LA POLICÍA DESMANTELA LA PRIMERA CÉLULA PRORRUSA EN ESPAÑA Y LA ALERTA EN PORTUGAL
«Querían atentar contra agentes»
El cabecilla, vinculado a la organización ciberterrorista NoName057(16), tenía armas y municiones de guerra en su domicilio.
El desmantelamiento de esta red reabre el debate sobre la vulnerabilidad de la península ibérica y el riesgo de que Portugal sirva de refugio o retaguardia logística a grupos hostiles a Ucrania.
Por Moshe Zvi
La amenaza híbrida vinculada al Kremlin dio un salto cualitativo en España al pasar del sabotaje digital a la preparación de acciones violentas sobre el terreno.
La Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional española desmanteló el primer intento de implantación física en España de la organización ciberterrorista prorrusa NoName057(16), con la detención, el pasado martes, del presunto cabecilla e instigador de la célula en Burgos.
Desde aquella ciudad, el detenido —de nacionalidad española— planeaba presuntamente atentar no solo contra ciudadanos y dirigentes políticos ucranianos, sino también contra las fuerzas de seguridad españolas, según revelan fuentes de la investigación.
Durante las pesquisas, lo que más alarmó a los agentes de la CGI no fue la infraestructura propagandística utilizada por el sospechoso, sino su transición a la violencia física y sus planes concretos contra efectivos policiales.
El detenido tiene escasos conocimientos informáticos, lo que no encajaba en el modus operandi habitual de la organización, especializada en lanzar ciberataques contra instituciones del Estado.
Desde finales de agosto, según señalan las mismas fuentes, el detenido comenzó a utilizar sus canales en redes sociales, especialmente en Telegram —donde se radicalizó—, para incitar de forma explícita a agredir a los agentes.
«Quería atentar contra agentes españoles. Tenía la motivación y los medios», asegura una investigadora.
Cabe señalar, además, que la mujer asociada a la fotografía recibió una medalla en calidad de agente del GUR (los servicios de inteligencia militar de Ucrania).
Antes de la operación, la policía interceptó diversos mensajes en los que el detenido incitaba a la violencia directa contra miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP).
«Hay que hacerles ver la realidad, vamos a mostrársela de la única manera que entienden, por las malas, en la calle, con el mango de un pico, con la cara tapada, y vamos a hablar de igual a igual con el cuerpo de intervención».
Este hecho precipitó la detención del líder de la célula antes de lo previsto, especialmente para impedir que el sospechoso pudiera actuar durante la campaña electoral del 29-N en España.
Tenía armas de guerra
Los registros realizados por los agentes tras la detención confirmaron esas sospechas. Los especialistas de Información incautaron un importante arsenal en el domicilio del detenido, lo que hizo saltar aún más las alarmas policiales.
Este ciudadano poseía cinco armas de fuego largas, entre ellas un rifle semiautomático, una escopeta y una carabina de precisión. «La escopeta es semejante a la que utilizan los antidisturbios en sus intervenciones y la carabina es del tipo de las que suelen usar los francotiradores.
Son todas armas de guerra», asegura un investigador.
Lo que más sorprendió a los agentes, sin embargo, fueron los 6.000 cartuchos de munición militar que tenía almacenados. «En 20 años en operaciones de este tipo jamás había visto algo así», afirma el agente.
El detenido tenía licencia para comprar armas por haber sido vigilante de seguridad privada en el pasado.
Actualmente trabajaba como operario a turnos, precisan fuentes de la investigación.
El uso de ese armamento solo está permitido en campos de tiro.
El inventario del material incautado incluye, además, un amplio catálogo de armas blancas y objetos contundentes concebidos para el combate cuerpo a cuerpo:
siete bastones artesanales con tornillos incrustados, varias defensas extensibles, lanzas desmontables de doble filo, un puño americano, unas 200 katanas y un aerosol de gas no homologado.
La conexión con Rusia
Junto al armamento, los investigadores también encontraron 13 recipientes con líquidos, bidones de productos químicos y 10 bombonas de butanol, además de tres carteras físicas (hardware wallets) de criptomonedas con fondos en bitcoin valorados en 6.000 euros.
La Comisaría General de Información investiga su procedencia.
La principal hipótesis es que el detenido estuviera bajo las órdenes de Enrique Arias Gil, el profesor fugado a Rusia considerado el principal reclutador de la organización NoName057(16) en España.
La Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra él por el delito de sabotaje con finalidad terrorista, después de haber reclutado a soldados y espías españoles para Moscú.
Los investigadores creen que el detenido era uno de sus reclutas.
Fuentes próximas al procedimiento explican que, desde el pasado verano, la red terrorista prorrusa puso en marcha el «proyecto tribunal», en el que se señala en foros y canales de redes sociales a personas identificadas por nombre y apellidos «que están contra la organización» y que supuestamente deben ser eliminadas.
Se trata, sobre todo, de autoridades de la Unión Europea sobre las que la organización solicita información privada.
El último incluido en esa lista fue el máximo responsable de contraterrorismo de la Policía española, el comisario principal Javier Susín, hace apenas unos días.
Amenazas al jefe antiterrorista
La exposición de Susín en esos foros coincide con la puesta en libertad del detenido, que, según creen los investigadores, habría sido obra suya.
