Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre Fernando Grande-Marlaska.
Una reconstrucción documental revela que el DAO abrió actuaciones mientras la UCO buscaba los mensajes publicados. Otro oficio menciona llamadas de Marlaska y la directora del cuerpo.
Manuel Llamas comunica a Pedraz que el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil le contactaron a raíz de una filtración. La explicación figura en un escrito del caso Leire y no prueba una orden ilegal.
El balance ofrecido por Grande-Marlaska en el Senado menciona 4.000 operaciones, 4.500 detenciones y 123 toneladas incautadas. La disputa con el PP expone una pregunta: cómo medir la eficacia real y la protección de los agentes.
El expediente FORTIS sobre Pegasus reúne pruebas forenses, testimonios sobre la DGST y cotejos de FIRS; no confunde filtraciones con autoría judicial.
Marlaska presidió en Cádiz el acto central de la Guardia Civil y defendió la respuesta frente al narcotráfico y la migración. La AUGC decidió no asistir y acusó al Ministerio de abandono, mostrando una fractura que va más allá del ceremonial.
El Senado aprobará el miércoles una comisión de investigación sobre la entrada masiva de julio. La mayoría del PP garantiza su creación y abre una nueva vía política paralela a la investigación judicial.
La Abogacía del Estado pide al Tribunal Supremo que desestime el recurso con el que el PP intentó obligar a Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares a comparecer en el Senado por la crisis de Ceuta. En paralelo, el Pleno de la Cámara Alta ha aprobado formalmente un conflicto de atribuciones contra el Gobierno que puede terminar ante el Tribunal Constitucional. El fondo ya no es solo político: está en juego hasta dónde alcanza la potestad constitucional de las Cámaras para reclamar la presencia de los ministros.
La Policía Nacional abre entre 70 y 80 procedimientos diarios, pero ninguno de los al menos 1.800 iniciados ha terminado todavía en una devolución ejecutada. El dato no significa que nadie haya salido de Ceuta: 5.300 personas han regresado voluntariamente y unas 300 han sido expulsadas por delitos o infracciones. El cuello de botella está en otra vía: el procedimiento individual que debe identificar, escuchar y resolver cada caso conforme a la ley.
Los registros del 112 se multiplicaron casi por siete respecto a agosto de 2025. El Puerto contabilizó además 1.163 intrusiones de personas no autorizadas. El Estándar reconstruye qué significan esos números, qué límites tienen y por qué la crisis sigue abierta.
Moncloa publica 40 informes y comunicaciones que permiten reconstruir por primera vez la cadena previa al 30-J. El 29 de julio el CNI trasladó a Delegación del Gobierno y a una unidad de Guardia Civil una convocatoria para el día siguiente por mar y valla. Ese mismo día, una nota interna del CENIF elevó los cruces a nado a “RIESGO MUY ALTO” y activó “ALERTA TEMPRANA”. Los documentos no muestran, sin embargo, una previsión previa de la escala final de más de 70.000 entradas.
Entre el 27 y el 30 de julio circularon señales por circuitos policiales, de inteligencia y militares. El Estado ya admite la existencia de avisos previos; la cuestión es cuándo se valoraron, quién los recibió y qué decisiones produjeron. Con la Fiscalía respaldando la investigación de la Audiencia Nacional, ese reloj de avisos deja de ser sólo una controversia política y pasa a tener relevancia judicial.
La jueza María Tardón encargó al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras un análisis sobre la entrada masiva del 30-J y pidió máxima reserva a los policías que trabajaban para la Audiencia Nacional. El informe terminó describiendo una acción planificada, recogiendo indicios de «guiado activo» por agentes marroquíes y llegando a la prensa antes que a la cadena política de Interior. Marlaska reclamó explicaciones; el CGPJ y la Audiencia Nacional respaldaron a la magistrada. Detrás del choque hay una pregunta mayor: quién debe conocer, y cuándo, la inteligencia policial que nace dentro de una investigación judicial durante una crisis de seguridad nacional.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional respalda que María Tardón abra una causa penal por los hechos del 30 y 31 de julio y aprecia, en esta fase, posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal. El Ministerio Público sitúa en Marruecos una parte sustancial de la planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica. A ello se suma el informe del CENIF, que describe una operación planificada y atribuye conductas de «guiado activo» a gendarmes y agentes de paisano marroquíes. Con el expediente actual, la investigación ya alcanza a actores integrados en el aparato estatal marroquí; lo que todavía debe determinar la instrucción es la cadena de mando, el nivel de autorización y si la dirección estratégica llegó a órganos centrales de Rabat.
El Gobierno sostiene que ningún informe anticipó la escala de la entrada masiva. Pero el expediente público ya reúne una alerta militar fechada el 27 de julio, dos notas del CENIF del 28 y 29, una comunicación del CNI en Ceuta y un nuevo informe de la Guardia Civil entregado este 4 de septiembre. La cuestión ya no es si existieron señales, sino cómo fueron valoradas, a quién llegaron y por qué no alteraron a tiempo el nivel de respuesta.
El documento policial de 55 páginas describe un 30-J planificado, una respuesta marroquí de “total permisividad”, agentes uniformados guiando cruces y alertas emitidas antes del colapso. Interior sostiene, al mismo tiempo, que ningún informe atribuye a las fuerzas marroquíes la planificación o ejecución y que el autor intelectual sigue sin identificar.
