originales, se reconstruya la cronología y se explique qué permanece abierto. La afirmación de que los tres licitadores fueron sancionados por un cártel histórico debe acompañarse de la advertencia de que esto no acredita colusión en el contrato concreto.
Conclusión provisional. El expediente sancionador de la CNMC, la contratación de 2021 y la investigación europea de 2026 son tres piezas documentales diferentes. La noticia de esta madrugada consiste en relacionarlas y exigir claridad sobre los controles, sin anticipar culpabilidades ni causas técnicas del siniestro de Urda.
