Ceuta, la crisis que no terminó el 30-J: Marruecos, mafias y los canales políticos que España debe explicar

HALLAZGOS PRINCIPALES

• La Audiencia Nacional investiga una 'clara e indudable gestión favorecedora' desde Marruecos y un 'guiado activo' de agentes marroquíes durante la entrada del 30 y 31 de julio.
• El CENIF describió el 30-J como una acción planificada y no espontánea, pero no ha individualizado públicamente un autor intelectual estatal superior.
• La cooperación criminal entre droga y tráfico de personas en el eje Marruecos-Ceuta-Algeciras está documentada por Europol; no se ha demostrado que las redes posteriores al 30-J sean las mismas que HADES o ARES.
• El Tribunal Constitucional reprodujo una investigación de la Audiencia Nacional sobre una supuesta 'estructura de seguridad' integrada principalmente por guardias civiles destinados en el Puerto de Ceuta que habría favorecido operaciones de narcotráfico a cambio de dinero.
• El USFP utilizó directamente su canal con Pedro Sánchez durante la crisis de Ceuta de 2021 para trasladar una reivindicación territorial y PSOE-USFP firmaron en 2022 un acuerdo de cooperación por diez años con consultas regulares y una comisión conjunta.
• Santos Cerdán declaró en el Senado que en el viaje oficial a Marruecos de enero de 2019 negociaba un convenio partidista que 'está firmado' y 'está en el partido'; el documento no ha sido localizado públicamente y en julio de 2019 el USFP todavía hablaba de renovar el antiguo acuerdo.
• La gravedad de la crisis genera un consenso inusual en Ceuta, mientras la política nacional se divide sobre hasta dónde llega la responsabilidad de Marruecos.
• No existe evidencia pública suficiente de un mando único que conecte Estado marroquí, PSOE-USFP, narcotráfico, incendios, activismo, terrorismo e insider risk.

CEUTA / MADRID.— El 30 de julio terminó hace más de un mes. La crisis, no.

La ciudad ha pasado de la imagen imposible de decenas de miles de personas entrando desde Marruecos a una fase menos espectacular y quizá más difícil de leer: incendios intencionados de vehículos y contenedores, agresiones, asentamientos, una economía clandestina que vende salidas hacia la Península, presión sobre el puerto, nuevos dispositivos fronterizos, investigaciones sobre artefactos caseros y una disputa política cada vez más agresiva sobre quién sabía qué y hasta dónde llega la responsabilidad de Rabat.

La noche del 6 al 7 de septiembre, fuentes policiales y de Bomberos confirmaron a EFE la quema intencionada de varios vehículos y contenedores en distintos puntos de Ceuta. En el Arroyo de las Bombas, un guardia civil resultó herido por el lanzamiento de una piedra cuando acudía con otros efectivos a uno de los incendios. La autoría de los fuegos no está establecida y no existe prueba pública de una campaña coordinada. Pero la suma de incidentes demuestra algo más básico: la ciudad no ha recuperado todavía la normalidad.

El propio Estado lo reconoce. El Real Decreto 681/2026 declaró Ceuta situación de interés para la Seguridad Nacional hasta el 31 de diciembre y extendió el dispositivo extraordinario al territorio de la ciudad, la frontera terrestre, los puestos fronterizos, las costas, los puertos y las aguas adyacentes. El Gobierno admite, por tanto, que el episodio superó las capacidades ordinarias de gestión, acogida, seguridad y servicios públicos.

Y en las últimas horas Pedro Sánchez ha dado un paso adicional. Después de defender el 3 de septiembre que el 30-J había sido un fenómeno complejo y multicausal, probablemente alimentado por distintos actores sin coordinación común demostrada, el presidente ha admitido que España debe mejorar su capacidad de anticipación y prevención frente a crisis o “ataques híbridos” como el de Ceuta. El matiz es importante: reconocer el carácter híbrido de la amenaza no equivale a atribuir jurídicamente su mando al Gobierno marroquí. Pero sí aleja definitivamente el 30-J de la explicación cómoda de una simple oleada migratoria.

