ALICANTE, 9 de noviembre de 2026. El presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa del Residencial Les Naus han comparecido este lunes como investigados ante la jueza que examina las adjudicaciones de viviendas de protección pública del complejo alicantino. Según las informaciones recogidas a la salida de los juzgados, los tres responsables han atribuido a la gestora Fraorgi y a su administrador, el promotor Francisco Ordiñana, la parte esencial de las decisiones cuestionadas. La causa cuenta con 18 personas investigadas, entre miembros de la cooperativa, adjudicatarios, promotores y personas vinculadas a administraciones públicas, pero no existe una resolución condenatoria contra todos ellos.
El episodio judicial de hoy concentra tres preguntas de control institucional: quién preparó y gestionó las adjudicaciones, quién tenía la obligación formal de supervisarlas y qué relación efectiva existía entre los participantes y quienes ejercían competencias públicas. La declaración de un investigado forma parte de su derecho de defensa; no puede confundirse con una constatación judicial definitiva de que otro interviniente cometiera los hechos denunciados.
Tres declaraciones ante la jueza
El presidente del consejo rector, Luis Alberto Meler, la vicepresidenta Vanesa Quero y la secretaria Trinidad Box acudieron este lunes a los juzgados de Alicante. Los nombres y cargos figuran en las crónicas de Europa Press y À Punt publicadas durante el día. Las informaciones coinciden en que la explicación ofrecida por los tres apunta a Fraorgi, empresa gestora de la promoción, y a Francisco Ordiñana, como responsables principales de las decisiones sobre las viviendas.
La diferencia entre dirigir formalmente una cooperativa y ejecutar su gestión cotidiana puede tener relevancia jurídica. Sin embargo, no basta con afirmar que una entidad externa se ocupaba de los trámites para determinar automáticamente quién cumplió o incumplió sus obligaciones. Los estatutos, contratos de gestión, actas de reuniones, autorizaciones y comunicaciones concretas son documentos indispensables para examinar ese reparto.
Las manifestaciones comunicadas a través de abogados a la salida de la sede judicial deben atribuirse a sus fuentes. No hemos tenido acceso al registro íntegro de las declaraciones ni a las preguntas y respuestas reproducidas palabra por palabra.
La oferta presentada en un solo día
Una de las afirmaciones de mayor interés, recogida por Cadena SER y elDiario.es, es que el presidente de la cooperativa explicó que la oferta se preparó en un día porque el pliego de condiciones era sencillo. Es una explicación del compareciente, no una evaluación técnica independiente de la complejidad real del procedimiento.
El dato abre una vía de contraste legítima: la fecha del anuncio, el contenido del pliego, los criterios exigidos para participar, el momento de presentación de la propuesta y la documentación administrativa que permitió tramitarla. Saber que una propuesta se elaboró rápidamente no demuestra por sí mismo fraude; tampoco permite concluir que todos los requisitos fueran examinados con el debido rigor.
Para evaluar el expediente sería necesario estudiar el calendario completo, los requisitos de solvencia, las comunicaciones con los responsables del suelo y las actas de las decisiones. La investigación debe determinar si existieron irregularidades concretas y qué personas, si las hubiera, respondían por ellas.
Qué declaró el presidente sobre sus relaciones profesionales
Según Cadena SER, Meler reconoció que conocía profesionalmente a Francisco Ordiñana desde tiempo atrás, aunque situó el inicio de esa relación en un periodo distinto del año 2018, cuando se produjo la enajenación de la parcela. Ese matiz se ha convertido en objeto de debate entre las acusaciones populares y las defensas.
Conocer a un promotor no constituye una infracción. Lo relevante sería determinar si existieron relaciones, intereses económicos, intervenciones en el procedimiento o información privilegiada que tuvieran incidencia en una decisión pública concreta. La existencia de un contacto profesional debe analizarse mediante fechas y documentación, no por insinuación.
La comparecencia también habría incluido una explicación según la cual fue el responsable de la gestora quien propuso a Meler presidir la cooperativa. De nuevo, el origen de un nombramiento no resuelve automáticamente la responsabilidad de quien acepta un cargo; la función y las obligaciones deben examinarse separadamente.
