La economía española llega al último trimestre del año con una fotografía que admite dos titulares aparentemente contradictorios.
El primero es bueno: España está creciendo algo más de lo previsto.
El segundo es bastante menos cómodo: los precios también están subiendo más de lo que se esperaba.
El Consejo General de Economistas ha elevado una décima su previsión de crecimiento del PIB para 2026, hasta el 2,5%, apoyándose en el buen comportamiento de la actividad durante la primera mitad del año.
Al mismo tiempo, ha revisado al alza su cálculo de inflación media hasta una horquilla del 3,6%-3,7%.
Esa combinación —más crecimiento y más inflación— será una de las variables económicas más importantes de la campaña electoral.
El 2,5% confirma resistencia
La revisión del PIB refleja que la economía ha aguantado mejor de lo que se esperaba en un entorno internacional especialmente difícil.
El consumo, los servicios y distintos componentes de la actividad interna han permitido sostener un ritmo de crecimiento superior al que anticipaban algunas previsiones a comienzos del ejercicio.
La mejora, sin embargo, no significa que el cuarto trimestre vaya a mantener la misma velocidad.
Los economistas esperan una moderación en la recta final de 2026 por el aumento de la incertidumbre geopolítica, la presión energética y el deterioro de algunas expectativas internacionales.
Dicho de otra forma: el dato anual mejora porque los primeros meses fueron mejores, no porque hayan desaparecido los riesgos.
La inflación vuelve a ser el problema
El frente más delicado es el IPC.
Si los precios se mantienen durante el último trimestre cerca de los niveles alcanzados en septiembre, la inflación media del año terminará entre el 3,6% y el 3,7%.
Es una tasa suficientemente elevada como para erosionar poder adquisitivo incluso en una economía que crece.
Y el riesgo está concentrado en un componente especialmente contagioso: la energía.
Una subida sostenida del petróleo se transmite primero a carburantes y transporte, después a logística, industria y costes empresariales y finalmente a una parte de los precios que paga el consumidor.
No toda la inflación procede del crudo, pero el petróleo puede actuar como acelerador.
El límite de los alivios fiscales
El Gobierno ha aprobado medidas fiscales para contener el impacto del encarecimiento energético.
El Consejo General de Economistas considera que esas medidas pueden amortiguar parte del golpe, pero advierte de que no pueden neutralizar de forma indefinida una subida estructural de los costes.
Ese matiz es importante.
Reducir impuestos o aplicar bonificaciones puede evitar que un aumento internacional del precio de la energía llegue íntegro al recibo o al surtidor. Pero si el coste base sigue escalando, el margen fiscal se estrecha y la factura acaba reapareciendo por otra vía: menos ingresos públicos, mayor gasto o precios finales más altos.
Crecer no equivale a sentirse más rico
La distancia entre las cifras macroeconómicas y la percepción de los hogares suele aparecer precisamente en escenarios como este.
Un país puede aumentar su PIB mientras muchas familias sienten que viven peor.
No es una paradoja.
El PIB mide la actividad agregada. La economía doméstica depende de salarios, alquileres, hipotecas, alimentación, transporte, impuestos y ahorro disponible.
Si la producción crece un 2,5% pero determinados costes esenciales lo hacen a un ritmo superior, una parte de la población no percibe el crecimiento como una mejora real.
Por eso la inflación será políticamente tan relevante como el PIB.
El petróleo como variable electoral
El entorno internacional puede convertir la previsión en papel mojado.
El Consejo General de Economistas vincula parte del riesgo a la evolución de los conflictos geopolíticos y al mercado energético.
Si el petróleo se estabiliza, la inflación podría encontrar un techo más manejable.
Si vuelve a escalar, el IPC puede mantenerse alto durante más tiempo y obligar al Gobierno que salga de las elecciones a decidir entre ampliar alivios, aceptar más inflación o ajustar otras partidas.
No es una cuestión abstracta.
Afecta al precio de llenar un depósito, mover mercancías, fabricar productos, climatizar edificios y transportar alimentos.
La buena y la mala noticia
España llega, por tanto, al 7 de octubre con una economía más resistente de lo esperado y una factura de precios más persistente de lo deseable.
La revisión del PIB al 2,5% es una señal positiva.
La revisión del IPC hasta el 3,7% es una advertencia.
Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo.
Y el dato que acabará importando políticamente no será solo cuánto crece la economía española, sino cuánto de ese crecimiento llega al bolsillo después de pagar vivienda, combustible, comida y servicios básicos.