La cuestión central de esta investigación no es, por tanto, si Ceuta sufrió una crisis. Eso está fuera de discusión. La pregunta es qué capas se superpusieron, cuáles proceden o fueron facilitadas desde Marruecos, cuáles pertenecen a redes criminales preexistentes dentro del Estrecho, qué vulnerabilidades españolas amplificaron el daño y qué canales políticos existían entre Madrid y Rabat cuando todo ocurrió.

La Audiencia Nacional ya no investiga una mera sospecha

El cambio jurídico más importante se produjo el 7 de septiembre. La magistrada María Tardón abrió formalmente una investigación penal sobre la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio al considerar que se investiga una conducta presuntamente cometida en el extranjero que habría atacado gravemente la integridad territorial de España.

La resolución asume un lenguaje que obliga a elevar el nivel de análisis. La jueza habla de una “clara e indudable gestión favorecedora” desde Marruecos y recoge el “guiado activo” de personas por agentes marroquíes. No se limita a describir pasividad. Según el auto, los uniformados daban indicaciones, dirigían movimientos y facilitaban la superación de obstáculos hacia las zonas de acceso a Ceuta.

El origen de esa tesis está en el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional remitido al juzgado. El CENIF describió la entrada como “planificada” y “no espontánea” y situó entre organizadores o ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos. El documento analizó además la movilización digital, los movimientos previos y la conducta de los efectivos marroquíes en la frontera.

Esto permite escribir algo que hace una semana requería muchos más condicionales: la facilitación desde territorio marroquí y la actuación de agentes marroquíes forman parte del núcleo de la investigación penal española.

Lo que no permite escribir es que Mohamed VI, el Gobierno marroquí, la DGST o la DGED ordenaron el 30-J. Ningún autor intelectual superior ha sido individualizado públicamente. El propio Gobierno español insiste en que no ha recibido pruebas sólidas de que el Estado marroquí diseñara o ejecutara la operación. Esa frontera probatoria debe mantenerse.

El contraste, sin embargo, se ha vuelto incómodo. Un informe policial del 28 de julio ya contemplaba la “posible relajación temporal del control fronterizo marroquí” durante las festividades del Día del Trono como posible mecanismo de presión política. Y semanas después, cuando Rabat desplegó controles reforzados, helicópteros, drones, perros y detenciones contra convocatorias similares, la capacidad de contención quedó demostrada.

Capacidad no es intención. Que Marruecos pudiera contener una movilización posterior no prueba por sí mismo que decidiera permitir la del 30-J. Pero sí convierte en legítima una pregunta que el Estado tendrá que responder: por qué una capacidad de control observable antes y después de la crisis no operó de forma comparable durante sus horas críticas.

Marruecos no es una variable nueva en Ceuta

España ya ha vivido un precedente inmediato. En mayo de 2021, Marruecos relajó sus controles y miles de personas entraron en Ceuta mientras se desarrollaba la crisis diplomática provocada por la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. El Parlamento Europeo terminó rechazando expresamente el uso del control fronterizo, la migración y los menores como instrumento de presión política contra España.

Ese antecedente no demuestra que el 30-J de 2026 tenga la misma cadena de mando. Sí demuestra que la instrumentalización migratoria por Marruecos no es una teoría inventada después de los hechos: existe un precedente político europeo formalmente documentado.

La diferencia de 2026 es la escala y la complejidad. La investigación judicial ya no mira únicamente a una frontera abierta o a una omisión de control. Mira a una posible organización de la masa, a dinamizadores, a guiado sobre el terreno y a distintos niveles de planificación cuyo vértice todavía no está identificado.

Esa incertidumbre explica la división política de Madrid. Pedro Sánchez mantiene cautela sobre la autoría estatal marroquí. Alberto Núñez Feijóo sostiene que la operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y que existen indicios de coordinación. Vox utiliza una terminología todavía más dura y habla de invasión y acto de guerra. Pero el dato que rompe el relato clásico de bloques es Sumar: Enrique Santiago ha afirmado que España sufrió “un ataque de Marruecos utilizando a personas vulnerables” y considera poco creíble exculpar a Rabat.

