Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre Seguridad nacional.
La agencia europea contabiliza unas 18.300 detecciones en la ruta occidental hasta septiembre, sin incorporar las entradas extraordinarias de Ceuta del 30 y 31 de julio. El Consejo de la UE lo reconoce en su nota metodológica.
La Audiencia Nacional reclama documentación del Ejército y el CIFAS desde el 15 de julio, registros de drones y cámaras, el aviso REW 32 y actas previas a la crisis de Ceuta.
El presidente estadounidense anunció el 18 de octubre su apoyo a Benjamín Netanyahu antes del 27-O. La declaración combina seguridad regional, la amenaza iraní y la relación Washington-Jerusalén.
La Comisión Electoral israelí confirma las elecciones del 27-O y publica este domingo las candidaturas. El debate reúne responsabilidades por el 7-O, servicio militar ultraortodoxo y relaciones entre partidos.
Un informe OSINT identifica canales de amplificación rusos y redes afines que reutilizan crisis españolas. Sus pruebas muestran convergencia narrativa, pero no una campaña electoral centralizada ni control de partidos.
Una información sobre el informe remitido a la jueza Tardón atribuye al CNI advertencias a los servicios marroquíes y pasividad fronteriza. No concluye que Rabat organizase las entradas.
FORTIS documenta el panel auténtico del software Predator, 15 vulnerabilidades 0-day vinculadas a Intellexa, operaciones globales y el alcance de Pegasus en Marruecos, con fuentes primarias.
Fuentes comunitarias advierten del riesgo de ciberataques, sabotaje y desinformación durante las campañas. No existe prueba de una operación rusa concreta contra el recuento español.
Repasamos las alertas atribuidas al CENIF antes de la crisis del 30-J, los indicios publicados de guiado y coordinación y lo que todavía no permite atribuir una responsabilidad institucional.
El Español atribuye a tres informes clasificados la identificación de 72 personas con perfil militar o de inteligencia marroquí en Ceuta. Defensa afirma que esa cifra no le consta.
El Congreso rechaza los dos decretos de vivienda tras una semana de acampada, presión social y escalada política. La protesta busca crecer hacia una huelga general mientras Ceuta continúa oficialmente bajo situación de interés para la Seguridad Nacional.
Felipe VI y Letizia viajarán a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre. Será la primera visita de los actuales Reyes a ambas ciudades y la primera visita real desde 2007.
El Gobierno ha incorporado al catálogo de recursos de la situación de interés para la Seguridad Nacional una parcela perteneciente al Centro Penitenciario de Ceuta. El objetivo es ampliar la capacidad temporal de gestión y acogida.
Juan Jesús Vivas ha declarado durante más de dos horas ante la Audiencia Nacional sobre los avisos previos al 30-J. El presidente de Ceuta sostiene que buscó contacto reiterado con Moncloa y varios ministerios; Presidencia ofrece una versión distinta de esas comunicaciones.
El presidente del Gobierno ha convocado este 29 de septiembre al Consejo de Seguridad Nacional y, después, una reunión específica de seguimiento de Ceuta. La declaración aprobada en agosto sigue vigente hasta el 31 de diciembre.
Neil Fernández analiza Ceuta, Melilla y el Estrecho desde una perspectiva de contranarcotráfico y sitúa el foco en las rutas, el dinero, los facilitadores, la violencia y las infraestructuras clandestinas.
El Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta se inhibe y remite íntegramente las diligencias sobre Miguel Ángel Pérez Triano a la causa del 30-J que dirige María Tardón. El traslado no declara responsabilidad penal ni convierte por sí solo al delegado en culpable: coloca ahora en manos de la Audiencia Nacional las decisiones sobre testigos, documentos y su eventual citación como investigado.
