Las cuentas de Bono y el negocio del acceso: del cliente ante Transportes a los inmuebles de Tánger

HALLAZGOS PRINCIPALES

• JOASA 2012 tiene objeto de asesoramiento, intermediación profesional e inversión inmobiliaria. José Bono figura como administrador único desde febrero de 2018 y su hijo José Bono Rodríguez como apoderado desde enero de 2023.
• Las cuentas de 2022, según información basada en depósitos mercantiles, sitúan la cifra de negocio de JOASA en 1.514.795,52 euros, frente a 575.116,70 euros en 2021; el mismo reporting atribuye 1,06 millones a servicios profesionales facturados por Bono a la sociedad.
• Entre 2023 y 2024 JOASA incorporó cinco inmuebles en Tánger por 259.900 euros y el patrimonio neto de la sociedad alcanzó 1.004.812 euros en 2024, según cuentas citadas por distintos medios.
• José Bono reconoció a El Español que Dimas de Andrés era cliente suyo. Los mensajes del móvil de Koldo García muestran que Bono trasladó y siguió una gestión concreta relacionada con un proyecto de ese cliente ante el entorno del Ministerio de Transportes.
• No hemos localizado en fuentes abiertas una factura de JOASA a Dimas de Andrés, Medcap Value Add Development, Medcap Energy Caribe, Tracia Ventures u otra sociedad de su grupo. Tampoco hemos localizado el Mayor 430 de JOASA.
• El expediente oficial dominicano de Medcap Energy Caribe identifica accionistas y representantes administrativos y no sitúa a Bono entre ellos; esto es un control negativo relevante.
• El caso Zapatero/Plus Ultra es un expediente separado: exdirectivos han declarado ante la Audiencia Nacional sobre una comisión del 1% del rescate atribuida al llamado “Grupo Zapatero”; Zapatero niega intermediación y no está acreditada una gestión concreta suya que causara la concesión.

La documentación mercantil y los mensajes intervenidos a Koldo permiten reconstruir una secuencia de consultoría, acceso político y expansión patrimonial. El paralelo con el expediente de Zapatero/Plus Ultra muestra un problema más amplio sobre la monetización del acceso de antiguos altos cargos, pero no acredita una trama común.

MADRID.— Durante meses, la pregunta alrededor de José Bono parecía sencilla: cómo había evolucionado el patrimonio de su consultora y por qué una sociedad que disparó sus ingresos en 2022 terminó incorporando inmuebles en Marruecos. La investigación documental de El Estándar obliga ahora a reformularla. El punto más delicado ya no está únicamente en Tánger. Está antes: en qué servicios prestaba Bono a sus clientes, cómo utilizaba su acceso a antiguos compañeros de Gobierno y si esas gestiones estaban vinculadas a una remuneración profesional.

La diferencia es esencial. Una empresa que aumenta sus ingresos y compra inmuebles no comete por ello ninguna irregularidad. Un antiguo cargo público tampoco incurre en delito por llamar a una Administración en nombre de un cliente. El umbral penal aparece solo cuando se demuestra una cadena mucho más exigente: cliente, pago, encargo, influencia real, resolución administrativa y beneficio económico. Esa cadena todavía no está cerrada en el caso de Bono. Pero por primera vez varios de sus eslabones pueden describirse con documentos y mensajes concretos.

El Estándar ha reconstruido tres planos que hasta ahora aparecían dispersos: la evolución financiera de JOASA 2012; las gestiones documentadas de Bono para el empresario Dimas de Andrés ante el entorno del Ministerio de Transportes; y la expansión patrimonial posterior de las sociedades vinculadas al exministro en España, Marruecos y República Dominicana. A ello se suma un cuarto plano, separado pero políticamente relevante: la investigación judicial sobre José Luis Rodríguez Zapatero y Plus Ultra, donde la Justicia está examinando pagos de consultoría y presuntas gestiones vinculadas a un rescate público.

La comparación entre Bono y Zapatero no permite afirmar que exista una estructura común. No hemos encontrado prueba de coordinación empresarial o financiera entre ambos expedientes. Sí permite formular una cuestión institucional de mayor alcance: qué controles existen cuando antiguos presidentes, ministros o dirigentes con una red extraordinaria de acceso convierten su experiencia y sus contactos en actividad privada de consultoría e intermediación.

