EL ESTÁNDAR | MADRID, 23 DE OCTUBRE DE 2026. La Junta Electoral Central (JEC) ha dictado nuevas resoluciones durante la campaña previa a las elecciones generales del 29 de noviembre. La adoptada el jueves 22 de octubre respecto del presidente del Gobierno Pedro Sánchez desestima una denuncia del Partido Popular por expresiones realizadas después del Consejo Europeo, pero le recuerda el deber de neutralidad en comparecencias institucionales. En otro expediente, la Junta ha ordenado a un diputado del PSOE retirar publicaciones de Instagram por utilizar elementos identificativos del PP que podían confundir al electorado sobre la autoría del mensaje. No son una misma resolución, ni equivalen a condenas penales, ni deben confundirse con un expediente sancionador distinto abierto el día 15.
Una denuncia desestimada no significa libertad total para hacer campaña desde un cargo
El Partido Popular había impugnado las manifestaciones de Sánchez en una comparecencia tras el Consejo Europeo celebrado en Bruselas el 15 y 16 de octubre. A juicio de los populares, el presidente empleó un escenario institucional para ensalzar la acción gubernamental y dirigirse a la oposición en términos partidistas. La JEC analizó el contenido y el contexto antes de pronunciarse.
Según el acuerdo divulgado por la agencia EFE, la autoridad electoral consideró que algunas referencias se encontraban en el límite de lo admisible, particularmente al hablar de la necesidad de un gobierno progresista. Pese a esa apreciación, estimó que el conjunto de la intervención y sus circunstancias no justificaban abrir un nuevo expediente sancionador.
La consecuencia formal es doble y debe explicarse completa: denuncia desestimada en este procedimiento y advertencia expresa de neutralidad al máximo responsable del Ejecutivo. Ninguno de los extremos autoriza a titular que Sánchez ha sido sancionado por esta comparecencia ni que la JEC avala sin reservas cualquier mensaje de campaña pronunciado por un presidente en acto oficial.
La otra resolución: signos del PP en mensajes del PSOE
La misma jornada produjo una decisión de sentido distinto. El PP denunció publicaciones difundidas el 6 de octubre en el perfil de Instagram del diputado socialista Víctor Ruiz de Diego, en las que, según la denuncia, se utilizaron símbolos o signos propios de la formación popular.
La JEC estimó parcialmente la reclamación y requirió al diputado retirar inmediatamente las publicaciones cuestionadas. Para el órgano, el uso de elementos gráficos de otra formación podía inducir a error a los electores sobre quién había elaborado y difundido el contenido, contraviniendo las exigencias de transparencia electoral recogidas en el artículo 8.1 de la LOREG.
La decisión no convierte cualquier crítica visual a un adversario en ilegal: el elemento destacado es el potencial de confusión sobre la autoría, no la prohibición de la sátira política como género. Tampoco hay constancia suficiente, en la documentación examinada, de que la retirada ya se haya completado; el requerimiento de la JEC y su ejecución efectiva son hechos distintos.
Vivienda y redes oficiales: otra reclamación que no prospera
La JEC también desestimó una denuncia de Vox relativa a publicaciones sobre medidas de vivienda difundidas en las redes y páginas oficiales del Gobierno y del PSOE. Vox entendía que el anuncio contenía promoción electoral impropia; la Junta concluyó que no se había acreditado una vulneración del deber de neutralidad institucional en los términos reclamados.
No es extraño que dos asuntos cercanos en el tiempo acaben con decisiones diferentes. La legislación electoral obliga a valorar el mensaje, la identidad de quien lo emite, el recurso público utilizado, su fecha y la posibilidad de confundir al destinatario. Esos elementos no son idénticos en una comparecencia oficial, una nota institucional y un mensaje que reproduce símbolos de una organización rival.
La prueba relevante para una eventual nueva reclamación serán las publicaciones originales completas, con sus fechas y el contexto en que fueron difundidas, y no solo capturas parciales o frases separadas del resto de la comunicación.
El expediente del 15 de octubre es otra cuestión
Hay un dato fundamental para el seguimiento: el 15 de octubre la JEC sí comunicó la apertura de un expediente sancionador al presidente por otra rueda de prensa, celebrada en La Moncloa el 6 de octubre, tras una denuncia del PP por posible utilización partidista de una comparecencia oficial.
La apertura de un expediente no constituye una sanción firme. A su vez, la desestimación conocida el 22 sobre lo dicho en Bruselas no anula automáticamente aquel expediente anterior. Cada acto tiene hechos y tramitación propios. Fusionarlos bajo un titular único de «la Junta absuelve» o «la Junta condena» al presidente sería un error grave de precisión jurídica.
La responsabilidad periodística consiste en identificar el origen de cada decisión: fecha de la intervención, persona denunciada, norma invocada, resultado del acuerdo y situación posterior. Cuando exista una resolución definitiva sobre el expediente del 15 se informará de forma diferenciada.
Qué establece la legislación electoral
El artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General limita la celebración de actos institucionales financiados con fondos públicos que contengan alusiones a realizaciones o logros desde la convocatoria electoral. El artículo 8.1 coloca a la administración electoral ante el objetivo general de garantizar la transparencia y objetividad del proceso.
Se trata de protecciones para todas las candidaturas y para el votante, independientemente del partido afectado. El Gobierno conserva facultades para informar sobre políticas y obligaciones institucionales; la oposición conserva su capacidad de fiscalizar; pero ninguna institución pública debe transformarse en vehículo de campaña sin respetar los límites legales.
El hecho de que una decisión resulte políticamente conveniente a una formación no sustituye la motivación concreta de la JEC.
Preguntas pendientes y consecuencias para el 29-N
Quedan por verificar la retirada material de las publicaciones de Instagram, la posible impugnación de los acuerdos del 22 y el desarrollo del expediente sancionador anterior. También será relevante seguir el criterio que la Junta aplique a mensajes de candidatos de otras formaciones para comprobar que existe una aplicación consistente de sus estándares.
La principal consecuencia de estas decisiones es institucional: el periodo previo al 29 de noviembre exige una distinción nítida entre comunicar desde una responsabilidad pública, competir electoralmente como partido y hacer que el votante conozca el origen de los mensajes que recibe.
Fuentes
- EFE, 22 de octubre: resolución sobre Sánchez, propaganda en Instagram y vivienda.
- EFE, 15 de octubre: apertura del expediente distinto por la rueda de prensa de Moncloa.
- La Moncloa, transcripción oficial del 16 de octubre tras el Consejo Europeo.
- La Moncloa: ficha y fotografía oficial del Consejo Europeo de octubre.
La fotografía reproduce el Consejo Europeo del 16 de octubre y no una deliberación de la Junta Electoral ni el acto de notificación de sus resoluciones.
