Ceuta abre otro frente: Gobierno y Senado ya disputab en los tribunales quién puede obligar a los ministros a comparecer

HALLAZGOS PRINCIPALES

• La Abogacía del Estado solicita al Supremo que desestime el recurso promovido para forzar las comparecencias de Marlaska, Robles y Albares en el Senado y pide condena en costas.
• El Gobierno sostiene que el conflicto no corresponde al Supremo porque enfrenta a órganos constitucionales y debe resolverse por la vía específica del Tribunal Constitucional.
• El Supremo ya rechazó en agosto la medida cautelarísima que pretendía obligar a los ministros a acudir de forma inmediata, al no apreciar la urgencia excepcional exigida para esa decisión provisional.
• El Senado aprobó el 9 de septiembre, por 146 votos a favor, 91 en contra y 16 abstenciones, plantear un conflicto de atribuciones con el Gobierno por las incomparecencias de los ministros en sesiones extraordinarias de agosto.
• El artículo 110.1 de la Constitución establece que las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de miembros del Gobierno; el Ejecutivo contrapone que la responsabilidad política solidaria del Gobierno se ejerce ante el Congreso conforme al artículo 108.
• Marlaska, Robles y Albares sí comparecieron posteriormente, a petición propia, en las correspondientes comisiones del Congreso para informar sobre Ceuta. La disputa no es por ausencia absoluta de explicaciones, sino por si el Gobierno puede escoger la Cámara y el momento en que comparece.

La Abogacía del Estado pide al Tribunal Supremo que desestime el recurso con el que el PP intentó obligar a Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares a comparecer en el Senado por la crisis de Ceuta. En paralelo, el Pleno de la Cámara Alta ha aprobado formalmente un conflicto de atribuciones contra el Gobierno que puede terminar ante el Tribunal Constitucional. El fondo ya no es solo político: está en juego hasta dónde alcanza la potestad constitucional de las Cámaras para reclamar la presencia de los ministros.

NEIL FERNÁNDEZ · EL ESTÁNDAR · MADRID / CEUTA · 14 SEP 2026

La crisis de Ceuta ya no enfrenta únicamente versiones sobre los avisos previos, los fallos de coordinación o la responsabilidad política del 30-J. Ha abierto un conflicto distinto y más profundo: una disputa entre el Gobierno y el Senado sobre quién puede obligar a los ministros a rendir cuentas, en qué Cámara y bajo qué procedimiento.

La ++Abogacía del Estado ha pedido este 14 de septiembre al Tribunal Supremo++ que desestime el recurso promovido por el Partido Popular para forzar las comparecencias de los ministros de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores —Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares— en el Senado por la gestión de la crisis. La representación del Gobierno pide además la condena en costas y sostiene que la controversia planteada no corresponde a la jurisdicción del Supremo porque, en su criterio, se trata de un conflicto entre órganos constitucionales.

La formulación es importante. Moncloa no ha llevado el asunto al Supremo: fue el PP quien acudió al alto tribunal después de que los ministros no asistieran a las sesiones extraordinarias de agosto. Lo nuevo es que el Gobierno ya ha fijado formalmente su posición procesal: considera que la mayoría del Senado intenta imponer las comparecencias en sus propios términos y que esa pretensión desborda la vía elegida.

Cuatro convocatorias en agosto y tres ministros que no acudieron

El origen inmediato del choque está en las sesiones extraordinarias convocadas por el Senado los días 12, 13, 17 y 20 de agosto. La Cámara Alta había reclamado la presencia de los titulares de Interior, Defensa y Exteriores para explicar la respuesta del Estado tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Los ministros no comparecieron en esas sesiones.

El Gobierno optó por otra vía. El 7 de agosto anunció oficialmente que solicitaría, a petición propia y en periodo extraordinario, las comparecencias de Marlaska, Robles, Albares y Félix Bolaños en el Congreso. ++Moncloa justificó esas comparecencias++ como el mecanismo para dar cuenta de la gestión de los distintos departamentos afectados por Ceuta.

