De ETA al GAL: cómo España entró en una guerra clandestina a ambos lados de la frontera
La violencia de ETA alcanzó su máxima intensidad durante la Transición y convirtió el sur de Francia en el principal problema exterior de la lucha antiterrorista española. Antes de que París comenzara a extraditar a etarras, distintos grupos parapoliciales y de extrema derecha ya habían llevado la violencia al otro lado de la frontera. En 1983 apareció el GAL. Las sentencias posteriores demostrarían que algunas de aquellas operaciones fueron financiadas con fondos reservados y dirigidas por responsables del aparato del Estado. Este dossier reconstruye cómo una democracia cercada por el terrorismo terminó cruzando también su propia línea roja.
HALLAZGOS PRINCIPALES
- 1980 fue el año más letal de ETA: el recuento académico de referencia atribuye a la organización 93 asesinatos. La ofensiva se produjo después de la Constitución de 1978 y convirtió a ETA en una amenaza central para la consolidación democrática.
- Entre 1977 y 1982, el sur de Francia funcionó como refugio estratégico para ETA y como uno de los principales contenciosos diplomáticos entre Madrid y París. La historiografía reciente describe ese espacio como un «santuario» que condicionó la política exterior española.
- Antes del GAL actuaron en España y Francia grupos como Batallón Vasco Español, Triple A y otras siglas parapoliciales o de extrema derecha. La atribución institucional de todas esas acciones es desigual; no deben presentarse como una cadena estatal única probada.
- La prensa y la policía francesas detectaron continuidades personales entre redes del BVE y redes del GAL. En 1984 Le Monde señaló expresamente la presencia de antiguos miembros de los batallones vasco-españoles en células investigadas del GAL.
- El 16 de octubre de 1983 Lasa y Zabala fueron secuestrados en Francia. La justicia terminaría condenando a mandos de la Guardia Civil y al gobernador civil de Guipúzcoa por la detención ilegal y asesinato.
- El 4 de diciembre de 1983 Segundo Marey fue secuestrado por error en Hendaya. El Tribunal Supremo condenó en 1998 a José Barrionuevo, Rafael Vera y otros responsables; el Tribunal Constitucional dejó asentado que el ministro autorizó, financió con fondos públicos y dirigió la operación.
- La sentencia Marey documentó además que la acción inicial fue ejecutada por sicarios franceses pagados con fondos reservados del Ministerio del Interior.
- Francia endureció su política contra ETA en 1984: deportaciones, confinamientos y, en septiembre, las primeras extradiciones concedidas a España. La cooperación legal comenzó a sustituir gradualmente al vacío que había alimentado la tentación de actuar clandestinamente.
- El GAL siguió golpeando en Francia hasta 1987. La guerra sucia no produjo una arquitectura judicial única, pero sí múltiples condenas que demostraron participación de policías, Guardia Civil, autoridades civiles y altos cargos.
- El término «terrorismo de Estado» es una categoría histórica y política. Las sentencias utilizaron delitos concretos —secuestro, asesinato, malversación— y no condenaron al Estado español como sujeto penal ni a Felipe González como jefe de los GAL.
QUÉ SABEMOS
- ETA mantuvo una campaña terrorista extremadamente letal durante la Transición y primeros años de democracia.
- El territorio francés fue durante años retaguardia logística, residencial y política para miembros de ETA, generando un grave conflicto con España.
- Existieron operaciones violentas anti-ETA en Francia antes de 1983 bajo siglas distintas del GAL.
- Hay evidencia histórica de continuidad de algunos mercenarios y redes entre la etapa del Batallón Vasco Español y la etapa GAL.
- El caso Marey probó judicialmente financiación con fondos reservados, empleo de sicarios franceses y participación de la cúpula de Interior.
- El caso Lasa-Zabala probó una cadena de responsabilidad dentro de Guardia Civil y Gobierno Civil de Guipúzcoa.
- Amedo y Domínguez fueron condenados por inducir asesinatos frustrados ejecutados por terceros en Francia.
