MADRID / EUSKADI — 27 DE OCTUBRE. Quince años después del anuncio del cese definitivo de la violencia terrorista de ETA, los datos penitenciarios muestran una transformación profunda: de 703 internos relacionados con la organización en 2011 a 110 en octubre de 2026. La reducción se aproxima al 85%, según el análisis publicado hoy por El País. La cifra exige contexto jurídico: no significa que 593 presos hayan sido indultados ni absueltos.
De las condenas a los cambios de régimen
A lo largo de quince años han expirado penas, se han cumplido condiciones para distintas formas de semilibertad y han operado decisiones judiciales y modificaciones legales. El fin de la dispersión penitenciaria se produjo de facto en 2023; gran parte de los internos cumplen ahora pena en cárceles vascas. Atribuir toda la reducción a una sola decisión política sería incorrecto.
El análisis periodístico recuerda, entre otros factores, los efectos de la derogación de la doctrina Parot y reformas sobre cómputo de condenas cumplidas en otros países. Es necesario distinguir libertad definitiva, tercer grado, semilibertad, permiso y traslado de centro.
El papel de las víctimas
El derecho a la memoria y a la reparación no depende exclusivamente de cuántas personas siguen presas. Cada expediente debe valorarse conforme a la ley, y una información rigurosa debe identificar qué resoluciones son judiciales y cuáles administrativas. No es correcto asociar a las familias de víctimas con una posición uniforme ni presentar una medida penitenciaria como equivalencia automática a perdón.
Los límites de una lectura partidista
La cifra del 85% puede emplearse para construir relatos políticos opuestos, pero por sí sola no prueba ni impunidad general ni éxito pleno de reinserción. La evaluación exige el análisis de plazos, conducta penitenciaria, revocaciones, exigencias de arrepentimiento que apliquen legalmente y reincidencia comprobada.
Seguridad y seguimiento histórico
Los incidentes de Bilbao del 26 de octubre han reabierto comparaciones retóricas con la kale borroka. Un incendio o desorden público no equivale automáticamente a pertenencia a ETA ni puede tratarse como terrorismo sin elementos legales y fácticos concretos. Distinguir épocas y estructuras es un requisito de inteligencia.
La dimensión periodística está en preservar memoria, conocer la aplicación de la ley y exigir trazabilidad institucional. Fuente: análisis publicado el 27 de octubre.
Qué sabemos
- En 2011 había 703 presos vinculados a ETA; en octubre de 2026 son 110, según el análisis publicado.
- La reducción es cercana al 85% en quince años.
- La política penitenciaria ha experimentado cambios legales y de régimen.
Qué no sabemos todavía
- Evolución individual futura de los expedientes de cada interno.
- Impacto completo de las distintas resoluciones y mecanismos jurídicos.
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