Antes del 11-M, antes del 30-J: España volvió a recibir alertas y volvió a llegar tarde
Veintidós años separan los atentados de Madrid y la crisis de Ceuta, y no hay pruebas de que respondan a una misma operación. Sí existe, en cambio, un patrón institucional documentable: amenazas que crecen a la vista del Estado, información fragmentada entre organismos, respuestas que no escalan a tiempo y una relación con Marruecos que después de cada crisis adquiere todavía más peso.
HALLAZGOS PRINCIPALES
- La Comisión parlamentaria del 11-M documentó una infravaloración previa de la amenaza islamista, falta de coordinación policial, descontrol de explosivos, descoordinación financiera e insuficiencia de medios.
- La UCIE advirtió el 28 de noviembre de 2003 de que España figuraba ya como objetivo declarado de Al Qaeda y podía ser atacada en fechas próximas.
- El juez Juan del Olmo dejó constancia en junio de 2004 de que Policía y Guardia Civil no habían tenido conocimiento de datos operativos que hubieran permitido impedir específicamente el 11-M.
- Antes del 30-J de 2026 existieron avisos por distintos circuitos: comunicaciones de Ceuta, notas del CENIF, una alerta del CNI y reporting sobre un aviso militar previo; Moncloa discute que anticiparan la escala final.
- La situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta no fue declarada hasta el 25 de agosto, 29 días después de la primera advertencia que el Gobierno ceutí sitúa el 27 de julio.
- En 2009 Marruecos forzó la retirada de responsables del CNI de Nador y Tetuán; en paralelo, España profundizó después la cooperación policial y antiterrorista con Rabat.
- Las acusaciones de Villarejo sobre una supuesta participación de servicios franceses y marroquíes en el 11-M existen, pero fueron rechazadas por la Audiencia Nacional y la Fiscalía por falta de verosimilitud y no constituyen prueba.
QUÉ SABEMOS
- Antes del 11-M existieron alertas estratégicas claras sobre el aumento del riesgo yihadista en España.
- Antes del 11-M existieron alertas estratégicas claras sobre el aumento del riesgo yihadista en España."
- No existe prueba judicial de que el PSOE, Marruecos o Francia dirigieran o permitieran deliberadamente el 11-M.
- Antes del 30-J existieron señales en varios circuitos del Estado y una petición pública y reiterada de Ceuta para elevar la respuesta.
- El Gobierno central reconoce contactos y avisos, pero sostiene que ninguno predijo la magnitud de la entrada masiva.
- La cooperación policial, antiterrorista y de inteligencia entre España y Marruecos es profunda y está institucionalizada desde hace décadas.
- Marruecos ha limitado en distintos momentos el despliegue del CNI en su territorio, mientras España ha incrementado su dependencia de la cooperación bilateral.
QUÉ NO SABEMOS
- Qué contenían exactamente todos los informes que el Gobierno ha anunciado que desclasificará el 8 de septiembre de 2026 y quién recibió cada producto antes del 30-J.
- Si existió una alerta operativa específica antes del 11-M que describiera el atentado concreto; la investigación judicial conocida sostuvo que no.
- La dimensión completa de la actividad de inteligencia marroquí en España ni si existe una red jerárquica única.
- La autoría intelectual estatal del 30-J; Interior sostiene que no existe prueba concluyente que la atribuya al Gobierno marroquí.
- No está acreditado que las vacaciones de responsables políticos expliquen la respuesta previa al 30-J.
Neil Fernández · El Estándar · Madrid/Ceuta · 8 de septiembre de 2026
Veintidós años separan el 11 de marzo de 2004 del 30 de julio de 2026. Uno fue el atentado terrorista más letal cometido en España; el otro, una entrada masiva y simultánea que desbordó durante semanas las capacidades ordinarias de Ceuta y obligó al Gobierno a declarar finalmente una situación de interés para la Seguridad Nacional.
No son el mismo acontecimiento. No hay pruebas que permitan afirmar que respondan a una misma operación, a un mismo mando o a una misma autoría. Pero colocados uno junto al otro revelan una pregunta que España ya no debería esquivar: ¿por qué dos de las mayores crisis de seguridad de nuestra historia reciente estuvieron precedidas por señales que el Estado no consiguió convertir a tiempo en una respuesta proporcional?
