Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre Audiencia Nacional.
El juzgado 16 de Madrid busca el origen de la difusión de conversaciones y agendas del sumario de Plus Ultra. El expresidente sigue investigado por presunto tráfico de influencias en una causa distinta.
Una reconstrucción documental revela que el DAO abrió actuaciones mientras la UCO buscaba los mensajes publicados. Otro oficio menciona llamadas de Marlaska y la directora del cuerpo.
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Una investigación publicada el 16 de octubre recoge mensajes aportados por Joaquín Parra a la Guardia Civil sobre terrenos presuntamente vinculados a Acciona. La oferta no acredita compra, comisión ni delito.
La Audiencia Nacional reclama documentación del Ejército y el CIFAS desde el 15 de julio, registros de drones y cámaras, el aviso REW 32 y actas previas a la crisis de Ceuta.
Según El Debate, una testigo vincula las joyas de Zapatero con una supuesta comisión del 2,5 % del AVE saudí. La defensa sostiene que fueron un regalo de 2007.
Una investigación periodística difunde el 19 de octubre de 2026 un audio de octubre de 2024 atribuido al exjuez Luis José Sáenz de Tejada y la respuesta escrita de Leire Díez. Qué dice y qué investiga la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional tiene previsto iniciar este lunes el juicio del caso Termocentro. Fiscalía reclama prisión para antiguos directivos y 160 millones de multa para la compañía por presunta corrupción.
El hombre de 34 años y la mujer de 22 arrestados por la Ertzaintza comparecen ante la Audiencia Nacional tras el hallazgo de información sobre policías y una posible ubicación de armas.
La Policía Nacional ha localizado a un hombre de 41 años buscado por hechos cometidos en un casino rumano en 2023. La Audiencia Nacional tramitará la entrega.
La Audiencia Nacional investiga la crisis del 30 y 31 de julio y ha pedido informes a 21 unidades y organismos. Según Antena 3, el material remitido por el CNI no incorpora nuevos documentos sobre los buques marroquíes.
El juez Antonio Piña entiende que existen investigaciones de Naciones Unidas e Israel sobre los hechos de abril y aplica los límites de jurisdicción española. El sobreseimiento es provisional y recurrible.
Ismael Moreno solicita documentos a Santiago Pedraz tras un informe de Anticorrupción que considera insuficiente lo reunido para precisar el origen y totalidad de los ingresos del exdirigente socialista.
Manuel Llamas comunica a Pedraz que el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil le contactaron a raíz de una filtración. La explicación figura en un escrito del caso Leire y no prueba una orden ilegal.
La magistrada que investigó al hermano de Sánchez afirma ante la Policía que un exmagistrado investigado la siguió en coche. La denuncia recoge temores por su familia y una petición de protección.
Iustitia Europa solicita a María Tardón diligencias sobre la presencia de unidades marroquíes en aguas españolas. Reclama conservar registros navales, órdenes de Defensa y comunicaciones diplomáticas; la juez aún debe resolver lo pedido.
La Audiencia Nacional cita el 28 de octubre al exmagistrado relacionado con una supuesta campaña contra Beatriz Biedma. Investiga calumnias, coacciones y posibles vínculos con la trama Leire Díez.
El juez Calama citará el 16 de octubre al financiero investigado Simon Verhoeven. Las pesquisas por presunto blanqueo y la trazabilidad de fondos permanecen abiertas.
La UCO recoge un relato sobre posibles amenazas a Biedma. La magistrada contará con protección policial; un medio informa sobre la prisión provisional del hijo de una testigo sin prueba de represalia.
El escrito fiscal sitúa bajo examen la presunta utilización de recursos y estructuras del PSOE en el caso Leire. Pedraz rechaza de momento imputar al partido y ordena aclarar pagos, responsables y controles.
Los indicios publicados sobre efectivos marroquíes durante la crisis del 30-J obligan a diferenciar guiado de grupos, coordinación sobre el terreno y una eventual cadena de mando estatal, todavía no acreditada.
Repasamos las alertas atribuidas al CENIF antes de la crisis del 30-J, los indicios publicados de guiado y coordinación y lo que todavía no permite atribuir una responsabilidad institucional.
El informe incorpora el testimonio de Cintia Rocho, vinculada al clan Los Rocho, que relata contactos con delincuentes y una conversación en la que se habló de «eliminar» a Beatriz Biedma. La UCO documenta el testimonio; no acredita que el PSOE ordenara un asesinato.
