A las puertas del Congreso había manifestantes. En la Puerta del Sol seguían las tiendas de campaña. Dentro del hemiciclo, los diputados pronunciaban su voto de viva voz. Y al final de una semana en la que un desahucio individual consiguió ocupar el centro de la conversación pública española, la aritmética parlamentaria cerró el episodio con dos derrotas para el Gobierno: 172 votos a favor y 178 en contra para el Real Decreto-ley 26/2026 y 166 a favor y 184 en contra para el Real Decreto-ley 27/2026.
Los dos textos han caído.
No ha caído, sin embargo, el problema político que los produjo. Tampoco la movilización que creció alrededor del nombre de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio de una vivienda de Madrid se convirtió en detonante de una protesta nacional. Y tampoco ha desaparecido el contraste con otro problema de Estado que continúa abierto lejos de las tiendas de Sol: Ceuta permanece oficialmente bajo una situación de interés para la Seguridad Nacional.
En apenas nueve días España ha pasado de una comisión judicial ejecutando un lanzamiento en Madrid a dos reales decretos-ley, una acampada con ecos del 15-M, acusaciones cruzadas sobre fondos de inversión, especulación, propietarios, cuchillos y adoquines, referencias a ETA y al fascismo, manifestaciones frente al Congreso y una llamada de los colectivos de vivienda a construir una huelga general.
La secuencia explica mucho más que una votación.
Explica hasta qué punto la vivienda se ha convertido en un campo de batalla política, social y cultural.
Maricarmen: el caso individual que terminó convertido en símbolo nacional
El 23 de septiembre una comisión judicial ejecutó el desahucio de Maricarmen Abascal de la vivienda de Madrid en la que había residido durante más de siete décadas. La mujer, de 87 años, abandonó el inmueble en camilla y fue trasladada al hospital. Las imágenes recorrieron los medios y activaron una movilización inmediata.
El caso tenía todos los ingredientes para convertirse en símbolo: edad avanzada, décadas de residencia en el mismo domicilio, una ejecución judicial visible y una crisis de vivienda que llevaba años acumulando malestar entre jóvenes, familias e inquilinos.
El Sindicato de Inquilinas convirtió el nombre de Maricarmen en bandera de una propuesta legislativa. El denominado “decreto Maricarmen” reclamaba un paquete de intervenciones sobre desahucios, alquileres, contratos y grandes operadores inmobiliarios.
A partir de ahí el caso dejó de ser solamente el expediente de una inquilina.
Se convirtió en una disputa sobre qué debe hacer el Estado cuando un arrendatario vulnerable pierde su vivienda; cuánto riesgo debe soportar un propietario; qué tratamiento debe darse a los grandes tenedores; cuánto puede intervenir el Gobierno en las relaciones privadas de alquiler; y si aumentar la protección del inquilino puede terminar reduciendo la oferta disponible.
Esas preguntas son reales. Ninguna se resolvía por sí sola con una pancarta ni con un decreto aprobado deprisa.
Seis días después, dos decretos
La velocidad política fue extraordinaria.
El 29 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos-ley en materia de vivienda. El primero, el RDL 26/2026, desplegaba un paquete amplio: nuevas protecciones frente a determinados desahucios, regulación de alquileres temporales y por habitaciones, medidas fiscales, actuaciones sobre vivienda asequible y restricciones a determinadas adquisiciones inmobiliarias.
El segundo, el RDL 27/2026, se centraba en las renovaciones de los contratos de alquiler e introducía un régimen mucho más exigente para determinados propietarios al finalizar los periodos contractuales.
El Gobierno presentó las normas como una respuesta urgente a un problema social que había quedado dramatizado por el caso Maricarmen. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió públicamente que el nuevo marco impediría que volvieran a producirse determinadas situaciones de vulnerabilidad y pidió a los grupos parlamentarios que permitieran su convalidación.
Pedro Sánchez elevó la presión durante el debate. Frente a la negativa de PP, Vox y Junts, el presidente presentó la votación como una elección entre proteger a la ciudadanía o favorecer a los especuladores y llegó a advertir que “la historia les juzgará”.
Era una formulación política, no una conclusión jurídica ni económica.
La oposición respondió con otra lectura completamente distinta.
El primer decreto cae por seis votos
El primer texto era el que tenía alguna posibilidad real de sobrevivir.
PNV y Coalición Canaria habían anunciado que lo apoyarían pese a mantener reservas. El resultado dependía de Junts, cuyos siete diputados podían inclinar la balanza.
Junts mantuvo el no.