La gestora y el consejo rector no son lo mismo
Una cooperativa tiene órganos internos con funciones recogidas en sus estatutos y en la legislación aplicable. Puede contratar una gestora externa para ejecutar tareas técnicas, administrativas o comerciales. El contenido exacto de ese contrato determina qué tareas se delegaron, pero la delegación no extingue necesariamente todas las obligaciones del órgano que toma o ratifica decisiones.
Eduardo García-Ontiveros, abogado de la acusación popular ejercida por Ciudadanos, sostuvo tras las declaraciones que el consejo rector conserva responsabilidades relacionadas con la ratificación de decisiones. Es la posición procesal expresada por esa acusación, no una conclusión ya dictada por la jueza.
Los tres investigados, por su parte, han situado el foco de su defensa en la gestión profesional externalizada. El contraste debe hacerse con los acuerdos internos y los actos que se pretenden impugnar. No basta escoger una de las versiones para cerrar el caso.
La causa incluye personas vinculadas al Ayuntamiento
Las informaciones sobre el procedimiento mencionan entre los investigados a antiguos responsables municipales, funcionarios y adjudicatarios, además de la gestora y los órganos cooperativos. Entre las personas nombradas en el contexto de la causa están la exdirectora general vinculada al área de Contratación municipal María Pérez-Hickman y la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez.
Los medios que siguen el expediente han informado de que familiares de una responsable y la propia exconcejala figuraron entre personas beneficiarias de inmuebles del complejo. Estos vínculos justifican preguntas sobre las reglas de adjudicación y eventuales conflictos de intereses, pero no acreditan por sí solos conductas penales de todos los mencionados.
Debe evitarse convertir la pertenencia a una familia o la recepción de una vivienda en una presunción automática de delito. Cada actuación ha de confrontarse con los criterios de acceso, declaraciones exigibles y funciones desempeñadas.
Dieciocho investigados no son dieciocho condenados
La cifra de 18 personas investigadas proporciona una referencia sobre la dimensión del procedimiento, pero no una conclusión penal. Un investigado puede declarar para explicar sus actuaciones, aportar documentación o cuestionar las alegaciones de otras partes. El juez debe determinar qué elementos están suficientemente acreditados y qué actuaciones tienen relevancia penal.
También es posible que el alcance de las responsabilidades sea diferente para personas que intervienen en fases distintas de un mismo proyecto. Un funcionario, un responsable empresarial, un miembro de una cooperativa y un adjudicatario no ejercen las mismas competencias ni necesariamente tienen conocimiento de los mismos hechos.
La precisión sobre la situación procesal es especialmente importante en un asunto que puede afectar a reputaciones profesionales y a personas que adquirieron viviendas.
La importancia social de las viviendas protegidas
Las viviendas de protección pública se justifican mediante objetivos de acceso a vivienda y criterios regulados. Cuando aparecen dudas sobre adjudicaciones, la cuestión trasciende los intereses de quienes participan en una promoción: afecta a la confianza de quienes cumplen requisitos y esperan obtener una vivienda mediante un proceso equitativo.
Por eso el examen de expedientes debe permitir saber cómo se asignaron las viviendas, qué comprobaciones se realizaron y si hubo actuaciones contrarias a las normas. La transparencia en el acceso no exige exponer datos familiares o patrimoniales privados de todos los solicitantes, pero sí justificar las decisiones públicas y los criterios utilizados.
El debate puede conducir a medidas administrativas, a responsabilidades civiles o a actuaciones penales según los hechos. Estas categorías no deben fusionarse.
Una relación entre procedimientos municipales y autonómicos
Las viviendas de protección pública pueden involucrar autoridades distintas en asuntos de suelo, promoción, calificación, visado y adjudicación. Las fuentes del caso Les Naus mencionan investigaciones sobre actuaciones de organismos municipales y autonómicos. Para atribuir una responsabilidad concreta hay que determinar qué institución debía decidir o verificar cada extremo.
No todos los trámites se producen en una única oficina. Un expediente puede pasar por controles sucesivos, y la falta o presencia de una determinada autorización debe examinarse en la fase que corresponda. Una noticia que afirme sin pruebas que «el Ayuntamiento adjudicó directamente todas las viviendas» podría omitir el papel de otros actores.
El análisis institucional requiere un cronograma documental que diferencie venta de la parcela, constitución de la cooperativa, intervención de la gestora, calificación de viviendas y adjudicaciones finales.
