Saunas, audios y Marruecos: el expediente de kompromat que existe desde 2014 y la acusación que sigue sin prueba independiente

HALLAZGOS PRINCIPALES

• La conversación de 2014 entre José Manuel Villarejo y Francisco Martínez sobre información relativa a las saunas del entorno familiar de Pedro Sánchez está documentada y ha sido objeto de informes policiales, prensa y debate parlamentario.
• El material fue tratado en aquella conversación como potencialmente dañino en términos políticos, pero la Audiencia Nacional no consideró acreditado el salto a una investigación policial ilícita en la pieza examinada.
• En 2026 Villarejo ha formulado una acusación diferente: que servicios marroquíes habrían utilizado entornos sexuales y saunas para obtener material comprometedor sobre políticos españoles.
• No hemos localizado prueba pública independiente que demuestre esa operación atribuida a servicios marroquíes; debe mantenerse como acusación atribuida.
• El interés público del expediente no es la orientación sexual o la vida íntima de nadie, sino si información privada fue recopilada o utilizada como instrumento de presión política o inteligencia.

Hay expedientes que se vuelven tóxicos porque mezclan tres cosas distintas hasta hacerlas indistinguibles: un hecho real, una utilización política y una acusación de inteligencia.

El llamado expediente de las saunas es uno de ellos.

Existe una conversación grabada en agosto de 2014 entre el entonces comisario José Manuel Villarejo y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En esa conversación se habla de negocios de saunas vinculados a familiares de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y del potencial que aquella información podía tener para dañar al recién elegido secretario general del PSOE.

Ese primer nivel está documentado.

Años después, el asunto reapareció en comisiones parlamentarias, denuncias, informes policiales y procedimientos judiciales. La Audiencia Nacional acabó delimitando una frontera fundamental: la existencia de información privada y de conversaciones políticamente reprobables no demostraba por sí misma que se hubiera cometido un delito ni que toda esa información procediera de una operación policial ilícita.

En 2026 Villarejo ha añadido una tercera capa, mucho más grave: sostiene que servicios marroquíes habrían utilizado entornos sexuales y saunas para conseguir material comprometedor sobre políticos españoles.

Esa acusación existe.

La prueba pública independiente que permitiría demostrarla, no.

Ese contraste es precisamente donde empieza la investigación.

Tres expedientes que no deben mezclarse

El primer error sería tratar todo como una única historia.

No lo es.

Hay al menos tres expedientes superpuestos.

El primero es empresarial y privado: la existencia de determinados negocios de saunas vinculados al entorno familiar de Begoña Gómez.

El segundo es policial y político: qué información manejaron Villarejo y altos cargos de Interior, cómo llegó a ellos, qué pretendían hacer con ella y si existió una investigación irregular.

El tercero es de inteligencia exterior: la acusación formulada por Villarejo de que Marruecos habría obtenido material comprometedor mediante espacios sexuales.

Una investigación rigurosa tiene que separar los tres niveles.

Que un negocio haya existido no demuestra espionaje.

Que Villarejo dispusiera de información no demuestra cómo la obtuvo.

Que una información pudiera ser políticamente explosiva no demuestra que fuera obtenida ilegalmente.

Y que Villarejo acuse a servicios marroquíes no convierte esa acusación en una operación acreditada.

Agosto de 2014: el material ya circulaba

La pieza más sólida del expediente es la conversación de agosto de 2014.

Pedro Sánchez acababa de convertirse en secretario general del PSOE. Villarejo se reunió con Francisco Martínez y habló del entorno familiar del dirigente socialista.

La conversación fue grabada por el propio Villarejo.

La importancia del audio no está en el detalle sexual.

Está en la reacción institucional.

Los interlocutores consideran que la información puede producir un daño político severo y hablan de elevar el asunto a niveles superiores.

Eso demuestra que el material no era tratado como una curiosidad privada.

Era visto como capital político.

El lenguaje de aquella reunión permite entender la lógica: una información íntima, aunque no demostrara una conducta delictiva del político objetivo, podía utilizarse para producir daño reputacional por asociación familiar.

Ese mecanismo es una forma de presión.

No necesita que el objetivo haya cometido el hecho.

Solo necesita que la revelación sea suficientemente incómoda.

La frontera entre información y operación

Después de que los audios se conocieran, se planteó una cuestión central: ¿procedía aquella información de una investigación policial ordenada desde Interior?

La respuesta judicial localizada no permite afirmarlo.

La Audiencia Nacional señaló que no existían elementos suficientes para sostener la comisión de un ilícito penal en esa pieza y reprochó la utilización partidista de información relativa a actividades privadas lícitas.

Ese matiz cambia por completo el titular.

No puede escribirse seriamente que está probado que el Ministerio del Interior montó una operación ilegal sobre las saunas.