La formación de Míriam Nogueras sostuvo que varias medidas podían producir el efecto contrario al buscado: reducir la oferta de alquiler, elevar precios y dificultar el acceso de las familias con menor capacidad económica. También consideró que el texto no atacaba de forma suficientemente eficaz a los operadores que el debate político agrupa bajo la expresión “fondos buitre”.
El Gobierno intentó una última salida: aprobar el decreto y tramitar después sus contenidos como proyecto de ley para introducir modificaciones.
No funcionó.
172 síes. 178 noes. Cero abstenciones.
PP, Vox, Junts y UPN formaron la mayoría contraria.
El Real Decreto-ley 26/2026 quedó rechazado.
El segundo estaba todavía más lejos
El segundo texto llegó al pleno con una aritmética peor.
A los votos contrarios de PP, Vox, Junts y UPN se sumaron PNV y Coalición Canaria, que rechazaban la renovación automática planteada por el Gobierno.
El marcador final fue todavía más contundente:
166 votos a favor. 184 en contra. Cero abstenciones.
También cayó.
La jornada terminó así con dos normas que habían entrado en vigor durante un periodo brevísimo y que, al no ser convalidadas por el Congreso, dejan de mantenerse vigentes.
No significa que desaparezca toda la regulación anterior sobre alquileres o vulnerabilidad. Significa que las ampliaciones y modificaciones específicas introducidas esta semana por ambos reales decretos no se consolidan.
Sol ya era algo mucho mayor que Maricarmen
Para cuando los diputados comenzaron a votar, la movilización había superado ampliamente el caso que la había originado.
La Puerta del Sol se convirtió durante varios días en una pequeña ciudad improvisada. Tiendas de campaña, cocinas, asambleas, puntos de información, espacios de organización y actividades políticas ocuparon el centro de Madrid. Distintos medios han descrito una movilización amplia y heterogénea, con el Sindicato de Inquilinas como uno de los actores centrales pero no como única sensibilidad presente.
Las demandas también se ampliaron.
Ya no se hablaba únicamente de detener un desahucio o aprobar una norma concreta. Aparecieron reivindicaciones para reducir alquileres, establecer contratos de mayor duración, incrementar la intervención pública, limitar el peso de determinados fondos inmobiliarios y aumentar la vivienda pública.
Algunos sectores plantearon incluso expropiaciones de vivienda perteneciente a grandes operadores.
Y después llegó el siguiente salto: construir una huelga general.
A la hora de publicación de este análisis no existe una huelga general formalmente convocada por las principales centrales sindicales españolas. Lo que sí existe es un llamamiento de los colectivos movilizados para que sindicatos laborales, comités de empresa, asociaciones vecinales y otras organizaciones se incorporen a un proceso que pueda desembocar en ella.
La diferencia no es menor.
Una consigna en una plaza no equivale jurídicamente a una convocatoria sindical nacional.
Pero revela que la movilización pretende sobrevivir a los decretos que inicialmente sirvieron como objetivo inmediato.
La protesta sale de Sol y llega al Congreso
Este viernes centenares de manifestantes caminaron desde la Puerta del Sol hasta las inmediaciones del Congreso mientras se celebraba el pleno.
Cuando se conoció el rechazo de los decretos, se escucharon consignas contra PP, Vox y Junts y parte de los manifestantes regresó después a Sol.
El conflicto ya no era únicamente entre el Gobierno y la oposición.
También había críticas al propio Ejecutivo desde sectores de la movilización que consideraban insuficientes los decretos. El movimiento por la vivienda había conseguido algo políticamente poco habitual: presionar al Gobierno para legislar y, simultáneamente, acusarlo de no llegar lo suficientemente lejos.
Podemos ofrece un ejemplo de esa tensión. La formación llegó a cuestionar la división de las medidas en dos textos y acabó respaldándolos después de la presión de los colectivos de vivienda.
La fotografía de una “izquierda unida detrás de un decreto” simplifica por tanto lo ocurrido.
Había acuerdo sobre la gravedad del problema, pero no sobre la solución ni sobre la intensidad de la intervención pública necesaria.
Los fondos de inversión se convierten en personaje político
Durante toda la semana una expresión se repitió de forma casi omnipresente: “fondos buitre”.
Gobierno, colectivos y distintos partidos utilizaron la presencia de grandes operadores financieros e inmobiliarios como explicación de una parte del problema. El primer decreto incorporaba restricciones específicas a determinadas compras de vivienda y trataba de distinguir entre pequeños propietarios y operadores de mayor escala.
Junts, sin embargo, sostuvo que los textos no resolvían suficientemente ese frente y anunció una propuesta propia que, según la formación, será más contundente frente a esos fondos al mismo tiempo que protegerá a las familias y evitará efectos negativos sobre la oferta.
