Investigación de seguridad e inteligencia: FORTIS. Edición y publicación: El Estándar.
FORTIS sitúa a la DGST marroquí en el centro de su investigación sobre espionaje contra España. No se trata únicamente de que Amnistía Internacional haya señalado al servicio secreto de Rabat: una investigación periodística internacional con testimonios de tres antiguos integrantes de los servicios marroquíes, registros técnicos y documentos filtrados identificó el sistema Pegasus del operador Morgan, vínculos con los ataques a los móviles de Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska y la selección como objetivo de teléfonos de la Guardia Civil. El móvil de Pedro Sánchez sufrió extracciones acreditadas de datos en mayo de 2021. La pregunta urgente ya no es si merece examinarse el aparato de inteligencia marroquí, sino qué responsables intervinieron en cada operación y qué saben exactamente las instituciones españolas. The Guardian · Amnistía · RTVE.
El palacio no es un actor simbólico
El debate sobre Marruecos no puede reducirse a la voluntad de un Gobierno que cambia tras unas elecciones. La Constitución aprobada en 2011 atribuye al rey funciones sustantivas: nombra al jefe del Gobierno dentro del partido más votado, preside el Consejo de Ministros y participa, bajo los procedimientos previstos, en decisiones sobre política estratégica y nombramientos de responsables de la seguridad interior. El artículo 46 califica la persona del monarca de inviolable. Son disposiciones escritas; no hipótesis de la oposición. Fuente 1
La estructura constitucional incorpora instituciones representativas y una vida parlamentaria real, por lo que sería incorrecto describir Marruecos como un territorio sin elecciones ni pluralismo. Pero sería igualmente incorrecto equiparar el peso efectivo de su monarquía al de una corona estrictamente ceremonial. Freedom House, en su evaluación de 2026, señala que el rey y el Palacio conservan una posición dominante mediante competencias formales, redes informales de influencia y recursos económicos estratégicos. Puntúa al país con 37 sobre 100 y lo clasifica como parcialmente libre. Fuente 2
La consecuencia política es directa: cuando el aparato de seguridad y los órganos públicos reciben acusaciones de graves abusos, no basta con preguntar qué ministro estaba en el cargo. La arquitectura del poder justifica preguntar también qué controles, contrapesos y canales de supervisión alcanzan a los espacios de decisión próximos al Palacio. Eso no convierte al rey en autor probado de cada actuación policial o de inteligencia. Convierte la exigencia de transparencia en una cuestión de responsabilidad institucional.
La DGST bajo la lupa: una acusación sustentada en pruebas técnicas
La investigación publicada por Amnistía Internacional el 1 de octubre de 2026 identifica expresamente a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) como entidad responsable de operaciones de Pegasus en Marruecos. La organización entrevistó durante años al exempleado conocido como Safir, contrastó su relato con análisis técnicos y registros filtrados y consultó a personas vigiladas. No es una acusación anónima sin soporte: existe un informe público con metodología, fechas y casos específicos. Amnistía Internacional.
Una investigación periodística internacional coordinada por Forbidden Stories había publicado en julio el testimonio de tres antiguos integrantes de los servicios marroquíes y otras pruebas. Describió demostraciones de Pegasus realizadas en Rabat en 2017 y un nombre de cliente interno de NSO Group asociado a Marruecos. Amnistía escribe Morgen; The Guardian, Morgan. Esa diferencia de grafía queda anotada, sin presentarla como dos operadores. The Guardian.
La pregunta a Rabat es institucional: ¿qué autoridades autorizaron la vigilancia, quién auditó sus efectos y qué reparación se ofreció a quienes fueron señalados por ejercer el periodismo y el activismo?
Represión: la dimensión humana que acompaña a la tecnología
La vigilancia adquiere una dimensión política cuando la información obtenida puede utilizarse para desacreditar, procesar o intimidar a quienes investigan a las autoridades. Human Rights Watch describe restricciones contra periodistas y activistas en Marruecos y recuerda que, en las protestas GenZ212 de 2025, murieron tres personas por uso de fuerza letal. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos citada por HRW, hubo aproximadamente 2.100 detenciones y procedimientos contra al menos 1.400 personas, entre ellas 330 menores. Son cifras atribuidas y referidas a 2025, no a este octubre. HRW 2026.