Sí puede escribirse que altos responsables discutieron material de carácter privado y evaluaron su potencial para perjudicar políticamente a Sánchez.

Una cosa es mucho más demostrable que la otra.

La Policía y las saunas

El asunto también apareció en el Congreso.

En una comisión de investigación de 2021, un senador sostuvo ante Villarejo que otro mando policial, Enrique García Castaño, había reconocido que la Policía controlaba determinados establecimientos y que la colaboración del propietario había permitido resultados policiales.

Villarejo se negó a responder alegando secreto profesional.

La intervención parlamentaria acredita que la cuestión de la relación entre Policía y esos establecimientos fue planteada oficialmente.

No acredita por sí misma el contenido completo de cada seguimiento, ni su legalidad, ni la existencia de una operación política.

Esta es una distinción pequeña en apariencia y enorme en términos probatorios.

Una comisión parlamentaria registra declaraciones.

No convierte automáticamente esas declaraciones en hechos judicialmente probados.

El expediente reaparece una década después

Lejos de desaparecer, el asunto ha seguido regresando.

En 2025 y 2026, diferentes actuaciones alrededor del llamado caso Leire volvieron a colocar audios y documentación de Villarejo en el centro de reuniones y declaraciones judiciales.

Santos Cerdán declaró en febrero de 2026 que dentro del PSOE ya conocían información procedente de los trabajos de Villarejo sobre las saunas y que, según su versión, ese material ya estaba en manos de la Justicia.

Otros testimonios parlamentarios y judiciales han discutido si se ofrecieron audios, quién los tenía y qué se pretendía conseguir con ellos.

La persistencia del expediente durante más de una década demuestra algo relevante.

Un archivo comprometedor puede tener una vida política mucho más larga que el hecho que lo originó.

Puede reaparecer cuando cambia el contexto.

Puede cambiar de manos.

Puede mezclarse con documentos nuevos.

Puede ser utilizado por actores distintos con objetivos distintos.

Eso es exactamente lo que convierte este tipo de material en una cuestión de contrainteligencia.

Kompromat: el valor no está en el sexo, sino en la capacidad de presión

El término kompromat se utiliza para describir información comprometedora empleada como instrumento de influencia, chantaje o daño reputacional.

No hace falta que el contenido sea criminal.

A veces basta con que sea privado.

Tampoco hace falta que sea completamente verdadero.

Una mezcla de hechos reales, contexto ambiguo e insinuaciones puede ser más eficaz que una falsedad absoluta.

La clave es la capacidad de producir comportamiento.

¿El objetivo cambia una decisión?

¿Evita una confrontación?

¿Acepta una petición?

¿Teme la publicación?

Si no existe ese vínculo, hay material comprometedor.

Si existe, puede haber una operación de influencia o coerción.

El problema en el expediente español es que se ha hablado mucho del material y mucho menos de la cadena de control.

La acusación marroquí de Villarejo

En 2026, Villarejo ha llevado el relato un paso más allá.

En entrevistas públicas ha afirmado que servicios marroquíes habrían trabajado en entornos sexuales y saunas para obtener imágenes o información comprometedora sobre políticos españoles.

La acusación es grave por dos razones.

Primero, porque atribuye a un servicio extranjero una operación clandestina en España.

Segundo, porque insinúa que el material podría utilizarse como herramienta de influencia sobre responsables políticos.

Pero la gravedad de una acusación no aumenta su valor probatorio.

A fecha de este artículo, El Estándar no ha localizado una prueba pública independiente que permita reconstruir una operación marroquí concreta con los elementos mínimos necesarios: unidad responsable, agentes, fechas, dispositivos, objetivos, custodia del material y conexión demostrable con una decisión política.

Por eso no escribimos que Marruecos grabó a políticos españoles como hecho.

Escribimos que Villarejo lo afirma.

La diferencia no es cosmética.

Es la diferencia entre publicar una declaración y certificar una operación de inteligencia.

El problema de la fuente Villarejo

Villarejo es una fuente excepcional y problemática al mismo tiempo.

Excepcional porque grabó durante años conversaciones con policías, políticos, empresarios y otros actores. Una parte de ese archivo ha permitido conocer hechos que de otro modo habrían permanecido ocultos.

Problemática porque también ha formulado afirmaciones que han sido contradichas, no corroboradas o interpretadas de forma distinta por tribunales y otros testigos.

Su archivo exige trabajar claim por claim.

Un audio puede demostrar perfectamente que Villarejo dijo algo en una fecha.

No demuestra automáticamente que aquello que dijo fuera cierto.

Una agenda puede demostrar que anotó una reunión.

No prueba todo lo sucedido en ella.

Una acusación posterior puede ser una pista excelente.

No es una sentencia.

