MADRID | 28 DE OCTUBRE DE 2026, CORTE DE LAS 23:14. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido que las mujeres víctimas acreditadas de violencia de género que estaban separadas o divorciadas y cumplen los requisitos legales de acceso a una pensión de viudedad no deben ver limitada su cuantía a la de una pensión compensatoria previa más baja. La sentencia está fechada el 9 de octubre y su contenido se ha difundido este miércoles a través del Consejo General del Poder Judicial y medios jurídicos. Información atribuida al CGPJ, LegalToday.
Qué cambia y qué no cambia
En el régimen general, el artículo 220.2 de la Ley General de la Seguridad Social contempla una limitación de cuantía en determinadas pensiones de viudedad de personas separadas o divorciadas que percibían una pensión compensatoria. El debate jurídico en este litigio era si dicho límite también debía aplicarse cuando la beneficiaria había sido víctima de violencia de género, situación especialmente protegida por el artículo 220.3.
El Supremo interpreta que esta protección específica tiene un fundamento distinto del mero reemplazo de una pensión compensatoria: pretende atender la situación de especial vulnerabilidad derivada de la violencia sufrida. Por ello, en los supuestos comprendidos por la protección legal, la cuantía de viudedad que corresponda no debe recortarse hasta el importe de una antigua compensatoria inferior. La decisión no significa que cualquier mujer divorciada tenga automáticamente una pensión de viudedad ni que se elimine la acreditación del supuesto de violencia y los requisitos del sistema.
La historia judicial que dio origen a la decisión
Según la reconstrucción de Europa Press, la reclamante se divorció en noviembre de 2020 y se estableció a su favor una pensión compensatoria de 600 euros. Había denunciado malos tratos psicológicos y obtuvo una orden de alejamiento en febrero de 2021.
Tras el fallecimiento de su expareja en febrero de 2022, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoció su pensión de viudedad, pero limitó la cuantía al importe de la pensión compensatoria. La beneficiaria recurrió la reducción.
El Juzgado de lo Social número 6 de Granada estimó su demanda y le reconoció el cobro íntegro. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, revocó la decisión en marzo de 2025. La mujer acudió en casación al Supremo e invocó como contraste otra resolución judicial de Navarra de 2018 que sostenía una interpretación diferente.
El Pleno unifica el criterio con una sentencia mayoritaria
El Supremo estima el recurso, anula la decisión del TSJ andaluz y confirma la sentencia del juzgado granadino. La Sala interpreta la norma de forma literal, sistemática y atendiendo a la voluntad del legislador, incorporando el contexto protector de la violencia de género. Este pronunciamiento establece un criterio relevante para resolver controversias semejantes entre órganos judiciales y para la aplicación administrativa de las prestaciones.
La clave es distinguir derecho de acceso, base de cálculo y límite de cuantía. En el caso analizado el INSS ya había reconocido el derecho a cobrar la viudedad, y la controversia se centraba en la cantidad que la beneficiaria podía percibir.
Dos magistrados discrepan
La sentencia no fue unánime. En un voto particular, la magistrada Luisa María Gómez Garrido y el magistrado Juan Manuel San Cristóbal Villanueva defienden que el límite de la pensión compensatoria debía mantenerse por la literalidad de la regulación general. Entienden que la excepción prevista para víctimas de violencia de género facilita el acceso a la prestación, pero no deroga la regla de cuantía cuando sí existía una compensatoria.
Esa interpretación discrepante no constituye el fallo aplicable del Pleno, pero debe recogerse para explicar con exactitud el debate jurídico. La argumentación mayoritaria es la que resuelve el recurso concreto.
Impacto práctico y precauciones para otras beneficiarias
Las mujeres en circunstancias jurídicas comparables pueden invocar la nueva doctrina en reclamaciones o recursos, pero cada expediente requiere examinar la situación familiar, documentación acreditativa, resolución administrativa previa, fechas, situación de violencia y cálculo de prestación. No corresponde prometer automáticamente atrasos, incrementos concretos o revisión de oficio de todos los expedientes sin una comunicación del INSS o asesoramiento individualizado.
El artículo 220 de la LGSS es el núcleo normativo de la discusión. El fallo difundido el 28 de octubre representa un cambio relevante en la interpretación sobre cuantía, no una reforma del texto legal aprobada este miércoles.
Qué sabemos y qué queda abierto
Confirmado: sentencia del Pleno de lo Social fechada el 9 de octubre y divulgada el 28; estimación del recurso de una beneficiaria de Granada; rechazo a reducir la viudedad al importe de una compensatoria más baja en el supuesto protegido; voto particular de dos magistrados.
Pendiente: número de beneficiarias afectadas, práctica administrativa de aplicación en expedientes de revisión y eventuales criterios futuros del INSS. Las cifras individuales de una pensión futura no pueden deducirse de un caso concreto.
Fotografía: fachada auténtica del Tribunal Supremo en Madrid, tomada por Cberbell en enero de 2008, archivo histórico con licencia CC BY-SA 3.0. No muestra la vista judicial ni a la beneficiaria. Fotografía y licencia.
Fuentes: Comunicado del CGPJ reproducido por LegalToday, 28-O · Europa Press, 17:28.
