1.800 expedientes de devolución abiertos en Ceuta y ninguno completado 46 días después del 30-J
La Policía Nacional abre entre 70 y 80 procedimientos diarios, pero ninguno de los al menos 1.800 iniciados ha terminado todavía en una devolución ejecutada. El dato no significa que nadie haya salido de Ceuta: 5.300 personas han regresado voluntariamente y unas 300 han sido expulsadas por delitos o infracciones. El cuello de botella está en otra vía: el procedimiento individual que debe identificar, escuchar y resolver cada caso conforme a la ley.
HALLAZGOS PRINCIPALES
- Fuentes del Ejecutivo sitúan en al menos 1.800 las personas filiadas y reseñadas con expediente de devolución abierto durante los primeros 45 días de la crisis.
- La Policía Nacional abre de media entre 70 y 80 expedientes diarios, pero a 14 de septiembre ninguno de esos procedimientos se había completado.
- Interior no está publicando una actualización diaria del número de adultos registrados ni la fase exacta en la que se encuentra cada expediente.
- El Gobierno atribuye la duración a un procedimiento complejo y garantista, con identificación, audiencia, alegaciones, protección internacional y plazos legales.
- La ausencia de devoluciones completadas dentro de esos 1.800 expedientes no equivale a ausencia de salidas: más de 5.300 personas han regresado voluntariamente y unas 300 han sido expulsadas por delitos o infracciones.
- El dispositivo de acogida ya alcanza unas 4.500 plazas para adultos, mientras cerca de 2.000 menores se encuentran atendidos en recursos de la ciudad.
QUÉ SABEMOS
- Hay al menos 1.800 expedientes de devolución iniciados y ninguno cerrado a la fecha del corte.
- Se abren aproximadamente 70-80 expedientes nuevos cada día.
- El artículo 58 de la Ley de Extranjería permite la devolución de quienes pretendan entrar irregularmente, pero la protección internacional puede suspender su ejecución hasta que se resuelva la admisión de la solicitud.
- El Reglamento de Extranjería exige conducción a dependencias policiales para identificación y, en su caso, devolución de las personas interceptadas en frontera o inmediaciones.
- El Gobierno ha reforzado el dispositivo con agentes, funcionarios y líneas de triaje y ha ampliado de forma extraordinaria los recursos de acogida.
QUÉ NO SABEMOS
- Interior no ha publicado el desglose actualizado por fase procesal de los 1.800 expedientes.
- No sabemos cuántos tienen alegaciones pendientes, cuántos están vinculados a solicitudes de protección internacional y cuántos esperan resolución administrativa.
- No existe un plazo único aplicable a todos los casos: la duración depende de las circunstancias individuales y de las garantías que correspondan.
- No puede sumarse automáticamente devoluciones, retornos voluntarios y expulsiones como si fueran una misma categoría jurídica.
- No consta públicamente cuántos de los expedientes abiertos terminarán finalmente en devolución ejecutada, archivo, protección internacional u otra resolución.
El Gobierno ha abierto al menos 1.800 expedientes de devolución en Ceuta desde la entrada masiva del 30-J. Cuarenta y seis días después, ninguno de esos procedimientos se había completado. El dato, conocido este 14 de septiembre, introduce una medida nueva para evaluar la fase administrativa de la crisis: el Estado ha conseguido multiplicar puestos de triaje, ampliar plazas de acogida, reforzar plantillas y movilizar cientos de millones de euros, pero todavía no ha cerrado la primera devolución dentro de ese bloque de 1.800 expedientes.
La cifra fue adelantada por ++Cadena SER++, que cita fuentes del Ejecutivo y policiales. Interior no está ofreciendo un contador actualizado de adultos registrados ni la fase concreta de cada procedimiento, pero las fuentes consultadas por la emisora sitúan ya en al menos 1.800 las personas filiadas y reseñadas con un expediente abierto. La Policía Nacional estaría iniciando entre 70 y 80 expedientes al día.
La frase más importante necesita, sin embargo, una precisión inmediata: «ninguno completado» no significa «nadie ha salido». Son circuitos jurídicos diferentes. Más de 5.300 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto. Unas 300 han sido expulsadas por delitos o infracciones. Otras 90, según el último balance difundido por el Gobierno, han rechazado solicitar asilo y deberán abandonar la ciudad. Lo que continúa a cero es la culminación de los expedientes de devolución abiertos dentro de este procedimiento masivo posterior al 30-J.