- Francia comenzó en 1984 una cooperación mucho más intensa: expulsiones, confinamientos y primeras extradiciones.
- Las operaciones clandestinas y la cooperación legal coexistieron temporalmente; no son la misma política ni pueden confundirse.
QUÉ NO SABEMOS
- No existe una sentencia firme que identifique a Felipe González como jefe operativo o político de los GAL.
- No se ha probado judicialmente que todas las acciones atribuidas a BVE, Triple A, ATE y GAL formaran una única organización estable dirigida por la misma cadena de mando desde 1975.
- La continuidad de mercenarios concretos entre las distintas etapas no prueba por sí sola continuidad institucional completa.
- No todos los atentados reivindicados por el GAL fueron esclarecidos ni todas las víctimas estaban vinculadas a ETA; hubo errores y víctimas ajenas a la organización.
- No puede afirmarse que el GAL fuera la causa de la mejora de la cooperación francesa. París cambió por una combinación de evolución política, presión diplomática, judicialización y deterioro de la seguridad en su propio territorio.
- La gravedad de ETA no convierte en legal ni justificable la violencia clandestina del Estado. Del mismo modo, condenar la guerra sucia no relativiza la responsabilidad criminal de ETA.
MADRID.—
La frontera entre Irún y Hendaya mide apenas unos cientos de metros. A comienzos de los años ochenta separaba mucho más que dos países.
Al sur estaba una democracia todavía joven, golpeada casi cada semana por ETA. Al norte, un territorio francés en el que centenares de refugiados y militantes vascos habían encontrado durante años una combinación de residencia, protección jurídica y libertad de movimientos que Madrid consideraba incompatible con una lucha eficaz contra el terrorismo.
La tensión entre esas dos realidades convirtió el Bidassoa en una frontera política, policial y finalmente clandestina.
España pidió extradiciones. Francia se resistió durante años. ETA explotó esa retaguardia. Y, antes de que la cooperación judicial terminara por imponerse, distintas estructuras violentas llevaron la guerra al otro lado.
En 1983 apareció una sigla nueva: GAL.
Décadas después, los tribunales probarían que al menos algunas de aquellas operaciones no fueron iniciativas autónomas de ultras o mercenarios. Hubo fondos públicos. Hubo policías. Hubo altos cargos. Y hubo un ministro condenado.
Esta es la historia de cómo la lucha contra ETA dejó de desarrollarse únicamente dentro de la ley y se convirtió, durante unos años, en una guerra clandestina a ambos lados de la frontera.
1980: LA DEMOCRACIA Y EL AÑO MÁS SANGRIENTO DE ETA
El contexto importa porque explica la presión sin justificar la respuesta ilegal.
ETA no disminuyó su violencia cuando España aprobó la Constitución de 1978. La incrementó.
El recuento académico más utilizado sitúa en 93 las personas asesinadas por ETA en 1980. Fue el año más letal de su historia: militares, guardias civiles, policías, empresarios, trabajadores, cargos públicos y civiles fueron atacados en una campaña que buscaba mostrar que la nueva democracia no había resuelto el conflicto político vasco.
La paradoja era brutal. El Estado había cambiado de régimen, celebrado elecciones, aprobado una Constitución y reconocido un amplio autogobierno vasco. ETA continuaba matando.
Para el nuevo Estado democrático, la banda se convirtió en un desafío doble: criminal y existencial. Había que detener a sus comandos sin reproducir las prácticas de una dictadura que la democracia acababa de dejar atrás.
No siempre lo consiguió.
EL PROBLEMA FRANCÉS
Una parte esencial de la capacidad de ETA no estaba en Bilbao ni en San Sebastián.
Estaba al otro lado de la frontera.
La historiografía reciente describe el sur de Francia durante los gobiernos de UCD como un auténtico «santuario» de ETA. No porque el Estado francés financiara o dirigiera a la organización, sino porque su política de asilo, su resistencia a extraditar y las limitaciones de la cooperación permitían que numerosos militantes residieran y se reorganizaran en localidades del País Vasco francés.