Fuentes de ICEX citadas por varios medios sitúan en la primera semana de diciembre un gran encuentro empresarial en Rabat. El Estándar no ha localizado todavía una convocatoria oficial pública del nuevo formato. Sí ha podido documentar una arquitectura mucho mayor: más de 1.090 millones de euros de apoyo financiero público español en dos grandes proyectos marroquíes, foros empresariales recurrentes, un convenio ICEX–CEOE auditable y compañías vinculadas al ecosistema del Mundial 2030. Todo ello mientras Ceuta seguirá, salvo finalización anticipada, bajo situación de interés para la Seguridad Nacional hasta el 31 de diciembre.
La Policía Nacional abre entre 70 y 80 procedimientos diarios, pero ninguno de los al menos 1.800 iniciados ha terminado todavía en una devolución ejecutada. El dato no significa que nadie haya salido de Ceuta: 5.300 personas han regresado voluntariamente y unas 300 han sido expulsadas por delitos o infracciones. El cuello de botella está en otra vía: el procedimiento individual que debe identificar, escuchar y resolver cada caso conforme a la ley.
La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas sobre el exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano y ha pedido informe a la Fiscalía. La decisión lleva a una nueva fase una investigación que ya examina los avisos del CNI, la cadena de comunicaciones y la respuesta española antes del 30-J.
Los registros del 112 se multiplicaron casi por siete respecto a agosto de 2025. El Puerto contabilizó además 1.163 intrusiones de personas no autorizadas. El Estándar reconstruye qué significan esos números, qué límites tienen y por qué la crisis sigue abierta.
La cifra de 82 detenidos se ha convertido en un atajo engañoso. Interior la reservaba exclusivamente al yihadismo dentro de España y con datos cerrados al 28 de julio. Su propia tabla internacional sumaba ya 91 detenciones entre yihadismo y otros grupos. El Estándar reconstruye el mapa completo y separa terrorismo, radicalización violenta, perfiles de interés y crimen organizado para no fabricar una cifra falsa.
Jorge Gómez cuestiona la desclasificación de los informes y advierte de un posible coste para la confianza entre servicios de inteligencia. Los documentos publicados por el propio Gobierno confirman que antes del 30-J existieron varios avisos, aunque ninguno anticipó la magnitud final de la crisis.
No es una sospecha lateral: la Audiencia Nacional habla de «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos; CENIF describe «guiado activo», planificación y una capacidad superior a la de las mafias ordinarias; y el CNI había avisado a DGST y DGED la víspera. El aparato de seguridad marroquí ya está materialmente dentro del expediente. La incógnita que convierte el caso en un problema de Estado es hasta dónde sube la cadena de autorización.
El BOE admite que la crisis supera las capacidades ordinarias de seguridad y gestión. A la presión fronteriza se suman vehículos y contenedores quemados, peleas, agresiones a militares y guardias civiles, redes de tráfico de personas, infraestructura del narcotráfico, asentamientos y comercio irregular. El corpus primario de FORTIS demuestra además que el ecosistema de movilización digital no desapareció tras el 15-A.
Los documentos desclasificados acreditan una cadena creciente de señales del CNI, CENIF y otros organismos. La ley sitúa la dirección del Sistema de Seguridad Nacional en el presidente. La evidencia pública no demuestra que se anticiparan 70.000 entradas, pero tampoco permite sostener que no hubiera warning previo.
Moncloa publica 40 informes y comunicaciones que permiten reconstruir por primera vez la cadena previa al 30-J. El 29 de julio el CNI trasladó a Delegación del Gobierno y a una unidad de Guardia Civil una convocatoria para el día siguiente por mar y valla. Ese mismo día, una nota interna del CENIF elevó los cruces a nado a “RIESGO MUY ALTO” y activó “ALERTA TEMPRANA”. Los documentos no muestran, sin embargo, una previsión previa de la escala final de más de 70.000 entradas.
