Tener empleo no basta para evitar la pobreza a millones de personas en España. La red EAPN-ES calcula que alrededor de 2,5 millones de ocupados viven en hogares con ingresos inferiores al umbral de pobreza, el 11,6% de la población trabajadora. Un reportaje de EFE difundido este 3 de noviembre reúne datos de EAPN, Oxfam Intermón, el INE y expertos laborales y señala dos elementos centrales: la insuficiencia de horas trabajadas y el coste de la vivienda.
Qué significa ser pobre pese a trabajar
La pobreza laboral se mide atendiendo a los ingresos del hogar y a su composición, no únicamente al sueldo nominal de una persona. Un salario puede ser suficiente para un hogar pequeño y resultar insuficiente cuando sostiene a varios miembros. Además, la distribución de gastos esenciales condiciona cuánto dinero queda realmente disponible.
La cifra de 2,5 millones procede del indicador utilizado por EAPN-ES. Oxfam maneja otra aproximación que incorpora los gastos residenciales y calcula 770.000 personas ocupadas adicionales que caen por debajo del umbral al considerar esos costes. Sería incorrecto sumar automáticamente porcentajes o presentar como idénticas las distintas metodologías.
Según los umbrales del INE citados en la información publicada, una persona que vive sola se sitúa en riesgo de pobreza por debajo de 12.220 euros netos al año; el límite se eleva a unos 25.660 euros para una pareja con dos hijos menores de 14 años. No son cantidades que definan un salario universal: dependen de la estructura del hogar.
La intensidad del empleo: no solo cuánto se paga por hora
Una clave es la jornada realmente trabajada. Los expertos consultados por EFE apuntan a la insuficiencia de horas de trabajo, al empleo a tiempo parcial no deseado y a la dificultad para ampliar jornadas existentes. Un contrato puede pagar una tarifa horaria compatible con el mínimo legal y producir un ingreso mensual demasiado bajo para sostener los gastos de un hogar.
La Encuesta de Población Activa sitúa en aproximadamente tres millones las personas que trabajan a tiempo parcial, el 12,9% de la población ocupada. Los cálculos de CCOO indican que más del 70% de ese colectivo son mujeres. El dato ilustra una distribución desigual de las jornadas reducidas, pero no prueba que todas esas personas trabajen involuntariamente menos horas.
Los sindicatos reclaman revisar el uso de horas complementarias y dar preferencia a la ampliación de la jornada antes de contratar a otra persona a tiempo parcial. Estas son propuestas de organizaciones laborales y deben analizarse frente a sus consecuencias para trabajadores y empresas, no describirse como reformas ya aprobadas.
El papel del salario mínimo y la composición familiar
El salario mínimo de 2026 es de 1.221 euros brutos en catorce pagas, equivalentes a 17.094 euros brutos anuales para una jornada completa. Esa cifra supera el umbral individual citado, pero no permite deducir por sí sola si un hogar concreto está fuera de riesgo: hay que considerar impuestos, cotizaciones, número de dependientes y otros ingresos.
A media jornada, la retribución bruta proporcional se aproxima a 8.550 euros anuales. El ejemplo ayuda a ver por qué las horas trabajadas importan tanto como el incremento nominal del mínimo. Un hogar con hijos puede presentar dificultades incluso con un adulto trabajando a jornada completa si no existen otras fuentes de ingresos.
La vivienda como factor que reordena los datos
Oxfam Intermón destaca que una parte de quienes no aparecerían bajo el umbral con una medición de ingresos convencional sí queda en situación de vulnerabilidad cuando se tiene en cuenta cuánto gasta en vivienda. Un alquiler elevado absorbe recursos necesarios para alimentación, energía, transporte y cuidado familiar.
Es importante no confundir esta aproximación con un cambio oficial de la metodología estadística de pobreza del INE. Son lecturas complementarias que responden a preguntas distintas. La política pública que busque reducir la pobreza laboral puede necesitar tanto mejoras de ingresos como intervenciones sobre costes de vivienda.
Andalucía y Comunidad Valenciana: brecha territorial
EAPN identifica tasas próximas al 17,5% en la Comunidad Valenciana y al 17,4% en Andalucía, frente a alrededor del 5,3% en Navarra. Una diferencia de esta magnitud invita a examinar la estructura sectorial, la estacionalidad, las jornadas, el desempleo de otros miembros del hogar y el precio del alquiler.
No permite, sin análisis adicional, atribuir todo el contraste a una sola decisión autonómica o al comportamiento de los trabajadores. También hay variaciones entre grupos de edad, hogares y actividades económicas.
El dato resulta particularmente relevante para territorios con amplia presencia de servicios, turismo y campañas agrícolas, donde los ingresos anuales pueden depender de periodos concentrados de ocupación.
Los autónomos también aparecen en el problema
Oxfam sitúa en el 21,7% la tasa de pobreza de personas que trabajan por cuenta propia frente al 10,3% entre asalariados. La comparación debe considerar que los ingresos de los autónomos son irregulares, pueden fluctuar según gastos de explotación y no se corresponden directamente con una nómina.
Los representantes de distintos sectores reclaman políticas que faciliten la estabilidad de ingresos y mejores mecanismos de protección social. Conviene distinguir la queja empresarial o sindical de una medida concreta con presupuesto y evaluación de impacto.
¿Por qué importa hoy?
España ha creado empleo y ha incrementado el salario mínimo durante los últimos años, pero la pobreza laboral no ha desaparecido en la misma proporción. Eurostat sitúa al país entre los Estados miembros con tasas elevadas de trabajadores pobres, según los últimos datos comparables citados por EFE.
La pregunta central no es si hay más personas ocupadas, sino si el volumen de horas pagadas, los ingresos disponibles y los costes básicos permiten salir de la vulnerabilidad. La conclusión es incómoda, pero verificable: aumentar el número de empleos no equivale automáticamente a reducir la pobreza de quienes ya trabajan.
