El Supremo frena las altas de la ley de nietos en el censo electoral

HALLAZGOS PRINCIPALES

• Las personas afectadas que ya figuran en el CERA no podrán ejercer automáticamente el derecho de sufragio mientras no acrediten el supuesto exigido por la resolución.
• Las nuevas inscripciones que culminen su tramitación quedarán igualmente suspendidas en sus efectos electorales hasta que se acredite el requisito correspondiente.
• Los consulados pasan a ocupar una posición central en la verificación de la condición de descendiente de exiliado.
• La medida se mantendrá hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia en el procedimiento.
• No se produce una anulación colectiva de nacionalidades ni una derogación de la Ley de Memoria Democrática.

El Tribunal Supremo ha alterado este martes, de manera provisional pero inmediata, el escenario electoral de cientos de miles de nuevos españoles residentes en el extranjero. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado suspender cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la denominada «ley de nietos», salvo en aquellos casos en los que se acredite que el padre, madre, abuelo o abuela del solicitante sufrió exilio en los términos contemplados por la Ley de Memoria Democrática.

La decisión, adelantada por Europa Press y confirmada por EFE, estima las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa. Afecta tanto a personas ya inscritas en el CERA como a nuevas inscripciones que culminen su tramitación: sus efectos electorales quedan suspendidos hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre el fondo del procedimiento.

La resolución no anula la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, no retira automáticamente la nacionalidad ya concedida ni resuelve todavía si la interpretación administrativa aplicada desde 2022 fue correcta. Lo que hace es separar, cautelarmente, dos planos que hasta ahora operaban de forma automática: nacionalidad e inscripción electoral.

Qué ha decidido exactamente el Supremo

La medida afecta al CERA, el registro que permite participar desde el extranjero en elecciones generales, autonómicas, europeas y otros procesos en los que corresponda el derecho de sufragio. Según la información difundida este martes, el alto tribunal suspende los efectos electorales de quienes accedieron a la nacionalidad por esta vía y ya figuran inscritos, salvo acreditación del vínculo con un exiliado.

También ordena que las nuevas inscripciones que concluyan su tramitación queden suspendidas en sus efectos electorales en los mismos términos. La cautelar permanecerá vigente hasta que se dicte sentencia.

CLAVE JURÍDICA La nacionalidad concedida y el derecho a votar no son tratados por el Supremo como la misma cuestión procesal en esta fase. La cautelar se dirige a los efectos censales y electorales mientras se resuelve el recurso, no a una revocación general de nacionalidades.

Por qué el caso llega ahora al Supremo

El origen del litigio está en el fuerte crecimiento del censo exterior y en la interpretación administrativa de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Vox e Iustitia Europa recurrieron un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del 16 de julio y pidieron que se congelaran las altas del CERA mientras se verificaba su legalidad y trazabilidad.

En las vistas celebradas el 7 de septiembre, ambas organizaciones sostuvieron que, si las inscripciones continuaban produciendo efectos y se celebraban elecciones antes de una sentencia, el eventual daño sería imposible de reparar. Iustitia Europa defendió que una sentencia posterior podría corregir el censo futuro, pero no reconstruir con certeza una elección ya celebrada.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado se opusieron. Su argumento central fue que el derecho de sufragio deriva legalmente de una nacionalidad adquirida mediante actos administrativos firmes y que la Oficina del Censo Electoral no puede convertirse en un órgano que revise de manera general la validez de esas nacionalizaciones.

El punto de fricción: la instrucción de 2022 y el requisito del exilio

La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 abrió varias vías de opción a la nacionalidad española. Entre ellas figura la de los nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originariamente español y hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. La misma disposición también contempla otros supuestos, como determinados descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por matrimonio antes de 1978 y los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad por las vías previstas en la propia ley o en la Ley 52/2007.

La Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública desarrolló cómo debía acreditarse cada supuesto. Para la vía vinculada al exilio exige certificaciones de nacimiento y documentación que acredite esa condición, con determinadas presunciones temporales para españoles que salieron del país entre 1936 y 1955.

La controversia judicial se centra en la forma en que esos requisitos han sido aplicados y en si la inscripción electoral podía producirse automáticamente una vez reconocida la nacionalidad, sin que la administración electoral realizara un control adicional del supuesto concreto que dio origen a esa nacionalización.

El tamaño del problema electoral

La dimensión estadística explica la relevancia política del litigio. Según los últimos datos oficiales citados por EFE antes de la resolución, alrededor de 2,4 millones de descendientes habían solicitado la nacionalidad por esta vía; 544.722 expedientes habían sido aprobados y unas 306.000 personas ya figuraban inscritas como españoles. EFE señaló además que el CERA había aumentado en más de 403.000 electores desde 2023.

Esas cifras no significan que todos los solicitantes o nacionalizados pierdan ahora el voto. La medida depende del encaje individual en los supuestos de la ley y de la acreditación que exijan las oficinas consulares. Tampoco existe todavía un dato oficial actualizado que permita saber cuántos electores quedarán efectivamente suspendidos tras la aplicación de la resolución.

Una decisión cautelar, no una sentencia definitiva

El alcance temporal de la resolución es fundamental. El Supremo no ha cerrado el litigio. Ha adoptado una medida provisional destinada a evitar que el recurso pierda su finalidad si se convocan elecciones antes de que exista sentencia.

El fondo del procedimiento deberá determinar después si la Junta Electoral Central actuó correctamente, qué controles deben practicarse sobre las altas y hasta dónde pueden revisarse sus efectos electorales cuando la nacionalidad ya ha sido reconocida por una resolución administrativa firme.

Ese debate enfrentará dos principios de enorme peso: la integridad y trazabilidad del cuerpo electoral, por un lado, y el derecho fundamental de sufragio de ciudadanos españoles, por otro. Precisamente por eso la resolución definitiva será mucho más relevante jurídicamente que la cautelar conocida hoy.

El fondo político de una cuestión jurídica

La causa llega al Supremo cargada de acusaciones políticas. Vox ha hablado de un riesgo de fraude y de adulteración del censo; el Gobierno y la Fiscalía han rechazado esa lectura y han defendido que se trata de ciudadanos que adquirieron legalmente la nacionalidad y, con ella, el derecho de sufragio.

El Estándar separa esas posiciones partidistas de lo que hoy está jurídicamente acreditado: existe una suspensión cautelar de los efectos electorales y un control adicional vinculado al exilio. Todavía no existe una sentencia que declare ilegal el conjunto de las nacionalizaciones ni una resolución que pruebe un fraude electoral masivo.

El siguiente punto de control será la ejecución práctica de la medida por la Oficina del Censo Electoral y las oficinas consulares. Ahí podrá medirse cuántos expedientes cumplen el requisito exigido, cuántos necesitan documentación adicional y cuál es el impacto real sobre el CERA.