EL ESTÁNDAR | INVESTIGACIÓN · 23 DE OCTUBRE DE 2026. Quince años después del anuncio del final de la violencia de ETA, la Audiencia Nacional vuelve a examinar una causa de presunto terrorismo relacionada con la disidencia más radical del mundo abertzale. Dos investigados están en prisión provisional. En la documentación intervenida figuran, según los autos judiciales difundidos esta semana, planos de antiguos zulos de ETA, listados de guardias civiles, información sobre vehículos policiales y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional. No es un debate abstracto sobre el pasado: la presencia de información de agentes en manos ajenas obliga a preguntar cómo se obtuvo, quién la conservó y si se protegió a los afectados.
A ese expediente se añade una revelación de El Mundo, publicada el 22 de octubre y actualizada el día 23: el diario identifica a Aretx García Gallastegi, hijo de los exdirigentes de ETA Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote», e Irantzu Gallastegi, «Amaia», como militante de Jardun, la coordinadora de la que formarían parte los dos encarcelados. Es una atribución periodística relevante por su contexto histórico, pero no consta que Aretx García esté imputado en este procedimiento ni puede atribuirse un delito a alguien por su parentesco o supuesta militancia.
El caso irrumpe, además, en un clima de fuerte controversia por la política penitenciaria aplicada a antiguos miembros de ETA, gestionada en Euskadi por un departamento dirigido por una consejera socialista. No son el mismo expediente ni existe documentación que pruebe una conexión operativa entre las decisiones penitenciarias y los hechos investigados en Irún. Pero la coincidencia política plantea una obligación legítima de rendición de cuentas: qué se está haciendo con los condenados, qué controles se aplican y cómo se garantiza que los agentes y las víctimas no queden relegados en el relato oficial de la convivencia.
Un control de tráfico destapa un material que preocupa a la Audiencia Nacional
Todo comenzó en la madrugada del 26 de septiembre, en un control de alcohol y drogas de la Ertzaintza en Eskoriatza (Gipuzkoa). Los agentes identificaron a tres ocupantes de un vehículo y detectaron material que el Departamento de Seguridad vasco calificó después como especialmente sensible. La policía autonómica confirmó oficialmente el 17 de octubre que entre lo localizado había información sobre miembros de las fuerzas de seguridad y referencias a un posible emplazamiento de armas o explosivos.
El siguiente paso fue abrir una investigación y comunicar las diligencias a la Audiencia Nacional. El 17 de octubre, Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, y Malen Grünig Ibáñez, de 22 años según el parte policial inicial, comparecieron acompañados de abogado en una comisaría de Irún y quedaron detenidos. Un tercer identificado en el control era el ciudadano irlandés Naoise O’Conarain. Su presencia aparece en las informaciones judiciales, pero no permite atribuirle participación en delitos que no constan acreditados respecto de él.
El 20 de octubre, el magistrado Antonio Piña acordó para Bilbao y Grünig prisión provisional, comunicada y sin fianza, en el marco de una investigación por presuntos delitos relacionados con el terrorismo. Los autos, recogidos por RTVE, EFE, Europa Press y otros medios, describen el material intervenido y los riesgos procesales valorados por el juez. La medida no es una sentencia ni determina culpabilidad definitiva.
Lo excepcional es la acumulación de elementos reseñados: no se trata únicamente de propaganda radical, sino de información operativa sobre funcionarios policiales, comunicaciones cifradas, referencias a depósitos antiguos de ETA e imágenes interpretadas por los investigadores como relacionadas con entrenamientos para acciones violentas o contra la paz pública.
Del móvil de un policía a los listados de guardias civiles: la pregunta que nadie puede esquivar
Una de las revelaciones más delicadas afecta a la posesión del contenido íntegro de un teléfono perteneciente a un agente de la Policía Nacional. La información difundida sobre los autos también menciona anotaciones de matrículas y fotografías de vehículos posiblemente policiales, además de referencias a un guardia civil destinado en Euskadi.