La Audiencia Nacional investiga una gestión favorecedora desde Marruecos y un guiado activo de agentes marroquíes. A la vez, Policía, Europol y resoluciones judiciales documentan narcotúneles, redes que mezclan droga y personas y un riesgo interno en el Puerto. El archivo político añade un canal PSOE-USFP utilizado ya durante la crisis de Ceuta de 2021 y renovado en 2022 por diez años. Ninguna de esas capas prueba un mando único, pero juntas explican por qué la crisis sigue abierta.
El Consejo de Ministros abre hoy una parte de la documentación reservada sobre el 30-J. Los informes del CNI que se pretende hacer públicos están fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto. El Gobierno sostiene que ninguno anticipó la escala de la entrada masiva; mañana los documentos permitirán contrastar esa versión con la cadena real de alertas, receptores y decisiones.
El Real Decreto-ley 22/2026 desglosa 74.033.475 euros en suplementos para Defensa: 25 millones en inversión militar asociada al funcionamiento operativo, más de 30 millones en productividad y gratificaciones, partidas de logística y comunicaciones y una transferencia específica de 10 millones al Centro Nacional de Inteligencia. El crédito del CNI podrá reasignarse para atender las necesidades previstas por la norma.
Veintidós años separan los atentados de Madrid y la crisis de Ceuta, y no hay pruebas de que respondan a una misma operación. Sí existe, en cambio, un patrón institucional documentable: amenazas que crecen a la vista del Estado, información fragmentada entre organismos, respuestas que no escalan a tiempo y una relación con Marruecos que después de cada crisis adquiere todavía más peso.
Madrid ha movilizado decenas de millones para sostener la respuesta a la crisis de Ceuta mientras Rabat ha vuelto a plantear públicamente una reclamación sobre Ceuta y Melilla. Son dos hechos distintos, pero su coincidencia revela una contradicción estratégica: España asume el coste inmediato de una frontera sometida a presión mientras la relación bilateral sigue atravesada por una disputa de soberanía.
Una carpa fotografiada en Ceuta exhibe el sello del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE. La financiación es europea y la gestión del fondo es española. La ubicación de 16.000 m² en el Muelle de Poniente fue decidida por el Gobierno de España tras el rechazo del Consejo de Administración del Puerto.
Dos narcotúneles transfronterizos están documentados oficialmente. El CENIF reconstruye una movilización planificada. El puerto forma ya parte del dispositivo de Seguridad Nacional. Fuentes protegidas describen circuitos internos de información y vídeos de campo muestran una embarcación de patrulla o servicio frente a Benzú cuya titularidad sigue abierta. El Estándar cruza todas las capas y marca dónde termina el hecho y empieza la hipótesis.
El Real Decreto 681/2026 ha colocado la crisis de Ceuta bajo una coordinación reforzada inédita. Ángel Víctor Torres dirige funcionalmente prioridades y recursos, pero Interior, Defensa, Exteriores y la Ciudad conservan sus competencias y cadenas de mando. Ésta es la arquitectura real del llamado “mando único”.
La Guardia Civil reconoce comunicaciones previas que no anticipaban la dimensión de la avalancha. El CENIF de la Policía describe un movimiento planificado y documenta indicios de actuación de agentes marroquíes. La clave está en que ambos informes responden a objetos, métodos y momentos distintos.
El Gobierno ceutí sostiene que el 27 de julio trasladó al Estado que la ciudad entraba en una zona de alto riesgo, reclamó emergencia, mando único y más medios y recibió una respuesta tranquilizadora. Moncloa admite contactos y avisos, pero sostiene que ninguno anticipó la escala ni la probabilidad de lo ocurrido. El Estándar reconstruye las dos versiones y el reloj de decisiones.
Transportes autoriza el uso temporal de suelo portuario hasta el 31 de diciembre después de que el Consejo de Administración rechazara la cesión por 11 votos frente a 4. La medida se apoya en el marco de Seguridad Nacional y abre una disputa institucional sobre quién decide el uso del dominio público portuario en plena crisis.