Una política de seguridad sometida a controles efectivos debería permitir examinar tanto el uso de programas intrusivos como las intervenciones policiales. La exigencia de responsabilidades no equivale a atribuir al monarca la autoría personal de cada abuso.
Ceuta: la crisis que no terminó al desaparecer las cámaras
Los días 30 y 31 de julio de 2026, Ceuta afrontó un cruce masivo de personas desde Marruecos, fechado expresamente por la normativa española. Associated Press documentó en octubre las dificultades de menores y personas vulnerables que seguían sin alojamiento adecuado. Las estimaciones de cuántos migrantes permanecían en la ciudad difieren entre autoridades y no son un censo único. BOE · Associated Press.
El 8 de octubre el Gobierno español informó de 11.026 retornos a Marruecos desde el 10 de agosto, de ellos 10.513 voluntarios y 513 expulsiones según su propia clasificación. Esas cifras requieren contraste sobre procedimientos individuales y protección de menores. Ministerio español.
El análisis de FORTIS distingue dos cuestiones: las obligaciones de España sobre quienes están en Ceuta, ya verificables, y la denuncia de una supuesta movilización organizada desde Marruecos, que merece investigación específica sin darse por demostrada únicamente por la magnitud del episodio.
Saïdi: el homicidio que merece una resolución identificable
Souleïm Abdellah Saïdi, vinculado a la seguridad real, murió el 12 de julio de 2011 tras recibir disparos en Rabat. La versión policial describió un intento de robo, pero TelQuel planteó desde aquel verano preguntas sobre armas, lugar y sospechosos. En 2026 un periódico marroquí aseguró que el caso se había cerrado penalmente bajo la hipótesis del robo, sin publicar el número de causa, tribunal ni resolución. TelQuel, edición impresa de 2011 · Alakhbar Almaghribiya, 10 de octubre de 2026.
Si la Justicia resolvió el caso, el expediente de FORTIS todavía no dispone de una resolución identificable. La sentencia francesa de 18 de marzo de 2013 versó sobre una demanda por difamación relativa a la cobertura periodística; no determinó quién cometió el homicidio. Texto del fallo.
Villarejo y Abad: declaraciones graves que no admiten indiferencia
José Manuel Villarejo y Joaquín Abad difundieron en 2026 una interpretación del caso que menciona supuestos materiales de inteligencia, un posible alias operativo y una alegación sobre el parentesco del príncipe heredero. Son declaraciones con relevancia informativa y FORTIS las recoge como tales. El extracto del libro publicado no incorpora, sin embargo, una prueba genética independiente autenticada ni una ficha de colaboración del CNI verificable por esta redacción.
No corresponde descartarlas porque el documento no sea público; corresponde exigir procedencia, custodio, fecha y soporte original, además de derecho de réplica. Tampoco corresponde presentar como cierta una filiación no acreditada. La investigación gana fuerza cuando delimita qué puede demostrarse mediante pruebas disponibles.
El rastro Pegasus llega a España
En mayo de 2021 el teléfono del presidente Pedro Sánchez sufrió infecciones confirmadas. La Audiencia Nacional examinó extracciones de al menos 2,57 GB entre el 19 y el 21 de mayo y 130 MB el 31 de mayo, datos reproducidos por RTVE. RTVE, información judicial.
The Guardian informó en julio de 2026 de que una cuenta de ataque asociada al sistema Pegasus atribuido a Marruecos se vinculaba con los móviles de Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. También identificó el número de un alto cargo de la Guardia Civil seleccionado cinco veces como objetivo. Es una conexión concreta que exige investigación; no una sentencia que atribuya a la DGST todas las intrusiones en el Gobierno español. The Guardian.
El Sáhara Occidental: derechos que no deben quedar subordinados a la negociación
La ONU sigue considerando el Sáhara Occidental un territorio no autónomo. Rabat defiende un plan de autonomía bajo soberanía marroquí y España respaldó esa iniciativa como base para las negociaciones, pero el estatuto del territorio no ha quedado universalmente resuelto. Human Rights Watch mantiene denuncias sobre restricciones a activistas saharauis e irregularidades procesales en casos emblemáticos. Human Rights Watch.
