La operación comenzó a primera hora de la mañana con una dimensión poco habitual incluso para una ciudad acostumbrada a convivir con dispositivos fronterizos reforzados. Seis grupos de la Unidad de Intervención Policial, efectivos de Extranjería, medios aéreos y otras unidades de la Jefatura Superior elevaron el despliegue hasta alrededor de 350 funcionarios. El objetivo inmediato era levantar los asentamientos instalados en torno a la planta desalinizadora de Ceuta y en el espigón que la separa del mar.
La intervención no puede entenderse como un simple desalojo de campamentos. La zona afectada reúne tres factores que convierten el episodio en una cuestión de seguridad urbana: una infraestructura esencial para el suministro de agua, una franja litoral difícil de controlar y una población desplazada que lleva semanas buscando espacios donde permanecer fuera de los recursos ordinarios.
Una infraestructura de la que depende la ciudad
La desalinizadora es una pieza central del abastecimiento de Ceuta. En una ciudad con territorio limitado, sin grandes reservas interiores y con dos embalses que no cubren por sí solos toda la demanda, cualquier alteración prolongada del suministro tendría consecuencias inmediatas sobre hogares, hospitales, comercios y servicios públicos.
La Policía ha justificado el operativo por un doble motivo. Por un lado, impedir posibles accesos no autorizados a la instalación. Por otro, retirar a personas que dormían en zonas expuestas, huecos entre bloques de hormigón y puntos con riesgo de caída o accidente.
La diferencia importa. La actuación no parte de que los ocupantes hubieran ejecutado un sabotaje ni de que existiera una amenaza acreditada contra la planta. Parte de un problema preventivo: cientos de personas permanecían junto a una instalación estratégica y en espacios físicamente inseguros.
Del control fronterizo al control del territorio
La crisis que comenzó a finales de julio ha cambiado de forma.
En las primeras horas, el problema era la frontera: cuántas personas entraban, por qué puntos y con qué capacidad de respuesta. Semanas después, el centro de gravedad se ha desplazado al interior de la ciudad. Las cuestiones ahora son otras: dónde duerme la población que permanece fuera de los recursos, cómo se identifica a menores, quién explota económicamente esa situación, qué zonas quedan ocupadas y qué infraestructuras quedan expuestas.
Eso explica que la presión se haya trasladado a playas, garajes, viviendas, antiguos túneles militares, zonas portuarias y solares.
La desalinizadora representa la fase más visible de esa transformación. Cuando una crisis fronteriza obliga a desplegar seis grupos de UIP alrededor de una planta de agua, ya no se está gestionando sólo un perímetro internacional. Se está gestionando el espacio urbano.
El operativo de 350 agentes
RTVE y medios locales situaron el comienzo del dispositivo alrededor de las 08.00. La Policía Nacional movilizó unos 300 agentes de UIP y completó el operativo con otras unidades hasta alcanzar aproximadamente 350 funcionarios, además de apoyo aéreo.
La cifra no es un detalle decorativo. Permite medir el nivel de recursos requerido para ejecutar una actuación que, en condiciones normales, podría haber sido una intervención municipal o policial mucho más reducida.
El dispositivo debía asegurar simultáneamente el perímetro de la instalación, identificar a las personas presentes, evitar incidentes, gestionar traslados y prevenir que el desalojo derivara en desplazamientos descontrolados hacia zonas próximas.
La Fábrica del Guano como salida temporal
Parte de las personas desalojadas iban a ser reagrupadas en el entorno de la antigua Fábrica del Guano mientras se habilitan soluciones habitacionales.
Ese traslado muestra el principal límite de cualquier operativo de este tipo: retirar un asentamiento no elimina la necesidad que lo originó.
Si no existe una alternativa estable, la presión simplemente cambia de ubicación. Una playa deja de tener tiendas; un solar empieza a llenarse. Un túnel se cierra; aparece un piso saturado. Un punto del litoral queda asegurado; otro se convierte en zona de paso.