Por tanto, la responsabilidad marroquí no divide simplemente derecha contra izquierda. La fractura real está en hasta dónde puede elevarse la atribución con la evidencia disponible, qué respuesta proporcional debe adoptarse y cómo tratar a las personas que participaron en el cruce sin borrar su condición humana ni la posible instrumentalización de la que fueron objeto.

Dentro de Ceuta, en cambio, el consenso sobre la gravedad es mucho mayor. El 28 de agosto PP, Vox, PSOE, MDyC y Ceuta Ya, junto a las diputadas no adscritas, suscribieron una declaración institucional que describía a la ciudad como “al borde del colapso”, reclamaba retornos conforme a la ley, refuerzo de las fuerzas de seguridad y blindaje de la frontera. La crisis ha conseguido algo poco habitual: que fuerzas enfrentadas sobre casi todo coincidan en que la situación ordinaria de Ceuta ha dejado de ser sostenible.

La segunda frontera: la economía criminal

Si el 30-J tuvo una dimensión política o híbrida, sus consecuencias fueron rápidamente absorbidas por una economía criminal que ya existía antes.

La Policía Nacional desarticuló en agosto dos organizaciones dedicadas a trasladar personas desde Ceuta hacia la Península. Cinco personas fueron detenidas y los precios alcanzaban los 9.000 euros por pasajero. El CENIF estimó además que, entre el 30 de julio y el 19 de agosto, al menos 148 personas alcanzaron Cádiz o Málaga en 29 embarcaciones clandestinas.

Aquí conviene introducir una distinción central: las mafias no aparecen como organizadoras del 30-J; aparecen explotando el mercado creado después. Una crisis política o fronteriza puede producir inmediatamente una oportunidad económica sin que los actores criminales que la monetizan sean quienes la originaron.

Lo que sí está demostrado es que en el Estrecho las categorías “narcotráfico” y “tráfico de personas” no funcionan como compartimentos estancos.

En junio de 2025, Europol y la Policía Nacional desarticularon una red asentada entre Marruecos, Ceuta y Algeciras que transportaba simultáneamente migrantes y resina de cannabis en las mismas embarcaciones. Más de 200 personas habrían sido trasladadas y el paquete completo desde Marruecos hasta España podía superar los 14.000 euros. En el viaje de regreso, la organización llevaba clonazepam para maximizar beneficios.

El modelo es importante porque demuestra que el corredor funciona como un mercado de capacidades: barcos, pilotos, viviendas, garajes, contactos, transporte terrestre, documentación, logística y protección pueden reutilizarse para mercancías distintas.

Eso no permite afirmar que las dos organizaciones detectadas después del 30-J sean las mismas de aquella operación ni que compartan miembros con HADES o ARES. El cruce exhaustivo realizado por El Estándar no ha encontrado en el corpus público nombres, teléfonos, matrículas, empresas o embarcaciones comunes suficientes para realizar esa atribución. Esa línea queda cerrada como no establecida hasta que aparezca un identificador nuevo en una causa policial o judicial.

Los túneles: infraestructura permanente desde Marruecos

La frontera criminal de Ceuta no depende sólo de lanchas.

El 31 de marzo de 2026, la Policía Nacional anunció el hallazgo de un segundo gran narcotúnel con tres niveles, raíles, vagones, bombas de achique, grúas, poleas e insonorización. La infraestructura estaba diseñada para introducir toneladas de hachís desde Marruecos y permitía mover la mercancía sin contacto visual directo entre todos los participantes.

El dato decisivo es humano: uno de los líderes de la red, operando desde Marruecos y descrito por la Policía como “narcoarquitecto” o “patrón de los túneles”, es también el presunto responsable del túnel descubierto el año anterior.

Eso une HADES y ARES en un punto que antes debía tratarse con cautela. Ya no estamos ante dos obras clandestinas casualmente parecidas. Según la Policía, dos infraestructuras transfronterizas distintas comparten un mismo presunto diseñador o responsable operando desde Marruecos.