Una relación estratégica puede mantenerse sin convertir esos derechos en una cláusula silenciada: la política exterior española también merece un examen público sobre qué medidas de supervisión y protección reclama a su vecino.
La pregunta ya no es si merece investigarse: qué va a explicar Rabat
Amnistía Internacional no ha publicado un mero artículo de opinión. Su informe del 1 de octubre atribuye a la DGST operaciones de Pegasus en Marruecos y describe el contraste de un antiguo trabajador del servicio, identificado como «Safir», con evidencias forenses, registros y personas afectadas. La organización afirma que, entre los 103 números marroquíes de su muestra que pudo asociar a personas concretas, 65 correspondían a miembros de la sociedad civil. Esa atribución es una conclusión de Amnistía sustentada en su metodología y merece ser sometida a escrutinio institucional, no despachada como simple rumor. Informe original de Amnistía.
En el frente Saïdi, las acusaciones de Villarejo y Abad se han difundido en medios como Fuentes Informadas, Castillón Confidencial y mil21. La denuncia tiene relevancia pública porque señala a un antiguo integrante de la seguridad real fallecido tras un tiroteo en 2011 y a supuestos documentos de inteligencia. El problema es que la cadena documental extraordinaria alegada —informes genéticos y registro de colaboración con el CNI— todavía no ha sido presentada para verificación independiente. Que la acusación no esté acreditada no obliga a silenciarla; obliga a exigir a sus autores qué vieron realmente, cuándo y a través de quién. Extracto del libro publicado · Entrevista de Castillón.
Rabat tiene respuestas que dar sobre la supervisión de su aparato de inteligencia y la eficacia de los controles contra las vulneraciones denunciadas por Amnistía. En cuanto al caso Saïdi, la vía más convincente sería identificar la resolución penal marroquí, su tribunal y el número del procedimiento, de modo que el público pueda conocer qué quedó probado. No sería correcto afirmar que la Corona ordenó el crimen o alterar la filiación reconocida del heredero sin pruebas; sí es correcto analizar qué pruebas verificables serían necesarias.
El estándar de esta investigación será exigente con el poder y también con cada fuente: ningún desmentido borra una prueba, ninguna denuncia queda invalidada por falta de publicidad, y ninguna declaración se convierte en hecho solo por repetirse en distintas cabeceras.
Las cifras que convierten la vigilancia en una cuestión de Estado
La investigación de Amnistía no habla en abstracto. Según su análisis de registros del sistema Pegasus asociado a Marruecos, identificó 103 números de teléfono como objetivos potenciales: 65 correspondían a miembros de la sociedad civil, incluidos 34 defensores de derechos humanos, 22 periodistas y profesionales de medios, cinco abogados y cuatro académicos. La organización también atribuyó forensemente a la DGST diversas operaciones abusivas. Ver la investigación de Amnistía.
Human Rights Watch documenta que, durante las protestas de 2025, agentes de seguridad utilizaron fuerza letal y tres personas murieron; también recoge, citando a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, unas 2.100 detenciones y al menos 1.400 procedimientos judiciales, entre ellos contra menores. Estas cifras corresponden a hechos y procesos denunciados en 2025, no a sucesos del 11 de octubre de 2026. Informe anual de HRW.
¿Quién audita el uso de herramientas de vigilancia? ¿Qué controles independientes examinan los abusos denunciados? ¿Qué responsabilidad política se asume cuando quienes deberían rendir cuentas remiten el asunto al secreto? Preguntarlo no es atacar a la población marroquí ni prejuzgar delitos del rey: es fiscalizar a instituciones con un poder considerable.
Un crimen de 2011 no puede resolverse mediante titulares de 2026
El fallecimiento de Saïdi sí está documentado; el móvil y el desenlace judicial siguen necesitados de documentos originales en el expediente de esta redacción. La hemeroteca de TelQuel planteó dudas sobre los disparos, el lugar y los sospechosos ya en julio de 2011. El libro de Villarejo y Abad añade acusaciones extraordinarias. Cada línea tiene que examinarse por separado: una declaración reservada puede justificar nuevas diligencias, pero no constituye automáticamente una resolución pericial o penal. Reportaje histórico · Extracto de las acusaciones.