Bayona, Hendaya, San Juan de Luz, Anglet y Biarritz aparecían una y otra vez en los informes españoles.
Madrid consideraba que el problema era intolerable. París lo veía de otra manera: durante años separó la condición de refugiado político de la persecución penal española y mantuvo una enorme cautela frente a las reclamaciones de extradición procedentes de un país que acababa de salir de una dictadura.
La democracia española no logró transformar inmediatamente esa percepción.
El resultado fue un contencioso diplomático permanente.
ANTES DEL GAL YA HABÍA GUERRA SUCIA
La violencia clandestina contra ETA no empezó en diciembre de 1983.
Durante los últimos años del franquismo y la Transición actuaron grupos que firmaban como Batallón Vasco Español, Triple A, Antiterrorismo ETA y otras siglas. Se les atribuyeron atentados contra militantes, refugiados y personas del entorno abertzale en España y Francia.
Aquí la evidencia exige más cuidado que en Marey.
Muchas de esas acciones nunca llegaron a una sentencia que reconstruyera una cadena de mando estatal. Algunos grupos eran redes de extrema derecha, otros mezclaban mercenarios, delincuentes y personas con contactos policiales, y las mismas siglas podían ser utilizadas por células distintas.
Por eso no es correcto presentar toda esa etapa como una única organización secreta dirigida desde Madrid.
Pero tampoco es correcto fingir que no hubo continuidad.
LOS HOMBRES QUE CRUZARON DE UNA GUERRA A OTRA
En 1984, mientras la policía francesa investigaba a células del GAL, Le Monde detectó algo significativo: entre los detenidos aparecían personas que ya habían formado parte de los antiguos batallones anti-ETA.
El periódico francés señaló a Mohamed Khiar como antiguo miembro de los batallones vasco-españoles y describió una continuidad directa entre algunas redes de 1979 y los nuevos comandos investigados en 1984.
Otra figura, Jean-Pierre Cherid, resume mejor que ninguna esa zona gris. Antiguo miembro de la OAS, mercenario y habitual de las operaciones de extrema derecha en España, apareció vinculado en investigaciones periodísticas y francesas tanto a la etapa del BVE como a los primeros GAL.
Cherid murió en Biarritz en marzo de 1984 al explotar el artefacto que manipulaba.
La continuidad personal es importante.
La continuidad institucional completa sigue siendo otra cosa.
OCTUBRE DE 1983: LASA Y ZABALA
El primer gran expediente judicial de la nueva etapa comenzó antes de que las siglas GAL se hicieran públicas.
En la madrugada del 16 de octubre de 1983, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala fueron secuestrados en Francia.
Los tribunales reconstruyeron años después lo ocurrido: traslado clandestino a España, detención en la villa La Cumbre, propiedad del Estado y disponible para el gobernador civil de Guipúzcoa, interrogatorios y posterior traslado a Alicante.
Allí fueron asesinados y enterrados en cal viva.
El Tribunal Constitucional, al resolver en 2002 los recursos de los condenados, recogió que Enrique Rodríguez Galindo, José Julián Elgorriaga, Ángel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo participaron en distinto grado en la ideación, planificación y ejecución de la operación.
No era un grupo de mercenarios actuando por libre.
Había Guardia Civil, una autoridad civil y una cadena de mando.
DOS DÍAS DESPUÉS: POLICÍAS ESPAÑOLES DETENIDOS EN FRANCIA
El 18 de octubre, cuatro policías españoles intentaron secuestrar en Bayona a José María Larretxea, relacionado con ETA político-militar.
La operación fracasó. Los gendarmes franceses detuvieron a los agentes.
Aquel incidente es esencial para entender lo que ocurrió seis semanas después.
España no sólo estaba presionando diplomáticamente a Francia para que actuara contra ETA. Agentes españoles estaban cruzando físicamente la frontera para intentar capturar objetivos.
El Estado democrático ya había empezado a operar en una zona peligrosamente cercana a la acción clandestina.
4 DE DICIEMBRE: EL ERROR MAREY
La noche del 4 de diciembre de 1983 tres hombres llamaron a la puerta de Segundo Marey en Hendaya.
