El Gobierno central ha declarado concluida la fase de desalojo de los asentamientos de la costa de Ceuta después del operativo del domingo 11 de octubre en la explanada del Guano. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinador del mando único de la crisis, sostuvo que se ha cumplido antes del 15 de octubre el compromiso de despejar los enclaves litorales y cifró en cerca de 12.000 las personas retornadas a Marruecos desde el 10 de agosto. La información procede de las declaraciones ministeriales recogidas por Europa Press.
La afirmación no debe interpretarse como el cierre de toda la crisis. El propio ministro reconoció que las autoridades continuarán interviniendo en calles y barrios donde puedan permanecer personas migrantes durmiendo al aire libre. La distinción entre fin de una operación territorial y normalización integral de la ciudad es esencial para interpretar el balance.
El último gran operativo en el Guano
Europa Press informó el domingo de un despliegue de más de 350 agentes y de alrededor de 500 personas desalojadas del entorno del Guano, citando fuentes policiales. Esas cantidades se refieren a un operativo localizado y no se deben sumar de manera indiscriminada a estimaciones de campamentos previos para construir cifras totales.
La actuación siguió a desalojos anteriores en otros sectores de la costa, entre ellos El Trampolín. El desplazamiento de personas de un asentamiento a otro y la diferencia entre ocupantes estimados, identificados, trasladados y retornados complican los balances públicos.
Qué significan los 12.000 retornos
La cifra proporcionada por Torres comprende, según su declaración, el periodo iniciado el 10 de agosto. No equivale a 12.000 expulsiones judiciales ni permite identificar qué procedimiento administrativo corresponde a cada persona. Para una evaluación rigurosa haría falta conocer las categorías jurídicas de retorno, los expedientes, los plazos y el balance de personas que permanecen en Ceuta.
Tampoco puede darse por acreditado que los 12.000 retornos correspondan únicamente a los ocupantes de asentamientos litorales. El periodo y la población contabilizada son más amplios que la operación del Guano y requieren una explicación administrativa detallada.
La crisis pasa de la costa a los barrios
Torres afirmó que las fuerzas de seguridad continuarían sus actuaciones en otras zonas de la ciudad. Esta segunda fase plantea retos distintos: localización de personas vulnerables, coordinación con servicios sociales, protección de menores, capacidad de recursos temporales y atención sanitaria.
La desaparición de tiendas o estructuras precarias en la costa no elimina automáticamente las necesidades de quienes vivían allí. La respuesta institucional debe medirse por el resultado de los procedimientos individuales y por la disponibilidad real de alojamiento y atención, además de por la recuperación del espacio público.
El contexto de la visita de los Reyes
El balance llega antes del viaje de Felipe VI y Letizia a Ceuta, programado para el 13 de octubre. La coincidencia temporal es evidente, pero la valoración de las razones administrativas de cada operación debe apoyarse en declaraciones y documentos precisos. La visita real es un acontecimiento institucional; la operación policial, una actuación sometida a sus propias competencias y garantías.
Qué debe aclararse
Quedan pendientes cifras cerradas por categorías, trazabilidad de las actuaciones, distribución de los trasladados a recursos de acogida y resultado de las intervenciones en los barrios. Hasta que ese detalle esté disponible, el balance ministerial debe atribuirse al ministro y no presentarse como una verificación independiente de todos sus componentes.
El balance del Guano: 500 desalojados no significa 500 retornados
Una de las cifras más repetidas de la operación es la de unas 500 personas desalojadas, aportada por fuentes policiales y recogida por Europa Press. El mismo despacho informa de la participación de más de 350 agentes. Sin embargo, el número de personas que se encontraban en el perímetro, las trasladadas a un centro para su identificación y las efectivamente retornadas son magnitudes distintas.
El País describe que numerosos residentes abandonaron el entorno antes de la llegada policial y que unas 150 personas fueron trasladadas a instalaciones para las gestiones de identificación. Este dato se refiere a una parte observada de la intervención, no constituye por sí solo el número final de todas las personas presentes en la zona.
Qué significa el cierre de los grandes campamentos costeros
Ángel Víctor Torres fijó el 15 de octubre como horizonte de normalización de los asentamientos del litoral y anunció que ese compromiso se había logrado el 11 de octubre. El comunicado político debe atribuirse a su autor: se refiere a grandes asentamientos de costa, no a la desaparición de la presencia de migrantes en toda Ceuta ni a una solución definitiva de la crisis social.
La retirada de tiendas y estructuras precarias recupera determinados espacios públicos, pero también puede desplazar la necesidad de alojamiento a otras áreas urbanas. Por ello resulta necesario conocer dónde duermen quienes han salido voluntariamente de los campamentos y qué capacidad real tienen los centros de acogida.
Personas adultas, menores y garantías administrativas
La gestión posterior debe separar expresamente las situaciones jurídicas. Una persona adulta puede requerir identificación, asistencia sanitaria, información sobre extranjería y acceso a procedimientos aplicables; un menor no acompañado tiene un régimen específico de protección; las personas que soliciten protección internacional disponen de garantías propias. Ninguna de estas situaciones puede resolverse con una presunción colectiva.
La cobertura de El País identifica derivaciones de adultos al CATE y de menores a recursos de acogida de la ciudad. La legalidad y efectividad de las actuaciones individuales solo pueden valorarse mediante expedientes y balances administrativos fechados.
Las necesidades que seguirán abiertas después del 12-O
La crisis afecta al orden público, a la capacidad de servicios sanitarios y sociales, al trabajo de las fuerzas de seguridad y a los derechos de las personas atendidas. Es posible que un indicador operativo mejore al mismo tiempo que otro siga tensionado: que termine un desalojo no significa que se hayan completado los procedimientos de identificación, alojamiento o retorno.
En este contexto, la visita de los Reyes prevista para el 13 de octubre es una coincidencia temporal de alta visibilidad, pero no una prueba suficiente de que cada actuación haya sido acordada exclusivamente para esa visita. Las autoridades deberán explicar la cronología de órdenes, objetivos, medios y seguimiento de cada intervención para despejar las dudas.
Las cifras mínimas que debería publicar el mando único
Para que los cerca de 12.000 retornos anunciados sean auditables, debería distinguirse el periodo exacto, el procedimiento legal aplicado, el número de personas contabilizadas una sola vez y las posibles diferencias entre retorno voluntario, salida documentada y medidas coercitivas, si las hubiera. La identificación de una persona durante un desalojo y su eventual retorno posterior tampoco pueden contabilizarse como si fueran automáticamente el mismo hecho.
Esta es la principal asignatura pendiente del balance ministerial: pasar de la cifra agregada a indicadores claros, comparables y jurídicamente precisos. El Estándar continuará separando en su cobertura los datos atribuidos a fuentes oficiales de las estimaciones periodísticas y los hechos contrastados.
Fuentes complementarias
- Europa Press: operación del Guano y balance policial.
- El País: situación en el asentamiento y traslados.