La operación de 2026 terminó con 27 detenidos, más de 17 toneladas de droga intervenidas, 1,43 millones de euros en efectivo, decenas de dispositivos de comunicación y vehículos de lujo. El sistema incluía conexiones con carretera, mar y nodos peninsulares.

Nada de ello prueba una relación con el 30-J. Pero sí demuestra qué tipo de frontera existía antes de la crisis: una frontera donde organizaciones criminales habían invertido recursos importantes en infraestructura subterránea permanente, logística multimodal y coordinación transnacional.

Ese contexto importa porque una frontera sometida a una presión política extraordinaria no se encuentra con un territorio criminal vacío. Se encuentra con mercados y redes que saben convertir personas, mercancías y oportunidades en dinero.

El Puerto y el riesgo interno

La capa más delicada no está al otro lado de la frontera. Está dentro de las instituciones españolas.

La Sentencia 15/2026 del Tribunal Constitucional reproduce una investigación de la Audiencia Nacional sobre organizaciones dedicadas al tráfico de hachís en Ceuta. El auto judicial citado por el Constitucional describe indicios de una “estructura de seguridad” compuesta principalmente por miembros de la Guardia Civil destinados en el Puerto de Ceuta que, coordinadamente y mediante acciones u omisiones, habrían favorecido operaciones ilícitas a cambio de beneficios económicos.

El procedimiento investigaba organización criminal, tráfico de drogas y cohecho. La documentación judicial recoge además indicios sobre pagos concretos. No existe, sin embargo, una sentencia firme que permita convertir esos indicios en culpabilidad penal definitiva ni mucho menos generalizar la acusación a toda la Guardia Civil de Ceuta.

El Tribunal Constitucional concedió amparo a uno de los investigados por vulneración de sus derechos de defensa en relación con la prisión provisional. Eso no equivale a una absolución sobre el fondo ni a una declaración de que la estructura investigada nunca existió. Significa que la medida cautelar se adoptó sin garantizar un acceso suficiente a elementos esenciales de las actuaciones.

La formulación periodística correcta es, por tanto, precisa y grave a la vez: Ceuta tiene un antecedente judicial documentado de insider risk en una infraestructura crítica de salida hacia la Península.

Ese riesgo adquiere más relevancia cuando el Gobierno plantea ahora una presencia permanente de Frontex en el puerto y una misión específica de Europol. No se trata sólo de controlar quién cruza la frontera. Se trata de saber si las instituciones que controlan los siguientes eslabones de la cadena son suficientemente resistentes a la penetración criminal.

Cuando la crisis entra en la política: el canal PSOE-USFP

La investigación política exige una cautela distinta. Mantener relaciones con partidos marroquíes no es una irregularidad. La diplomacia de partido existe en las democracias europeas y no es exclusiva del PSOE. El Partido Popular ha mantenido durante años interlocución con PJD, RNI e Istiqlal y ha defendido expresamente que las relaciones entre partidos pueden complementar los canales entre gobiernos.

La cuestión relevante no es, por tanto, que el PSOE hable con el USFP. Es qué mecanismos concretos construyeron ambos partidos, qué asuntos circularon por ellos y qué trazabilidad existe sobre sus consultas.

El primer episodio documentado por El Estándar se remonta a 2001. Antes de que José Luis Rodríguez Zapatero llegara a La Moncloa, el VI Congreso del USFP dejó por escrito una agenda territorial que incluía Ceuta, Melilla y Chafarinas y señalaba al PSOE como interlocutor prioritario entre los socialistas europeos. En diciembre de ese mismo año, PSOE y USFP firmaron en Rabat un convenio de cooperación.

La existencia de aquella relación no prueba que el PSOE aceptara la reivindicación territorial del partido marroquí. El texto íntegro del acuerdo de 2001 sigue sin haberse recuperado públicamente y, al regresar de Rabat, Zapatero aseguró que Mohamed VI había dejado Ceuta y Melilla fuera de la conversación privada mantenida con él.

