Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre Telegram.
La magistrada de guardia de Torrent decreta prisión provisional sin fianza, con limitación de acceso a redes sociales, para el investigado de Picanya.
La Policía Nacional investiga a un administrador de Instagram y Telegram por posibles conspiraciones contra el orden público y el patrimonio en Bilbao.
Erne y Euspel aprecian semejanzas entre convocatorias de disturbios juveniles, pero no acreditan un mando común ni vínculos estatales. CITCO interviene sobre canales de incitación al saqueo.
Un perfil de Blocus Madrid anuncia que suspende su cita de Halloween por la presión policial. EFE documenta otras convocatorias en España; los Mossos siguen investigando las cuentas y los saqueos.
Un procedimiento en O Porriño examina filtraciones presuntamente realizadas en un chat policial. La controversia alcanza a los mecanismos internos de control y denuncia.
FORTIS atribuye a su recuento interno 200 detenidos, más de 60 menores, tras el 24-O; el balance público de Mossos registra 128. Las cifras no están corroboradas entre sí.
La investigación judicial intenta recuperar una red digital que empezó a desaparecer después de la entrada masiva. Fuentes de Seguridad del Estado citadas por prensa sostienen además que durante horas críticas del 30 y 31 de julio se perdió desde el exterior el acceso a determinados dispositivos o redes marroquíes. La desaparición de mensajes está acreditada como problema investigador; la atribución de esas ventanas de opacidad a una operación estatal marroquí no lo está.