El Gobierno de Vivas aporta nuevos registros y mensajes a la Audiencia Nacional mientras Presidencia mantiene que atendió las comunicaciones. La discrepancia ya no es política: está documentada y judicializada.
El juez Santiago Pedraz pide al PSOE la relación de abogados, despachos y consultoras contratados entre 2021 y 2025, junto con documentación justificativa. El exviceministro venezolano Nervis Villalobos deberá declarar el 28 de octubre por una presunta falsedad documental.
La magistrada de la Audiencia Nacional pide al presidente de Ceuta que aporte el listado de llamadas realizadas a Pedro Sánchez y a su jefe de gabinete entre el 27 y el 30 de julio.
La acusación popular liderada por el PP reclama que el PSOE sea citado como investigado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación. La decisión corresponde al juez.
Investigación especial de El Estándar sobre ocho años de Pedro Sánchez: corrupción, causas judiciales, vivienda, COVID-19, La Palma, DANA, Adamuz, Ceuta, gestión de crisis y la decisión de llevar a España a elecciones el 29 de noviembre.
El presidente de Ceuta sostiene que alertó al Gobierno en los días previos a la entrada masiva de julio y que intentó contactar hasta diez veces con Pedro Sánchez. La Audiencia Nacional investiga qué información existía antes de la crisis y cómo circuló.
La Guardia Civil ha tomado declaración a una mujer que afirma haber sido contactada para hostigar a la jueza Beatriz Biedma. La magistrada ha aportado 96 vídeos dentro del procedimiento que investiga actuaciones atribuidas al entorno de Leire Díez.
Juan Jesús Vivas ha declarado durante más de dos horas ante la Audiencia Nacional sobre los avisos previos al 30-J. El presidente de Ceuta sostiene que buscó contacto reiterado con Moncloa y varios ministerios; Presidencia ofrece una versión distinta de esas comunicaciones.
La Audiencia Nacional ha admitido a Beatriz Biedma como perjudicada en la causa que investiga las actuaciones atribuidas a Leire Díez. La magistrada sostiene que existió una estrategia para apartarla y desacreditarla mientras investigaba asuntos políticamente sensibles.
La UCO ha pedido al juez Santiago Pedraz bloquear cuentas de empresas portuguesas relacionadas con Víctor de Aldama y Claudio Rivas. Los investigadores rastrean decenas de millones y posibles desvíos posteriores a otros países y criptoactivos.
La jueza María Tardón ha encargado diligencias a unidades de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI, EMAD y otros organismos para reconstruir la entrada masiva del 30 y 31 de julio.
La posible intervención de la Fiscalía Europea en torno a fondos vinculados al caso Leire amplía el perímetro de una investigación ya cargada de acusaciones cruzadas. La prioridad ahora es separar documentos, diligencias y denuncias de las conclusiones que todavía no han sido probadas.
La Agencia Tributaria sitúa en la operación Doncella la intervención de 70 fardos con cerca de 2,1 toneladas de cocaína en un velero de bandera polaca. Hay cinco detenidos entre mar y tierra, la causa la instruirá la Audiencia Nacional y la investigación sigue abierta.
La Audiencia Nacional ya no investiga sólo qué ocurrió en la frontera. La magistrada María Tardón ha abierto diligencias para identificar promotores digitales, uniformados marroquíes, posibles financiadores y niveles de mando; ha pedido información a inteligencia y fuerzas de seguridad, análisis biométricos, imágenes y rastreo financiero. El objetivo es reconstruir quién coordinó, quién financió y quién decidió. Lo que todavía no existe es una atribución judicial de autoría al Gobierno marroquí.
El Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta se inhibe y remite íntegramente las diligencias sobre Miguel Ángel Pérez Triano a la causa del 30-J que dirige María Tardón. El traslado no declara responsabilidad penal ni convierte por sí solo al delegado en culpable: coloca ahora en manos de la Audiencia Nacional las decisiones sobre testigos, documentos y su eventual citación como investigado.
La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas sobre el exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano y ha pedido informe a la Fiscalía. La decisión lleva a una nueva fase una investigación que ya examina los avisos del CNI, la cadena de comunicaciones y la respuesta española antes del 30-J.