«Con esa cara de retrasado que tiene vuestro jefe, sé que voy a estar bien. Lo demás es más de lo mismo: una panda de deficientes», se lee en el mensaje publicado en el canal sobre el responsable antiterrorista.
Tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional, el juez decretó la libertad provisional con medidas cautelares para el detenido, que continúa investigado por presuntos delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y tenencia y depósito de armas y municiones.
La Fiscalía española no solicitó prisión preventiva.
El hecho de que el investigado por terrorismo haya podido regresar a su domicilio sorprendió a los investigadores de la CGI, dado el perfil potencialmente peligroso del individuo. «Si hubiera sido un radical islamista y no ruso, quizá habría sido diferente, pero resulta alarmante que esta organización haya pasado a la acción violenta.
Después ocurren cosas como el atentado de Cracovia y la gente se sorprende…
Nadie entiende que esté en libertad», critican fuentes policiales.
La trayectoria del detenido refleja un proceso de radicalización acelerada. Según la reconstrucción policial, el individuo evolucionó desde comunidades conspirativas en internet hasta convertirse en un actor clave de difusión, apología y reclutamiento para NoName057(16), actuando como intermediario para encauzar a nuevos simpatizantes hacia los sistemas de captación del grupo.
447 ciberataques contra España y la alerta ibérica
Su actividad superó el ámbito digital el año pasado, cuando llevó a cabo una campaña física de propaganda mediante la colocación de pegatinas con el emblema de la organización y códigos QR que redirigían a sus canales oficiales.
Esta acción —que el propio detenido reivindicó en redes atribuyéndola a «sus voluntarios»— se extendió por ocho localidades españolas: Burgos capital, Lerma y Aranda de Duero, además de Palencia, Valladolid, Zaragoza, Logroño y Madrid.
NoName057(16) es una de las organizaciones hacktivistas pro-Kremlin más activas desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en marzo de 2022.
Solo en España, las fuerzas de seguridad atribuyen a este grupo criminal al menos 447 ciberataques desde 2024 contra instituciones públicas, entidades bancarias y empresas estratégicas de transporte mediante técnicas de denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés).
La operación de la CGI se produjo apenas un día después de que el Consejo de la Unión Europea incluyera oficialmente a este grupo en su régimen de sanciones y ordenara la congelación de sus activos.
Análisis: el riesgo de Portugal como «refugio» de redes prorrusas y enemigas de Ucrania
La operación policial en España no constituye un fenómeno aislado ni estrictamente circunscrito a las fronteras españolas; por el contrario, enciende una alerta directa para Portugal.
En un espacio ibérico sin fronteras internas y con una intensa movilidad terrestre y financiera, el desmantelamiento de células activas en España pone de relieve el riesgo de que el territorio portugués sea utilizado como zona de refugio, retirada táctica o plataforma logística por operativos prorrusos y redes hostiles a Ucrania.
Para los servicios de inteligencia y seguridad existen tres factores que hacen a Portugal particularmente sensible a este fenómeno:
Retaguardia de bajo perfil en la periferia europea: su ubicación geográfica en el extremo occidental de Europa y una percepción histórica de menor exposición mediática al conflicto en el Este crean condiciones atractivas para que simpatizantes, reclutadores o intermediarios digitales operen lejos del radar inmediato de las autoridades sometidas a una mayor presión en el flanco oriental o en capitales de mayor visibilidad.
Vulnerabilidad de la comunidad ucraniana y de las infraestructuras críticas: como se habría observado en los planes interceptados en Burgos —que apuntaban no solo a fuerzas policiales, sino también a ciudadanos y dirigentes ucranianos—, Portugal acoge a una de las mayores comunidades ucranianas per cápita de Europa occidental. La presencia de asociaciones cívicas, redes de apoyo humanitario e infraestructuras portuarias, energéticas y de cables submarinos convierte al país en un objetivo atractivo para acciones de intimidación, vigilancia («proyecto tribunal») o sabotaje de baja intensidad.
Financiación opaca y permeabilidad institucional: el recurso a criptoactivos (como los 6.000 euros en carteras físicas incautados en España) y la utilización de estructuras asociativas o empresariales de fachada facilitan la circulación de fondos fuera del sistema bancario tradicional. Sin una vigilancia coordinada entre la Policía Judicial portuguesa, el Sistema de Informaciones de la República Portuguesa (SIRP) y sus homólogos españoles, el desmantelamiento de una célula a un lado de la frontera puede empujar a operativos y redes de propaganda hacia el otro.
El caso de Burgos demuestra, según el análisis del autor, que la guerra híbrida promovida por Moscú ya no se limita a ciberataques remotos: busca reclutar ciudadanos locales radicalizados para pasar a la acción física.
Ante esta transformación, la cooperación ibérica en materia de contraterrorismo y contraespionaje resulta decisiva para impedir que Portugal funcione como santuario seguro para organizaciones enemigas de Ucrania y de la seguridad europea.
Nota editorial: traducción al español del artículo firmado por Moshe Zvi y remitido a la redacción por Lígia Pinto de Almeida. Las declaraciones atribuidas a fuentes de la investigación y las hipótesis sobre Portugal corresponden al texto del autor. La referencia a una mujer en una fotografía forma parte del original y no describe la fotografía policial que ilustra esta edición.