1. JOASA: de la consultoría al patrimonio

JOASA 2012 fue constituida en 2012 con un objeto social extraordinariamente amplio para esta investigación: asesoría técnica, económica, laboral, fiscal, financiera y de gestión; servicios administrativos; intermediación con profesionales; colaboración con medios; y adquisición, disposición, enajenación, gravamen y arrendamiento de inmuebles. El BORME confirma que José Bono Martínez asumió la administración única en febrero de 2018.

El ejercicio que altera la escala de la compañía es 2022. Según las cuentas depositadas consultadas por El Confidencial, la cifra de negocio pasó de 575.116,70 euros en 2021 a 1.514.795,52 euros en 2022. La misma información señala que Bono facturó a su propia consultora 1,06 millones de euros por servicios profesionales y que el beneficio neto alcanzó 268.843 euros.

El dato por sí solo no permite identificar a los clientes. Esa es precisamente la frontera de la investigación. Las cuentas anuales reflejan magnitudes agregadas; no sustituyen al libro mayor de clientes, las facturas emitidas, los contratos ni la trazabilidad bancaria de los cobros. El Estándar no ha localizado en fuentes abiertas el Mayor de la cuenta 430 de JOASA ni una factura de la sociedad dirigida a Dimas de Andrés o a alguna empresa de su grupo.

Después del pico de 2022, los ingresos descendieron con fuerza. El reporting sobre las cuentas sitúa la facturación en 367.243 euros en 2023 y 810.400 euros en 2024. Paralelamente creció el balance patrimonial: las cuentas de 2024 citadas por The Objective sitúan el patrimonio neto en 1.004.812 euros frente a 287.707 euros en 2020 y el activo total en 1.843.275 euros.

La pregunta que permanece abierta no es cuánto ganó JOASA, sino quién generó esos ingresos y qué servicio recibió a cambio.

2. Tánger: cinco inmuebles después del ejercicio récord

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, JOASA incorporó cinco inmuebles urbanos en Tánger por un importe conjunto de 259.900 euros, según la memoria anual citada por Vozpópuli. Las unidades aparecen identificadas como Ben Charki 28, 30, 32, 36 y 38-40.

La secuencia temporal es llamativa, pero no constituye una prueba de contraprestación: 2022 fue el año del récord de facturación de JOASA y también el año en el que el Gobierno de Pedro Sánchez formalizó el giro español sobre el Sáhara. Bono defendió públicamente después la propuesta marroquí de autonomía. Los inmuebles llegaron en los dos ejercicios posteriores.

El Estándar no ha encontrado documentación que demuestre que Marruecos pagara a Bono, que una entidad pública marroquí fuera cliente de JOASA o que la compra de los inmuebles tuviera relación económica con las posiciones políticas del exministro. La coincidencia temporal puede y debe ser publicada; la causalidad no puede ser inventada.

3. El punto de inflexión: Dimas de Andrés era cliente de Bono

La investigación cambia de naturaleza cuando aparecen los mensajes intervenidos a Koldo García. El Español publicó en febrero de 2026 conversaciones de mayo de 2021 en las que Bono trasladó al entonces asesor de José Luis Ábalos un asunto relacionado con Dimas de Andrés y un proyecto en La Seu d’Urgell que necesitaba interlocución con Carreteras.

La pieza decisiva no es solo el mensaje. El propio Bono reconoció al periódico que Dimas de Andrés era cliente suyo. En uno de los textos remitidos a Koldo identificó al “titular registral” del centro comercial como Dimas, facilitó su teléfono y pidió que le indicaran qué documentación debía aportar. Días después hizo seguimiento: según los mensajes publicados, reclamó que todavía no habían llamado a Dimas por el asunto de la rotonda.

El Español añade que Koldo realizó gestiones con Javier Herrero Lizano, entonces director general de Carreteras. Bono también aparece en otra conversación en la que Koldo le comunica que ya había hablado con “Puertos” y que el asunto estaba siendo revisado.

Esto permite afirmar algo que las cuentas de JOASA no permitían: la actividad profesional de Bono incluía al menos la gestión de asuntos de clientes que requerían interlocución con la Administración, y para ello utilizó su acceso directo al entorno político del ministro de Transportes.

Lo que todavía NO puede afirmarse es que Bono cobrara por ejercer una influencia ilícita. Falta la pieza económica que conecte el encargo remunerado con la gestión y, además, falta demostrar una influencia efectiva sobre una resolución administrativa.