La comparación no parte de una teoría conspirativa. Parte de documentos.
En 2005, la Comisión de Investigación del Congreso sobre el 11-M tituló algunos de sus apartados con expresiones que hoy resultan incómodamente familiares: “infravaloración de la amenaza”, “descontrol de los explosivos y falta de coordinación policial”, “descoordinación” en la información sobre financiación terrorista e “insuficiencia de medios para una respuesta eficaz”.
En 2026, el expediente de Ceuta vuelve a girar alrededor de palabras parecidas: aviso, clasificación, distribución, coordinación, umbral de riesgo y tiempo de respuesta.
La historia no demuestra una conspiración. Demuestra algo que para un Estado debería ser suficientemente grave por sí solo: un problema recurrente de alerta temprana y fusión de inteligencia.
Y Marruecos aparece, en ambos momentos, no como una respuesta automática a todas las preguntas, sino como una variable estratégica imposible de eliminar de la ecuación.
2003: España ya había recibido la advertencia
El 16 de mayo de 2003, Casablanca sufrió una cadena de atentados suicidas. Entre los objetivos se encontraba la Casa de España. Murieron 45 personas, incluidos cuatro españoles.
La relevancia del episodio para Madrid fue inmediata. La Comisión del 11-M dedicaría después un apartado específico al “aviso de Casablanca”.
No fue la única señal.
El 28 de noviembre de 2003, la Unidad Central de Información Exterior de la Policía Nacional elaboró un análisis cuyo contenido quedó después incorporado al debate parlamentario. Su conclusión era inequívoca: España figuraba ya como objetivo declarado de Al Qaeda y podía sufrir un atentado en territorio nacional o contra intereses españoles en el exterior “en fechas próximas”.
En diciembre, Europol añadió el apoyo español a la guerra de Irak como factor adicional de riesgo. En enero de 2004, la Directiva de Inteligencia española incorporó por primera vez el terrorismo islamista radical entre las prioridades del CNI y recomendó reforzar acciones preventivas y operaciones de inteligencia.
El problema, por tanto, no fue una ausencia total de advertencias.
El problema fue qué hizo el sistema con ellas.
Lo que el Congreso acabó reconociendo
El dictamen aprobado por el Congreso en julio de 2005 no necesita interpretación creativa.
Su índice contiene una radiografía del fallo preventivo:
las investigaciones sobre islamistas radicales y la infravaloración de la amenaza;
el descontrol de los explosivos y la falta de coordinación policial;
la descoordinación sobre las fuentes de financiación;
y la insuficiencia de medios para una respuesta eficaz.
Eso no significa que el Gobierno de José María Aznar conociera el plan concreto del 11-M y decidiera dejarlo ocurrir.
De hecho, el juez Juan del Olmo dejó constancia en junio de 2004 de que, conforme a lo investigado entonces, ni Policía ni Guardia Civil habían tenido conocimiento de datos que hubieran permitido impedir específicamente la comisión del atentado.
Ésta es una distinción esencial.
Alerta estratégica no es lo mismo que inteligencia operativa.
España sabía que el riesgo había aumentado. Sabía que el terrorismo yihadista había adquirido una dimensión regional. Tenía individuos y redes bajo investigación. Tenía problemas conocidos alrededor de explosivos y confidentes. Pero no aparece en la resolución judicial conocida un aviso que dijera dónde, cuándo y cómo iban a atacar los trenes de Madrid.
El fracaso real fue más estructural: las piezas existían, pero no formaron a tiempo una imagen operacional suficiente.
2026: Ceuta vuelve a preguntar quién estaba fusionando las señales
El 30-J reproduce ese problema bajo otra forma.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, mantiene que desde el 27 de julio trasladó al Estado que la ciudad había entrado en una zona de alto riesgo. Según su reconstrucción, pidió una respuesta extraordinaria, más medios, coordinación nacional y un mando único.
Moncloa reconoce los contactos, pero rechaza la interpretación de que recibiera una advertencia capaz de anticipar una entrada de la escala finalmente registrada.
La controversia no termina ahí.
El expediente público reúne ya varias señales independientes.