Doce años de persistencia

Que Villarejo hablara de saunas en 2014 y vuelva a relacionar entornos similares con inteligencia marroquí en 2026 demuestra que el asunto no nació ayer.

Pero la continuidad temporal no demuestra la segunda acusación.

La antigüedad reduce la posibilidad de que todo el tema haya sido inventado únicamente como reacción a una polémica de 2026.

Sigue faltando, sin embargo, el puente documental entre “había material sensible” y “ese material fue obtenido por un servicio extranjero”.

Ese puente es el objetivo de cualquier cierre serio.

Qué tendría que aparecer para elevar la acusación

La pieza podría cambiar de categoría si apareciera cualquiera de varios elementos.

Un documento operativo.

Un informe de contrainteligencia.

Una resolución judicial.

Una declaración identificada de un participante corroborada por datos.

Metadatos de grabaciones.

Registros de dispositivos.

Pagos.

Comunicaciones.

Una cadena de custodia.

O dos fuentes independientes con conocimiento directo que puedan ser contrastadas materialmente.

Sin eso, la acusación puede investigarse.

No puede presentarse como hecho cerrado.

Las declaraciones internas marroquíes

En el material de investigación manejado por este medio aparecen referencias a supuestas declaraciones internas de personal militar marroquí extremadamente críticas con la figura del rey Mohammed VI y su entorno.

Algunas versiones contienen afirmaciones sobre su vida privada.

No forman parte de esta publicación.

La razón no es que sean incómodas.

Es que el corpus disponible para esta pieza no permite fijar con suficiente seguridad la identidad del declarante, la fecha, el soporte original y la integridad de la declaración.

Además, la orientación sexual real o atribuida de una persona no constituye en sí misma una conducta ilícita ni un elemento de responsabilidad pública.

Solo adquiriría relevancia periodística en este expediente si existiera evidencia de que información privada fue obtenida o utilizada para coerción, inteligencia, conflicto interno o toma de decisiones.

El Estándar no necesita convertir un rumor íntimo en titular para investigar poder.

Necesita demostrar cómo funciona el poder.

Marruecos y la lógica del acceso

La acusación de Villarejo resulta plausible como modalidad abstracta de inteligencia: los servicios de múltiples países buscan vulnerabilidades personales, relaciones, dinero, deudas o secretos.

Eso no significa que la operación concreta haya ocurrido.

La plausibilidad de una táctica jamás sustituye la evidencia de un caso.

España y Marruecos mantienen una relación estratégica compleja: cooperación policial, migratoria, económica y antiterrorista convive con disputas, episodios de espionaje atribuido y periodos de fuerte tensión diplomática.

Ese contexto hace que una acusación de kompromat sea relevante.

No la hace verdadera.

La vida privada como superficie de vulnerabilidad

Una operación de influencia no necesita descubrir un delito para resultar eficaz.

Puede bastar con conocer un secreto que el objetivo considere personalmente, familiarmente o profesionalmente destructivo.

Ese mecanismo explica por qué los servicios de inteligencia estudian vulnerabilidades personales, pero también explica por qué el periodismo debe imponer un umbral superior al de quien busca chantajear.

El periodista no puede evaluar una información por su capacidad para avergonzar.

Tiene que evaluarla por su relevancia pública.

Una relación sexual consentida entre adultos, una orientación sexual o la frecuentación de un establecimiento legal no constituyen por sí mismas corrupción, delito o amenaza para la seguridad nacional.

La pregunta cambia cuando existe coerción.

También cuando aparece una obtención clandestina de imágenes.

Cuando interviene un servicio extranjero.

Cuando se utiliza una relación personal para condicionar una decisión pública.

Cuando existe dinero, extorsión o una contraprestación.

En esos casos la vida privada deja de ser el objeto de la información.

Se convierte en el vector a través del cual opera una posible presión.

Esta distinción es particularmente importante en el expediente de las saunas porque gran parte de su potencia política depende precisamente de confundir intimidad con responsabilidad.

Cómo se demostraría una operación de inteligencia

Una operación de captación o kompromat deja normalmente más de una huella.

Puede existir vigilancia física.

Puede haber cámaras, micrófonos o dispositivos.

Puede aparecer un pago al propietario de un establecimiento o a un intermediario.

Puede existir una comunicación entre un controlador y una fuente.

Puede aparecer un informe posterior que resuma el material obtenido.

Puede haber registros de acceso, fotografías, metadatos, viajes, identidades de cobertura o transferencias.

No es necesario que todos esos elementos sean públicos.

Pero para que un medio eleve una acusación extraordinaria hace falta alguna cadena verificable que vaya más allá de la palabra de una sola fuente.

Esa cadena no aparece hoy en el material público localizado respecto de la acusación marroquí.

Tampoco basta con decir que Marruecos tiene capacidad de inteligencia.

Capacidad no es operación.

Interés no es orden.

