MADRID | 17 DE OCTUBRE DE 2026. España afronta las elecciones generales del 29 de noviembre con un problema de control presupuestario que supera la disputa entre partidos: los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se han prorrogado durante 2024, 2025 y 2026, sin la aprobación de unas nuevas cuentas anuales completas. El funcionamiento administrativo no queda paralizado por ello, pero los expertos consultados por la prensa económica señalan dificultades para adaptar el gasto a necesidades actuales y evaluar ante las Cortes la política fiscal del Gobierno.
La duración de esta situación —más de mil días desde el comienzo de la primera prórroga, según el cómputo publicado este sábado por EL PAÍS— no significa que el Estado tenga exactamente la misma estructura de gasto efectivo que en 2023. Existen modificaciones legales, créditos, transferencias y otras operaciones de ejecución. Precisamente esa diferencia obliga a examinar con rigor cómo se construye el presupuesto efectivo que ejecuta el Gobierno y qué partes no han pasado por el debate anual ordinario.
Por qué siguen vigentes unas cuentas de 2023
El artículo 134.4 de la Constitución establece la prórroga automática de los presupuestos anteriores cuando los nuevos no han sido aprobados antes del primer día del ejercicio. El mecanismo evita que se interrumpan servicios esenciales, nóminas, pensiones y actividad administrativa por una falta de acuerdo parlamentario.
Que la prórroga sea constitucional no implica que resulte deseable utilizarla como método prolongado y habitual de gobernar. El presupuesto es una de las principales herramientas de control del Congreso sobre las prioridades del Ejecutivo. Elaborarlo y debatirlo permite contrastar ingresos previstos, gasto, inversiones, déficit y compromisos de cada área.
La legislatura y la relación del Gobierno con los grupos parlamentarios han dificultado la negociación. En 2026, tras sucesivos intentos y anuncios, sigue sin existir un nuevo marco anual aprobado que sustituya integralmente las cifras de 2023.
Qué no se congela cuando se prorroga el presupuesto
Una afirmación frecuente, pero incompleta, es que «todo el gasto de España permanece congelado en 2023». La Administración ejecuta obligaciones legales cuya cuantía puede modificarse y las leyes permiten realizar modificaciones de crédito, ampliaciones, transferencias y otras operaciones bajo condiciones determinadas.
Las pensiones, por ejemplo, pueden revalorizarse mediante las normas correspondientes; algunas partidas responden a obligaciones ya existentes y otras cambian por decisiones posteriores. La cuestión no es si se gasta exactamente lo mismo, sino si las Cortes pueden evaluar y enmendar el conjunto de una política presupuestaria actualizada.
Para estudiar la ejecución real hay que consultar la Intervención General de la Administración del Estado, la documentación de Hacienda y las modificaciones presupuestarias. Un documento aprobado en 2023 no sustituye ese examen.
El coste de oportunidad para inversión y servicios
Infraestructuras, investigación, sanidad, vivienda, mantenimiento administrativo y defensa tienen necesidades que evolucionan. Presupuestar sobre bases antiguas puede favorecer asignaciones inerciales y hacer más difíciles la planificación plurianual y la incorporación de nuevas prioridades.
EL PAÍS recoge la opinión de especialistas que subrayan esas limitaciones, aunque también reseña el comportamiento relativamente robusto del crecimiento económico español. No hay relación automática entre prórroga presupuestaria y recesión económica. Tampoco puede atribuirse a la ausencia de cuentas nuevas cada retraso de una obra o cada carencia de un hospital.
El análisis debe distinguir presupuesto estatal de los presupuestos autonómicos y locales, cuyos procesos de aprobación son propios y pueden seguir calendarios diferentes. La financiación europea también responde a reglas y compromisos específicos.
Una pérdida de transparencia comparativa
En un ciclo presupuestario ordinario, el Gobierno presenta previsiones macroeconómicas, objetivos, ingresos y cuadros de gastos que se comparan con el ejercicio anterior. La discusión parlamentaria permite debatir ministerios, programas e inversiones con un calendario conocido.
Las prórrogas sucesivas desplazan parte del debate hacia decretos, modificaciones puntuales, créditos y partidas que pueden resultar menos fáciles de seguir para el ciudadano. No significa necesariamente que todas sean ilegales, sino que la visión general del gasto requiere reconstruir documentos dispersos.
Una rendición de cuentas más exigente debería ofrecer un cuadro consolidado de créditos iniciales, modificaciones, obligaciones reconocidas, pagos realizados y ejecución por programa. Sin esa comparabilidad, resulta más difícil evaluar promesas electorales y decisiones administrativas.
El deber político del presidente y de Hacienda
Pedro Sánchez y el Ministerio de Hacienda han justificado la dificultad de aprobar cuentas en un Parlamento fragmentado. Ese obstáculo es político y real, pero no elimina la obligación de intentar acuerdos o explicar el coste de gobernar mediante prórrogas.
La crítica al Ejecutivo puede formularse con claridad: cuando durante años no consigue presentar y sacar adelante unas cuentas completas, falla una herramienta básica de dirección y control democrático. Esa valoración es política; no equivale a denunciar que todo el gasto realizado sea ilegal.
También corresponde a la oposición detallar qué mayorías alternativas estaría dispuesta a apoyar y qué partidas reduciría, aumentaría o reordenaría. Reivindicar eficiencia presupuestaria exige presentar números y compromisos, no solo reprochar la falta de acuerdo ajeno.
La deuda y la inflación importan
El contenido de unas nuevas cuentas debería reflejar previsiones actualizadas de inflación, crecimiento, tipos de interés, coste de financiación, déficit, deuda pública y compromisos comunitarios. Comparar el presupuesto inicial de 2023 con una ejecución posterior sin corregir por cambios de precios y normas conduce a conclusiones erróneas.
Los informes de Banco de España, AIReF, FMI y Comisión Europea pueden aportar escenarios independientes. Cada institución utiliza supuestos y horizontes diferentes; los datos no deben mezclarse como si fueran mediciones de un mismo instante.
No basta con afirmar que la economía «va bien» para resolver la falta de presupuestos. Crecimiento y calidad del control fiscal son variables relacionadas, pero distintas.
Qué deberá exigir el nuevo Congreso
Tras las elecciones del 29-N, cualquier mayoría de gobierno debería ofrecer un calendario verificable para presentar cuentas nuevas, informar con detalle de las prórrogas acumuladas y abrir canales para comparar gastos ejecutados con objetivos anunciados.
El parlamento deberá fiscalizar especialmente el uso del Fondo de Contingencia, las ampliaciones de crédito y las partidas de inversión pública. Son instrumentos legales con reglas de aplicación, no sinónimos de fraude.
Balance: la continuidad del Estado está garantizada, pero la política presupuestaria no debería normalizarse sin un debate anual completo. La gran pregunta para Sánchez y para sus posibles sucesores es por qué España ha llegado a las urnas sin un presupuesto nuevo y qué harán para recuperar el control parlamentario efectivo sobre las cuentas.
Fuentes y documentos: Análisis económico, El País, 17/10 · Europa Press, tercera prórroga de 2023, 1/01 · Constitución española, artículo 134 · Ley General Presupuestaria.