El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras emitió notas los días 28 y 29 de julio. El CNI comunicó el 29-J una convocatoria para entrar a nado. El Estándar ha reconstruido además reporting que sitúa el 27 de julio una advertencia de alta probabilidad en el circuito militar REW 32–CIFAS.
El Gobierno discute que cualquiera de esos documentos anticipase una ruptura del tamaño del 30-J.
Pero ésa no es la única pregunta relevante.
La pregunta de un sistema de alerta es otra:
¿qué ocurre cuando varias fuentes diferentes detectan simultáneamente que la normalidad está degradándose?
Un sistema de inteligencia no debería necesitar que una sola fuente prediga con exactitud matemática el acontecimiento futuro. Su función es fusionar indicios parciales y decidir si, juntos, justifican elevar la postura de seguridad.
Eso es precisamente lo que hoy sigue sin estar completamente explicado.
29 días después, el Estado terminó usando una herramienta extraordinaria
El 25 de agosto, el Gobierno aprobó el Real Decreto 681/2026 y declaró Ceuta situación de interés para la Seguridad Nacional.
El propio texto reconoce que la presencia de un elevado número de personas tras la afluencia masiva estaba alterando el funcionamiento ordinario de las administraciones y superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana, hasta el punto de requerir una intervención coordinada de recursos estatales y locales.
Entre la primera alerta que Vivas sitúa el 27 de julio y aquella declaración transcurrieron 29 días.
Esto no demuestra que jurídicamente fuese obligatorio declarar Seguridad Nacional el 27 de julio.
Sí permite otra conclusión: la necesidad de una coordinación extraordinaria que Ceuta venía reclamando acabó siendo reconocida formalmente por el Estado después del colapso.
Y más de un mes después del 30-J, la crisis todavía no puede describirse como completamente resuelta. El propio real decreto prevé que la situación pueda extenderse hasta el 31 de diciembre.
Dos crisis y el mismo interrogante
Aquí aparece la similitud que merece una investigación histórica.
Antes del 11-M:
amenaza creciente
→ informes de riesgo
→ redes bajo vigilancia
→ información dispersa
→ problemas de coordinación
→ atentado
→ comisión de investigación
→ reforma de mecanismos de inteligencia y antiterrorismo.
Antes del 30-J:
presión creciente
→ advertencias territoriales
→ notas policiales
→ información del CNI
→ señales militares reportadas
→ disputa sobre su valoración y distribución
→ colapso
→ situación de Seguridad Nacional
→ desclasificación posterior de informes.
La semejanza no demuestra que exista el mismo autor.
Demuestra que España vuelve a tener que explicar cómo funciona su mecanismo para convertir información en decisión.
Ésta es una cuestión de responsabilidad gubernamental independientemente de quién organizara el 30-J.
Si un Gobierno recibe señales, debe valorarlas.
Si varios organismos poseen fragmentos, debe existir un lugar donde esos fragmentos se unan.
Si una autoridad territorial reclama una escalada de respuesta, esa petición debe dejar rastro: recepción, evaluación, decisión y motivación.
Y si la decisión final resulta errónea, la responsabilidad política no desaparece porque la predicción previa no contuviera el número exacto de personas que iban a cruzar.
Marruecos: socio indispensable y problema de contrainteligencia
La comparación se vuelve todavía más delicada al incorporar Marruecos.
Después del 11-M, España profundizó extraordinariamente la cooperación antiterrorista con Rabat.
José Luis Rodríguez Zapatero eligió Marruecos para su primera visita oficial como presidente y situó seguridad y lucha contra el terrorismo internacional entre los ejes centrales de la nueva etapa bilateral.
Aquella decisión tenía una lógica evidente: Casablanca había demostrado la dimensión regional del terrorismo y las redes investigadas en España tenían conexiones humanas, familiares y operativas con el Magreb.
Pero la cooperación creó también una paradoja.
España necesitaba más información de Marruecos mientras Marruecos mantenía sus propios intereses de inteligencia sobre España.
Y esa asimetría se hizo visible años después.
