MADRID — 27 DE OCTUBRE. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en una entrevista en Onda Cero que, si gobierna, buscará recuperar un agravante penal cuando se cometan actos violentos con la cara cubierta y endurecer las consecuencias penales de la convocatoria de disturbios desde redes sociales. La propuesta llega tras los incendios y saqueos documentados en Barcelona y Bilbao. No se trata de una reforma ya aprobada, sino de una posición política presentada en la precampaña del 29-N.
Qué anunció exactamente
Feijóo defendió su iniciativa como respuesta a personas que cometen actos vandálicos ocultando el rostro y a convocatorias digitales que promueven violencia. Según declaraciones recogidas por EFE, aludió a un régimen anterior del Código Penal y afirmó que pretende modificarlo. Las referencias a supuestas derogaciones previas deben revisarse mediante los textos legales exactos, no solo con citas de campaña.
El Estándar distingue tres actividades que no pueden tratarse igual: convocar una protesta pacífica protegida por los derechos fundamentales; difundir mensajes políticos en redes; y promover intencionalmente actos de violencia o delitos. La propuesta tendría que definir con precisión el ámbito sancionado y las exigencias de prueba.
¿Cómo se probaría una instigación desde Internet?
Una convocatoria pública no acredita por sí sola colaboración con delitos posteriores. La eventual responsabilidad de un administrador requiere autenticar mensajes, intención, participación y conexión con hechos concretos. Es relevante en los casos de perfiles anónimos de Blocus, pero no debe utilizarse para atribuir criminalidad colectiva a estudiantes o manifestantes.
El derecho penal es también un instrumento de garantías. Un rostro cubierto puede responder a múltiples razones; una agravante requiere delimitar la conducta y justificar su necesidad y proporcionalidad.
En qué se diferencia del balance policial
Los disturbios de Bilbao siguen investigándose con balances que han variado por fecha de corte. Las detenciones y acusaciones no son sentencias. Tanto Feijóo como miembros del Gobierno han condenado los actos violentos, pero discrepan sobre las medidas políticas apropiadas. El periódico informará de las diferentes posiciones sin presentar a un partido como responsable acreditado de los incidentes.
Lo que falta conocer
Para evaluar una reforma concreta necesitamos texto registrado, informe jurídico y debate parlamentario. Hasta entonces, el alcance exacto de la propuesta sigue abierto. La fotografía es del programa en el que Feijóo realizó sus declaraciones, y no una imagen genérica de archivo.
Fuentes: Onda Cero y Atresmedia, EFE y comunicado PP.
Qué sabemos
- Feijóo anunció la intención de agravar determinadas penas por conductas delictivas con el rostro cubierto.
- También propuso endurecer la respuesta a la convocatoria de actos violentos desde redes.
- Son propuestas electorales, no derecho vigente aprobado este martes.
Qué falta acreditar
- Texto legislativo concreto que presentaría el partido y compatibilidad con reglas constitucionales.
- Apoyos parlamentarios reales y aplicación futura de posibles reformas.
EL ESTÁNDAR — PODER. HECHOS. CONSECUENCIAS.