Marey era un vendedor de mobiliario de oficina de 51 años. No pertenecía a ETA.
Lo confundieron con Mikel Lujua, un supuesto miembro de la organización.
Los secuestradores lo redujeron, lo introdujeron en un coche y lo trasladaron hacia España.
Diez días después apareció liberado en territorio francés. Llevaba consigo un comunicado firmado por una organización hasta entonces desconocida: Grupos Antiterroristas de Liberación.
El mensaje acusaba a Francia de permitir que ETA utilizara su territorio y amenazaba con responder a los asesinatos de la banda.
El GAL había entrado públicamente en escena.
LO QUE TARDÓ QUINCE AÑOS EN PROBARSE
En 1983 Interior afirmó no conocer el GAL.
Quince años después, la justicia describió otra realidad.
La sentencia del caso Marey estableció que José Barrionuevo, ministro del Interior, actuó en colusión con otros mandos políticos y policiales, autorizó, financió con fondos públicos y dirigió el secuestro.
El Tribunal Constitucional reprodujo esos hechos probados cuando rechazó el recurso de amparo del exministro.
La operación inicial fue ejecutada por sicarios franceses financiados por policías españoles con cargo a los fondos reservados.
La sentencia probó incluso movimientos de dinero suficientes para cubrir el millón de francos pactado con los mercenarios.
La guerra clandestina ya no era una sospecha.
Había entrado en sentencia.
EL CESID Y LAS OPCIONES PARA ACTUAR EN FRANCIA
El caso Marey dejó además una pieza especialmente delicada.
Entre las pruebas analizadas por el Tribunal Supremo figuraron documentos del CESID, el servicio de inteligencia de la época.
El Tribunal Constitucional recordó que una nota de septiembre de 1983 analizaba posibles actuaciones españolas en el sur de Francia y señalaba el secuestro como una de las modalidades consideradas. Otra nota posterior incluía entre los objetivos a Mikel Lujua, precisamente la persona que los secuestradores pretendían capturar cuando se llevaron por error a Marey.
Los documentos no prueban por sí solos que el CESID ordenara el secuestro.
Sí fueron utilizados por el Supremo como elemento corroborador de que en ámbitos estatales se estudiaban acciones clandestinas contra objetivos en Francia.
EL GAL SE CONVIERTE EN CAMPAÑA
Después de Marey llegaron los asesinatos.
El 19 de diciembre de 1983 Ramón Oñaederra fue asesinado en Bayona. Días después murió Mikel Goikoetxea. Durante 1984 los ataques se sucedieron en Hendaya, Bayona, Biarritz y otras localidades.
No todas las víctimas eran miembros de ETA.
Jean-Pierre Leiba, ferroviario francés, fue asesinado por error. Otros civiles franceses resultaron muertos o heridos en atentados atribuidos al GAL.
La violencia que pretendía acabar con el santuario de ETA empezó a convertir el País Vasco francés en escenario de otra amenaza.
FRANCIA TAMBIÉN EMPIEZA A CAMBIAR
Al mismo tiempo, la política francesa comenzó a moverse.
François Mitterrand había llegado a la presidencia en 1981. El cambio no fue inmediato, pero a partir de 1983 y sobre todo 1984 París empezó a endurecer su tratamiento de los militantes de ETA.
Hubo redadas, confinamientos lejos de la frontera y deportaciones a terceros países.
En septiembre de 1984 llegó el giro simbólico: Francia concedió por primera vez la extradición a España de tres presuntos miembros de ETA.
La decisión rompía una barrera que había condicionado durante años la relación bilateral.
Por primera vez, España podía empezar a pensar que el problema francés tenía una solución dentro del derecho.
DOS PRESIONES SOBRE EL MISMO TERRITORIO
Durante un periodo breve coexistieron dos presiones diferentes sobre ETA en Francia.
La primera era legal: policía, deportaciones, confinamientos, extradiciones y cooperación diplomática.
La segunda era clandestina: atentados, secuestros y mercenarios.
