Los centros de datos han dejado de ser un asunto estrictamente tecnológico.
Consumen energía, condicionan redes eléctricas, atraen miles de millones de euros de inversión, sostienen servicios de inteligencia artificial y cloud y se han convertido en una pieza de la autonomía digital europea.
Ahora también forman parte de una negociación financiera con Bruselas.
El Gobierno español ha ofrecido incorporar la aprobación de una nueva regulación para grandes centros de datos dentro de los compromisos utilizados para completar el último gran desembolso del Plan de Recuperación, cifrado en 25.861 millones de euros.
El último gran tramo europeo
España asegura haber ejecutado en plazo el Plan de Recuperación y espera ahora la validación de la Comisión Europea.
La última solicitud comprende 148 hitos y objetivos y concentra aproximadamente el 30% del total del programa.
Dentro de esa negociación, la regulación de centros de datos aparece como una de las piezas con las que el Ejecutivo pretende cerrar compromisos pendientes.
Energía como condición de entrada
La propuesta busca imponer obligaciones específicas a grandes instalaciones.
Entre los elementos planteados se encuentra un fuerte componente energético y medioambiental, con requisitos para que buena parte del consumo proceda de nueva generación renovable verificada de forma horaria.
El objetivo declarado es evitar que la expansión de los centros de datos se traduzca en presión adicional sobre el sistema eléctrico y asegurar que el crecimiento digital sea compatible con la transición energética.
El conflicto: atraer inversión sin colapsar la red
España quiere convertirse en uno de los grandes polos europeos de infraestructura digital.
Tiene ventajas evidentes: disponibilidad de suelo, conexiones internacionales, renovables, posición geográfica y crecimiento de la demanda de inteligencia artificial.
Pero la carrera tiene un límite físico.
Los centros de datos necesitan enormes cantidades de electricidad, capacidad de conexión y garantías de suministro.
El debate no consiste, por tanto, en estar a favor o en contra de estas instalaciones.
Consiste en decidir quién paga la infraestructura necesaria, qué obligaciones asumen los operadores y cuánto margen se concede para no expulsar inversión hacia otros países.
El sector advierte del riesgo
Las empresas han presentado numerosas alegaciones y parte del sector considera que una regulación demasiado estricta puede frenar proyectos ya anunciados.
Distintas estimaciones empresariales manejan cifras de inversión potencial de varios miles de millones de euros.
La discusión llega además en pleno auge de la inteligencia artificial, precisamente cuando grandes proveedores cloud y fondos de infraestructuras buscan aumentar capacidad de cómputo en Europa.
Soberanía digital
El asunto tiene otra dimensión.
La Unión Europea lleva años intentando reducir dependencias tecnológicas respecto de Estados Unidos y Asia.
Pero la soberanía digital necesita algo más que legislación.
Necesita infraestructura física.
Servidores, energía, redes, centros de datos, chips, conectividad y capacidad de cómputo.
Eso convierte cada decisión regulatoria en una decisión industrial.
25.861 millones cambian la escala
La vinculación con el último desembolso europeo eleva el asunto a otro nivel.
Ya no se discute únicamente cómo regular una industria emergente.
Se discute también dentro del cierre financiero de uno de los mayores programas de fondos europeos recibidos por España.
El Gobierno tiene incentivos para aprobar la norma.
El sector tiene incentivos para suavizarla.
Bruselas tiene incentivos para exigir compromisos verificables.
Y el sistema eléctrico debe absorber las consecuencias.
La pregunta de fondo
España necesita centros de datos si quiere jugar un papel relevante en inteligencia artificial y economía digital.
También necesita una red eléctrica capaz de sostenerlos.
El reto es evitar dos extremos: bloquear inversión mediante requisitos imposibles o permitir un crecimiento que traslade sus costes al resto del sistema.
La regulación que salga de esta negociación definirá buena parte de esa frontera.
Fuentes
Información publicada por El País sobre la negociación con Bruselas y datos públicos del Plan de Recuperación.