Entre el 27 y el 30 de julio circularon señales por circuitos policiales, de inteligencia y militares. El Estado ya admite la existencia de avisos previos; la cuestión es cuándo se valoraron, quién los recibió y qué decisiones produjeron. Con la Fiscalía respaldando la investigación de la Audiencia Nacional, ese reloj de avisos deja de ser sólo una controversia política y pasa a tener relevancia judicial.
La jueza María Tardón encargó al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras un análisis sobre la entrada masiva del 30-J y pidió máxima reserva a los policías que trabajaban para la Audiencia Nacional. El informe terminó describiendo una acción planificada, recogiendo indicios de «guiado activo» por agentes marroquíes y llegando a la prensa antes que a la cadena política de Interior. Marlaska reclamó explicaciones; el CGPJ y la Audiencia Nacional respaldaron a la magistrada. Detrás del choque hay una pregunta mayor: quién debe conocer, y cuándo, la inteligencia policial que nace dentro de una investigación judicial durante una crisis de seguridad nacional.
Pedro Sánchez prometió publicar todos los informes disponibles sobre las alertas previas al 30-J. Dos días después, el dossier sigue sin aparecer. Para explicar qué supo el Estado, cuándo lo supo y por qué la respuesta no cambió antes, Moncloa tendrá que mostrar el reloj completo de avisos, distribución y decisiones.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional respalda que María Tardón abra una causa penal por los hechos del 30 y 31 de julio y aprecia, en esta fase, posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal. El Ministerio Público sitúa en Marruecos una parte sustancial de la planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica. A ello se suma el informe del CENIF, que describe una operación planificada y atribuye conductas de «guiado activo» a gendarmes y agentes de paisano marroquíes. Con el expediente actual, la investigación ya alcanza a actores integrados en el aparato estatal marroquí; lo que todavía debe determinar la instrucción es la cadena de mando, el nivel de autorización y si la dirección estratégica llegó a órganos centrales de Rabat.
El Gobierno sostiene que ningún informe anticipó la escala de la entrada masiva. Pero el expediente público ya reúne una alerta militar fechada el 27 de julio, dos notas del CENIF del 28 y 29, una comunicación del CNI en Ceuta y un nuevo informe de la Guardia Civil entregado este 4 de septiembre. La cuestión ya no es si existieron señales, sino cómo fueron valoradas, a quién llegaron y por qué no alteraron a tiempo el nivel de respuesta.
FORTIS ha recibido HUMINT directo de una fuente protegida en el entorno de Castillejos/Fnideq sobre presuntos preparativos violentos contra Ceuta. La alerta menciona material potencialmente explosivo, artefactos incendiarios, posibles objetivos militares e infraestructuras críticas. Su gravedad aumenta porque llega sobre un escenario donde ya existen antecedentes documentados de planificación, coordinación operativa, presión sobre la soberanía española y una degradación sostenida del entorno de seguridad. Los extremos más graves continúan bajo verificación independiente.
Que medios, analistas o redes vinculadas a Israel amplifiquen una crisis en el Estrecho de Gibraltar no demuestra por sí mismo una operación contra España. El umbral cambia cuando se afirma coordinación estatal, manipulación encubierta o intervención en el origen. El Gobierno asegura disponer de informes internos; la cuestión es si esos informes contienen el puente probatorio necesario.
Dos investigaciones independientes han documentado cómo los grupos que preparaban el 15-A desplazaron la conversación hacia el 23 de septiembre, fecha de las elecciones legislativas marroquíes. Informaciones de inteligencia sitúan también esa jornada como ventana de vigilancia. No existe prueba de que vaya a producirse otra entrada masiva, pero las señales ya justifican seguimiento y preparación.
Ceuta y Melilla ya no pueden analizarse únicamente como una cuestión migratoria. La presión fronteriza, la influencia, la desinformación y la competencia estratégica sitúan a las dos ciudades en uno de los espacios más sensibles de la seguridad española.