La política de seguridad, por tanto, sólo puede sostenerse si se coordina con capacidad de acogida, identificación administrativa y protección de menores.
El riesgo para los propios ocupantes
La dimensión humanitaria y la de seguridad no son excluyentes.
Los asentamientos junto al espigón incluían zonas entre bloques de hormigón, superficies irregulares y espacios expuestos al oleaje y al viento. Permanecer allí de noche, con iluminación precaria y sin instalaciones básicas, aumenta el riesgo de caídas, hipotermia, incendios improvisados y accidentes.
Ese riesgo explica parte del mensaje policial: el operativo pretende proteger la instalación, pero también evitar daños a quienes estaban durmiendo en su entorno.
Qué sabemos y qué no
Está acreditado el despliegue de unos 350 policías, la presencia de seis grupos de UIP, la retirada de asentamientos y el plan de reagrupación temporal. También está documentado que la planta se considera estratégica para la ciudad y que el entorno del espigón albergaba campamentos improvisados.
No existe, en cambio, evidencia pública de un intento de sabotaje contra la desalinizadora. Tampoco se ha publicado un balance definitivo de personas trasladadas ni una cifra cerrada de cuántas permanecerán en el nuevo emplazamiento.
Separar ambos niveles evita convertir una medida preventiva en la prueba de una amenaza que las fuentes públicas no han confirmado.
El coste operativo de una crisis prolongada
Cada dispositivo de gran escala consume horas de trabajo, medios, vehículos, personal de investigación, unidades de intervención y capacidad de respuesta que dejan de estar disponibles para otras misiones.
Ese coste es una de las variables menos visibles de una crisis prolongada.
La cuestión ya no es sólo cuántas personas están presentes, sino cuántos recursos públicos son necesarios cada día para mantener bajo control los puntos sensibles, identificar personas, vigilar salidas marítimas, perseguir redes y atender emergencias.
El precedente de los túneles y los pisos
La operación de la desalinizadora no es un episodio aislado.
Días antes, los bomberos habían localizado a decenas de personas viviendo en una antigua galería militar tras acudir a sofocar un incendio. La Policía había encontrado además pisos saturados donde se alojaba de forma irregular a migrantes a cambio de dinero.
Los tres fenómenos forman una misma fotografía: una parte de la población fuera del sistema formal se desplaza hacia espacios que ofrecen ocultación, techo o proximidad a rutas de salida.
Eso no convierte automáticamente a sus ocupantes en delincuentes. Sí genera un mercado y una geografía que pueden ser explotados por terceros.
El siguiente indicador
El éxito del operativo no debe medirse únicamente por el número de tiendas retiradas.
Los indicadores relevantes serán otros: si el perímetro queda realmente protegido, si aparecen nuevos asentamientos en zonas equivalentes, cuántas personas son incorporadas a recursos regulares, cuántos menores son identificados y si disminuye la necesidad de repetir grandes despliegues policiales.
Una intervención espectacular puede resolver un punto durante horas. Una política eficaz tiene que reducir la necesidad de la siguiente.
Ceuta entra en una fase distinta
La escena alrededor de la desalinizadora resume el nuevo estado de la crisis.
El problema ya no está concentrado en una línea de valla. Está disperso por el territorio. Por eso las respuestas también se han fragmentado entre Policía, Guardia Civil, servicios sociales, emergencias, administración local y órganos judiciales.
Ceuta ha pasado de contener una entrada extraordinaria a administrar sus consecuencias.
Y esa segunda fase puede ser más larga, más cara y más difícil de medir que la primera.
Fuentes consultadas
- RTVE, 27 de septiembre de 2026.
- Europa Press, 27 de septiembre de 2026.
- Ceuta Ahora, 27 de septiembre de 2026.
- Ceuta24Horas, 27 de septiembre de 2026.
