Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre UCO.
La Audiencia Nacional ya no investiga sólo qué ocurrió en la frontera. La magistrada María Tardón ha abierto diligencias para identificar promotores digitales, uniformados marroquíes, posibles financiadores y niveles de mando; ha pedido información a inteligencia y fuerzas de seguridad, análisis biométricos, imágenes y rastreo financiero. El objetivo es reconstruir quién coordinó, quién financió y quién decidió. Lo que todavía no existe es una atribución judicial de autoría al Gobierno marroquí.
Portugal detectó grandes transferencias desde empresas españolas de hidrocarburos hacia sociedades lusas con actividad económica aparentemente insuficiente para justificarlas. El expediente remitido a la Audiencia Nacional sitúa a Víctor de Aldama entre los empresarios que facilitaron el uso de esas compañías y vincula a su sociedad Atmosferaudaz con 7,4 millones de euros.
Los informes de la UCO y las declaraciones de trabajadores y de la gerente del PSOE dibujan una cadena cada vez más concreta: Cerdán habría autorizado viajes y encargos; Gerencia liberaba pagos tras su validación; el dinero salía del partido y parte acabó, según los investigadores, en Leire Díez a través de intermediarios. Lo que todavía debe probarse es si se trató de asesoría legítima o de financiación para interferir en investigaciones judiciales.
La mayor sorpresa de Mondragón no está en los puertos. Está en Arnedo. La Guardia Civil sitúa en La Rioja el principal asentamiento español de una organización internacional que articulaba empresas, importaciones, financiación desde Dubái y contaminación de contenedores en Ecuador para introducir grandes cargamentos de cocaína en Europa.
Ana María Fuentes declaró como investigada ante Santiago Pedraz que Santos Cerdán encargó verbalmente los trabajos facturados a Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y que confirmó su realización antes de que la gerencia liberara los pagos. La Guardia Civil sostiene, por otra vía, que 43.225 euros acabaron en Leire Díez mediante sociedades interpuestas. Son indicios y versiones sometidos a investigación, no hechos penales probados.