Ese movimiento es políticamente importante.
El rechazo de Junts no significa que el partido haya decidido abandonar cualquier intervención en vivienda. Significa que pretende negociar otra intervención y convertirse en actor imprescindible para definirla.
Por eso la derrota de hoy no cierra el expediente legislativo.
Probablemente lo reinicia.
Cuchillos, adoquines, ETA, fascismo: cuando el debate perdió el carril
Mientras el Congreso discutía contratos, rentas y desahucios, el debate público fue acumulando capas cada vez más alejadas de la política de vivienda.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, remitió al delegado del Gobierno y al Ministerio del Interior fotografías y documentación sobre adoquines y cuchillos de grandes dimensiones localizados, según el Ayuntamiento, en la zona de la acampada. Los organizadores y participantes ofrecieron explicaciones diferentes para algunos de esos objetos y rechazaron que la protesta tuviera un carácter violento.
El diputado madrileño del PP Daniel Portero presentó además una denuncia penal relacionada con hechos ocurridos alrededor de la acampada e introdujo en su escrito referencias a ETA. Esa vinculación forma parte de una denuncia y de la interpretación de su promotor; no constituye un hecho probado judicialmente.
Desde el otro extremo del arco discursivo, intervenciones públicas desde la acampada llegaron a definir el momento como una confrontación entre democracia y fascismo.
La discusión había recorrido así una distancia considerable desde la pregunta inicial —qué hacer con una mujer de 87 años que pierde su casa— hasta una batalla cultural en la que prácticamente todos los actores encontraron un término máximo para describir al contrario.
Eso explica parte de la sensación de saturación que ha acompañado a esta semana.
La vivienda seguía siendo el problema de fondo, pero el lenguaje político empezó a competir con ella por el protagonismo.
Maricarmen ya tiene una solución individual
Existe además una paradoja importante.
Mientras España seguía discutiendo el “decreto Maricarmen”, Maricarmen había alcanzado un acuerdo para regresar a su vivienda.
La propietaria del inmueble, los representantes de la afectada, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid y el Sindicato de Inquilinas participaron en una negociación que terminó con una solución para que pueda volver cuando reciba el alta hospitalaria.
El acuerdo prevé un contrato de ocho años y una renta vinculada a sus ingresos, en torno al 30% de los mismos.
Esto no elimina la dimensión social del caso ni convierte la movilización en innecesaria. Sí demuestra que, para cuando el Congreso votó, la cuestión había dejado de girar exclusivamente alrededor de la situación personal de Maricarmen.
El símbolo permaneció incluso después de que el problema individual empezara a resolverse.
¿Una cortina de humo sobre Ceuta?
Aquí aparece el contraste que más incómodo resulta para la agenda nacional.
Mientras España ha dedicado días de debate político y cobertura mediática a la vivienda, Ceuta continúa bajo una declaración formal de situación de interés para la Seguridad Nacional.
No es una etiqueta periodística.
El Real Decreto 681/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado, declara esa situación como consecuencia de la entrada irregular masiva registrada los días 30 y 31 de julio y de la permanencia de un elevado número de personas en situación irregular en la ciudad. El texto señala expresamente que la crisis ha superado capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana y requiere coordinación de recursos estatales y locales.
La declaración está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo que sea prorrogada, modificada o finalizada anticipadamente.
El contraste entre las dos agendas existe y es verificable.
Lo que no puede afirmarse sin pruebas es que la crisis de vivienda, la acampada de Sol o los decretos hayan sido organizados deliberadamente como una “cortina de humo” destinada a ocultar Ceuta.
No existe evidencia que permita sostener esa coordinación o intención como hecho.
Sí existe otra cuestión legítima: cómo distribuyen Gobierno, partidos y medios su atención cuando conviven simultáneamente una crisis social de vivienda y una crisis territorial oficialmente encuadrada en la Ley de Seguridad Nacional.
Esa pregunta no necesita una teoría conspirativa para ser relevante.
Ceuta no ha dejado de ser un problema porque Sol haya ocupado la pantalla
El BOE mantiene vigente la situación excepcional ceutí. El Gobierno ha modificado además durante septiembre el dispositivo jurídico y administrativo de respuesta a la crisis.
Persisten los procedimientos de retorno, los traslados de menores y la presión sobre recursos públicos. Paralelamente, la gestión previa y posterior a la entrada masiva continúa generando investigación judicial y controversia política.
La diferencia es de naturaleza.
La crisis de vivienda afecta estructuralmente a millones de ciudadanos y tiene una dimensión económica y generacional evidente.
