Portugal ha desplegado una de las mayores operaciones contra el fraude económico de los últimos años.
La Operação Hermes, coordinada por la Procuraduría Europea, dejó 39 detenidos en territorio portugués y 62 en el conjunto de los países afectados.
La investigación apunta a una organización transnacional que habría utilizado un esquema conocido como fraude carrusel al IVA para aprovechar las reglas fiscales de las operaciones intracomunitarias.
El perjuicio calculado supera los 150 millones de euros en Portugal.
En el conjunto europeo, la cifra se eleva por encima de los 410 millones.
Teléfonos móviles y empresas pantalla
El esquema investigado giraba alrededor de la compra y venta de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
La estructura habría creado cadenas de sociedades que operaban entre distintos países de la Unión Europea.
Algunas de esas empresas desaparecían antes de ingresar el IVA correspondiente.
Otras permitían reclamar devoluciones o deducciones sobre impuestos que nunca habían sido abonados.
El resultado es un circuito en el que una misma mercancía puede pasar por distintas sociedades mientras el impuesto se pierde entre empresas pantalla.
Una operación de escala europea
La Operação Hermes no fue exclusivamente portuguesa.
Las diligencias alcanzaron España, Alemania, Francia, Italia, Malta, Países Bajos, Lituania y Austria, entre otros territorios señalados por las autoridades.
Se realizaron más de 300 registros.
Portugal concentró el mayor número de detenidos: 39.
España contabilizó 20 y en Italia fueron arrestadas otras tres personas.
Centenares de agentes
Solo en Portugal participaron alrededor de 700 elementos de la Polícia Judiciária, más de 200 funcionarios de la Autoridade Tributária y efectivos de la GNR.
La mayor parte de las actuaciones se concentraron en el norte del país.
La dimensión del dispositivo muestra que no se trata de una investigación fiscal ordinaria.
Los delitos investigados incluyen asociación criminal, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Dinero, inmuebles y vehículos
Las autoridades también ejecutaron medidas para congelar o intervenir patrimonio.
La Procuraduría Europea informó de órdenes destinadas a asegurar activos por hasta 310 millones de euros.
Las diligencias incluyeron cuentas bancarias, participaciones en sociedades, inmuebles, vehículos, automóviles de lujo, dinero en efectivo y monedas de oro.
El valor final recuperado dependerá ahora de lo que los tribunales consideren vinculado al presunto fraude.
Por qué importa fuera de Portugal
La trama es relevante para toda la Península Ibérica.
Veinte de los detenidos se encuentran en España y el mecanismo investigado depende precisamente de movimientos empresariales y fiscales a través de fronteras interiores de la UE.
El fraude carrusel funciona mejor cuanto más difícil resulta seguir en tiempo real la cadena de operaciones entre jurisdicciones.
Por eso la coordinación de la Procuraduría Europea es central.
Los detenidos pasan ante el juez
Los arrestados en Portugal deberán comparecer ante el Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa para que se determinen las medidas cautelares.
La existencia de detenciones y registros no equivale a condena.
La investigación tendrá que demostrar qué sociedades participaron realmente en el circuito, quién conocía su finalidad y quién obtuvo beneficio económico.
Pero la escala ya está clara.
Más de 150 millones de euros de perjuicio estimado en Portugal y más de 410 millones en Europa.
Para un país del tamaño de Portugal, no es una operación secundaria.
Es una investigación de primer nivel sobre crimen económico europeo.