La cifra de 82 detenidos se ha convertido en un atajo engañoso. Interior la reservaba exclusivamente al yihadismo dentro de España y con datos cerrados al 28 de julio. Su propia tabla internacional sumaba ya 91 detenciones entre yihadismo y otros grupos. El Estándar reconstruye el mapa completo y separa terrorismo, radicalización violenta, perfiles de interés y crimen organizado para no fabricar una cifra falsa.
Portugal detectó grandes transferencias desde empresas españolas de hidrocarburos hacia sociedades lusas con actividad económica aparentemente insuficiente para justificarlas. El expediente remitido a la Audiencia Nacional sitúa a Víctor de Aldama entre los empresarios que facilitaron el uso de esas compañías y vincula a su sociedad Atmosferaudaz con 7,4 millones de euros.
Los informes de la UCO y las declaraciones de trabajadores y de la gerente del PSOE dibujan una cadena cada vez más concreta: Cerdán habría autorizado viajes y encargos; Gerencia liberaba pagos tras su validación; el dinero salía del partido y parte acabó, según los investigadores, en Leire Díez a través de intermediarios. Lo que todavía debe probarse es si se trató de asesoría legítima o de financiación para interferir en investigaciones judiciales.
La mayor sorpresa de Mondragón no está en los puertos. Está en Arnedo. La Guardia Civil sitúa en La Rioja el principal asentamiento español de una organización internacional que articulaba empresas, importaciones, financiación desde Dubái y contaminación de contenedores en Ecuador para introducir grandes cargamentos de cocaína en Europa.
La búsqueda de una gran caja financiera no ha producido prueba pública. El rastro del 30-J se fragmenta entre pagos individuales, transportistas y facilitadores. En cambio, la cadena institucional se estrecha: el wali representa al poder central, la cúpula de seguridad estaba en M’diq y DGST/DGED habían recibido una alerta española. El salto que falta es una comunicación de mando.
No es una sospecha lateral: la Audiencia Nacional habla de «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos; CENIF describe «guiado activo», planificación y una capacidad superior a la de las mafias ordinarias; y el CNI había avisado a DGST y DGED la víspera. El aparato de seguridad marroquí ya está materialmente dentro del expediente. La incógnita que convierte el caso en un problema de Estado es hasta dónde sube la cadena de autorización.
Los documentos desclasificados acreditan una cadena creciente de señales del CNI, CENIF y otros organismos. La ley sitúa la dirección del Sistema de Seguridad Nacional en el presidente. La evidencia pública no demuestra que se anticiparan 70.000 entradas, pero tampoco permite sostener que no hubiera warning previo.
Ana María Fuentes declaró como investigada ante Santiago Pedraz que Santos Cerdán encargó verbalmente los trabajos facturados a Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y que confirmó su realización antes de que la gerencia liberara los pagos. La Guardia Civil sostiene, por otra vía, que 43.225 euros acabaron en Leire Díez mediante sociedades interpuestas. Son indicios y versiones sometidos a investigación, no hechos penales probados.
La Audiencia Nacional investiga una gestión favorecedora desde Marruecos y un guiado activo de agentes marroquíes. A la vez, Policía, Europol y resoluciones judiciales documentan narcotúneles, redes que mezclan droga y personas y un riesgo interno en el Puerto. El archivo político añade un canal PSOE-USFP utilizado ya durante la crisis de Ceuta de 2021 y renovado en 2022 por diez años. Ninguna de esas capas prueba un mando único, pero juntas explican por qué la crisis sigue abierta.
Dos exdirectivos de Plus Ultra han ratificado ante el juez que la aerolínea asumió una comisión del 1% ligada al rescate de 53 millones. Ninguno ha identificado todavía una gestión concreta de José Luis Rodríguez Zapatero ante la SEPI. El Estándar reconstruye los pagos, las 36 facturas, Análisis Relevante, What The Fav, Venezuela, China, Marruecos, Cuba y las joyas de 1,3 millones que componen el expediente judicial y político del expresidente.
A diferencia de tantas acusaciones que nunca superaron el terreno de la sospecha, los GAL dejaron sentencias firmes. El Tribunal Supremo estableció en el caso Marey que un ministro del Interior, altos cargos y mandos policiales autorizaron y financiaron con fondos reservados un secuestro ejecutado por sicarios en Francia. Otros procedimientos condenaron a policías por atentados y a mandos de la Guardia Civil y autoridades civiles por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Esta es la arquitectura judicial de la guerra sucia: qué quedó probado, quién fue condenado y dónde termina la sentencia.