El dato que faltaba para medir la segunda fase de la crisis
Hasta ahora, buena parte de la medición pública de Ceuta se había concentrado en cuántas personas permanecían en la ciudad, cuántas plazas existían, cuántos menores habían sido filiados o cuánto había aumentado la presión sobre seguridad y servicios públicos. El Estándar ha documentado cómo ++Ceuta entró bajo una situación inédita de Seguridad Nacional++ precisamente porque el propio Estado reconoció que la capacidad ordinaria de acogida, identificación, asistencia y seguridad había sido superada.
La cifra de 1.800 expedientes añade ahora el indicador administrativo que faltaba. No mide cuántas personas han sido localizadas; mide cuántos casos individuales han empezado a recorrer el procedimiento que puede terminar, en determinados supuestos, en una devolución. Y permite comparar dos velocidades: la de apertura y la de cierre.
A 70 u 80 expedientes diarios, la maquinaria administrativa ya produce centenares de nuevas tramitaciones cada semana. Pero la primera cohorte todavía no ha generado una devolución completada. La explicación oficial es que el procedimiento es «complejo» y «garantista» y concede plazos tanto a la Administración como a la persona afectada para alegar, solicitar protección y recurrir cuando corresponda.
Devolución no es lo mismo que expulsión ni retorno voluntario
La terminología importa. El artículo 58 de la ++Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería++ establece que no es necesario un expediente de expulsión para devolver, entre otros supuestos, a quienes pretendan entrar irregularmente en España. Pero la misma norma impide ejecutar la devolución cuando se formaliza una solicitud de protección internacional hasta que se haya decidido sobre su admisión, además de incorporar otras garantías individuales.
El ++Reglamento de Extranjería++ desarrolla ese mecanismo y dispone que las personas interceptadas en frontera o en sus inmediaciones sean conducidas con rapidez a dependencias de Policía Nacional para su identificación y, cuando corresponda, devolución. Esa frase —«cuando corresponda»— concentra precisamente el trabajo administrativo que se está acumulando en Ceuta: identificación, nacionalidad, edad, vulnerabilidad, protección internacional, alegaciones y resolución individual.
Por eso no es correcto presentar las más de 5.300 salidas voluntarias como 5.300 «devoluciones», ni sumar las cerca de 300 expulsiones a los 1.800 expedientes y afirmar que 2.100 casos están resueltos. Son vías distintas, con presupuestos jurídicos y efectos diferentes. La fotografía real es más incómoda y más útil: mientras miles han salido por otras vías, el procedimiento de devolución que el Gobierno está abriendo a razón de decenas de casos diarios todavía no ha producido un cierre ejecutado dentro de esa serie.
20 líneas de triaje, refuerzos y miles de plazas
El cuello de botella no puede atribuirse simplemente a ausencia de recursos. El propio Gobierno ha ido reforzando el dispositivo. En el Consejo de Ministros del 1 de septiembre, Moncloa anunció ++50 policías nacionales adicionales y al menos 11 funcionarios más++ para acortar los plazos de devolución y agilizar expedientes de asilo. Grande-Marlaska anunció además al menos 20 líneas de triaje para realizar las entrevistas e identificaciones.
Al mismo tiempo, la capacidad física ha crecido de forma acelerada. El último balance difundido este domingo sitúa en unas 4.500 las plazas habilitadas para adultos y cerca de 2.000 los menores atendidos en recursos de la ciudad. Cientos de personas han sido trasladadas a dispositivos temporales para reducir asentamientos y concentrar identificación, atención y tramitación.
Una parte especialmente controvertida de esa arquitectura está en el puerto. ++El Gobierno reservó 16.000 metros cuadrados del Muelle de Poniente para un dispositivo temporal++ después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazara la cesión. El propio Ejecutivo justificó esos espacios como una herramienta para alojar, identificar y acelerar los trámites de retorno.
El Estándar documentó después que ++parte de la arquitectura de acogida está vinculada a financiación europea FAMI++, aunque la decisión sobre el emplazamiento portuario corresponde al Estado español. El contraste es relevante: la infraestructura física puede desplegarse en días o semanas; la decisión individual sobre el estatuto jurídico de una persona no puede acelerarse de la misma manera sin vulnerar garantías.