En marzo de 2009, Rabat exigió la salida del jefe de la antena del CNI en Nador. Pocos meses después, fuentes diplomáticas describían presiones marroquíes que llevaron al cierre de la antena española de Tetuán. En 2010, Rabat expulsó a otros agentes españoles con cobertura diplomática, según información publicada posteriormente.
Al mismo tiempo, la cooperación institucional avanzaba.
El acuerdo bilateral de cooperación policial transfronteriza de 2010 creó centros conjuntos, equipos de trabajo, intercambio sistemático de información y mecanismos regulares de coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil, DGSN y Gendarmería Real.
No hay contradicción en esos dos procesos.
Los servicios de inteligencia cooperan y compiten simultáneamente.
Pero para España sí aparece una cuestión estratégica: cuanto mayor sea la dependencia de la información que proporciona Rabat, más importante es conservar capacidad propia e independiente dentro de Marruecos.
La reducción del despliegue español en el norte marroquí durante aquellos años no prueba que un Gobierno español entregara deliberadamente su inteligencia a Rabat.
Prueba algo más concreto: Marruecos pudo limitar presencia del CNI en zonas especialmente sensibles mientras la cooperación bilateral continuaba profundizándose.
Eso merece ser recordado ahora.
De 2021 a 2026: cuando la cooperación también puede convertirse en palanca
La crisis de Ceuta de mayo de 2021 añadió otro elemento.
El Parlamento Europeo rechazó expresamente el uso del control fronterizo, la migración y los menores como instrumento de presión política contra España.
Por primera vez, una institución europea dejó escrito el riesgo fundamental de la interdependencia.
Marruecos no sólo coopera con España para frenar amenazas antes de que lleguen a nuestra frontera.
También controla una capacidad cuya reducción puede producir presión inmediata sobre territorio español.
Eso convierte la relación en algo más complejo que una alianza de seguridad.
Es una relación de dependencia mutua, pero asimétrica en determinadas materias.
En julio de 2026, menos de un mes antes del 30-J, el máximo responsable del polo policial y de inteligencia marroquí recibió en Rabat al jefe de Información de la Guardia Civil española. La reunión fue presentada públicamente como una demostración del alto nivel de cooperación contra terrorismo y criminalidad transnacional.
La reunión no prueba que Rabat conociera o preparara el 30-J.
Pero hace inevitable otra pregunta:
si el intercambio era tan profundo, qué información circuló durante las semanas inmediatamente anteriores a la crisis y qué información no circuló.
Villarejo: una acusación grave no es una prueba
Existe además un elemento que forma parte del debate público y no debe ocultarse.
José Manuel Villarejo ha acusado reiteradamente a los servicios de inteligencia franceses y marroquíes de haber participado en la organización del 11-M.
Es una acusación extraordinariamente grave formulada por un antiguo comisario con décadas de acceso a información policial.
Pero el estatus probatorio debe quedar exactamente definido.
En 2019, cuando Villarejo trasladó esa teoría a la Audiencia Nacional, la Fiscalía y el órgano judicial rechazaron reabrir el caso sobre esa base. Las afirmaciones fueron consideradas carentes de verosimilitud suficiente y apoyadas en juicios de valor, no en una prueba capaz de modificar la verdad judicial establecida.
Por tanto, Villarejo puede ser citado como autor de una acusación. No puede ser utilizado como prueba de la autoría marroquí del 11-M.
La diferencia es fundamental.
La investigación periodística seria no consiste en silenciar hipótesis incómodas.
Consiste en someterlas al mismo estándar que cualquier otra.
Si Villarejo posee documentación primaria —grabaciones originales, órdenes, comunicaciones internacionales, partes de servicio, identificación de agentes, movimientos bancarios o informes autenticados— esa documentación debe examinarse.
Hasta entonces, su relato continúa siendo una alegación rechazada judicialmente.
El PSOE y Marruecos: continuidad política sí; conspiración, no demostrada
También aquí hay que separar hechos.
El programa electoral socialista de febrero de 2004 ya proponía antes del 11-M recuperar el peso de la política mediterránea y reforzar la cooperación con el Magreb.
Por tanto, es incorrecto sostener que el atentado creó desde cero la política marroquí de Zapatero.
Lo que hizo el 11-M fue alterar el contexto político español de manera extraordinaria.
