El Gobierno ha decidido volver a colocar la vivienda en el centro de la mesa apenas días después de que el Congreso tumbara sus anteriores decretos.
El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo dos reales decretos-ley, con modificaciones, y ha añadido una de las medidas con mayor capacidad para captar atención en plena precampaña: una línea de 10.000 millones de euros gestionada por el ICO para facilitar la compra de la primera vivienda.
El mecanismo, bautizado como “Tu Casa”, plantea préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para personas que disponen de ingresos pero no han conseguido ahorrar suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca.
No estará limitado exclusivamente a jóvenes.
La cifra es potente.
Pero el paquete necesita leerse con una segunda pregunta: qué medidas entrarán realmente en vigor y cuáles dependen todavía de una votación incierta.
Hasta 50.000 euros para la entrada
La nueva línea del ICO pretende atacar uno de los principales obstáculos para la compra de vivienda: el ahorro previo.
Una familia puede tener ingresos suficientes para pagar una cuota hipotecaria y, sin embargo, quedar fuera del mercado porque no dispone del capital inicial que exigen la entrada, impuestos y gastos asociados.
El programa busca cubrir parte de ese agujero con préstamos de hasta 50.000 euros al 0%.
El Gobierno lo presenta como un mecanismo intergeneracional. Aunque el problema afecta especialmente a los jóvenes, también podrán acceder hogares de más edad siempre que se trate de su primera vivienda y cumplan los criterios que se concreten.
La gran incógnita será la letra pequeña operativa: requisitos de renta, límites, compatibilidad con avales, plazos de devolución y relación con la financiación bancaria principal.
21 medidas en cuatro bloques
El paquete vuelve con 21 medidas agrupadas alrededor de cuatro objetivos: facilitar alquiler y compra, aumentar oferta, dar estabilidad a propietarios e inquilinos y limitar determinadas prácticas especulativas.
Entre las medidas anunciadas aparece una deducción fiscal para inquilinos que, según el ejemplo utilizado por el Gobierno, podría acercarse a 1.000 euros anuales para un alquiler medio de 800 euros.
También se plantean incentivos fiscales para pequeños propietarios que alquilen a precios considerados asequibles.
En oferta, el Ejecutivo incorpora 280 millones de euros en avales para construcción industrializada y otros 400 millones para proveedores de vivienda social.
Además, inmuebles de la Tesorería General de la Seguridad Social podrán incorporarse a CASA47 para su explotación como vivienda asequible.
Alquiler de temporada, habitaciones y pisos turísticos
El paquete intenta cerrar parte del espacio por el que se ha desplazado el mercado después de la regulación del alquiler residencial.
El Gobierno quiere reforzar las reglas sobre alquiler de temporada y alquiler por habitaciones, dos fórmulas que han ganado presencia en las zonas de mayor presión inmobiliaria.
También pretende obligar a que los anuncios incluyan información relevante sobre límites de renta, índice de referencia y condición de gran tenedor cuando corresponda.
Los pisos turísticos pasarían a tributar con un IVA del 10%.
Las ventajas fiscales de las socimi quedarían ligadas en mayor medida al alquiler asequible.
Y se amplía la definición empleada para limitar determinadas operaciones de compra especulativa por parte de fondos.
El problema político: no todo tiene los votos
La aprobación en Consejo de Ministros no resuelve el asunto.
Con las Cortes disueltas por el adelanto electoral, los decretos deberán pasar por la Diputación Permanente, un órgano de 69 diputados que conserva determinadas funciones del Congreso.
El primero de los paquetes dispone, sobre el papel, de una mayoría mínima.
Según el reparto actual, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos sumarían 35 votos frente a 34 de PP, Vox y Junts.
El segundo decreto tiene un problema mayor.
Incluye la renovación automática de determinados contratos de alquiler y no cuenta con el apoyo del PNV. Con esa posición, el cálculo pasa a 34 votos a favor y 35 en contra.
El propio Gobierno ha introducido una salvaguarda: esa parte solo entrará en vigor si la Diputación Permanente la convalida.
Por tanto, anunciarla no equivale a aplicarla.
Dos decretos nacidos de un rechazo
El contexto importa.
El Gobierno está reintroduciendo medidas que fueron rechazadas apenas unos días antes.
Sánchez sostiene que las circunstancias no han cambiado y que la crisis de vivienda obliga a insistir.
La oposición y algunos antiguos socios parlamentarios consideran, en cambio, que el Ejecutivo intenta reempaquetar medidas que no lograron consenso suficiente.
Esa discusión se traslada ahora a una Diputación Permanente con mayorías muy ajustadas y a una campaña electoral en la que la vivienda será uno de los principales campos de batalla.
Mucho dinero no garantiza vivienda barata
Los 10.000 millones de “Tu Casa” son una cifra de gran impacto.
Su efectividad dependerá de algo menos vistoso: la oferta.
Facilitar crédito puede ayudar a hogares solventes que hoy no reúnen la entrada.
Pero si se aumenta la capacidad de compra sin incrementar suficientemente el número de viviendas disponibles, una parte del efecto puede trasladarse a los precios.
El propio presidente reconoce que el paquete no resolverá por sí solo el problema y que España necesita construir cientos de miles de viviendas, especialmente públicas y asequibles.
Ese es el punto estructural.
La financiación puede abrir una puerta.
No puede fabricar por sí sola las casas que faltan.
La batalla empieza ahora
La noticia política no termina en el Consejo de Ministros.
Empieza ahí.
Durante los próximos días habrá que separar tres cosas que suelen mezclarse en los anuncios de vivienda: lo aprobado por el Gobierno, lo que ya produce efectos y lo que todavía necesita votos.
El programa “Tu Casa” merece seguimiento por su escala.
Las nuevas reglas del alquiler merecen seguimiento por su impacto.
Y la Diputación Permanente merece seguimiento porque puede convertir una parte del paquete en ley efectiva y dejar otra en simple propuesta electoral.
En vivienda, el titular cuesta segundos.
La ejecución tarda años.
