Uno de los casos más sensibles de la política y la sanidad portuguesa ha dejado la fase de investigación y entra en terreno acusatorio.
El Ministerio Público ha acusado a cuatro personas en el expediente relacionado con la administración del medicamento Zolgensma a dos niñas luso-brasileñas tratadas en el Hospital de Santa Maria.
Entre los acusados aparecen, según la acusación conocida por medios portugueses, Nuno Rebelo de Sousa, hijo del expresidente Marcelo Rebelo de Sousa; António Lacerda Sales, antiguo secretario de Estado Adjunto y de Salud; y Luís Pinheiro, exdirector clínico del Hospital de Santa Maria.
Los tres están acusados de prevaricación en concurso aparente con abuso de poderes.
Daniela Martins, madre de las niñas, está acusada de estafa cualificada en una vertiente diferenciada del caso.
De polémica nacional a acusación
El caso se hizo público en 2023.
La cuestión central era cómo dos niñas con nacionalidad brasileña y portuguesa habían accedido en 2020 a un tratamiento extremadamente costoso con Zolgensma dentro del sistema público.
La aparición de contactos relacionados con el entorno de la Presidencia elevó la controversia de un expediente sanitario a un asunto institucional.
La investigación penal ha tardado años en separar sospechas, hechos y responsabilidades.
Qué dice el Ministerio Público
La nota oficial del DIAP Regional de Lisboa confirma cuatro acusados.
Tres aparecen indiciados, en coautoría, por prevaricación en concurso aparente con abuso de poderes.
Una cuarta persona está acusada de estafa cualificada.
El comunicado oficial no desarrolla toda la prueba.
Medios portugueses que han tenido acceso a la acusación identifican a los cuatro acusados y detallan el reparto de delitos.
El peso del apellido
Nuno Rebelo de Sousa es hijo de Marcelo Rebelo de Sousa, expresidente de la República.
Ese vínculo convirtió el procedimiento en una prueba de resistencia institucional para Portugal.
Pero el parentesco no es el delito.
La cuestión penal es si utilizó influencia de forma jurídicamente relevante para alterar procedimientos o decisiones administrativas.
Eso es lo que tendrá que probar la acusación.
Lacerda Sales y Luís Pinheiro
La presencia de un antiguo secretario de Estado y de un exdirector clínico lleva el expediente al centro de la toma de decisiones sanitaria.
Los procedimientos de acceso a tratamientos de alto coste existen precisamente para garantizar criterios clínicos, administrativos y presupuestarios verificables.
La acusación deberá demostrar qué decisión se adoptó, qué regla se habría vulnerado y qué intervención concreta corresponde a cada acusado.
Dos millones por tratamiento
Zolgensma es una terapia génica utilizada para determinados pacientes con atrofia muscular espinal.
El tratamiento tiene un coste extraordinariamente elevado, situado en torno a los dos millones de euros por paciente en la información pública del caso.
Eso explica por qué cualquier sospecha sobre acceso preferente adquiere dimensión económica y ética.
Pero el precio por sí solo no prueba irregularidad.
La parte archivada también importa
El Ministerio Público ha archivado sospechas relacionadas con la concesión de la nacionalidad portuguesa a las niñas al no apreciar indicios de infracción por parte de los funcionarios implicados.
Este dato es esencial.
Una investigación seria no solo enumera lo que llega a acusación.
También identifica lo que se descarta.
El expediente no ha validado todas las sospechas que circularon durante tres años.
La defensa responde
La defensa de Nuno Rebelo de Sousa ha rechazado la acusación y sostiene que carece de fundamento.
Puede solicitar la apertura de instrucción, una fase en la que un juez examina si existen indicios suficientes para llevar el caso a juicio.
Los otros acusados disponen igualmente de mecanismos de defensa.
La fase acusatoria no es una sentencia.
Qué sabemos
Hay cuatro acusados.
Tres responden por prevaricación en concurso aparente con abuso de poderes.
La cuarta acusación es por estafa cualificada.
La investigación estuvo dirigida por el Ministerio Público con apoyo de la Polícia Judiciária.
Qué no sabemos
No existe condena.
Los acusados pueden impugnar la acusación y pedir control judicial previo al juicio.
Tampoco todas las sospechas iniciales han sobrevivido a la investigación: algunas fueron archivadas.
Fuentes consultadas
- Ministério Público / DIAP Regional de Lisboa, 28 de septiembre de 2026.
- RTP, 28 de septiembre de 2026.
- Lusa y Jornal Económico, 28 de septiembre de 2026.
- Diário de Notícias, 28 de septiembre de 2026.