Acceso no es explotación.

Material sensible no es automáticamente chantaje.

Esta disciplina parece restrictiva, pero en realidad permite investigar con más profundidad porque obliga a buscar la arquitectura concreta en lugar de quedarse en el rumor.

Un problema de atribución, no solo de veracidad

Incluso si mañana apareciera una grabación auténtica tomada clandestinamente en uno de esos establecimientos, seguirían abiertas varias preguntas.

¿Quién instaló el dispositivo?

¿Quién lo controlaba?

¿Para quién trabajaba?

¿Sabía el propietario lo que ocurría?

¿El material llegó a una unidad policial española, a un servicio extranjero, a un intermediario privado o a varios actores en momentos distintos?

¿Fue obtenido con una finalidad y utilizado después con otra?

La historia de los archivos de Villarejo demuestra que la información puede cambiar de contexto y propietario durante años.

Por eso la autenticidad de un contenido no resuelve necesariamente su atribución.

Una imagen puede ser real y la explicación sobre quién la obtuvo puede ser falsa.

Un audio puede ser auténtico y estar incompleto.

Un documento puede existir y haber sido redactado por alguien distinto de quien se le atribuye.

En inteligencia y filtraciones, la provenance es parte del hecho.

El riesgo de una investigación mal planteada

Un artículo centrado en quién acudía a una sauna terminaría haciendo exactamente lo que los protagonistas del audio de 2014 parecían comprender: convertir una vida privada en arma política.

Ese no es el interés periodístico.

La pregunta correcta es otra.

¿Quién recopiló la información?

¿Con qué autoridad?

¿Quién la conservó?

¿Quién la ofreció?

¿A quién se la enseñó?

¿Quién intentó utilizarla?

¿Existió una contraprestación?

¿Hubo un servicio extranjero?

¿Produjo alguna decisión?

Ese es el mapa.

Una metodología para futuras filtraciones

El expediente permite fijar un protocolo editorial.

Primero se autentica el soporte.

Después se identifica al hablante.

Luego se separa lo que el hablante conoce directamente de lo que dice haber oído.

Se buscan documentos contemporáneos.

Se buscan contradicciones.

Se mide el incentivo de la fuente.

Y solo entonces se decide el verbo.

Existe.

Consta.

Declaró.

Afirmó.

Acusó.

Según.

Está acreditado.

Continúa sin demostrar.

La intensidad de un artículo no depende del adjetivo.

Depende de usar el verbo correcto.

El valor de la contradicción

Una investigación fuerte no elimina las pruebas que molestan a su tesis.

Las coloca delante.

La Audiencia Nacional no confirmó el salto a una operación policial ilícita en la pieza analizada.

Eso tiene que aparecer.

La existencia del audio también.

La discusión parlamentaria también.

La acusación de Villarejo contra Marruecos también.

Y la falta de prueba independiente también.

El lector recibe así un expediente, no una consigna.

Qué sabemos hoy

Sabemos que información relativa a las saunas circuló en niveles elevados de Interior en 2014.

Sabemos que fue considerada potencialmente destructiva para Pedro Sánchez.

Sabemos que la cuestión reapareció en sede parlamentaria y judicial.

Sabemos que Villarejo ha añadido en 2026 una acusación contra servicios marroquíes.

Y sabemos que no existe, al menos en el material público localizado, una demostración independiente de esa operación marroquí concreta.

Es suficiente para una investigación.

No es suficiente para escribir una sentencia.

La pieza que todavía falta

El documento decisivo no sería una nueva entrevista.

Sería la evidencia que una las capas.

Un soporte que conecte el material privado con una estructura de obtención.

Una estructura con un servicio.

Un servicio con un objetivo.

Y ese objetivo con una operación de influencia.

Hasta entonces, el expediente de las saunas es un caso extraordinariamente útil para entender cómo información privada puede viajar durante años entre policía, política, tribunales, medios y relatos de inteligencia.

Y también para entender la regla que debe proteger cualquier investigación seria:

la existencia del material no demuestra quién lo obtuvo; la existencia de una acusación no demuestra quién la ejecutó.

Eso no debilita la historia.

La hace publicable.

Fuentes consultadas

• Congreso de los Diputados, diarios de sesiones de las comisiones de investigación sobre la utilización de medios del Ministerio del Interior, 2021–2023.
• Audios de José Manuel Villarejo y Francisco Martínez de agosto de 2014, difundidos y analizados en prensa nacional.
• Resoluciones y actuaciones judiciales relativas al origen y utilización de la información.
• Declaraciones judiciales y parlamentarias de 2025–2026 sobre la circulación de audios y documentación de Villarejo.
• Entrevistas públicas de José Manuel Villarejo en 2026 en las que atribuye a servicios marroquíes operaciones de obtención de material comprometedor.