Es esencial diferenciar los hallazgos de las explicaciones sobre su origen. El Mundo recoge fuentes según las cuales el teléfono había pasado por una reparación años antes. El abogado defensor Aratz Estonba, entrevistado por Argia, presenta otra versión: afirma que determinados datos procederían de un dispositivo hallado en un inmueble ocupado y que circularon entre colectivos. Ninguna de esas explicaciones queda demostrada simplemente por haberse publicado. La procedencia de los archivos, sus fechas y la cadena de custodia necesitan comprobación forense.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) anunció su personación en la causa y denunció que no se habría trasladado con la diligencia necesaria a los afectados toda la información relevante. El Gobierno vasco ha defendido la existencia de comunicaciones entre las autoridades policiales y judiciales. La discrepancia no se resuelve con comunicados enfrentados: exige aclarar qué documentos se compartieron, cuándo, con qué unidades y qué medidas se adoptaron para proteger a agentes y familias.
Este es el dato que convierte la historia en un asunto de seguridad nacional. Tener datos de policías no demuestra que se hubiera decidido atentar contra ellos, pero su eventual exposición obliga a evaluar riesgos reales, identificar filtraciones y corregir los procedimientos vulnerables. La protección de funcionarios y víctimas no puede depender de que el caso produzca titulares.
Antiguos zulos: los planos existen en la investigación, las armas no están acreditadas
Los autos mencionan planos de emplazamientos que fueron zulos de ETA. Algunas crónicas describen el contenido como lugares no revelados previamente a las fuerzas de seguridad. El dato conecta la investigación actual con el patrimonio clandestino de la banda terrorista, y merece una aclaración exhaustiva.
Pero un plano no equivale a un depósito operativo. No hay, en la documentación pública consultada para esta pieza, confirmación de que se haya descubierto un arsenal con armas o explosivos listo para ser utilizado. El abogado Estonba atribuye los planos a material antiguo que habría llegado a su defendido por medio de Agurtzane Ezkerra, fallecida en 2024, y rechaza que haya pruebas de una reactivación armada.
El contraste periodístico adecuado no rebaja la gravedad del hallazgo: la define. ¿Se comprobaron las ubicaciones? ¿Qué antigüedad tienen los documentos? ¿Correspondían a depósitos desmantelados, vacíos o desconocidos? ¿Aportan los investigadores una relación material entre la documentación y una actividad delictiva concreta? Las respuestas corresponden a la instrucción judicial.
Jardun, Jarki y Aske: la disidencia que rechaza el final político de ETA
La causa sitúa bajo examen a Jardun Koordinadora, articulada en torno a colectivos como Jarki y Aske. Las informaciones basadas en los autos atribuyen a Aratz Bilbao un papel destacado en la organización y desarrollo de Jarki/Jardun: captación, elaboración de textos, directrices internas, finanzas y contactos con grupos afines. Se trata de apreciaciones judiciales e investigadoras dentro de una instrucción en curso, no de una sentencia firme.
La existencia de organizaciones independentistas radicales no convierte automáticamente a sus integrantes en terroristas. Lo que determina la relevancia penal es la eventual relación entre estructura, finalidad, medios, delitos y pruebas. En este caso la Audiencia ha apreciado indicios suficientes para acordar dos medidas cautelares graves. Reducirlo a una simple disputa ideológica sería ignorar el procedimiento; presentar como probada una nueva ETA armada también iría más allá de la información pública disponible.
Según El Mundo, los cuerpos policiales estiman que Jardun agrupa entre 200 y 300 personas y señalan a un núcleo especialmente preocupante. Son cifras y caracterizaciones atribuidas a las fuentes del periódico que todavía no cuentan aquí con un documento estadístico oficial abierto para su verificación independiente.
El hijo de Txapote: una revelación que devuelve al presente el legado de ETA
La pieza de Leyre Iglesias, Ángeles Escrivá y Josean Izarra, publicada por El Mundo, identifica a Aretx García Gallastegi como militante de Jardun. Su nombre atrae inevitablemente la atención por la trayectoria criminal de sus padres. Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote», fue condenado por numerosos asesinatos cometidos por ETA, incluidos crímenes que marcaron a toda una generación, como el de Miguel Ángel Blanco. La memoria de aquellas víctimas no es un detalle ornamental del reportaje: ayuda a comprender por qué cualquier indicio de continuidad radical preocupa a la sociedad.
El vínculo familiar no transmite culpabilidad. La filiación de Aretx no prueba que haya cometido delitos ni que participe en las conductas investigadas en Irún. El dato nuevo y noticioso, en la formulación de El Mundo, es la militancia que el diario le atribuye en el movimiento disidente. Nuestro medio reconoce expresamente el origen de esa información y mantiene abierta su corroboración independiente.
