La guerra por los avisos de Ceuta llega al CNI: un exagente acusa al Gobierno de «marcar una narrativa»

HALLAZGOS PRINCIPALES

• La existencia de avisos anteriores al 30-J está documentada en el repositorio oficial del Gobierno.
• Ninguno de los documentos públicos conocidos anticipó una entrada de aproximadamente 70.000 personas ni predijo con precisión la escala final.
• El 29 de julio el CNI comunicó a Delegación un llamamiento para entrar por valla y mar al día siguiente y señaló dos grupos con un total de 180.000 seguidores.
• El mismo 29 de julio constan comunicaciones del CNI con una unidad de Guardia Civil y una nota urgente dirigida a DGST y DGED.
• La tesis de que la desclasificación ya ha deteriorado la cooperación internacional es una advertencia de Jorge Gómez, no un daño públicamente acreditado.

La crisis de Ceuta ya no enfrenta únicamente al Gobierno con la oposición, con la Ciudad Autónoma o con quienes cuestionan la gestión del 30-J. La controversia ha entrado de lleno en el terreno de los servicios de inteligencia. Jorge Gómez, antiguo miembro del Centro Nacional de Inteligencia, acusa al Ejecutivo de utilizar la desclasificación para construir un relato político y advierte de que exponer este tipo de comunicaciones puede deteriorar la confianza interna y la cooperación con servicios extranjeros. Sus acusaciones son una valoración personal. Pero llegan después de que los propios documentos publicados por Moncloa acreditaran la existencia de varias señales y comunicaciones anteriores a la entrada masiva.

La batalla política por determinar qué sabía el Estado antes de la crisis de Ceuta ha alcanzado uno de los terrenos más sensibles de cualquier democracia: sus servicios de inteligencia.

Jorge Gómez, antiguo miembro del CNI, ha cuestionado abiertamente la estrategia seguida por el Gobierno después de publicar los documentos relacionados con los acontecimientos del 30 y 31 de julio. En una entrevista en La Brújula, de Onda Cero, sostuvo que la desclasificación se está utilizando para «marcar una narrativa» y alertó de que la exposición pública de material procedente de inteligencia puede tener consecuencias para el prestigio del Centro y para la relación con servicios aliados.

Gómez también rechaza que pueda sostenerse que no existieron avisos antes del 30-J. Su planteamiento desplaza el debate desde la capacidad de predecir una cifra exacta hacia una cuestión distinta: qué credibilidad recibieron las señales disponibles y qué decisiones se tomaron después de recibirlas.

Los documentos no anticiparon 70.000 personas. Sí acreditan avisos

El Gobierno publicó el 9 de septiembre un repositorio con 40 documentos y comunicaciones emitidos entre el 1 y el 31 de julio. Proceden de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y CIFAS, y van acompañados de fechas, horas, canales de difusión y destinatarios institucionales. Moncloa presenta el conjunto como una secuencia verificable de la información disponible antes y durante la crisis.

La documentación permite sostener dos conclusiones a la vez. La primera coincide parcialmente con la defensa del Ejecutivo: ninguno de los documentos públicos conocidos anticipó una entrada de unas 70.000 personas ni cuantificó con precisión la escala que finalmente alcanzó la crisis.

Pedro Sánchez defendió esa tesis en el Congreso el 3 de septiembre. Afirmó que los informes, mensajes y notas previos no fueron más allá de la descripción de datos o avisos rutinarios y que ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que terminó ocurriendo.

La segunda conclusión, sin embargo, es más incómoda para el relato político de ausencia de previsión: antes del 30 de julio sí existió una cadena de seguimiento, comunicaciones y alertas. El repositorio oficial contiene registros de intentos de entrada a nado y por vallado desde comienzos de julio, notas de Guardia Civil y Policía, comunicaciones del CNI y actualizaciones cada vez más próximas al momento de la crisis.

El 29 de julio el CNI trasladó al Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta que en redes sociales circulaba un llamamiento para entrar por la valla y por mar al día siguiente, aprovechando la Fiesta del Trono. El mensaje añadía que la convocatoria circulaba en dos grupos con un total de 180.000 seguidores, dato que el propio emisor utilizó para ilustrar el alcance de la difusión.

Ese mismo día consta otra comunicación del CNI a una unidad de la Guardia Civil sobre información relativa a intentos de entrada a nado y salto a la valla previstos para el día siguiente. También figura una nota urgente del CNI, enviada a las 18:26, dirigida a los servicios de inteligencia marroquíes DGST y DGED.

Nada de esto demuestra que el Gobierno conociera de antemano la magnitud final del episodio. Pero sí impide reducir la secuencia previa a una ausencia total de señales.

El verdadero debate: previsión frente a reacción

Ahí se sitúa la crítica de Gómez. Un servicio de inteligencia no necesita acertar el número exacto de personas que participarán en un episodio para que una advertencia sea operativamente relevante. Su función es detectar señales, valorarlas, identificar escenarios y trasladar información a quienes tienen capacidad de decisión.

A partir de ese momento comienza otra responsabilidad: decidir qué credibilidad recibe el aviso, si se contrasta con otras fuentes y qué medidas preventivas se adoptan.