Pero veinte años después el canal dejó un documento mucho más directo.

2021: el USFP utiliza el canal durante una crisis real de Ceuta

El 21 de mayo de 2021, Driss Lachgar escribió a Pedro Sánchez en calidad de líder del PSOE. Marruecos acababa de abrir una crisis fronteriza de enorme gravedad y el presidente español había viajado a Ceuta.

En su carta, el jefe del USFP calificó a Ceuta de ciudad “ocupada”, criticó el despliegue militar español y pidió una discusión sobre el futuro de Ceuta y Melilla. No era una declaración genérica en un congreso del partido. Era un mensaje dirigido al jefe del PSOE durante una crisis fronteriza en curso.

Ese dato permite cerrar una cuestión histórica: el canal partidista fue utilizado materialmente para transmitir a Sánchez una reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla.

No sabemos qué respuesta privada recibió Lachgar. No hemos localizado una carta de contestación del PSOE, un acta o un acuse que permita reconstruir el intercambio completo.

Sí sabemos cuál era la posición pública de Sánchez. El 18 de mayo había declarado que la integridad de Ceuta como parte de España estaba garantizada y había exigido que la relación bilateral se fundamentara en el respeto de las fronteras de ambos países.

Por tanto, la evidencia disponible prueba la demanda del USFP; no prueba aceptación del PSOE.

2022: diez años de consultas y una comisión conjunta

El 29 de noviembre de 2022, al margen del XXVI Congreso de la Internacional Socialista en Madrid, ambos partidos firmaron un nuevo acuerdo.

La fuente oficial del USFP identifica como firmantes a Driss Lachgar y Santos Cerdán, entonces secretario de Organización socialista. El pacto entró en vigor inmediatamente por diez años renovables.

No es una simple declaración de amistad. El texto publicado por el USFP prevé:

• diálogo y consultas regulares sobre cuestiones de interés común;
• coordinación de posiciones en organizaciones regionales, euromediterráneas e internacionales;
• intercambios entre estructuras regionales y locales;
• cooperación entre organizaciones sectoriales, parlamentarios, alcaldes y cargos electos;
• y una comisión conjunta encargada de preparar un plan de acción para su aprobación por los líderes de ambos partidos.

El mismo acuerdo proclama respeto por la soberanía, unidad e integridad territorial de los dos países. Ese punto funciona como control frente a una lectura simplista del pacto.

Pero existe una tensión objetiva: la página oficial de “Principios y objetivos” del USFP, accesible el 9 de septiembre de 2026, continúa incluyendo como objetivo completar la integridad territorial marroquí mediante la “liberación” de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias.

La coexistencia de ambas piezas no autoriza a afirmar que el PSOE comparta esa doctrina. Sí plantea una pregunta de transparencia elemental: qué tratamiento recibió esa divergencia territorial al firmarse un acuerdo de diez años que establecía consultas regulares y coordinación internacional.

Después de búsquedas dirigidas en español, francés y árabe, El Estándar no ha localizado públicamente la composición de la comisión conjunta, sus actas ni el plan de acción que el propio acuerdo dice que debía elaborarse. Tampoco aparecen comunicaciones bilaterales específicas de 2022 a 2026 sobre Ceuta o Melilla.

Llegados a este punto, el siguiente paso no es especular. Es pedir los documentos.

2019: el convenio que Cerdán dijo que estaba en el PSOE

Hay otro hueco documental que adquiere relevancia a la luz de lo anterior.

En su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado del 17 de diciembre de 2025, Santos Cerdán fue preguntado por qué había participado en un viaje oficial a Marruecos en enero de 2019 junto al entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Cerdán respondió que su función era “negociar un convenio” con el partido socialista marroquí y añadió que el documento “está firmado”. Cuando se le preguntó dónde estaba, contestó: “Está en el partido”.

El Estándar no ha localizado públicamente ese convenio.