El Mundo describe asimismo el alejamiento de Txapote respecto a la estrategia mayoritaria del colectivo de presos de ETA y su proximidad a los sectores que rechazan esa línea. Esa ruptura interna resulta relevante para estudiar la persistencia de corrientes radicales tras 2011. No autoriza, por sí sola, a dibujar una cadena de mando familiar o una conspiración armada.
El factor internacional: un ciudadano irlandés y señalamientos en otros países
Durante el control de Eskoriatza también fue identificado Naoise O’Conarain, ciudadano irlandés al que diversas crónicas relacionan con entornos de solidaridad republicana. La información judicial señala, además, la existencia de alertas policiales: una relacionada con Italia respecto de Grünig y otra petición de control específico de Francia respecto de Bilbao.
Los señalamientos y la presencia de un tercero extranjero no prueban cooperación terrorista internacional. Sí son datos que justifican preguntar si los investigadores han examinado contactos y movimientos transfronterizos. En un caso como este, el periodismo serio no necesita inventar una red: debe distinguir con precisión qué conexiones están documentadas y cuáles no.
La política penitenciaria que dirige una consejera socialista: las cuentas pendientes
El otro gran frente político es la ejecución de las penas de los antiguos integrantes de ETA. El Gobierno vasco asumió la gestión penitenciaria en 2021, y la cartera de Justicia y Derechos Humanos está dirigida por María Jesús San José, miembro del PSE-EE. Es una responsabilidad institucional concreta, con decisiones administrativas sometidas a la ley y al control judicial.
Según el balance publicado por EFE el 20 de octubre, quedaban aproximadamente 110 presos de ETA. De los 94 integrados en el colectivo EPPK, 68 disfrutaban de algún régimen de semilibertad: 43 en tercer grado y 25 bajo el artículo 100.2, de acuerdo con las cifras de Etxerat citadas por la agencia. Los datos corresponden a ese colectivo y esa fecha; no deben presentarse como si describieran automáticamente la situación de todos los condenados.
Las asociaciones de víctimas, entre ellas Covite y la AVT, cuestionan la suficiencia de determinados procesos de arrepentimiento y denuncian lo que consideran una dinámica de beneficios penitenciarios difícil de justificar. Covite criticó especialmente la progresión de Henri Parot y otras resoluciones por entender que faltaba una ruptura verificable con la legitimación de la violencia.
La posición oficial de la consejera es distinta: sostiene que reinserción y seguridad son obligaciones compatibles, y que el sistema debe cumplir el ordenamiento jurídico y proteger los derechos de todos, incluidas las víctimas. La Fiscalía y los jueces de vigilancia penitenciaria han recurrido o revocado algunas decisiones concretas. Por tanto, tampoco sería exacto decir que todo beneficio concedido es ilegal.
Pero la legitimidad formal de una resolución no agota el debate democrático sobre sus criterios, oportunidad y transparencia. La consejera socialista y el conjunto del Gobierno vasco deben poder explicar, expediente por expediente y dentro de los límites de protección de datos, qué indicadores de desvinculación, reparación y evaluación de riesgo justifican las progresiones. No basta pedir confianza cuando las asociaciones de víctimas sostienen que faltan garantías.
PSOE, EH Bildu y memoria: responsabilidad política, no una conspiración demostrada
Los apoyos parlamentarios de EH Bildu a iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez han alimentado durante años la crítica de PP, Vox y asociaciones de víctimas a la política penitenciaria. Esa controversia es real y merece fiscalización. También lo es que las decisiones penitenciarias vascas corresponden formalmente al Ejecutivo autonómico y están sometidas al marco legal y judicial.
No existe en las fuentes examinadas una prueba de que el PSOE haya creado, financiado, dirigido o encubierto Jardun, ni de que las progresiones penitenciarias hayan causado la aparición de los documentos policiales intervenidos. Atribuirle tales conductas como hechos sin pruebas perjudicaría el trabajo de quienes sí han documentado los hallazgos.
La crítica política rigurosa es otra, y resulta suficientemente severa: ¿qué ha hecho cada administración para mantener la memoria de los asesinados, prevenir la radicalización violenta, verificar las desvinculaciones y proteger los datos de agentes expuestos? ¿Por qué las asociaciones de víctimas consideran insuficientes las explicaciones del poder público? ¿Qué coordinación real hubo tras el hallazgo de los archivos?
