La legislatura terminó formalmente este martes, pero la batalla que precipitó su final continúa abierta. El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar los dos decretos de vivienda que el Congreso rechazó la semana pasada y el Ejecutivo pretende someterlos ahora a la Diputación Permanente, el órgano que conserva determinadas funciones parlamentarias mientras las Cortes están disueltas.
La secuencia es políticamente extraordinaria. El viernes, el Pleno tumbó las normas con los votos de PP, Vox, UPN y Junts. El lunes, Pedro Sánchez anunció elecciones generales para el 29 de noviembre. Este martes, con el decreto de disolución ya publicado en el BOE, el Gobierno recupera la materia que provocó su última gran derrota parlamentaria y busca una vía distinta para mantener las medidas en vigor.
No es una discusión únicamente técnica. La vivienda se ha convertido en el primer campo de batalla de la campaña antes incluso de que comience oficialmente.
Qué cambia con las Cortes disueltas
La disolución del Congreso y del Senado no significa que desaparezca toda actividad parlamentaria. La Constitución y los reglamentos de las Cámaras mantienen en funcionamiento las diputaciones permanentes para garantizar la continuidad institucional y atender competencias concretas durante el periodo electoral.
Entre esas funciones está el control de los decretos leyes. Ese es el mecanismo que el Ejecutivo quiere utilizar.
El problema político aparece porque los dos textos originales ya fueron rechazados por el Pleno. El Gobierno sostiene que los nuevos decretos incorporan modificaciones suficientes para ser tratados como normas diferentes. RTVE ha informado de que el Ejecutivo ha introducido cambios precisamente para permitir su nueva tramitación y que el nivel de protección de los inquilinos se mantendrá, según fuentes gubernamentales, al mismo nivel o incluso por encima del anterior.
La oposición discute esa lectura. Vox ha anunciado que estudia recurrir lo que considera una utilización impropia de la Diputación Permanente. Otros grupos cuestionan la legitimidad política de rehacer, en plena disolución parlamentaria, una norma que acababa de perder una votación en el Congreso.
La frontera entre lo jurídicamente posible y lo políticamente discutible será uno de los debates centrales de los próximos días.
La aritmética ya no es la misma
El cambio de escenario tiene una consecuencia decisiva: la composición de la Diputación Permanente no reproduce exactamente el resultado que tumbó los decretos en el Pleno.
En la votación de la semana pasada, Junts fue determinante al unirse a PP, Vox y UPN. En la Diputación Permanente, las fuerzas que respaldan al Gobierno y el PNV tienen una posición más favorable. De ahí que el Ejecutivo crea que puede sacar adelante al menos buena parte de las medidas sin depender del partido de Carles Puigdemont.
Eso explica por qué la maniobra tiene tanto peso político. La convocatoria electoral no ha congelado la agenda del Gobierno; ha modificado el terreno en el que se disputa.
Qué contienen las medidas
Los decretos forman parte de la respuesta del Ejecutivo a la escalada de la crisis de vivienda y a la presión social de las últimas semanas. El paquete anterior incluía límites y congelaciones sobre determinadas actualizaciones de alquiler, medidas frente a desahucios y otras protecciones para hogares vulnerables.
El Gobierno había calculado que los topes sobre las rentas podían generar cientos de millones de euros de ahorro agregado para los hogares. Sus detractores sostienen, por el contrario, que intervenir los precios reduce la oferta, desplaza vivienda hacia otros usos y aumenta la inseguridad regulatoria.
Ese choque de diagnósticos seguirá intacto aunque el texto sea modificado.
El verdadero debate de fondo es más amplio: España tiene un problema simultáneo de precios, oferta insuficiente en zonas de alta demanda, lentitud urbanística, acceso al crédito, salarios que no acompañan el coste residencial y un parque público limitado. Ningún decreto de urgencia resuelve por sí solo ese conjunto de factores.
La huelga general añade presión
La nueva aprobación coincide con el anuncio de CCOO y UGT de una huelga general de 24 horas para este otoño centrada en vivienda y salarios. Los sindicatos todavía deben cerrar la fecha y completar sus procedimientos internos, pero han situado la movilización en el mismo eje sobre el que el Gobierno quiere construir una parte de la campaña.
La patronal ha respondido cuestionando el encaje jurídico de una huelga que considera esencialmente política. Podemos ha pedido secundarla. La disputa, por tanto, ya no se limita al Parlamento: se mueve a empresas, sindicatos, calles y tribunales.
La coincidencia con el proceso electoral eleva todavía más la temperatura. UGT ha señalado que ve razonable noviembre, pero ha descartado que la jornada coincida con la campaña electoral.
Sánchez entra en precampaña gobernando
Sánchez compareció este martes después del Consejo de Ministros, apenas veinticuatro horas después de anunciar el adelanto electoral. El Gobierno queda en funciones una vez celebradas las elecciones y hasta la toma de posesión del siguiente Ejecutivo, pero mientras tanto conserva capacidad para administrar y, dentro de los límites constitucionales, aprobar medidas urgentes.
La estrategia parece clara: convertir el periodo previo al 29N en una comparación entre dos modelos de vivienda y obligar a la oposición a posicionarse una y otra vez sobre medidas concretas.
PP y Vox intentarán llevar el debate al terreno contrario: seguridad jurídica, oferta, ocupación, fiscalidad y el uso de la Diputación Permanente para recuperar textos derrotados.
Junts, que desencadenó la caída de los decretos al votar en contra, queda además en una posición paradójica. Su voto fue decisivo en el Pleno, pero puede dejar de serlo en el órgano que operará durante la disolución.
Qué sabemos
El Gobierno ha reactivado los decretos, las Cortes están formalmente disueltas y la convocatoria electoral del 29 de noviembre ya está publicada. También sabemos que la Diputación Permanente será el escenario elegido para intentar convalidar las medidas y que el Ejecutivo ha anunciado modificaciones sobre los textos derrotados.
Qué no sabemos
Falta conocer el detalle final de cada cambio, la fecha exacta de la votación y si cualquier eventual recurso puede alterar su aplicación. Tampoco está resuelto el efecto político de la maniobra: puede permitir al Gobierno recuperar una iniciativa social que había perdido o reforzar la acusación opositora de que está utilizando las últimas semanas de legislatura para forzar el marco institucional.
Lo que sí ha quedado claro es que la vivienda ya no es un asunto sectorial de la campaña.
Es el terreno sobre el que empezó el adelanto electoral y, desde este martes, también el terreno sobre el que se disputan los límites del poder legislativo durante la disolución.
Fuentes consultadas
RTVE, EFE, Europa Press y Boletín Oficial del Estado, 6 de octubre de 2026.
