ESPAÑA | 20 DE OCTUBRE DE 2026. Se cumplen quince años desde que la organización terrorista ETA anunció, el 20 de octubre de 2011, el cese definitivo de su actividad armada. Siete años después, en 2018, comunicó su disolución. El aniversario obliga a examinar la historia con un punto de partida inequívoco: la banda asesinó a cientos de personas y provocó lesiones, secuestros, extorsiones, desplazamientos y amenazas que afectaron a miles de ciudadanos.
Dos fechas que no deben confundirse
El comunicado de 2011 marcó la renuncia a continuar la violencia armada. El anuncio de 2018 puso fin formal a la existencia de la organización. Son hitos distintos: el primero atañe a la actividad armada; el segundo, a la estructura que la sostenía.
Para los familiares de asesinados, amenazados y heridos, ni uno ni otro resuelve automáticamente la búsqueda de justicia, el esclarecimiento de sumarios o la reparación. Un aniversario no es un cierre judicial de todos los hechos del pasado.
El balance humano
La cifra de víctimas mortales varía ligeramente en los recuentos difundidos por instituciones y medios. Entre las más citadas figuran 853 y 855 asesinatos, diferencia que refleja criterios de inclusión y actualización. Por ello, en este reportaje utilizamos el dato comprobable de más de 850 víctimas mortales y remitimos al inventario de cada institución cuando se trate de una cifra específica.
Un documental del archivo de RTVE de 2021 recogía 855 asesinatos, unos 2.000 heridos y 84 secuestros, además de otras formas de victimización. Estas cifras describen el legado de la banda y no deben transformarse en un instrumento de confrontación partidista.
El recuerdo exige asimismo prestar atención a quienes sobrevivieron, a policías y guardias civiles atacados, a concejales de diferentes partidos, a empresarios extorsionados, a periodistas amenazados y a familias enteras obligadas a modificar sus vidas.
La presión policial y judicial
Una parte esencial del desenlace fue el trabajo acumulado de las fuerzas de seguridad, la cooperación con Francia y otros países, las investigaciones judiciales y el aislamiento de redes terroristas.
Detenciones de dirigentes y comandos, incautaciones de arsenales, desarticulación de infraestructura de financiación y colaboración entre cuerpos policiales limitaron progresivamente la capacidad operativa de ETA. A ello se sumaron la movilización social y el rechazo público a los asesinatos.
La historia no se resume de manera fiable ni en una concesión unilateral del terrorismo ni en un solo hecho militar. El análisis serio debe abordar la secuencia de capacidades perdidas, decisiones internas de la banda, intervenciones judiciales y transformaciones políticas.
La deuda con las víctimas y las palabras de Pradales
El lehendakari Imanol Pradales publicó una reflexión con motivo del aniversario, recogida por Europa Press el 18 de octubre, en la que defendió fortalecer la convivencia y señaló la deuda moral de quienes justificaron o alentaron el terrorismo.
Pradales rechazó expresamente que se idealice a antiguos integrantes de la banda y criticó que determinadas fuerzas no respalden iniciativas de homenaje a víctimas. Es una posición institucional atribuida y verificable, en un debate en el que las víctimas y asociaciones mantienen prioridades diversas.
La memoria también incluye lugares, archivos y centros públicos como el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. Conservar documentación es una garantía frente a la negación, minimización o tergiversación del daño causado.
ETA, EH Bildu y el debate político
Las fuerzas políticas discrepan sobre el papel de dirigentes de la izquierda abertzale antes y después del fin de la violencia, sobre los vínculos históricos y sobre el lenguaje utilizado para referirse a ese pasado.
La distinción jurídica es necesaria: ETA fue una organización terrorista disuelta; EH Bildu es una coalición legal que participa en procesos electorales. Eso no impide examinar declaraciones históricas, compromisos con las víctimas, decisiones penitenciarias o relaciones de figuras públicas, pero sí impide afirmar como hecho que la organización terrorista sigue actuando bajo la identidad de un partido sin pruebas específicas.
Las acusaciones políticas sobre herencia, legitimación o falta de condena deben atribuirse a quienes las formulan y contrastarse con decisiones judiciales, textos y actos comprobables.
Los casos por esclarecer y la documentación que falta
Persisten preguntas esenciales: qué asesinatos siguen judicialmente sin esclarecer, cuál es el estado de causas abiertas, qué documentos operativos pueden consultarse, cómo se gestionan las reparaciones y si las víctimas reciben información suficiente sobre el avance de sus expedientes.
Una investigación útil debería cruzar los registros de sentencias y asesinatos, los archivos públicos y los testimonios de afectados. La publicación de especulaciones sobre culpables particulares sin resolución o fuentes concluyentes no ayuda a esa tarea.
Por qué este aniversario es noticia hoy
La conmemoración coincide con la precampaña del 29 de noviembre de 2026 y con un debate público renovado sobre pactos políticos, responsabilidades históricas y cultura democrática.
La seguridad actual exige prevenir todas las formas de terrorismo; el recuerdo de ETA demuestra que las libertades, la investigación policial, la independencia judicial y el rechazo social de la violencia tienen consecuencias concretas. La historia debe explicarse sin convertir la victimización en una competición ideológica.
Fuentes: Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo · Europa Press, Pradales sobre el aniversario · RTVE archivo documental, octubre de 2021 · Análisis retrospectivo publicado el 18/10/2026.
Balance: cese de 2011 y disolución de 2018 acreditados; memoria, acceso a documentos y esclarecimiento de sumarios requieren seguimiento continuado.
