Un dispositivo de la Guardia Civil mantuvo el domingo la custodia de Urda mientras se apartaban vagones para facilitar inspecciones y búsqueda de restos.
La Fiscalía Europea detalla más de 300 registros en ocho países y dos presuntas organizaciones que habrían compartido logística y empresas para el fraude carrusel de IVA.
La jueza María Tardón encargó al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras un análisis sobre la entrada masiva del 30-J y pidió máxima reserva a los policías que trabajaban para la Audiencia Nacional. El informe terminó describiendo una acción planificada, recogiendo indicios de «guiado activo» por agentes marroquíes y llegando a la prensa antes que a la cadena política de Interior. Marlaska reclamó explicaciones; el CGPJ y la Audiencia Nacional respaldaron a la magistrada. Detrás del choque hay una pregunta mayor: quién debe conocer, y cuándo, la inteligencia policial que nace dentro de una investigación judicial durante una crisis de seguridad nacional.