La ausencia en internet no demuestra que no exista. Pero el archivo oficial del USFP introduce una inconsistencia que merece aclaración. El 29 de julio de 2019, seis meses después del viaje, el partido marroquí publicó una reunión entre Ábalos y Lachgar en la que ambos seguían hablando de la renovación del antiguo acuerdo entre PSOE y USFP.

Hay varias explicaciones posibles: Cerdán pudo negociar otro instrumento diferente; pudo participar en una negociación que no se cerró entonces; o pudo referirse retrospectivamente a un convenio culminado en otra fecha. Sin el documento, no puede saberse.

La conclusión correcta no es que Cerdán mintiera. Es otra: un exsecretario de Organización del PSOE declaró ante una comisión parlamentaria que existía un convenio firmado y archivado en el partido; ese documento es identificable y debe poder ser entregado.

El mismo viaje y la segunda agenda: Kenitra

El viaje de enero de 2019 tiene además una segunda dimensión que obliga a separar política de partido, acción gubernamental y negocio privado.

El comunicado contemporáneo del Ministerio de Fomento explicaba que la visita de Ábalos pretendía reforzar la cooperación bilateral y favorecer la participación de empresas públicas y privadas españolas en proyectos marroquíes. Entre las reuniones figuraba el nuevo puerto de Kenitra y la participación empresarial española.

Años después, un informe de la UCO incorporado a las investigaciones sobre Santos Cerdán reconstruyó comunicaciones previas al viaje. Según la información difundida sobre ese informe, Cerdán facilitó a Koldo García contactos de ministros marroquíes, Ábalos preguntó por el proyecto vinculado a Acciona y Cerdán remitió documentación sobre Kenitra antes de incorporarse a la delegación.

El solapamiento temporal es real. Pero no existe una prueba pública que permita afirmar que el convenio PSOE-USFP fue una cobertura para el proyecto empresarial, que el USFP intervino en una adjudicación o que el viaje tuvo como finalidad obtener una comisión.

En este punto la disciplina probatoria es esencial. Una misma persona puede desempeñar una función orgánica de partido y tener acceso a interlocutores gubernamentales; un viaje oficial puede contener reuniones políticas y económicas. Para convertir esa convivencia en tráfico de influencias o corrupción hace falta el puente que todavía no existe: una orden, un pago, una decisión, una contraprestación o una comunicación causal.

Política de partido no es política de Estado

El comparador histórico evita otra simplificación.

El PP también ha mantenido relaciones formales y fluidas con partidos marroquíes. Desde mediados de la década de 2000 documentó contactos con el PJD; Pablo Casado se reunió en 2021 con dirigentes del RNI y del Istiqlal; y dirigentes populares defendieron en otros momentos que la diplomacia entre partidos podía complementar la relación bilateral incluso cuando sus interlocutores marroquíes mantenían reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla.

Este precedente es importante porque elimina un falso indicio: hablar con un partido marroquí no convierte a un partido español en agente de Rabat.

Lo que hace singular el canal PSOE-USFP es la combinación concreta que aparece en el archivo: una relación formal desde 2001; la utilización directa del canal durante la crisis de Ceuta de 2021; una estructura regional del USFP en España que llegó a pedir el voto para el PSOE; un acuerdo de diez años en 2022 con consultas y comisión conjunta; y la permanencia de una reivindicación territorial explícita en la doctrina pública del socio marroquí.

Ese conjunto justifica un escrutinio documental superior. No una condena por asociación.

Qué nos enseña ETA y qué no tiene nada que ver con Ceuta

El Estándar ha reconstruido en otra investigación la dimensión internacional de ETA: militantes entrenados en Argelia, Líbano y Yemen del Sur; apoyo de Fatah y del FPLP en diferentes etapas; canales libios tempranos; refugio posterior en Francia o Cuba bajo contextos muy distintos.

Ese archivo no tiene un puente operativo con Ceuta 2026 y no debe utilizarse para sugerirlo.