La prioridad oficial era retornar «con rapidez»
La lentitud adquiere dimensión política porque el propio presidente del Gobierno había fijado una prioridad explícita. En su comparecencia del 3 de septiembre, Pedro Sánchez afirmó que tras el 30-J el Ejecutivo trabajó con dos prioridades: reforzar la frontera y «retornar con rapidez» a quienes no tuvieran derecho a permanecer en España. ++Moncloa sostuvo además++ que en las primeras 72 horas alrededor de 63.000 personas habían regresado a Marruecos.
Ese dato inicial describe sobre todo el repliegue inmediato de decenas de miles de personas durante la fase aguda de la crisis. El problema administrativo que queda 46 días después es otro: qué ocurre con quienes permanecieron en Ceuta y deben pasar por identificación, evaluación individual, protección de menores, posibles solicitudes de asilo y las decisiones de retorno o permanencia que marque la ley.
El 8 de septiembre, el Gobierno seguía colocando la filiación y la devolución entre sus prioridades y contabilizaba 4.516 retornos voluntarios y 278 expulsiones. ++El último balance eleva ahora esas cifras a más de 5.300 y alrededor de 300 respectivamente++. Es progreso material. Pero pertenece a circuitos distintos de los 1.800 procedimientos que todavía esperan cierre.
La paradoja administrativa de Ceuta
El escenario produce una paradoja difícil de ignorar. España ha sido capaz de reaccionar con enorme velocidad cuando la herramienta es presupuestaria, logística o de emergencia. Ha declarado Seguridad Nacional; ha habilitado miles de plazas; ha ocupado suelo portuario; ha desplegado Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas; ha reforzado funcionarios y juzgados; ha abierto veinte líneas de triaje; y ha movilizado recursos estatales y europeos por cientos de millones.
De hecho, la financiación anunciada para la respuesta asciende ya a más de 400 millones de euros entre el paquete estatal y el apoyo europeo. Esa cantidad no está destinada exclusivamente a devoluciones —incluye seguridad, asistencia, menores, servicios públicos y economía— y sería engañoso presentarla así. Pero ilustra la escala de una respuesta que ha podido movilizar recursos con mucha más rapidez que cerrar procedimientos individuales.
La explicación jurídica existe: los derechos no desaparecen porque el número de expedientes sea extraordinario. Una crisis de volumen no transforma 1.800 personas en un solo expediente colectivo. Cada caso puede exigir identificación, audiencia, comprobación documental, protección internacional, intervención letrada y resolución individual. Precisamente por eso el número de expedientes sin completar es relevante: mide el tamaño real del trabajo que el Estado todavía tiene por delante.
Ceuta sigue operando en modo extraordinario
El dato también encaja con una conclusión que el propio Estado lleva semanas admitiendo: Ceuta no ha regresado a la normalidad. ++La investigación de El Estándar sobre la crisis sistémica++ ha mostrado cómo la presión migratoria inicial se ha superpuesto con seguridad urbana, asentamientos, infraestructura portuaria, menores, violencia y redes criminales.
La situación también condiciona cualquier nueva ventana de presión fronteriza. ++El análisis sobre el 20-S++ parte precisamente de ese hecho: cualquier nuevo episodio llegaría sobre una ciudad que todavía administra miles de personas y recursos extraordinarios procedentes de la crisis anterior.
Los 1.800 expedientes son, por tanto, más que una cifra administrativa. Son un contador del tiempo que necesita el Estado para convertir identificación en decisión. Y hoy ese contador muestra una asimetría inequívoca: la apertura avanza a decenas de casos diarios; el cierre todavía no ha empezado a reflejarse en devoluciones ejecutadas dentro de esa serie.
El verdadero indicador será cuándo empiece a bajar el stock
El siguiente dato relevante ya no es cuántos expedientes se abren. Es cuándo empiezan a resolverse y con qué resultado. Interior debería publicar periódicamente una tabla que separe, como mínimo, expedientes iniciados, personas identificadas, solicitudes de protección internacional, resoluciones favorables, devoluciones acordadas, devoluciones ejecutadas, expulsiones, retornos voluntarios y menores bajo protección. Sin esa matriz, el debate continuará mezclando categorías distintas y produciendo cifras aparentemente contradictorias.
La transparencia es especialmente necesaria porque el Gobierno sostiene que el ritmo es «razonable», mientras el primer gran bloque de procedimientos continúa sin cierres. Ambas afirmaciones pueden ser simultáneamente ciertas: un procedimiento garantista puede tardar y, al mismo tiempo, 1.800 expedientes abiertos sin una devolución completada representan un volumen administrativo excepcional.
El 30-J duró horas. Su expediente administrativo va camino de durar meses.