España se encamina hacia una huelga general por la vivienda.
La fecha acordada es el miércoles 11 de noviembre.
No es una jornada cualquiera.
El paro de 24 horas se celebrará apenas dos días antes del inicio oficial de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre y en un país que llega a las urnas precisamente después de una crisis parlamentaria detonada por dos decretos sobre vivienda.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, UGT, CCOO, CGT, Solidaridad Obrera y Co.Bas han confirmado la convocatoria.
ELA y LAB han anunciado también su adhesión en Euskadi y Navarra.
Una huelga que sale del alquiler y entra en el trabajo
La tesis de los convocantes es sencilla: la vivienda no es un problema separado del empleo.
Una parte creciente del salario de millones de hogares se dedica al alquiler o a la hipoteca.
Los sindicatos sostienen que esa presión deteriora directamente las condiciones de vida de los trabajadores y justifica la utilización de la huelga como instrumento laboral.
La convocatoria reclama salarios capaces de sostener el coste de una vivienda y cambios regulatorios en el mercado del alquiler.
Las organizaciones de inquilinos añaden propuestas más profundas: contratos estables, reducción de precios y mayores límites a grandes propietarios y fondos de inversión.
Los empresarios cuestionan la legalidad
La patronal ha abierto otro frente.
Organizaciones empresariales estudian el encaje jurídico de una huelga cuyo objetivo principal no es una negociación colectiva concreta sino una política pública de vivienda.
Los sindicatos rechazan esa interpretación.
Argumentan que el acceso a la vivienda forma parte material de las condiciones económicas de la clase trabajadora y que el deterioro del poder adquisitivo no termina en la nómina.
El debate puede terminar en los tribunales antes de que llegue el 11 de noviembre.
El calendario político multiplica el impacto
La fecha convierte automáticamente la huelga en un acontecimiento electoral.
Dos días después comienza la campaña del 29-N.
Pedro Sánchez llegará a esa campaña después de volver a aprobar en Consejo de Ministros los decretos de vivienda que habían sido tumbados por el Congreso.
PP y Vox acusan al Gobierno y a los sindicatos de instrumentalizar el conflicto social.
La izquierda sostiene que el origen del problema es anterior al adelanto electoral y que las protestas no pueden detenerse porque España vote tres semanas después.
La huelga será, por tanto, laboral y social.
Pero también inevitablemente política.
Maricarmen como acelerador
La muerte de Maricarmen Abascal durante la tarde del 7 de octubre cambia además el clima de la convocatoria.
Su desahucio fue uno de los principales detonantes de las manifestaciones y acampadas de las últimas semanas.
El paro ya estaba siendo negociado antes de conocerse su fallecimiento.
Sin embargo, la figura de Maricarmen probablemente ocupará ahora un lugar central en la narrativa de la movilización.
Qué puede paralizarse
Todavía no existe una fotografía completa de servicios mínimos, adhesiones sectoriales o afectación al transporte.
La convocatoria acaba de cerrarse.
Durante las próximas semanas deberán concretarse los paros en transporte público, industria, administración, enseñanza, sanidad y grandes empresas.
También habrá que observar el grado de adhesión del pequeño comercio y de los trabajadores autónomos, dos colectivos muy expuestos al problema de la vivienda pero con una relación distinta con una huelga laboral clásica.
11 de noviembre
España llevaba semanas hablando de una huelga general.
Ahora tiene fecha.
Y esa fecha cae en el peor —o el mejor, dependiendo de quién la mire— momento posible para la política.
El 11 de noviembre el país medirá en la calle el tamaño real de la movilización por la vivienda.
El 13 comienza la campaña electoral.
El 29 vota.