La pregunta incómoda es concreta: ¿dónde está la resolución penal del caso y qué determinó? Si existe, identificar su órgano, fecha y número aclararía más que cien desmentidos o cien republicaciones de una denuncia. La transparencia beneficia a todas las partes, también a quienes consideran falsas las imputaciones posteriores.
El interés público no se satisface con insinuaciones sin prueba ni con respuestas que evitan el fondo. FORTIS documenta las afirmaciones de las fuentes, su trazabilidad y los elementos todavía no esclarecidos.
Una corona poderosa no puede ser una corona incuestionable
Marruecos posee una sociedad compleja, profesionales independientes, periodistas valientes, organizaciones de derechos y ciudadanos que no deben quedar reducidos a las decisiones de su monarquía. Precisamente por respeto a esa sociedad, la crítica debe dirigirse a las instituciones responsables y no a una nacionalidad. La cercanía con España hace que el examen resulte más urgente, no menos.
Los documentos permiten formular cuatro exigencias verificables. Primero, transparencia sobre las autorizaciones y controles de los sistemas de vigilancia denunciados por Amnistía. Segundo, garantías efectivas para periodistas, defensores de derechos y personas afectadas por procedimientos de represalia. Tercero, mecanismos públicos de evaluación de la cooperación fronteriza y del trato a migrantes y menores por parte de ambos Estados. Cuarto, identificación documental del resultado penal del caso Saïdi, sin vulnerar datos protegidos, y explicación concreta de cualquier nueva prueba invocada por autores que formulan acusaciones graves. Fuente 3Fuente 5Fuente 9Fuente 13
La monarquía marroquí puede alegar —con razón— que un vecino necesita cooperación antiterrorista, comercio, gestión fronteriza y diálogo estratégico. Puede defender el valor de su estabilidad y de sus reformas políticas. Son argumentos que deben escucharse y examinarse. Pero ninguno neutraliza el derecho a preguntar qué hace el Estado con el poder que concentra, cómo protege a quien discrepa o dónde termina la seguridad y empieza la intimidación.
El verdadero desafío no está en demostrar, a partir de insinuaciones, que cada sombra alrededor del Palacio oculta una operación clandestina. Está en evitar que el peso de la Corona, el secreto de los servicios y la dependencia geopolítica conviertan las preguntas legítimas en preguntas prohibidas. Quince años después de la muerte de un escolta real, y diez días después de una investigación internacional sobre vigilancia estatal, Marruecos tiene ante sí una prueba de fortaleza institucional: no la capacidad de controlar el relato, sino la disposición a someterlo a los hechos.
Porque el poder que exige respeto debe ser capaz de responder. Y la soberanía, por importante que sea, nunca debería utilizarse como sustituto de la verdad documentada.
Cronología FORTIS: de las pruebas en Rabat a los móviles españoles
Septiembre de 2017. Los materiales examinados por Amnistía indican el inicio del uso de Pegasus en Marruecos y ejercicios con números relacionados con la DGST. Un conjunto de registros de ese año incluye periodistas y defensores de derechos como posibles objetivos. Amnistía.
Mayo de 2021. La Justicia española constató extracciones de datos del teléfono de Sánchez en dos períodos separados. Los indicios de una cuenta asociada al operador marroquí y los teléfonos de Robles y Marlaska fueron publicados posteriormente por un consorcio periodístico. La cronología y las relaciones técnicas merecen ser investigadas juntas, sin confundir una correlación temporal con la identidad probada de cada atacante. RTVE · The Guardian.
Guardia Civil y Policía Nacional: qué se ha publicado realmente
La investigación internacional recogió el testimonio de miembros de las fuerzas de seguridad españolas y documentó cinco selecciones del número de un alto cargo de la Guardia Civil entre objetivos del operador atribuido a Marruecos. También describió medidas preventivas de agentes de la Policía Nacional cuando viajaban al país vecino. The Guardian.
