La información es de enorme relevancia y exige una distinción básica entre lo publicado, lo confirmado y lo todavía pendiente de prueba.
El Español aseguró el 28 de septiembre haber accedido a tres informes clasificados de Inteligencia del Ejército que identificarían en Ceuta a 72 personas con perfil militar o de inteligencia marroquí. Según el periódico, 22 estarían vinculadas a servicios de inteligencia y otras 50 serían militares en activo.
La misma información atribuye a parte de esas personas funciones de coordinación y enlace dentro de grupos presentes en la ciudad durante la crisis de los últimos meses.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa no ha confirmado públicamente esa cifra. La ministra Margarita Robles declaró que esa presencia no le consta y pidió prudencia mientras siguen abiertas distintas investigaciones relacionadas con los acontecimientos de Ceuta.
Una cifra procedente de documentos clasificados
El elemento central de la exclusiva es que no se presenta como una estimación periodística, sino como información atribuida a tres documentos militares clasificados.
Ese origen aumenta su relevancia, pero también dificulta su comprobación. Los informes completos no han sido publicados, de modo que no es posible revisar de forma independiente qué fuentes emplearon sus autores, qué nivel de confianza asignaron a cada identificación o qué diferencias existen entre indicios y conclusiones.
La cifra de 72 debe, por tanto, citarse siempre con su procedencia.
Qué sostiene la publicación
Según El Español, los informes distinguirían entre 22 personas vinculadas a servicios de inteligencia marroquíes y 50 militares en activo.
La publicación sostiene además que algunos habrían desempeñado funciones de coordinación, enlace y apoyo dentro de grupos presentes en Ceuta.
Eso sería relevante desde el punto de vista de la seguridad nacional si se confirmara. Pero no equivale a afirmar que exista públicamente acreditado un despliegue formal de fuerzas marroquíes en territorio español ni que todas las personas incluidas en los informes hayan cometido delitos.
La posición de Defensa
La respuesta de Margarita Robles constituye el principal contrapunto oficial conocido.
La ministra afirmó que la presencia de esos 72 militares no le consta. Esa declaración no permite saber si cuestiona la existencia misma de los informes, su contenido, el grado de certeza de las identificaciones o simplemente la conclusión publicada a partir de ellos.
Lo que sí permite afirmar es que Defensa no ha asumido públicamente como propia la cifra.
Investigaciones paralelas
Otras informaciones publicadas posteriormente señalan que Policía Nacional y Guardia Civil investigan posibles elementos de coordinación dentro de los grupos que actuaron durante la crisis de Ceuta.
Esa línea de investigación es compatible con la existencia de indicios sobre organizadores, pero no confirma automáticamente la lista de 72 ni la condición profesional atribuida a cada persona.
La eventual traducción de información de inteligencia a una causa penal requeriría además pruebas susceptibles de ser incorporadas al procedimiento judicial con las garantías correspondientes.
Lo que sí es oficial sobre Ceuta
El Gobierno publicó en septiembre un conjunto de 40 informes, alertas y comunicaciones de distintos organismos —entre ellos Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y CIFAS— relacionados con los acontecimientos del verano.
Ese material demuestra que la crisis fue objeto de seguimiento interagencias y análisis de inteligencia. No obstante, no equivale a la publicación de los tres informes concretos en los que se basa la cifra de 72.
Ceuta continúa además bajo una situación de interés para la Seguridad Nacional, declarada tras la entrada masiva del 30 de julio y la presión excepcional sobre los recursos públicos y de seguridad de la ciudad.
Inteligencia y prueba no son lo mismo
Un informe de inteligencia puede contener datos confirmados, hipótesis, valoraciones y niveles diferentes de confianza. Su finalidad principal es apoyar decisiones y anticipar riesgos.
Una acusación penal exige un estándar distinto. Por eso la inclusión de una persona en un análisis de inteligencia no equivale, por sí sola, a una condena ni a una imputación judicial definitiva.
También debe separarse la posible actividad de individuos vinculados a estructuras militares de una atribución directa al Estado marroquí. Para establecer esta última serían necesarias evidencias adicionales sobre órdenes, cadena de mando o dirección institucional.
El estado real de la información
A 2 de octubre, puede afirmarse con seguridad que existe una exclusiva periodística que atribuye a tres informes militares la identificación de 72 personas; que Defensa no confirma públicamente esa cifra; que existen investigaciones abiertas sobre posibles coordinadores; y que los documentos completos no son públicos.
Eso convierte el asunto en una cuestión relevante para la seguridad nacional y para el control parlamentario e institucional.
Pero no permite presentar como definitivamente probadas todas las afirmaciones contenidas en fuentes clasificadas que el público no puede examinar.
Fuentes consultadas
El Español, información del 28 de septiembre y seguimiento posterior; declaraciones públicas de la ministra de Defensa, Margarita Robles; documentación oficial del Gobierno sobre Ceuta; Real Decreto 681/2026 y referencias públicas de La Moncloa sobre el dispositivo de seguridad.