La situación de Ceuta afecta directamente a soberanía, frontera exterior de la Unión Europea, inmigración irregular, seguridad ciudadana, capacidad administrativa y relación con Marruecos.
No hay necesidad de declarar falso uno de los problemas para reconocer la importancia del otro.
Pero un Estado tiene la obligación de gestionar ambos al mismo tiempo.
La gran pregunta que los decretos no resolvían
El debate público ha tendido a convertir la vivienda en una elección binaria.
O proteger al inquilino o proteger al propietario.
O intervenir el mercado o construir más.
O frenar a los fondos o garantizar seguridad jurídica.
La realidad es menos cómoda.
España necesita evitar que una persona realmente vulnerable termine en la calle. También necesita evitar que el diseño de las ayudas y suspensiones genere incentivos perversos o convierta al pequeño propietario en responsable de una política social que corresponde financiar al conjunto del Estado.
Necesita más vivienda pública. Pero también necesita más oferta privada si pretende atender toda la demanda existente.
Necesita combatir conductas abusivas. Y necesita que alquilar una vivienda no sea percibido como una decisión jurídicamente imprevisible.
Los dos decretos intentaban responder a partes de ese rompecabezas, pero generaron objeciones suficientemente amplias como para ser rechazados por mayorías diferentes.
El primero cayó por seis votos.
El segundo, por dieciocho.
Es difícil describir eso como consenso.
La política sigue mañana
La derrota parlamentaria no deja al Gobierno sin opciones.
Puede negociar un nuevo real decreto-ley, aunque tendría que volver a someterlo al Congreso. Puede intentar tramitar una ley por el procedimiento ordinario. Puede incorporar parte de las propuestas de Junts. Puede dividir nuevamente las medidas. O puede renunciar temporalmente a algunos de los elementos más conflictivos.
Junts ya ha anunciado que entregará una propuesta propia.
Los colectivos movilizados tampoco dan por terminada la campaña. La acampada de Sol tiene previsto transformarse y trasladar su organización a barrios y otros espacios, mientras sus promotores intentan construir una movilización laboral más amplia.
Maricarmen, mientras tanto, tiene previsto volver a su casa.
Los decretos que llevaron políticamente su nombre han caído.
Y Ceuta continúa bajo Seguridad Nacional.
Ese es el balance real de este viernes: una crisis de vivienda que sigue sin solución estructural, una movilización que pretende ampliar su alcance, un Gobierno que pierde dos votaciones centrales y otra emergencia de Estado que continúa activa aunque durante días haya recibido mucha menos atención pública.
El ruido termina cuando se apagan los micrófonos.
Los problemas no.
Fuentes consultadas
- Congreso de los Diputados, sesión plenaria nº 203 del 2 de octubre de 2026: https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=400&codSesion=203&fechaSesion=02%2F10%2F2026&idLegislaturaElegida=15
- RTVE, posición de Junts y debate de los decretos: https://www.rtve.es/noticias/20261002/junts-no-congreso-decretos-vivienda-gobiernos/17250372.shtml
- EFE, propuesta alternativa de Junts: https://efe.com/espana/2026-10-02/junts-psoe-propuesta-decreto-vivienda/
- Cadena SER, reacción de los manifestantes tras la votación: https://cadenaser.com/nacional/2026/10/02/cientos-de-manifestantes-se-concentran-frente-al-congreso-para-denunciar-el-rechazo-a-los-decretos-de-vivienda-junts-vox-pp-la-misma-mierda-es-cadena-ser/
- RTVE, acuerdo para que Maricarmen regrese a su vivienda: https://www.rtve.es/noticias/20260929/maricarmen-acepta-acuerdo-empresa-propietaria-casa-regresara-cuando-salga-hospital/17246053.shtml
- Europa Press, documentación del Ayuntamiento de Madrid sobre la acampada: https://www.europapress.es/madrid/noticia-almeida-enviara-delegado-marlaska-documento-muestra-adoquines-tiendas-campana-grandes-cuchillos-20260930120900.html
- Cadena SER, denuncia presentada por Daniel Portero: https://cadenaser.com/cmadrid/2026/10/01/un-diputado-del-pp-madrileno-presenta-una-denuncia-contra-la-acampada-de-sol-vinculandola-a-eta-radio-madrid/
- BOE, Real Decreto 681/2026 sobre la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-18149
- BOE, Real Decreto 761/2026 que modifica el dispositivo sobre Ceuta: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2026-20267
- Wikimedia Commons, fotografía principal de la acampada de Sol bajo CC0 1.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madrid_-_Acampada_en_la_Puerta_del_Sol_contra_los_desahucios_y_por_el_derecho_a_la_vivienda_(28_septiembre_2026)_01.jpg
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