Tres convenios, tres ejercicios y un máximo de 575.000 euros de dinero público comprometido para alojamiento y ayudas sociales. La documentación oficial de Melilla permite reconstruir una serie de subvenciones nominativas concedidas a la Asociación Badr para el programa Hábitat entre 2021 y 2023. Los importes publicados fueron de 175.000 euros en 2021, 200.000 en 2022 y otros 200.000 en 2023.
La investigación de El Estándar cruza los anuncios originales del Boletín Oficial de Melilla (BOME), las cláusulas de los convenios y los registros políticos de la época. Una cuestión emerge de ese cruce: qué mecanismos de control documentaban la ayuda a las familias vulnerables y cuáles eran las obligaciones de justificación de cada subvención.
La mera existencia de estas ayudas no es una irregularidad. Las subvenciones nominativas están contempladas en la Ley General de Subvenciones, y el destino declarado —prevenir la exclusión residencial— responde a un fin social legítimo. Tampoco existen pruebas en el material examinado de que el dinero acabara financiando a un partido político o se destinara a actividades ajenas al programa. Las preguntas surgen de la trazabilidad exigida a cualquier entidad beneficiaria de fondos públicos.
2021, 2022 y 2023: las tres cantidades y sus expedientes
El convenio de 2021, publicado en el BOME del 14 de mayo, preveía 175.000 euros de aportación de la Ciudad Autónoma. El expediente vincula la financiación a actividades de alojamiento temporal, mediación, apoyo y ayudas sociales para familias y colectivos en riesgo de exclusión.
El 9 de septiembre de 2022, el BOME publicó otro convenio para el mismo programa, ahora por 200.000 euros. Su objeto incluía actuaciones de orientación para la inclusión social, ayudas para alquileres y suministros, prospección inmobiliaria, mediación residencial y acciones de seguimiento.
El 18 de abril de 2023 se publicó la tercera anualidad, también por 200.000 euros, registrada con el número CON2300082. La firma se había formalizado el 14 de abril. El documento recoge la partida presupuestaria y las obligaciones de ambas partes.
La suma de los máximos consignados en estos tres convenios es 575.000 euros. Es importante la precisión: importe autorizado o comprometido en convenios no es sinónimo de gasto finalmente ejecutado y correctamente justificado. Las cuentas justificativas, las certificaciones de gasto y, en su caso, los acuerdos de reintegro son documentos distintos de la publicación inicial.
Una ficha de contratación pública abierta permite identificar además un convenio de 40.000 euros publicado en 2015 para otro proyecto de la asociación correspondiente a 2014. Si se suman ambas líneas, la relación de convenios localizados alcanza 615.000 euros, pero no debe mezclarse el proyecto de 2014 con las tres anualidades de Hábitat.
La firma del consejero y su condición de candidato de CpM
Los documentos de 2022 y 2023 identifican a Mohamed Ahmed Al Lal como consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana que suscribió la colaboración en representación de la Ciudad Autónoma. Su condición institucional está expresamente recogida en el boletín.
Una fuente diferente, la proclamación oficial de candidaturas de Melilla para las elecciones de 2023, sitúa a Mohamed Ahmed Al Lal en el número 3 de la lista de Coalición por Melilla (CpM).
El cruce establece una relación política e institucional verificable: el responsable público que firmó el convenio de 2023 figuraba en una candidatura de CpM. Eso no significa que el partido recibiera los fondos; los convenios identifican como beneficiaria a la Asociación Badr y como destino un programa social.
Esta diferencia es decisiva. Una ayuda aprobada por un gobierno donde participa un partido no se transforma en financiación de ese partido por la afiliación de un consejero. Para investigar desviaciones harían falta movimientos económicos, facturas, proveedores o resoluciones que establezcan conexiones reales.
Cómo podía pagarse el dinero: anticipo íntegro y obligaciones posteriores
El convenio de 2023 recoge un mecanismo que merece atención documental. Tras su formalización y los controles previos indicados, la Ciudad debía transferir el 100% de la cuantía prevista mediante un único pago anticipado. El texto lo justifica en las características económicas de la entidad y señala que, por su naturaleza, no se exige una garantía adicional.
Este modelo de pago no es por sí mismo anómalo ni contrario a derecho: la legislación admite anticipos en determinadas subvenciones. Pero desplaza buena parte del control de detalle hacia la fase de justificación y fiscalización posterior.
