El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Navalcarnero investiga posibles delitos relacionados con la contaminación y la situación urbanística del entorno del río Guadarrama en la Comunidad de Madrid. El procedimiento examina vertidos, residuos y la existencia de más de 500 construcciones irregulares identificadas en la zona. Entre las administraciones afectadas están los ayuntamientos de Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero, además de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
El caso plantea una pregunta institucional concreta: cuando un cauce atraviesa varios municipios y las competencias sobre disciplina urbanística, dominio público hidráulico y medio ambiente están repartidas, ¿quién tiene la obligación de actuar, ante qué hechos y en qué plazo?
Una denuncia que terminó en diligencias judiciales
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por un antiguo alcalde de Batres. La Fiscalía examinó el estado de la zona y constató la presencia de vertidos de aguas residuales, acumulación de residuos y construcciones que, según las informaciones publicadas, carecerían de la cobertura urbanística exigible.
La denuncia no convierte automáticamente cada una de las edificaciones en una conducta penalmente reprochable. Es necesario establecer su emplazamiento, régimen aplicable, antigüedad, titularidad y las decisiones administrativas adoptadas. La investigación comprende, además, posibles omisiones de control por parte de administraciones competentes.
Los responsables citados
Entre los cargos investigados aparecen Ana Millán, antigua alcaldesa de Arroyomolinos; Luis Quiroga, actual alcalde de ese municipio; y José Luis Adell, alcalde de Navalcarnero. La investigación comprende también la identificación de responsables de las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente de Móstoles y personal con competencias en la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Estar investigado significa que un órgano judicial examina hechos relacionados con una persona y debe garantizar su derecho a defenderse. No implica que haya cometido un delito. El periodo que concentra la revisión de responsabilidades institucionales incluye los años 2021 a 2023.
Tres respuestas municipales diferentes
El Ayuntamiento de Navalcarnero sostiene que su alcalde no ejercía las competencias ambientales cuestionadas porque habían sido delegadas desde 2015. La alegación exige examinar los acuerdos de delegación, su alcance y cuáles obligaciones permanecían en el municipio.
Desde Arroyomolinos, el Gobierno local ha declarado que el alcalde Luis Quiroga todavía no había recibido una notificación formal de su condición procesal. Esa respuesta se refiere al estado de las comunicaciones judiciales y no resuelve las cuestiones ambientales planteadas.
En Móstoles, el juzgado necesitó conocer la identidad y estructura de los responsables de las áreas municipales competentes. Según Cadena SER, el Ayuntamiento tardó más de un año en entregar un organigrama solicitado para reconstruir la cadena administrativa. El retraso merece explicaciones sobre causas, fechas y requerimientos, aunque no constituye por sí solo prueba de delito.
El papel de la Confederación Hidrográfica
La Confederación Hidrográfica del Tajo tiene competencias sobre el dominio público hidráulico y el cumplimiento de la normativa de aguas en su ámbito territorial. Los ayuntamientos ejercen otras funciones sobre urbanismo, residuos y autorizaciones municipales. Las competencias pueden coincidir en una misma situación física, pero no son intercambiables.
La causa debe examinar si existieron denuncias vecinales, inspecciones, órdenes de restauración, expedientes sancionadores o actuaciones para retirar vertidos, y quién recibió cada comunicación.
Qué daño se está investigando
Los vertidos y acumulaciones de residuos pueden afectar la calidad del agua y los ecosistemas. Sin embargo, para atribuir resultados concretos a un responsable se necesitan analíticas, inspecciones, peritajes ambientales y la reconstrucción de posibles fuentes de contaminación.
No sería correcto afirmar que las más de 500 construcciones generaron todas los mismos vertidos ni que compartían titularidad o circunstancias jurídicas.
El reto de probar un delito por omisión
La instrucción contempla posibles infracciones penales por conductas activas u omisiones relevantes. Para sostener responsabilidad penal por inacción hay que demostrar, entre otras cuestiones, el deber concreto de actuar, el conocimiento de los hechos y los elementos de cada tipo penal aplicable. Una mala gestión administrativa no se convierte automáticamente en prevaricación.
Los documentos que pueden resolver las discrepancias
El expediente debería permitir contrastar las fechas de inspecciones, requerimientos de la Fiscalía, resoluciones municipales, expedientes urbanísticos, comunicaciones a la Confederación y actas de seguimiento. Una cronología por municipio ayudaría a distinguir periodos y responsables sin asignar una culpa colectiva a toda una institución.
Está confirmado que existe una investigación judicial sobre el estado ambiental y urbanístico del río y que varias administraciones han formulado explicaciones distintas sobre sus actuaciones. Sigue pendiente la determinación de las responsabilidades de cada investigado, el estado jurídico particular de las edificaciones y la evaluación pericial completa de los daños.
Las diligencias judiciales y los documentos administrativos permitirán establecer qué obligaciones correspondían a cada organismo. Ninguna de las personas investigadas ha sido declarada culpable por los hechos descritos.
