MADRID / ASTURIAS | 19 DE OCTUBRE DE 2026. La Audiencia Nacional tiene previsto comenzar este lunes el juicio contra Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y antiguos responsables venezolanos por una presunta trama de corrupción internacional vinculada al contrato de una central termoeléctrica en Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción solicita una multa de 160 millones de euros a la empresa y penas de prisión para varios acusados. Se trata de una acusación penal pendiente de juicio, no de una condena dictada.
La investigación merece una lectura económica y judicial completa porque examina cómo una operación de ingeniería española de gran envergadura pudo haber sido adjudicada mediante pagos a intermediarios con influencia en el Gobierno venezolano.
La central Termocentro, origen del procedimiento
Según el escrito de procesamiento del juez Ismael Moreno, resumido por Europa Press el 18 de octubre, el caso se remonta a la crisis eléctrica de Venezuela de 2009. Las autoridades venezolanas impulsaron la construcción de una central, denominada El Sitio, en Santa Lucía, estado Miranda, para abastecer a la región de Caracas.
La adjudicación del proyecto Termocentro alcanzó un valor estimado de 1.500 millones de dólares. Duro Felguera participó mediante una unión temporal de empresas vinculada a la operación.
Para el instructor, se articularon contratos con sociedades y personas interpuestas que pudieron servir para ocultar pagos indebidos. La existencia de un contrato comercial de gran valor no constituye una irregularidad por sí misma; el núcleo de la acusación son los flujos financieros y su presunta finalidad corruptora.
Los 105 millones de dólares atribuidos a Villalobos
El auto de procesamiento señala pagos de al menos 105 millones de dólares relacionados con el ex viceministro venezolano Nervis Villalobos mediante estructuras societarias interpuestas, según el relato de Fiscalía reproducido por Europa Press.
La instrucción sostiene que ese dinero estaba vinculado a la utilización de influencia en la administración energética de Venezuela para favorecer la adjudicación a la empresa española. No debe describirse la hipótesis acusatoria como un hecho judicial definitivamente demostrado mientras las pruebas no hayan sido valoradas en sentencia.
El procedimiento incluye también al ex viceministro Javier Alvarado Ochoa, a antiguos administradores y a otras personas vinculadas a las empresas utilizadas. Cada uno afronta imputaciones y peticiones de pena diferentes.
Qué reclama exactamente Anticorrupción
Para el expresidente Juan Carlos Torres, el Ministerio Público reclama nueve años y seis meses de cárcel y 160 millones de euros de multa, según Europa Press, por presuntos delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales y falsedad mercantil continuada.
Para la persona jurídica Duro Felguera, solicita también 160 millones de euros de multa, además de dos años de inhabilitación para acceder a determinadas ayudas, beneficios y contratación con el sector público, en los términos del escrito de acusación.
La Fiscalía interesa para Nervis Villalobos una condena de ocho años y nueve meses y multa de 3,6 millones, mientras que para Javier Alvarado la petición descrita es de tres meses de prisión y 1,6 millones de multa, por los delitos individualizados que la acusación considera aplicables.
La compañía puede ejercer su defensa y cuestionar hechos, cuantías y atribuciones. Una petición de Fiscalía no es una sanción exigible ni una decisión firme sobre responsabilidad empresarial.
Los puntos de investigación documental
Para reconstruir el esquema financiero se necesitan los contratos originales, justificantes de prestación de servicios por intermediarios, movimientos bancarios relevantes, titularidad real de sociedades, comunicaciones empresariales y documentos de adjudicación en Venezuela.
En un expediente de ingeniería internacional también es imprescindible discriminar honorarios legítimos de asistencia, representación comercial o gestión de pagos cuyo verdadero propósito pudiera ser influir ilegalmente en funcionarios. No toda transferencia a un intermediario constituye corrupción.
La competencia de la Audiencia Nacional y la aplicación de delitos transnacionales reflejan la dimensión exterior de la actuación empresarial, aunque la investigación no autoriza a generalizar responsabilidades a todas las empresas españolas que invierten en América Latina.
La conexión con otros procedimientos
Europa Press menciona que Villalobos figura asimismo en el contexto procesal del caso Leire Díez, pero la aparición de un nombre en más de una investigación no prueba que los hechos constituyan una conspiración única ni permite intercambiar las pruebas de procedimientos diferentes.
La documentación de la causa deberá examinarse dentro de su objeto y con sus propios testigos y peritajes.
Qué ocurre hoy y qué puede conocerse después
Lo confirmado antes de la apertura efectiva de la sesión es la fecha señalada para el inicio del juicio y las peticiones de la acusación. El desarrollo de la vista permitirá conocer alegaciones de defensas, prueba documental admitida y preguntas de las partes.
No hay base para anunciar el veredicto, una condena o la culpabilidad de personas concretas. El caso será informativamente relevante en cada comparecencia que añada hechos contrastables.
Fuente principal: Europa Press, procedimiento y peticiones fiscales, 18/10/2026.
Criterio de seguimiento: cifra, fecha, persona y delito deberán vincularse a resolución o acusación identificable, manteniendo la presunción de inocencia de todos los encausados.
