EL ESTÁNDAR | INTELIGENCIA INTERNACIONAL, 24 DE OCTUBRE DE 2026. INTERPOL ha presentado el balance de Serengeti III, un dispositivo de cooperación contra el cibercrimen que reunió autoridades de 21 países y dejó 1.462 personas detenidas, 10.909 infraestructuras o redes maliciosas interrumpidas y más de 105 millones de dólares recuperados. La operación se ejecutó del 29 de junio al 31 de agosto, mientras que las cifras consolidadas se difundieron el 22 de octubre. La distinción de fechas evita presentar una operación de verano como redadas realizadas esta madrugada.
Los investigadores estiman que las actividades criminales examinadas provocaron pérdidas superiores a 385 millones de dólares y que al menos 65.929 personas se vieron afectadas por los esquemas rastreados. Recuperación, perjuicio y número de afectados son indicadores diferentes, que no deben mezclarse.
Qué es Serengeti III
Serengeti es una iniciativa de INTERPOL para articular investigaciones nacionales sobre estafas y delitos digitales que cruzan fronteras. La tercera fase se centró en fraude de inversiones, extorsión digital, ataques de ransomware, suplantación de empresas y falsas plataformas financieras.
La cooperación supone recopilar información de equipos policiales distintos, correlacionar datos de infraestructuras tecnológicas y seguir movimientos económicos que pueden pasar por varias jurisdicciones. INTERPOL coordina y presta apoyo técnico, pero no juzga ni condena directamente a los detenidos.
En el comunicado se identifican operaciones con las que las autoridades lograron interrumpir conexiones, incautar dispositivos y seguir activos presuntamente procedentes de delitos. No todas las investigaciones están cerradas ni está documentado un resultado judicial para cada arresto.
Uganda: centros de estafa con apariencia de inversión legítima
Uno de los episodios descritos se desarrolló en Uganda, donde fueron desarticuladas dos estructuras internacionales dedicadas presuntamente a fraude financiero. Las autoridades arrestaron 365 extranjeros relacionados con centros de llamadas que atraían a personas de diversos países asiáticos hacia plataformas ficticias de inversión y pensiones.
Los investigadores explican que las organizaciones utilizaban discursos preparados, webs fraudulentas y apariencias de actividad financiera para captar depósitos. Ese modelo es especialmente lesivo cuando los afectados creen negociar con una empresa autorizada y han entregado ahorros destinados a su jubilación.
No se publican identidades particulares de víctimas ni detalles que permitan suplantar a entidades reales. El objetivo informativo es explicar el tipo de organización perseguida y la importancia de la verificación bancaria y mercantil.
Angola: minería ilegal y activos tecnológicos
En Angola, las autoridades anunciaron la interrupción de dos centros de minería no autorizada de criptomonedas, con nueve detenciones y la incautación de más de 2.000 equipos. También fueron intervenidas seis instalaciones de transformación eléctrica no permitidas; INTERPOL valoró solo esa infraestructura energética en más de un millón de dólares.
La minería de criptomonedas, como tecnología, no constituye un delito de manera automática. La investigación se relaciona con instalaciones y actividades concretas que las autoridades consideran ilegales, además de posibles infracciones energéticas y patrimoniales.
Las cifras de equipamiento incautado tampoco deben equipararse al dinero recuperado: un bien intervenido puede quedar sujeto a valoración, custodia y resolución judicial.
Nigeria: fraude empresarial y robo de credenciales
La comunicación oficial menciona en Nigeria la detención de un sospechoso vinculado con esquemas de phishing y fraude mediante suplantación de correo corporativo. Los investigadores aseguran haber hallado alrededor de 2,1 millones de direcciones de correo electrónico relacionadas con la actividad y un vehículo de lujo supuestamente adquirido con dinero delictivo.
En otro expediente nigeriano se siguió el movimiento de más de 2,4 millones de dólares en presuntos beneficios ilegales procedentes de un fraude de inversiones difundido mediante aplicaciones de mensajería, parte de ellos supuestamente blanqueados con activos digitales.
Esos casos muestran por qué el análisis financiero complementa las diligencias informáticas: demostrar que una cuenta recibió fondos no basta para reconstruir toda la organización sin titularidades, comunicaciones y trazabilidad de operaciones.
Infraestructuras: 10.909 redes afectadas no significa 10.909 bandas desmanteladas
La cifra más llamativa del comunicado es la interrupción de 10.909 redes maliciosas. Debe entenderse en el marco operativo de conexiones y sistemas identificados: una sola organización puede utilizar numerosos dominios o equipos, y una infraestructura puede servir a múltiples estafas.
INTERPOL no afirma en ese dato que se hayan condenado a 10.909 grupos criminales independientes. El resultado indica perturbación de capacidades tecnológicas que será necesario vigilar para detectar su posible reaparición bajo otros proveedores o dominios.
La operación contó con apoyo de empresas privadas de seguridad e inteligencia de amenazas. Estas aportaron análisis técnico y alertas sobre infraestructura sospechosa; la intervención coercitiva y las garantías procesales corresponden a las autoridades nacionales competentes.
La conexión europea de la respuesta
El programa GLACY-e, vinculado a la Unión Europea y el Consejo de Europa, contribuyó a financiar parte de la cooperación. INTERPOL también recibió apoyo analítico de socios tecnológicos internacionales. Es un recordatorio de que muchas estafas operan fuera de la jurisdicción inmediata de las víctimas, incluso cuando las transferencias, correos o aplicaciones llegan hasta Europa.
Sin embargo, el comunicado no ofrece una distribución fiable de las víctimas europeas. No atribuiríamos a España o Portugal cifras de afectados no desglosadas expresamente.
Qué debe seguir la investigación
Quedan por conocer sentencias, devoluciones de dinero, recuperación neta de bienes y nuevas conexiones con redes todavía activas. Para medir el éxito a largo plazo es imprescindible distinguir detenciones, desmantelamiento de infraestructura y reintegro económico a las personas perjudicadas.
Fuente primaria
Archivo editorial en revisión: no se utilizarán fotografías de ediciones anteriores de Serengeti ni capturas genéricas atribuidas falsamente al operativo de 2026.