No se responde a esas preguntas desacreditando a quienes las formulan ni reduciendo toda discrepancia a una maniobra partidista. Las instituciones tienen la obligación de documentar sus decisiones, especialmente cuando se trata del legado de una organización que asesinó a centenares de personas.
La defensa niega la tesis de una reactivación armada
El abogado Aratz Estonba, en declaraciones recogidas por Argia el 21 de octubre, rechaza que se hayan acreditado armas o explosivos operativos y discute el valor incriminatorio de parte del material. También ofrece explicaciones alternativas para los planos y archivos hallados. Su versión forma parte de la información relevante y será contrastada en el procedimiento.
La afirmación de la defensa no anula los indicios que han llevado al magistrado a adoptar prisión provisional. Del mismo modo, la decisión cautelar no elimina la presunción de inocencia de los investigados. El desenlace requerirá pruebas examinadas con contradicción judicial, no una batalla de etiquetas.
Qué sabemos y qué sigue sin respuesta
Está documentado el control de Eskoriatza, las dos detenciones del 17 de octubre, la apertura de diligencias por presuntos delitos de terrorismo y las resoluciones de prisión provisional del día 20. Los autos descritos por varias fuentes coinciden en la localización de información relativa a policías, dispositivos cifrados y planos de antiguos zulos. El Mundo ha publicado, además, la atribución de militancia en Jardun al hijo de Txapote.
No consta públicamente acreditado que los depósitos contuvieran armas en la actualidad; que se preparara un atentado concreto; cómo se obtuvieron todos los archivos del policía; que Aretx García esté imputado en la causa; ni que exista un nexo delictivo probado entre la organización investigada y decisiones de dirigentes socialistas.
Esas distinciones no suavizan el reportaje: impiden que lo verificable se diluya entre acusaciones que todavía no pueden demostrarse.
La conclusión: un Estado obligado a dar explicaciones
La noticia no es únicamente que El Mundo sitúe al hijo de Txapote en el entorno de Jardun. Lo trascendente es que la Audiencia Nacional investiga a integrantes de esa coordinadora después de que la Ertzaintza localizara información sensible sobre agentes y documentación vinculada a antiguos escondites de ETA. Hay dos personas privadas de libertad provisionalmente y una investigación penal abierta.
A la vez, las políticas de semilibertad para condenados de ETA han vuelto a poner frente a frente al Ejecutivo vasco y a asociaciones que representan la memoria y los derechos de las víctimas. La responsabilidad política de explicar esas decisiones alcanza directamente al departamento dirigido por una consejera socialista, con independencia de que cada resolución tenga sus cauces legales de control.
El Estándar defiende aquí una exigencia inequívoca: protección efectiva de los agentes, verdad para las víctimas, investigación judicial hasta el final y transparencia institucional sin excepciones partidistas. Nadie debería poder esconder información relevante detrás de un discurso de concordia. Tampoco debería imputarse un delito a nadie sin pruebas.
El terrorismo de ETA pertenece a la historia penal de España. Los documentos intervenidos y la investigación judicial de octubre de 2026 pertenecen al presente. El Estado debe responder con hechos verificables, no con silencio.
Fuentes y documentación
- El Mundo, investigación de Leyre Iglesias, Ángeles Escrivá y Josean Izarra, 22–23/10/2026. Fuente de la atribución de militancia de Aretx García y de detalles adicionales de la estructura de Jardun.
- Ertzaintza, comunicado 17/10/2026: dos detenidos por presunto terrorismo. Confirmación institucional inicial.
- RTVE, 21/10/2026: prisión provisional, material intervenido y contenido de autos.
- Europa Press, 20/10/2026: decisión judicial y documentación localizada.
- The Objective, 20/10/2026: reconstrucción del control y material intervenido.
- AUGC, 19/10/2026: personación y reclamaciones sobre protección de agentes.
- Argia, 21/10/2026: declaraciones del abogado Aratz Estonba.
- EFE, 20/10/2026: datos sobre población penitenciaria de ETA y semilibertad.
- Europa Press, 09/09/2026: crítica de Covite al tercer grado de Henri Parot.
- Gobierno Vasco, 23/09/2026: posición de María Jesús San José sobre reinserción y seguridad.
Foto de archivo: Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Vitoria-Gasteiz, agosto de 2026. No representa el operativo de Eskoriatza ni a los investigados. Autor: Mike Peel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
