La tragedia de Urda ha abierto una discusión sobre una de las decisiones más delicadas de la operación ferroviaria: qué condiciones deben cumplirse para recuperar la circulación después de que deje de funcionar un sistema de protección del tren. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) ha enviado una petición urgente a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para que revise la normativa aplicable al LZB y los aspectos comparables del ERTMS.
En su comunicado número 2026-31, fechado el 30 de octubre, el sindicato reclama que no se permita reanudar la circulación en «marcha normal» cuando, tras la caída de esos sistemas, exista la posibilidad de que más de un tren se encuentre en un mismo cantón gestionado mediante Bloqueo de Señalización Lateral (BSL). La reivindicación fue difundida ampliamente durante el sábado 31.
Qué plantea exactamente el sindicato
La demanda no consiste en cerrar indiscriminadamente toda línea que utilice señalización ferroviaria. Plantea introducir una restricción precisa ante una combinación de circunstancias: pérdida del sistema de supervisión, posibilidad de coexistencia de trenes en el mismo cantón y reanudación del servicio con un modo de conducción que, a juicio de SEMAF, requiere garantías más estrictas.
LZB y ERTMS son sistemas de protección y supervisión de la circulación, pero no tienen idéntico diseño ni idéntico despliegue. Su funcionamiento, los procedimientos de contingencia y las responsabilidades de los distintos actores deben evaluarse por separado. La existencia de un protocolo alternativo no permite concluir por sí sola que fuera suficiente ni que resultara incumplido en el siniestro.
Una petición formal, no una norma ya modificada
La diferencia jurídica es fundamental: SEMAF ha solicitado una actuación urgente. No se ha verificado en la documentación consultada que la AESF haya aprobado ya el cambio propuesto, que haya ordenado nuevas limitaciones o que exista un plazo oficial de implantación. Tampoco la posición sindical equivale a una conclusión técnica definitiva sobre la secuencia que produjo el choque.
En el accidente ferroviario de Urda confluyen investigaciones técnicas y actuaciones judiciales que deberán examinar registros, comunicaciones, señales, órdenes y decisiones. Cualquier atribución individual de responsabilidades exige pruebas y garantías.
Qué debe aclarar ahora la Administración
La reclamación obliga a responder a preguntas concretas: ¿cuál es el protocolo exacto ante la caída de la protección continua?, ¿qué comprobaciones se exigen antes de autorizar la marcha?, ¿cómo se asegura que un cantón no contiene un segundo tren?, ¿quién valida la transición entre sistemas y cómo queda documentada?
La revisión puede concluir con cambios de procedimiento, mejoras de formación, modificaciones tecnológicas o una combinación de medidas. Son posibilidades, no decisiones anunciadas.
El dato verificable de este sábado es que los maquinistas han trasladado formalmente su preocupación al regulador. La respuesta de la AESF y las conclusiones de las pesquisas marcarán los próximos hitos.
Documentación: comunicado original de SEMAF y información de EFE del 31 de octubre.