El ex alto cargo de la DGED vuelve al centro de una de las historias más sensibles de la relación España–Marruecos. Su paso por la inteligencia exterior marroquí, el expediente de extradición abierto en Madrid y su posterior fuga están documentados. Su ubicación actual en España, su papel operativo en Pegasus y su eventual vínculo con Jabaroot proceden de nuevas revelaciones periodísticas y requieren distintos niveles de corroboración.
Roberto Roselli declara ante el juez José Luis Calama que la aerolínea destinó el 1% del rescate público de 53 millones a Julio Martínez Martínez por presuntas gestiones vinculadas a la ayuda y sostiene que el denominado «Grupo Zapatero» adelantó que el rescate sería aprobado. Zapatero niega haber intervenido y no está acreditado qué gestión concreta habría realizado.
La Guardia Civil reconoce comunicaciones previas que no anticipaban la dimensión de la avalancha. El CENIF de la Policía describe un movimiento planificado y documenta indicios de actuación de agentes marroquíes. La clave está en que ambos informes responden a objetos, métodos y momentos distintos.
Entre el 27 y el 30 de julio circularon señales por circuitos policiales, de inteligencia y militares. El Estado ya admite la existencia de avisos previos; la cuestión es cuándo se valoraron, quién los recibió y qué decisiones produjeron. Con la Fiscalía respaldando la investigación de la Audiencia Nacional, ese reloj de avisos deja de ser sólo una controversia política y pasa a tener relevancia judicial.
La jueza María Tardón encargó al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras un análisis sobre la entrada masiva del 30-J y pidió máxima reserva a los policías que trabajaban para la Audiencia Nacional. El informe terminó describiendo una acción planificada, recogiendo indicios de «guiado activo» por agentes marroquíes y llegando a la prensa antes que a la cadena política de Interior. Marlaska reclamó explicaciones; el CGPJ y la Audiencia Nacional respaldaron a la magistrada. Detrás del choque hay una pregunta mayor: quién debe conocer, y cuándo, la inteligencia policial que nace dentro de una investigación judicial durante una crisis de seguridad nacional.
Pedro Sánchez prometió publicar todos los informes disponibles sobre las alertas previas al 30-J. Dos días después, el dossier sigue sin aparecer. Para explicar qué supo el Estado, cuándo lo supo y por qué la respuesta no cambió antes, Moncloa tendrá que mostrar el reloj completo de avisos, distribución y decisiones.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional respalda que María Tardón abra una causa penal por los hechos del 30 y 31 de julio y aprecia, en esta fase, posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal. El Ministerio Público sitúa en Marruecos una parte sustancial de la planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica. A ello se suma el informe del CENIF, que describe una operación planificada y atribuye conductas de «guiado activo» a gendarmes y agentes de paisano marroquíes. Con el expediente actual, la investigación ya alcanza a actores integrados en el aparato estatal marroquí; lo que todavía debe determinar la instrucción es la cadena de mando, el nivel de autorización y si la dirección estratégica llegó a órganos centrales de Rabat.
El Gobierno sostiene que ningún informe anticipó la escala de la entrada masiva. Pero el expediente público ya reúne una alerta militar fechada el 27 de julio, dos notas del CENIF del 28 y 29, una comunicación del CNI en Ceuta y un nuevo informe de la Guardia Civil entregado este 4 de septiembre. La cuestión ya no es si existieron señales, sino cómo fueron valoradas, a quién llegaron y por qué no alteraron a tiempo el nivel de respuesta.
El documento policial de 55 páginas describe un 30-J planificado, una respuesta marroquí de “total permisividad”, agentes uniformados guiando cruces y alertas emitidas antes del colapso. Interior sostiene, al mismo tiempo, que ningún informe atribuye a las fuerzas marroquíes la planificación o ejecución y que el autor intelectual sigue sin identificar.
Sentencias de la Audiencia Nacional, informes atribuidos al CNI y más de tres décadas de episodios públicos permiten reconstruir un patrón recurrente de cobertura oficial, colaboradores locales, vigilancia de opositores y operaciones de influencia. La paradoja es que Rabat es, al mismo tiempo, uno de los socios de seguridad más importantes de Madrid.