Su utilidad es metodológica. La historia del terrorismo y del crimen organizado demuestra que las redes transnacionales rara vez funcionan como una única pirámide en la que todos los actores obedecen al mismo mando. Existen proveedores de armas, formación, refugio, financiación, transporte o información que pueden coincidir parcialmente sin compartir dirección estratégica.

Ese principio es mucho más útil para entender Ceuta que una teoría totalizadora.

En el expediente actual aparecen:

dinamizadores digitales;

fuerzas marroquíes cuya conducta está bajo investigación;

redes criminales que monetizan los movimientos de personas;

narcotraficantes que utilizan infraestructura permanente desde Marruecos;

posibles insiders investigados en el Puerto;

episodios de desorden público e incendios;

activismo y diligencias judiciales sobre artefactos caseros;

y canales políticos históricos que permiten acceso e interlocución.

No hay evidencia pública de que todas esas capas formen una organización única. La pregunta correcta es otra: dónde comparten capacidades, dónde se tocan y qué actores consiguen aprovechar una crisis producida inicialmente por otros.

Incendios, violencia y el riesgo de convertir todo en una sola operación

Las últimas noches muestran por qué esa separación es necesaria.

Ceuta ha registrado quemas intencionadas de vehículos y contenedores, peleas, agresiones y ataques con piedras a agentes. En paralelo, un juzgado investiga agresiones a militares y vecinos y la posible adquisición o suministro de artefactos caseros capaces de producir deflagraciones o liberar gases.

Nada de ello permite todavía escribir “campaña coordinada de sabotaje”.

La autoría de los incendios no está cerrada. No existe un puente público entre esos hechos y HADES, ARES, el 30-J, organizaciones yihadistas o colectivos de activismo. Algunas narrativas que circularon en agosto —como la supuesta alerta de Mercadona por compras masivas de componentes para explosivos— fueron desmentidas.

Este límite no debe tratarse como una debilidad del artículo. Es una de sus conclusiones principales: Ceuta puede vivir simultáneamente varios problemas graves sin que todos procedan del mismo centro de mando.

De hecho, ése puede ser el verdadero riesgo sistémico. Una frontera donde coinciden presión geopolítica, mercados criminales, conflicto político, desinformación, vulnerabilidades institucionales y tensión social necesita muy poca coordinación superior para producir efectos acumulativos.

La puerta del Tarajal: una pregunta geográfica todavía abierta

La polémica sobre una nueva puerta atribuida a Marruecos en la barrera del Tarajal debe mantenerse separada hasta contar con un cierre geodésico y administrativo.

Interior sí documenta su propia respuesta: después del 30-J instaló una barrera neumática y boyas de contención en el espigón del Tarajal para crear un obstáculo físico tras la sentencia del Tribunal Supremo que limitó el rechazo en frontera de quienes accedían a nado.

Por separado, informaciones periodísticas sostienen que Marruecos soldó una nueva puerta y controla su apertura en un punto utilizado para retornos. Las versiones sobre la soberanía exacta de ese punto son contradictorias.

Mientras no aparezcan coordenadas, plano fronterizo, titularidad de la infraestructura y autorización administrativa, El Estándar no presentará como hecho una “apropiación de territorio español”.

La existencia de una controversia fronteriza merece investigación. La soberanía no se demuestra con una fotografía aislada.

Los cuarenta documentos: la investigación que viene después

El Gobierno ha aprobado la desclasificación de información del CNI y del CIFAS y ha anunciado un dossier de aproximadamente cuarenta documentos correspondientes al periodo previo y posterior inmediato al 30-J.

Ese corpus será decisivo para otra pregunta: qué sabía exactamente cada órgano del Estado, cuándo lo supo, a quién lo remitió y qué decisión produjo.

Hasta que el conjunto íntegro pueda auditarse, no es responsable afirmar que los documentos prueban que Moncloa conocía de antemano la magnitud del 30-J ni aceptar sin examen la tesis contraria.

La cronología debe construirse documento por documento:

aviso → emisor → receptor → contenido → nivel de amenaza → hora de recepción → decisión → respuesta observable.

Ésa será la diferencia entre una acusación política y una investigación sobre responsabilidad institucional.