La pregunta política, por tanto, no debería formularse únicamente como «¿sabía el Gobierno que entrarían 70.000 personas?». La documentación pública no permite responder afirmativamente. La pregunta más precisa es si el conjunto de señales acumuladas durante julio y, especialmente, las comunicaciones del 29 de julio justificaban una elevación adicional del nivel de prevención y una preparación más robusta de la respuesta.

Ese segundo interrogante no queda resuelto por el mero hecho de que ningún informe anticipara la cifra final.

WhatsApp no convierte el aviso en irrelevante

Parte de la controversia se ha concentrado en el canal utilizado para algunas advertencias. Varias comunicaciones del CNI a la Delegación del Gobierno y a Guardia Civil se realizaron mediante WhatsApp.

Gómez ha defendido en Onda Cero que el uso de mensajería para comunicaciones rápidas no invalida por sí mismo el contenido transmitido. La cuestión relevante no es si una advertencia llegó inicialmente mediante una aplicación o mediante un documento formal, sino qué información contenía, quién la recibió y qué recorrido institucional tuvo después.

En el repositorio de Moncloa, además, la mensajería aparece integrada junto a notas informativas, correos electrónicos, comunicaciones internas e informes clasificados. El propio Gobierno ha decidido presentar todos esos elementos dentro de una misma secuencia documental para reconstruir la información disponible.

El coste oculto de la desclasificación

La crítica más delicada de Gómez no se refiere, sin embargo, a la discusión sobre si hubo o no avisos. Se refiere al precedente que puede crear la publicación de material de inteligencia en plena batalla política.

El exagente advierte de dos riesgos. El primero afecta a la confianza de servicios extranjeros que comparten información con España. El segundo, al comportamiento futuro de los propios analistas, que podrían adoptar posiciones más conservadoras si asumen que sus evaluaciones pueden terminar expuestas públicamente años o meses después.

Es importante separar aquí hechos de hipótesis. No existe evidencia pública de que ningún servicio aliado haya reducido su cooperación con España como consecuencia de esta desclasificación. Tampoco puede afirmarse que los analistas del CNI hayan cambiado ya su forma de trabajar. Son riesgos planteados por Gómez, no consecuencias demostradas.

La preocupación, no obstante, forma parte de un debate institucional legítimo: la inteligencia depende en buena medida de la protección de fuentes, métodos, canales y relaciones de confianza. Un exceso de exposición puede tener costes; una opacidad absoluta, también.

El Gobierno también tiene un argumento legítimo: transparencia

La decisión del Ejecutivo tampoco puede analizarse únicamente como una maniobra política sin prueba adicional. Pedro Sánchez se comprometió en el Congreso a publicar la documentación para que la ciudadanía pudiera conocer directamente qué información manejaron las instituciones. El repositorio oficial sostiene que los documentos han sido sometidos a medidas de anonimización y protección para evitar que su publicación comprometa datos personales o capacidades operativas.

Existe, por tanto, una tensión real entre dos bienes públicos: transparencia democrática y protección de las capacidades de inteligencia.

La dificultad está en determinar dónde termina la rendición de cuentas y dónde comienza la utilización partidista de documentos cuya naturaleza exige cautela. La acusación de que el objetivo de la desclasificación es «marcar una narrativa» pertenece a Gómez. Para convertirla en una conclusión factual sería necesario demostrar la intención del Ejecutivo, algo que la documentación pública por sí sola no acredita.

La secuencia del 29 de julio obliga a afinar el relato

El expediente oficial sí permite, en cambio, afinar el lenguaje con el que se describe lo ocurrido antes del 30-J.

No hubo una predicción exacta del desenlace. Sí hubo seguimiento previo. Sí hubo avisos procedentes de varios organismos. Sí hubo una comunicación concreta del CNI el 29 de julio que mencionaba un llamamiento para el día siguiente, el acceso por valla y mar y una difusión potencialmente amplia en redes. Y sí hubo comunicaciones paralelas con Guardia Civil y con los servicios marroquíes.

Esto no resuelve por sí solo la responsabilidad política. Pero cambia el objeto de la discusión. El centro ya no está exclusivamente en la capacidad de anticipar el volumen final de la entrada, sino en la evaluación y escalado de las señales disponibles antes de que la situación se desbordara.

El precedente que deja Ceuta

La consecuencia más duradera del caso quizá no esté en ninguno de los 40 documentos, sino en el precedente que deja su publicación.

Cuando una crisis alcanza suficiente presión política, ¿hasta dónde debe llegar un Gobierno para demostrar públicamente qué sabía? ¿Cuánto puede exponerse de la cadena interna de inteligencia sin comprometer la eficacia futura de los organismos? ¿Cómo se determina la responsabilidad política sin convertir a los servicios en parte de una batalla partidista?

Son preguntas que sobreviven a la crisis de Ceuta. Y que cualquier Ejecutivo futuro tendrá que responder.

Porque desclasificar puede ser un ejercicio de transparencia. También puede convertirse en un problema institucional si el material sensible deja de utilizarse para esclarecer hechos y comienza a funcionar como munición política. El reto está en distinguir una cosa de la otra con pruebas, no con consignas.