Y esas comparecencias se celebraron. ++Margarita Robles compareció ante la Comisión de Defensa del Congreso el 25 de agosto++. ++Marlaska lo hizo ante la Comisión de Interior el 28 de agosto++, y ++Albares compareció ese mismo día ante Exteriores++. Por eso el conflicto no puede describirse con rigor como una negativa absoluta del Ejecutivo a explicar Ceuta. El punto constitucional es otro: si el Gobierno puede decidir que esas explicaciones se produzcan en el Congreso cuando el Senado ha reclamado formalmente la presencia de los mismos ministros.

El artículo 110: la frase de la Constitución que está en el centro

La mayoría del Senado apoya su reclamación en una frase muy concreta de la Constitución. El artículo 110.1 establece que ++«las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno»++. Es una potestad expresa y no se limita al Congreso.

El Ejecutivo tiene, sin embargo, otro argumento constitucional. El artículo 108 dispone que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Esa diferencia —control parlamentario de ambas Cámaras frente a responsabilidad política formal ante el Congreso— es el espacio en el que se ha instalado la disputa.

La cuestión no es académica. Si el Senado puede reclamar a un ministro y esa reclamación produce una obligación de comparecer en la fecha y formato establecidos por la Cámara, la capacidad de control de la Cámara Alta es materialmente exigible. Si, por el contrario, el Gobierno puede satisfacer su deber de explicación compareciendo en el Congreso y negociar o rechazar el formato senatorial, el margen del Ejecutivo es mucho mayor. El Supremo y, previsiblemente, el Tribunal Constitucional tendrán que delimitar esas fronteras si las dos vías abiertas llegan hasta el fondo.

El Supremo ya rechazó la urgencia; ahora debe decidir si entra en el fondo

El primer movimiento judicial del PP buscó una respuesta inmediata. El partido pidió al Supremo una medida cautelarísima para obligar a los ministros a comparecer de forma urgente. El alto tribunal rechazó esa petición provisional al entender que no se había acreditado una urgencia excepcional que justificara adoptar una medida sin escuchar previamente a la otra parte.

Ese rechazo no resolvió el fondo. Ahora la Abogacía del Estado pide la desestimación definitiva y plantea además una cuestión de competencia: sostiene que el Supremo no debe convertirse en árbitro de una pugna constitucional entre el Ejecutivo y una de las Cámaras, porque existe una vía específica para ese tipo de conflictos.

El Senado abre una segunda vía: conflicto de atribuciones

Mientras el recurso del PP seguía su curso, el Senado institucionalizó la disputa. El ++Pleno del 9 de septiembre aprobó por 146 votos a favor, 91 en contra y 16 abstenciones++ plantear un conflicto de atribuciones entre la Cámara Alta y el Gobierno.

El acuerdo no se limita a una protesta política. El Senado sostiene que la incomparecencia en las sesiones extraordinarias de agosto vulneró su función constitucional de control y cita expresamente los artículos 66.2, 73.2 y 110.1 de la Constitución, además de los artículos 66 y 70 de su Reglamento. El ++Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el acuerdo++ dentro del apartado dedicado al conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional.

El procedimiento tiene pasos definidos. El artículo 188 del Reglamento del Senado permite que el Pleno plantee el conflicto. Y el ++artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional++ establece que, cuando un órgano constitucional considera que otro ha asumido indebidamente atribuciones propias, debe requerirle primero para que rectifique. Si el órgano requerido mantiene su posición o no rectifica dentro del plazo legal, el conflicto puede formalizarse ante el Tribunal Constitucional.

Eso significa que Ceuta está generando dos carriles jurídicos distintos. Uno está en el Supremo y nació de la iniciativa del PP para forzar las comparecencias. El otro nace del propio Senado como órgano constitucional y se dirige, si no hay rectificación, hacia el Tribunal Constitucional. Mezclarlos sería un error; entender que ambos discuten el mismo problema político, no.

La batalla por las comparecencias se superpone a la batalla por los documentos

El conflicto llega después de semanas en las que el centro de la discusión sobre Ceuta ha sido quién sabía qué y cuándo. ++El Estándar reconstruyó la cadena de avisos previos que sitúa a Presidencia en el centro del Sistema de Seguridad Nacional++ y ha documentado también ++las diferencias entre Interior y el informe del CENIF++. La controversia parlamentaria es la siguiente capa: no qué información existía, sino ante qué Cámara deben responder políticamente los ministros por su gestión.