El cambio de lenguaje del propio Sánchez hace esa auditoría todavía más necesaria. Si el presidente admite ahora que la inteligencia española debe mejorar su anticipación y prevención frente a ataques híbridos, el debate deja de ser únicamente si existió un aviso que predijera el número exacto de personas. Pasa a ser si el sistema supo fusionar señales suficientes para elevar a tiempo su postura de seguridad.

Qué sabemos y qué no sabemos

La investigación permite llegar ya a varias conclusiones firmes.

Sabemos que el 30-J no está siendo tratado judicialmente como un episodio espontáneo. Sabemos que la Audiencia Nacional incorpora facilitación y guiado desde Marruecos. Sabemos que la economía criminal del Estrecho mezcla personas y drogas y que explotó rápidamente el mercado creado tras la entrada. Sabemos que Ceuta alberga infraestructura transfronteriza de narcotráfico dirigida desde Marruecos y que el Puerto arrastra un antecedente judicial de insider risk. Sabemos que PSOE y USFP mantienen una relación formal, que el partido marroquí utilizó ese canal durante la crisis de Ceuta de 2021 y que ambos renovaron en 2022 una cooperación prevista para una década.

También sabemos lo que todavía no puede afirmarse.

No está identificado públicamente el autor intelectual superior del 30-J. No hay una orden conocida de Mohamed VI, del Gobierno marroquí, de la DGST o de la DGED. No existe evidencia pública de que PSOE o USFP participaran en la crisis de 2026. No sabemos qué actividad real tuvo la comisión conjunta prevista en el acuerdo de 2022. No podemos conectar HADES o ARES con las mafias que trasladaron personas después del 30-J. No podemos atribuir todos los incendios a una campaña común. No podemos convertir una investigación concreta sobre agentes del Puerto en una acusación contra la Guardia Civil como institución.

Esos límites no deshacen el mapa. Lo hacen verificable.

La frontera que España debe aprender a leer

La imagen final de Ceuta no es la de una conspiración única capaz de explicarlo todo.

Es quizá más preocupante.

Al otro lado existe un Estado con capacidad demostrada para controlar o relajar su frontera, una reivindicación territorial persistente y actores de sus fuerzas de seguridad cuya conducta está bajo investigación judicial española. Sobre esa misma geografía funcionan organizaciones capaces de mover toneladas de hachís mediante túneles, lanchas, camiones y redes peninsulares. Dentro de Ceuta existen mercados que venden el traslado clandestino de personas y antecedentes de penetración criminal en una infraestructura crítica. A la vez, la política española mantiene desde hace décadas relaciones oficiales, partidistas, policiales, económicas y de inteligencia de enorme profundidad con Marruecos.

Eso no significa que todos trabajen juntos.

Significa que una crisis en Ceuta nunca ocurre sobre un terreno neutro.

La cuestión democrática ya no consiste sólo en preguntar quién abrió la frontera el 30 de julio. Consiste en saber qué sabía España, qué canales mantenía con Marruecos, qué vulnerabilidades tenía dentro, quién se benefició después y por qué el sistema tardó semanas en reconocer formalmente que se enfrentaba a una situación de Seguridad Nacional.

Los documentos públicos permiten responder a una parte.

El resto está en cuatro lugares perfectamente identificables: el convenio de 2019 que Santos Cerdán dijo que está en el PSOE; las actas y el plan de acción de la comisión conjunta PSOE-USFP creada en 2022; la eventual respuesta socialista a la carta territorial de Driss Lachgar de 2021; y el corpus íntegro de los informes desclasificados del 30-J.

Esos documentos no son detalles secundarios. Son la siguiente frontera de esta investigación.

Hasta que aparezcan, la conclusión más fuerte que permite la evidencia es también la más incómoda: Ceuta sufrió una crisis favorecida desde Marruecos sobre una frontera ya atravesada por redes criminales, vulnerabilidades internas y canales políticos cuya profundidad supera con mucho la transparencia disponible para el ciudadano.