La prensa de la época llegó a describir ese doble acoso como una operación de tenaza.
Pero sería un error histórico convertir ambas políticas en una sola estrategia demostrada.
La cooperación francesa tenía su propia lógica política y jurídica. Los GAL eran operaciones ilegales cuya conexión con responsables españoles tardó años en probarse.
AMEDO Y DOMÍNGUEZ: EL MODELO DE LOS MERCENARIOS
La mecánica operativa empezó a aparecer ante los tribunales antes que la responsabilidad política.
En 1991 la Audiencia Nacional condenó a José Amedo y Michel Domínguez por seis asesinatos frustrados cometidos en Francia.
Los dos policías habían utilizado ejecutores externos para atacar objetivos vinculados a ETA.
El modelo era funcional para una guerra clandestina: seleccionar la víctima desde España, contratar delincuentes o mercenarios en Francia, proporcionar dinero y logística y mantener distancia entre el organizador y el tirador.
Ese método podía fracasar de manera catastrófica.
Marey ya había demostrado hasta qué punto.
LASA-ZABALA: LA OTRA CADENA DE MANDO
El proceso Lasa-Zabala mostró que no todas las operaciones dependían de mercenarios.
Aquí la cadena pasó por mandos de la Guardia Civil y el Gobierno Civil de Guipúzcoa.
La villa La Cumbre, un inmueble estatal, fue utilizada para mantener clandestinamente a los secuestrados.
La condena confirmó que los dos hombres fueron asesinados después de su detención.
Si Marey probó la conexión entre mando político, fondos reservados y sicarios, Lasa-Zabala probó que la guerra sucia también podía ejecutarse directamente desde estructuras oficiales territoriales.
EL CONCEPTO «TERRORISMO DE ESTADO»
Aquí aparece una expresión inevitable y a la vez jurídicamente compleja.
Los GAL son descritos de manera habitual como terrorismo de Estado.
La expresión tiene sentido histórico: funcionarios y altos cargos utilizaron recursos públicos y aparatos estatales para realizar actos violentos ilegales contra adversarios o supuestos adversarios.
Pero las sentencias no condenaron a una abstracción llamada «Estado» por terrorismo.
Condenaron personas concretas por delitos concretos: secuestro, asesinato, malversación.
Esa precisión es importante porque permite mantener juntas dos verdades.
ETA fue una organización terrorista responsable de centenares de asesinatos.
Y personas integradas en el aparato del Estado cometieron delitos gravísimos en una guerra clandestina contra ella.
Una verdad no cancela la otra.
EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y SU PROPIA LÍNEA ROJA
La gran pregunta histórica no es por qué ETA provocaba rabia en el aparato de seguridad.
Eso resulta evidente.
La pregunta es por qué una democracia permitió que parte de su respuesta saliera del derecho.
Los años ochenta fueron un periodo de enorme presión: asesinatos constantes, militares y policías convertidos en objetivos cotidianos, sensación de impunidad al norte de la frontera y una cooperación francesa todavía insuficiente.
Pero precisamente ésa era la prueba de la nueva democracia.
El Estado podía usar la policía, la inteligencia, los tribunales y la diplomacia.
No podía secuestrar, torturar, asesinar ni pagar mercenarios.
LOS INDULTOS Y LA HERIDA INSTITUCIONAL
La justicia llegó tarde, pero llegó.
En 1998 el Supremo condenó a Barrionuevo, Vera y otros responsables del caso Marey.
Pocos meses después, el Consejo de Ministros del Gobierno de José María Aznar aprobó indultos parciales. Barrionuevo y Vera recibieron el perdón de dos tercios de sus penas de prisión.
Los indultos alteraron el cumplimiento.
No borraron los hechos probados.
La imagen de dos antiguos responsables de Interior condenados por un secuestro financiado con fondos reservados quedó como una de las cicatrices más profundas de la democracia española.
EL LÍMITE FELIPE GONZÁLEZ
Toda investigación sobre los GAL termina chocando con el mismo nombre.
