Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre CIFAS.
La Audiencia Nacional reclama documentación del Ejército y el CIFAS desde el 15 de julio, registros de drones y cámaras, el aviso REW 32 y actas previas a la crisis de Ceuta.
Moncloa identifica el SIGINTREP 01/2026 enviado por el REW-32 al CIFAS a las 12:06 del 30 de julio. El Español revela informes adicionales sobre buques marroquíes: la documentación pública permite precisar qué está acreditado y qué queda por contrastar.
El Español atribuye a tres informes clasificados la identificación de 72 personas con perfil militar o de inteligencia marroquí en Ceuta. Defensa afirma que esa cifra no le consta.
El llamamiento circula desde comienzos de septiembre y está siendo monitorizado por los principales servicios españoles de seguridad e inteligencia. No hay organizador oficial identificado, recorrido confirmado ni evidencia pública de que vaya a convertirse en una movilización física masiva.
Más de 10.000 migrantes permanecen todavía en Ceuta seis semanas después del 30-J, muchos en campamentos improvisados, calles y playas. El Estado ha reforzado Policía, Guardia Civil, Defensa y recursos europeos, pero la propia crisis sigue excediendo la normalidad y absorbiendo capacidades. A diez días del 20-S, no consta públicamente un dispositivo específico para una convocatoria que reclama Ceuta y Melilla.
Moncloa publica 40 informes y comunicaciones que permiten reconstruir por primera vez la cadena previa al 30-J. El 29 de julio el CNI trasladó a Delegación del Gobierno y a una unidad de Guardia Civil una convocatoria para el día siguiente por mar y valla. Ese mismo día, una nota interna del CENIF elevó los cruces a nado a “RIESGO MUY ALTO” y activó “ALERTA TEMPRANA”. Los documentos no muestran, sin embargo, una previsión previa de la escala final de más de 70.000 entradas.
El Consejo de Ministros abre hoy una parte de la documentación reservada sobre el 30-J. Los informes del CNI que se pretende hacer públicos están fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto. El Gobierno sostiene que ninguno anticipó la escala de la entrada masiva; mañana los documentos permitirán contrastar esa versión con la cadena real de alertas, receptores y decisiones.
El Gobierno ceutí sostiene que el 27 de julio trasladó al Estado que la ciudad entraba en una zona de alto riesgo, reclamó emergencia, mando único y más medios y recibió una respuesta tranquilizadora. Moncloa admite contactos y avisos, pero sostiene que ninguno anticipó la escala ni la probabilidad de lo ocurrido. El Estándar reconstruye las dos versiones y el reloj de decisiones.
Entre el 27 y el 30 de julio circularon señales por circuitos policiales, de inteligencia y militares. El Estado ya admite la existencia de avisos previos; la cuestión es cuándo se valoraron, quién los recibió y qué decisiones produjeron. Con la Fiscalía respaldando la investigación de la Audiencia Nacional, ese reloj de avisos deja de ser sólo una controversia política y pasa a tener relevancia judicial.
Pedro Sánchez prometió publicar todos los informes disponibles sobre las alertas previas al 30-J. Dos días después, el dossier sigue sin aparecer. Para explicar qué supo el Estado, cuándo lo supo y por qué la respuesta no cambió antes, Moncloa tendrá que mostrar el reloj completo de avisos, distribución y decisiones.
El Gobierno sostiene que ningún informe anticipó la escala de la entrada masiva. Pero el expediente público ya reúne una alerta militar fechada el 27 de julio, dos notas del CENIF del 28 y 29, una comunicación del CNI en Ceuta y un nuevo informe de la Guardia Civil entregado este 4 de septiembre. La cuestión ya no es si existieron señales, sino cómo fueron valoradas, a quién llegaron y por qué no alteraron a tiempo el nivel de respuesta.