4. La factura que no hemos encontrado

El documento que podría transformar esta investigación sería una factura o contrato entre Dimas de Andrés —o alguna de sus sociedades— y JOASA o José Bono, con un concepto que pudiera relacionarse temporal y materialmente con las gestiones ante Transportes. El Estándar ha buscado ese puente en fuentes abiertas y no lo ha localizado.

La ausencia de una factura pública no demuestra que no existiera una relación remunerada. Bono reconoció que Dimas era cliente suyo; lo que permanece oculto es el vehículo contractual, la cuantía y el concepto del servicio. Tampoco hemos localizado una factura emitida por JOASA a Medcap Value Add Development, Medcap Energy Caribe, Tracia Ventures, Inversora Tyris Holding u otra sociedad del grupo de Dimas.

Esa limitación obliga a mantener separado el hecho probado —cliente y gestión— de la hipótesis penal —remuneración por influencia—. El Mayor de la cuenta 430, las facturas y los contratos de JOASA son el gate documental que permitiría cruzar esa frontera.

5. República Dominicana: relaciones, energía y controles negativos

Dimas de Andrés vuelve a aparecer en República Dominicana, donde su entorno empresarial participa en proyectos energéticos de gran escala. La documentación regulatoria dominicana de Medcap Energy Caribe identifica a Dimas, Rafael González-Cobos, Juan Segovia, Williams Jiménez y Llanos Jiménez en la estructura accionarial analizada. Bono no figura entre esos accionistas.

Los expedientes oficiales de Pimentel Energy y Las Parras Energy permiten identificar quién estaba formalmente autorizado para actuar ante la Comisión Nacional de Energía, ETED, ministerios y otras entidades: Williams Alberto Jiménez Villafaña recibió un poder especial para esas gestiones. De nuevo, Bono no aparece en la documentación regulatoria localizada.

Este control negativo es importante porque varios titulares periodísticos han sugerido que Bono “ayudó” a conseguir proyectos solares en República Dominicana. Con la documentación oficial revisada no puede presentarse esa intervención como un hecho probado. Para hacerlo harían falta mensajes, correos, agendas, mandatos o testimonios que lo sitúen actuando sobre los expedientes energéticos concretos.

La documentación sí acredita un puente financiero español independiente de Bono: una certificación de CaixaBank de octubre de 2022 recogida en el expediente regulatorio identifica al grupo cuya matriz es Inversora Tyris Holding, administrada por Dimas de Andrés, y refleja activos líquidos superiores a 305 millones de euros y el interés de la entidad en financiar Pimentel y Las Parras. Eso demuestra capacidad financiera y una relación bancaria; no prueba un desembolso final ni financiación pública española.

6. El patrimonio no termina en Tánger

La investigación societaria muestra que el perímetro patrimonial vinculado a Bono es más amplio que JOASA. Viveros 02031924 nació a finales de 2019 con Bono como administrador único y objeto inmobiliario. Procede de la escisión total de la antigua Hípica Almenara, cuyo patrimonio fue transferido a dos sociedades de nueva creación: una nueva Hípica Almenara y Viveros.

El documento decisivo aquí es el proyecto de escisión: debe permitir conocer qué activos recibió cada sociedad, a qué valoración y con qué pasivos. El BORME acredita la operación, pero no reproduce el inventario patrimonial completo. Viveros aparece después vinculada a una parcela de 8.324 metros cuadrados dentro de la tramitación urbanística de Toledo. La parcela llegó a entrar en el ámbito de desarrollo y posteriormente quedó afectada por condicionantes ambientales; por tanto, no puede darse por probado un “pelotazo” consumado sin reconstruir la plusvalía efectivamente realizada, si la hubo.

Tojsama 14 abre otra rama. Bono cesó como administrador a finales de 2021, pero las cuentas publicadas sitúan en la sociedad una inversión relevante en Teivelpir RD, vehículo relacionado con un inmueble en Santo Domingo. El Estándar mantiene separado lo que está acreditado societariamente de lo que aparece solo en reporting secundario y no atribuye a Bono activos de familiares o sociedades donde su participación actual no esté documentada.

7. El espejo Zapatero: otro expediente, el mismo problema de gobernanza

La comparación con José Luis Rodríguez Zapatero debe hacerse con precisión. No existe prueba de que Bono y Zapatero formasen una trama común ni de que compartiesen clientes o flujos de dinero en los hechos analizados aquí. Son expedientes separados.