Durante décadas periodistas, antiguos responsables y adversarios políticos han discutido sobre la identidad del llamado «señor X».
Existen declaraciones, indicios y controversias suficientes para sostener una discusión histórica.
No existe una sentencia firme que condene a Felipe González como jefe de los GAL.
Ese límite no debe borrarse.
El mando político probado ya es extraordinariamente alto: un ministro del Interior y el responsable de la Seguridad del Estado fueron condenados.
Ir más arriba exige otra clase de evidencia.
EL FINAL DEL GAL Y EL TRIUNFO DE LA COOPERACIÓN LEGAL
Los GAL dejaron de actuar en 1987.
ETA continuó asesinando durante décadas.
Pero la relación con Francia cambió de manera estructural.
Las extradiciones, la actuación de la policía francesa, las entregas de documentación y la cooperación judicial terminaron convirtiendo el antiguo santuario en uno de los territorios más hostiles para la banda.
La paradoja histórica es evidente.
La herramienta que acabó resultando decisiva no fue la guerra sucia.
Fue la cooperación entre dos Estados de derecho.
LA FRONTERA COMO LECCIÓN
Hendaya y Bayona quedaron durante años atrapadas entre dos violencias.
Al sur, ETA asesinaba para imponer un proyecto político.
Al norte, quienes se presentaban como sus perseguidores comenzaron a secuestrar y matar fuera de la ley.
El conflicto convirtió la frontera en un laboratorio donde se probaron dos modelos de lucha antiterrorista.
Uno fue clandestino, ilegal y terminó llevando a responsables del Estado a prisión.
El otro fue lento, diplomático, judicial y policial.
Fue el segundo el que sobrevivió.
LA DIFERENCIA ENTRE COMPRENDER Y JUSTIFICAR
Contar esta historia exige evitar dos simplificaciones.
La primera consiste en presentar los GAL sin el contexto de una ETA que en 1980 asesinó a 93 personas y utilizaba Francia como retaguardia.
La segunda consiste en utilizar ese contexto para justificar la violencia estatal ilegal.
Comprender por qué surgió la tentación de la guerra sucia no significa legitimarla.
La democracia se define precisamente por lo que se niega a hacer cuando está bajo presión.
LO QUE LOS TRIBUNALES DEJARON FIJADO
Cuatro décadas después, las zonas grises siguen existiendo.
No sabemos quién ordenó cada atentado. No todos los crímenes fueron esclarecidos. No existe una sentencia que unifique todas las siglas de la guerra sucia desde 1975. No existe condena contra Felipe González.
Pero tampoco estamos ante una historia compuesta únicamente por rumores.
Sabemos que Lasa y Zabala fueron secuestrados y asesinados en una operación por la que fueron condenados mandos de la Guardia Civil y una autoridad civil.
Sabemos que Marey fue secuestrado por error y que el Tribunal Supremo condenó al ministro del Interior y al responsable de Seguridad del Estado.
Sabemos que hubo fondos reservados.
Sabemos que hubo mercenarios.
Sabemos que hubo actuaciones clandestinas en Francia.
Y sabemos que, mientras todo eso ocurría, la cooperación legal con París empezaba por fin a funcionar.
DE ETA AL GAL
Ésa es la verdadera secuencia histórica.
Una organización terrorista que llevó la violencia a niveles insoportables.
Un refugio exterior que España no conseguía cerrar.
Una tradición previa de operaciones parapoliciales.
Una democracia que terminó permitiendo que parte de su aparato cruzara la frontera y la ley.
Y unos tribunales que años después reconstruyeron suficiente verdad como para convertir la guerra sucia en hecho judicial.
No fue una guerra entre equivalentes.
ETA era una organización terrorista clandestina.
El Estado tenía la obligación de combatirla.
Precisamente por eso, cuando parte del Estado adoptó métodos criminales, la herida institucional fue distinta y más profunda.
La frontera del Bidassoa no separaba sólo España de Francia.
Durante unos años separó también la lucha antiterrorista legal de una guerra clandestina que una democracia nunca debió librar.