El PSOE ganó las elecciones tres días después. El estudio postelectoral del CIS muestra que el atentado influyó de forma importante en una parte del electorado: un 10,6 % declaró haber decidido finalmente qué partido votar después del 11-M y un 21,5 % dijo que el atentado había influido mucho o bastante en su voto.
Eso es un hecho.
Que el beneficiario electoral del atentado hubiera participado en su preparación es otra afirmación completamente diferente y no está demostrada.
Después de llegar al poder, Zapatero ejecutó rápidamente una orientación internacional que ya aparecía en su programa: retirada de Irak, prioridad mediterránea y recomposición con Marruecos.
José Bono, como ministro de Defensa, pasó también a participar en aquella nueva relación institucional y militar con Rabat.
Todo eso merece investigación histórica.
Pero una secuencia política favorable no sustituye a la prueba de una conspiración.
La responsabilidad del Gobierno actual no depende de demostrar quién estaba detrás del 30-J
El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que ninguno de los informes recibidos anticipó la magnitud de lo ocurrido.
Interior sostiene además que no existe en este momento una prueba concluyente que permita atribuir la autoría intelectual del 30-J al Gobierno marroquí.
El Estándar mantiene esas dos afirmaciones separadas de una tercera:
la gestión española de la alerta es evaluable aunque la autoría externa siga sin resolverse.
Si Ceuta alertó de un deterioro excepcional;
si CENIF produjo notas;
si el CNI detectó convocatorias;
si existió una alerta militar previa;
y si ninguna de esas señales produjo a tiempo una postura estatal proporcional a lo que terminó ocurriendo,
entonces hay una responsabilidad institucional que debe analizarse independientemente de Rabat.
No hemos encontrado documentación primaria que permita afirmar que esa respuesta se debió a que responsables gubernamentales estuviesen de vacaciones. No lo publicamos como hecho.
Lo que sí está documentado es más importante: las señales existieron y la respuesta extraordinaria llegó después del colapso.
Hoy el Gobierno promete abrir los informes
Este 8 de septiembre, el Gobierno ha anunciado que desclasificará los informes sobre Ceuta recibidos entre el 1 de julio y el 1 de agosto.
Es la decisión correcta.
Y convierte esta investigación en verificable.
Cuando esos documentos sean públicos, las preguntas deben ser simples:
¿qué fecha tiene cada informe?
¿qué nivel de riesgo asigna?
¿quién lo recibió?
¿cuándo lo recibió?
¿qué recomendación contenía?
¿qué decisión produjo?
¿qué organismo tenía simultáneamente las otras señales?
No necesitamos adjetivos para evaluar lo ocurrido.
Necesitamos timestamps.
El patrón que España debe romper
Veintidós años después del 11-M, el problema más preocupante no es que la historia se repita exactamente.
Es que determinadas vulnerabilidades institucionales parecen sobrevivir a gobiernos, reformas y cambios de nombre.
Antes del 11-M, la amenaza estaba creciendo y el Estado no consiguió integrar a tiempo toda la información disponible.
Antes del 30-J, varias señales volvieron a circular por circuitos distintos y España vuelve a discutir quién sabía qué, cuándo lo sabía y por qué no se elevó antes la respuesta.
Marruecos atraviesa ambos periodos porque es simultáneamente vecino, socio de seguridad, origen de una parte crítica de la información antiterrorista, controlador de la frontera exterior y actor con intereses propios sobre Ceuta, Melilla y el Sáhara.
Ése es el problema estratégico.
No hace falta afirmar que Rabat dirige cada crisis española.
Hace falta garantizar que España pueda detectar, evaluar y responder a una crisis aunque Rabat no coopere.
Y no hace falta demostrar una conspiración partidaria para exigir responsabilidad política.
Un Gobierno español debe disponer de inteligencia propia, mecanismos de fusión, cadena de mando clara y capacidad preventiva suficiente para defender España incluso cuando su socio del sur tenga intereses diferentes.
El 11-M dejó una lección escrita en una comisión parlamentaria.
El 30-J ha vuelto a formular la misma pregunta.
La diferencia entre una alerta y una tragedia —o entre una advertencia y un colapso— no está sólo en la información disponible. Está en lo que el Estado decide hacer con ella.