Pero el caso Plus Ultra ha colocado ante la Audiencia Nacional una cuestión conceptualmente parecida: hasta dónde puede llegar la consultoría privada de un antiguo presidente cuando su principal valor económico es también una red excepcional de acceso político. El 8 de septiembre, Roberto Roselli, exCEO de Plus Ultra, declaró que la aerolínea pagó 530.000 euros —el 1% del rescate de 53 millones— a Julio Martínez Martínez por presuntas gestiones relacionadas con la ayuda y vinculó ese entorno al denominado “Grupo Zapatero”. Zapatero niega haber intervenido y no está acreditada públicamente una gestión concreta suya que determinara la concesión.

El expediente judicial es más avanzado que el de Bono porque incluye diligencias bancarias, informes policiales y testimonios ante un juez. La UDEF investiga pagos de Análisis Relevante a Zapatero y el juez autorizó el examen de decenas de cuentas relacionadas con el expresidente, su entorno y sociedades del caso. Esa circunstancia tampoco equivale a culpabilidad: es una investigación judicial en curso.

El vínculo editorial entre ambos casos no está en afirmar que Bono y Zapatero actuaran juntos. Está en una pregunta de transparencia democrática: qué límites y qué trazabilidad debe exigirse cuando antiguos dirigentes monetizan conocimiento, reputación y acceso a administraciones que dirigieron o en las que conservan relaciones personales privilegiadas.

8. El test penal: qué tendría que probarse

El delito de tráfico de influencias no se prueba con una fotografía, una amistad o una llamada. Requiere acreditar una influencia sobre autoridad o funcionario, basada en una relación personal, dirigida a obtener una resolución capaz de generar un beneficio económico. La jurisprudencia exige algo más que una recomendación o una gestión de cortesía.

En el expediente Bono tenemos hoy cliente, acceso y gestión. No tenemos todavía documentados de forma completa el pago asociado a esa gestión, la influencia efectiva sobre el decisor y una resolución administrativa favorable causada por ella. Eso impide presentar un delito como hecho.

Tampoco existe soporte suficiente para hablar de cohecho, blanqueo o delito fiscal. El crecimiento patrimonial y la inversión internacional son datos que justifican preguntas financieras, no delitos por sí mismos. Para blanqueo sería necesario acreditar un delito precedente, origen ilícito de los fondos y conocimiento; para delito fiscal, una defraudación concreta y la cuota correspondiente.

La fortaleza de la investigación reside precisamente en no sobrepasar esos límites. El Estándar puede demostrar una arquitectura de actividad profesional y patrimonial que merece escrutinio. No puede sustituir los documentos que faltan por una acusación.

9. La conclusión: la investigación que empieza donde terminan las cuentas

Las cuentas de JOASA permitieron localizar el dinero agregado. Los mensajes de Koldo permiten localizar el acceso. La investigación todavía necesita el documento que una ambas cosas.

Por eso la pregunta correcta ya no es si José Bono tiene propiedades en Tánger. Las tiene a través de una sociedad de la que es administrador, según la documentación publicada. La pregunta es si el negocio que produjo el salto financiero de JOASA incluía la prestación remunerada de gestiones ante administraciones a favor de clientes que se beneficiaban del acceso político del exministro.

El caso Dimas es el primer test verificable. Tenemos al cliente. Tenemos la gestión. Tenemos el canal utilizado. Nos faltan la factura, el contrato y el resultado administrativo. Esos documentos decidirán si estamos ante consultoría legítima, intermediación política discutible o una conducta jurídicamente relevante.

El paralelo con Zapatero no completa esa prueba y no debe utilizarse para hacerlo. Sirve para mostrar que el problema trasciende un nombre: España carece de una trazabilidad pública suficiente sobre las actividades de consultoría e intermediación de antiguos cargos de primer nivel cuando su servicio comercial puede descansar, precisamente, en el acceso acumulado durante décadas de poder.

El Estándar seguirá esa pista con una regla sencilla: cada acusación tendrá que llegar acompañada de su documento. Mientras no exista la factura que una a Dimas o a una de sus sociedades con una gestión remunerada de Bono ante Transportes, esa hipótesis seguirá siendo exactamente eso: una hipótesis bajo investigación.