La investigación del caso hidrocarburos ha dejado de ser un expediente financiero estrictamente español.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha seguido el rastro del dinero hasta Portugal y ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que impulse el bloqueo de cuentas vinculadas a sociedades portuguesas relacionadas con los principales investigados de la causa.
Según el informe conocido en septiembre, los agentes han detectado movimientos por 78,3 millones de euros hacia cuentas de mercantiles portuguesas.
La cifra no equivale a dinero blanqueado probado. Es el volumen de fondos que la UCO considera relevante para reconstruir la trazabilidad del circuito investigado.
78,3 millones hacia Portugal
El nuevo informe policial identifica un flujo de 78,3 millones de euros hacia sociedades portuguesas.
Las autoridades lusas habrían logrado localizar, por el momento, 56,5 millones de ese volumen.
Ese contraste entre dinero detectado y dinero localizado es importante.
En investigaciones financieras transnacionales no basta con saber que una transferencia salió de una cuenta. Hay que determinar quién controlaba la sociedad receptora, qué ocurrió después y si el dinero se fragmentó, regresó o fue enviado a otra jurisdicción.
Catorce sociedades bajo la lupa
La UCO ha solicitado medidas sobre cuentas vinculadas a 14 presuntas empresas pantalla, según la información publicada.
La expresión “empresa pantalla” procede de la hipótesis investigadora y debe tratarse como tal mientras no exista una resolución judicial firme que establezca la función de cada mercantil.
Las sociedades pueden cumplir distintas funciones dentro de una estructura financiera: recibir fondos, emitir facturas, justificar operaciones, comprar activos o transferir dinero a terceros.
Dos estructuras diferenciadas
El informe atribuido a la UCO describe dos circuitos.
Uno estaría orientado al negocio de hidrocarburos y al presunto fraude fiscal.
El segundo habría servido, según los investigadores, para facilitar el posterior blanqueo de capitales.
La separación es relevante porque permite estudiar el caso en fases: cómo se genera el beneficio presuntamente ilícito y cómo se intenta introducir después en circuitos con apariencia legítima.
El fraude fiscal investigado
La causa analiza un presunto fraude en el sector de hidrocarburos entre 2022 y 2024.
El País, citando el sumario, sitúa la cifra investigada por encima de 182,5 millones de euros.
Esa cantidad forma parte de la tesis policial y judicial del procedimiento y todavía debe ser sometida al contraste de las defensas y, en su caso, a juicio.
Portugal como primer escalón
Mover fondos a otro país de la Unión Europea no hace desaparecer el dinero.
Sí añade una capa.
Cada entidad bancaria, sociedad y jurisdicción obliga a pedir información adicional y coordinar actuaciones.
Portugal ofrece además una ventaja operativa para cualquier estructura que quiera dispersar movimientos sin salir del sistema económico europeo: proximidad, facilidad de transferencias y relaciones empresariales habituales con España.
Irlanda, Hong Kong y otros destinos
La UCO también ha detectado movimientos hacia otros países, entre ellos Irlanda y Hong Kong, además de conexiones con Italia, Alemania y China citadas en la investigación.
A medida que el dinero cambia de jurisdicción aumenta el número de actores necesarios para reconstruirlo.
Eso explica por qué la cooperación internacional se ha convertido en una de las principales líneas del caso.
Criptoactivos
Los investigadores estudian también la posible transformación de parte de los fondos en criptoactivos.
Convertir dinero a criptomonedas no garantiza anonimato.
Muchas cadenas son trazables y las plataformas reguladas conservan información sobre usuarios.
La dificultad aparece cuando se combinan múltiples carteras, intermediarios, plataformas y jurisdicciones.
El papel de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea ha participado en el intercambio de información relacionado con movimientos transfronterizos.
Su intervención muestra una característica central del caso: el posible fraude no respeta fronteras nacionales.
Cuando los fondos circulan por varios Estados miembros, una investigación exclusivamente doméstica puede perder parte de la cadena.
Aldama y Rivas
Víctor de Aldama y Claudio Rivas figuran como investigados en la causa.
La UCO sostiene en sus informes que controlaban una organización alrededor de una estructura empresarial vinculada al mercado de hidrocarburos.
Esa es una conclusión policial sometida a revisión judicial.
Ambos, como el resto de investigados, conservan la presunción de inocencia.
Qué significa bloquear una cuenta
El bloqueo de fondos es una medida cautelar.
Busca evitar que el dinero desaparezca, sea transferido o resulte imposible de recuperar mientras continúa la investigación.
No implica que el titular haya sido declarado culpable.
La distinción es esencial porque las medidas patrimoniales pueden adoptarse antes de que exista sentencia.
La lógica de seguir el dinero
En una causa compleja, las declaraciones pueden ser contradictorias.
Los movimientos bancarios son distintos.
Fechas, importes, ordenantes y receptores permiten construir secuencias.
Eso no basta por sí solo para probar un delito, pero ofrece una base objetiva para preguntar por qué se movió una cantidad, quién se benefició y qué relación tenía con las operaciones investigadas.
El reto del beneficiario real
Una sociedad puede tener administradores formales que no sean quienes toman las decisiones.
Por eso las investigaciones de blanqueo intentan identificar al beneficiario real.
Teléfonos, correos, poderes notariales, transferencias, facturas y relaciones personales pueden mostrar quién controla una estructura aunque su nombre no aparezca en la primera línea documental.
Qué está acreditado procesalmente
Existe una investigación abierta en la Audiencia Nacional.
La UCO ha pedido bloquear cuentas y ampliar cooperación internacional.
Se han detectado movimientos millonarios hacia Portugal y otros destinos.
Eso es información procesal verificable.
Qué sigue siendo hipótesis
Que cada euro identificado proceda de un delito.
Que todas las sociedades receptoras fueran creadas para blanquear.
Que todos los investigados conocieran el conjunto de la estructura.
Y que cada movimiento internacional tuviera finalidad ilícita.
Esas cuestiones son precisamente las que debe resolver la investigación y, en su caso, el juicio.
La dimensión ibérica
El caso muestra cómo una trama financiera puede utilizar España y Portugal como un mismo espacio económico.
Eso no convierte a Portugal en un refugio criminal ni implica responsabilidad de sus instituciones.
De hecho, la cooperación portuguesa es parte de lo que ha permitido localizar fondos.
La dimensión ibérica está en el flujo financiero, no en una acusación contra el país.
Lo siguiente
La prioridad será asegurar fondos, reconstruir la cadena completa y determinar qué parte puede vincularse de forma probatoria a delitos concretos.
También será clave establecer cuánto dinero regresó a España, cuánto continuó hacia otras jurisdicciones y qué papel tuvo cada sociedad.
La cifra de 78,3 millones abre el mapa.
La responsabilidad penal todavía está por decidir.
Fuentes consultadas
- Europa Press, 23 de septiembre de 2026.
- El País, 23 de septiembre de 2026.
- Fiscalía Europea, información incorporada a la investigación.
- Audiencia Nacional, diligencias conocidas públicamente en septiembre de 2026.