Por eso la cláusula octava del convenio de 2023 impone una cuenta justificativa, con relación de actividades realizadas, desglose de gastos y documentos de valor probatorio equivalente a facturas. El convenio asigna a la Administración la responsabilidad de supervisar tanto los aspectos técnicos como los económicos.
Para saber cuánto dinero llegó finalmente a los proveedores de alojamiento, cuánto se destinó a personal y qué familias recibieron los servicios no basta consultar el convenio de concesión. Hace falta el expediente de ejecución y la documentación de cierre que corresponda.
El programa Hábitat: qué se ofrecía realmente
No estamos ante una subvención publicada para financiar actividades de culto. La finalidad declarada de las tres anualidades era prevenir situaciones de exclusión social y residencial en Melilla.
El convenio de 2023 describía colectivos como familias afectadas por desahucios, hogares con menores a cargo, personas en situación de calle y jóvenes que hubieran cumplido la mayoría de edad sin una red suficiente de protección. Las actividades podían incluir mediación para el alquiler, asesoramiento, apoyo temporal y pago de plazas de acogida o alternativas habitacionales.
La cifra de beneficiarios no figuraba como una meta numérica cerrada: el documento contemplaba atender a tantas personas como fuese posible hasta agotar el presupuesto solicitado.
Esa formulación tiene una consecuencia para la auditoría pública: el éxito del programa no se puede inferir únicamente del número de euros autorizados. Son relevantes las memorias de actividad, unidades de servicio prestadas y costes ejecutados. Y, por protección de datos, es posible rendir cuentas sobre actividad y gasto sin publicar identidades ni situaciones privadas de las familias beneficiarias.
Una política de convenios que no es exclusiva de una confesión
La naturaleza jurídica y cultural de Badr no autoriza a considerar sospechosa la ayuda por el perfil religioso de la asociación. Los acuerdos del propio Gobierno de Melilla incluyen también colaboraciones con entidades asistenciales de otras tradiciones y organizaciones laicas para actividades sociales.
Los criterios para fiscalizar una subvención deben ser uniformes: finalidad pública, expediente y fundamento normativo, capacidad del beneficiario, prestación realizada, gasto documentado, seguimiento administrativo y, cuando corresponda, reintegro.
El punto de interés público está en el control del dinero y de los resultados, no en la religión de los miembros de una organización ni en la identidad de las personas atendidas.
El límite documental: una cuenta no localizada no significa una cuenta inexistente
El ledger de investigación permitió identificar los tres convenios, sus importes y las obligaciones que describen las normas. Sin embargo, en los documentos públicos consultados no hemos localizado el detalle completo de las cuentas justificativas finales y de todos los proveedores para cada anualidad.
Ese límite exige una formulación precisa: no localizar una cuenta en una fuente abierta no demuestra que Badr no la presentase, ni que la Ciudad la rechazara, ni que el dinero fuera indebidamente utilizado. Los expedientes internos de la Administración pueden contener documentación que no se reproduce en el boletín.
La investigación quedaría materialmente reforzada con las resoluciones de aprobación de justificaciones, el detalle agregado de gastos y beneficiarios sin datos personales, los informes de seguimiento y cualquier procedimiento de reintegro que se hubiera tramitado. Tales documentos permitirían confirmar el coste efectivo del programa y detectar, si las hubiera, discrepancias concretas.
El otro expediente no debe confundirse con éste
El Estándar ha documentado por separado las anomalías de trazabilidad electoral de CpM en las cuentas de 2023. En aquel expediente, el Tribunal de Cuentas cuestionó la acreditación de aportaciones a una campaña y sancionó la falta de colaboración.
Los convenios de Hábitat pertenecen a una relación administrativa distinta, con un beneficiario y objetivos sociales diferentes. A día de hoy no existe prueba pública identificada de que las aportaciones electorales objeto de reparo procedieran de estos convenios. Fundir ambos asuntos sin un asiento bancario, contrato o diligencia que los conecte sería una acusación sin base.
El hecho verificable de esta investigación es suficientemente relevante por sí solo: entre 2021 y 2023 se autorizaron hasta 575.000 euros de subvenciones nominativas para Hábitat, mediante convenios firmados por un responsable que figuró en la candidatura de CpM de 2023, con obligaciones expresas de justificación y seguimiento. El trabajo pendiente es reconstruir documentalmente la ejecución final de los fondos, no atribuirles un destino ilícito por anticipado.