El papel de las acusaciones populares
En el seguimiento de la jornada intervinieron representantes legales de PSOE y Ciudadanos, que ejercen acusación popular en la causa. Sus declaraciones permiten conocer la interpretación de lo sucedido durante el interrogatorio, pero no son sustituto de una transcripción judicial.
Las acusaciones pueden formular preguntas, impulsar diligencias dentro de los límites legales y sostener conclusiones propias. La defensa dispone de las mismas garantías procesales que protegen a cualquier persona investigada, incluido el derecho a discutir las interpretaciones de la acusación.
Un tratamiento periodístico equilibrado debe indicar cuándo una afirmación procede de un letrado de parte y cuándo describe una decisión de la jueza. Ambas pueden ser noticias, pero tienen valor probatorio diferente.
El contraste con las comparecencias parlamentarias
Los abogados de las acusaciones han planteado que algunas explicaciones ofrecidas en sede judicial resultan menos detalladas que las escuchadas en una comisión de investigación de Les Corts. Esa comparación requiere examinar las intervenciones auténticas, el objeto de cada procedimiento y las preguntas formuladas.
Una comisión parlamentaria puede investigar políticamente hechos de interés público, mientras una causa judicial evalúa responsabilidades conforme a procedimientos específicos. El sentido de una respuesta puede cambiar según la pregunta y la finalidad del interrogatorio, por lo que no corresponde inferir falsedad solo porque las declaraciones tengan diferente extensión.
La jueza puede valorar contradicciones relevantes cuando exista base para ello, pero esta redacción no dispone de una conclusión judicial al respecto.
Los documentos que permitirían avanzar
El expediente más útil para una revisión rigurosa incluiría pliegos, fechas de publicación, propuesta presentada por la cooperativa, contrato de gestión con Fraorgi, actas del consejo rector, comunicaciones con las administraciones y documentación utilizada para comprobar los requisitos de adjudicación.
También sería relevante conocer qué acuerdos fueron ratificados por los órganos internos y cuáles correspondían a decisiones de la gestora. La existencia de estos documentos en archivos administrativos no significa que todos sean públicos o puedan divulgarse íntegramente sin protección de datos.
Las solicitudes de información deben centrarse en decisiones de interés general y respetar la confidencialidad de información personal no necesaria.
Riesgos de simplificar el caso
Una lectura apresurada puede atribuir toda la responsabilidad a la gestora porque así lo dice una defensa, o a los miembros del consejo rector porque otros letrados destacan su deber de ratificar decisiones. Ambas posiciones necesitan evidencia documental.
También puede alimentarse la sospecha general de que toda vivienda protegida concedida a alguien con relaciones institucionales es necesariamente fraudulenta. La coincidencia puede justificar comprobaciones, pero el criterio de legalidad exige verificar requisitos, conflictos de intereses y actuaciones concretas.
El papel del periodismo de investigación consiste en evitar que las hipótesis más llamativas sustituyan a la reconstrucción de documentos.
Qué pasó hoy y qué falta por resolver
Las comparecencias tuvieron lugar este lunes y fueron relatadas durante la jornada por medios locales y autonómicos. Las versiones difundidas coinciden en la atribución de responsabilidades por los tres responsables de la cooperativa hacia Fraorgi y el promotor; también recogen el debate sobre la preparación rápida de la oferta y la relación profesional entre los intervinientes.
No se ha anunciado, en las informaciones consultadas, una sentencia que determine el fraude alegado ni la responsabilidad de los dieciocho investigados. Quedan pendientes nuevas diligencias y la evaluación judicial del material aportado.
EL ESTÁNDAR continuará siguiendo el caso mediante declaraciones atribuibles y documentos auténticos, con atención tanto al interés público de las adjudicaciones como a los derechos de las personas investigadas.
Balance editorial
La noticia de este lunes es la declaración judicial de la cúpula de Les Naus y su versión sobre quién gestionó las decisiones cuestionadas. El contraste con las acusaciones populares apunta a un conflicto sobre obligaciones del consejo rector y facultades de la gestora.
La cuestión central es reconstruir quién decidió, quién supervisó y con qué documentos se verificaron los requisitos de acceso. La denuncia y la defensa son partes de una investigación abierta; ninguna puede confundirse con una sentencia anticipada.