Además, Ceuta ya está atravesando una fase judicial en otros frentes. ++La Audiencia Nacional investiga el 30-J++ y este mismo 14 de septiembre María Tardón ha pedido al Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta que valore remitir la causa abierta por las querellas contra el delegado del Gobierno. La acumulación de procedimientos no convierte todos los debates políticos en ilícitos; sí demuestra que la crisis ya desborda con mucho el terreno de la gestión administrativa ordinaria.

El argumento del Gobierno: compareció, pero en el Congreso

La defensa política del Ejecutivo tiene un hecho a su favor que cualquier análisis serio debe incorporar: los ministros sí rindieron cuentas públicamente sobre Ceuta. Robles, Marlaska y Albares comparecieron en el Congreso durante la última semana de agosto, con sesiones de varias horas, preguntas de los grupos y diario de sesiones íntegro.

La Abogacía utiliza ese contexto para sostener que el PP pretende convertir el control parlamentario en una facultad para imponer comparecencias en términos concretos elegidos por su mayoría en el Senado. Desde esa óptica, la cuestión no es si el Gobierno debe rendir cuentas, sino si una Cámara puede exigir simultáneamente que lo haga allí cuando el Ejecutivo ya ha articulado sus comparecencias en la otra.

El contraargumento del Senado es igualmente directo: el artículo 110 no dice que solo el Congreso pueda reclamar ministros. Habla de «las Cámaras y sus Comisiones». Si esa potestad pudiera satisfacerse unilateralmente mediante una comparecencia en otra Cámara, la capacidad de control del Senado quedaría condicionada por la voluntad del Ejecutivo. Ese es precisamente el conflicto que la mayoría de la Cámara Alta pretende llevar hasta sus últimas consecuencias constitucionales.

No es una cuestión menor: existe precedente constitucional

El Tribunal Constitucional ya ha tenido que resolver conflictos sobre comparecencias gubernamentales. En 2018, la ++STC 124/2018++ examinó el rechazo de un Gobierno en funciones a someterse al control del Congreso. El tribunal reconoció la relevancia constitucional del control parlamentario y recordó que la vía de conflicto entre órganos tiene reglas propias.

Ese precedente no resuelve automáticamente Ceuta. Las circunstancias son diferentes: ahora no se discute un Gobierno en funciones ni una ausencia total de control parlamentario, sino el alcance de la capacidad del Senado para reclamar a ministros que ya han comparecido en el Congreso. Pero demuestra que este tipo de choque no es una simple pelea partidista: puede convertirse en una decisión constitucional sobre el reparto real de poder entre Gobierno y Cortes.

Ceuta acumula ya cuatro niveles de responsabilidad

Cuarenta y seis días después del 30-J, el expediente tiene al menos cuatro planos distintos. El operativo: qué hicieron Policía, Guardia Civil, Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia. El político: qué decisiones tomó el Gobierno y con qué información. El penal: qué investiga la Audiencia Nacional sobre la organización y facilitación de la entrada. Y ahora el constitucional: qué capacidad tiene el Senado para obligar a miembros del Ejecutivo a comparecer ante sus comisiones.

Cada plano exige un estándar diferente de prueba. La existencia de un conflicto constitucional no demuestra responsabilidad penal. Una investigación judicial no convierte automáticamente una mala decisión política en delito. Y la comparecencia de un ministro en el Congreso no determina por sí sola si podía legítimamente ignorar una citación del Senado. El rigor exige mantener esas capas separadas.

La pregunta ya no es si habrá explicaciones, sino quién puede exigirlas

El Gobierno ha comparecido. El Senado sostiene que no lo ha hecho donde debía hacerlo cuando fue formalmente reclamado. El PP acudió al Supremo. La Abogacía pide que el Supremo se aparte y desestime el recurso. La Cámara Alta ha activado, además, el procedimiento de conflicto de atribuciones que puede terminar en el Constitucional.

Ese encadenamiento convierte a Ceuta en algo más que una crisis fronteriza. La gestión del 30-J está obligando al Estado a discutir no solo qué ocurrió en la frontera, sino cómo se controla políticamente al Ejecutivo cuando las dos Cámaras quieren respuestas y el Gobierno decide priorizar una de ellas.

El nuevo frente de Ceuta ya no está en el Tarajal. Está en la arquitectura constitucional del Estado.