FORTIS incorpora esas informaciones con su procedencia. El testimonio de mandos y agentes publicado por periodistas no equivale, por sí mismo, a un comunicado oficial conjunto de ambos cuerpos.
Precisión documental: «Morgan» y «Morgen» en las fuentes
El consorcio citado por The Guardian escribe «Morgan» como nombre clave del cliente marroquí en materiales internos de NSO Group; Amnistía Internacional utiliza «Morgen» al describir el cliente de Marruecos en documentación procedente del litigio de WhatsApp y Meta. Ambas publicaciones atribuyen la clave al cliente marroquí, pero difieren en su grafía. FORTIS conserva esa diferencia como un dato de trazabilidad y no la presenta como evidencia de dos operadores distintos. The Guardian, julio de 2026 · Amnistía Internacional, octubre de 2026.
Fuentes y documentos consultados
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[S01] Constitución de Marruecos de 2011, artículos 42 y 46–49 (texto oficial)
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[S03] Amnistía Internacional, noticia e investigación, 1 de octubre de 2026
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[S04] Amnesty Security Lab, We start with the verdict, 1 de octubre de 2026
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[S05] Human Rights Watch, World Report 2026: Morocco and Western Sahara
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[S06] Reporteros Sin Fronteras, Marruecos/Sáhara Occidental, índice 2026
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[S07] Reuters, discurso de Mohammed VI del 9 de octubre de 2026
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[S08] Reuters, Ministerio marroquí rechaza acusaciones sobre Ceuta, 10 de septiembre de 2026
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[S09] Human Rights Watch, devoluciones aceleradas tras la llegada a Ceuta, 3 de agosto de 2026
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[S10] Human Rights Watch, crisis humanitaria y de derechos en Ceuta, 21 de agosto de 2026
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[S11] TelQuel, Mohammed Boudarham, Mais qui a tué le garde du corps du roi?, impreso nº 484 de 2011
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[S12] TGI de París, 18 de marzo de 2013, Amexs/Indigo Publications, nº 11/17915
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[S13] Alakhbar Almaghribiya, Abdelmajid Mosleh, 10 de octubre de 2026
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[S14] Fuentes Informadas, extracto de Ceuta Invadida, 30 de septiembre de 2026
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[S16] BOE, Real Decreto 681/2026: acontecimientos de Ceuta de 30–31 julio
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[S17] El País, crónica en Rabat del discurso, 9 de octubre de 2026
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[S18] Amnistía Internacional, informe completo MDE 29/1447/2026
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[S19] Freedom House, Freedom in the World 2026, Western Sahara
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[S20] RSF y Human Rights Watch, posiciones resumidas en sus informes 2026
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[S21] Associated Press, Suman Naishadham, investigación sobre menores en Ceuta, 11 de octubre de 2026
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[S23] EFE, declaración de Mohammed VI ante el Parlamento, 9 de octubre de 2026
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The Guardian y Forbidden Stories, investigación sobre la DGST y Pegasus, 16 de julio de 2026
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Gobierno de España, balance de retornos, 8 de octubre de 2026
FIRS: el cruce de filtraciones y fuentes abiertas que realiza FORTIS
El trabajo de FORTIS, centrado en seguridad, antiterrorismo y espionaje, no se limita a repetir noticias. Su sistema FIRS — FORTIS Intelligence Record System estructura expedientes, contrasta cronologías, incorpora fuentes abiertas y relaciona conjuntos de datos difundidos por terceros. Parte de ese material procede de filtraciones atribuidas a grupos de hackers. FORTIS no se presenta como autor de aquellas intrusiones ni como portavoz de quienes divulgaron los archivos.
Una pista especialmente relevante procede de Jabaroot. El 29 de agosto, El País examinó la difusión de cuatro tablas con 70.381 registros atribuidos a empleados o integrantes de organismos de seguridad marroquíes. Su reportaje describió información de apariencia administrativa: nóminas, relaciones de personal y otros campos cuya antigüedad y procedencia debían contrastarse. La existencia de decenas de miles de filas no demuestra que se trate de una lista certificada de «espías activos»; incluso los nombres o denominaciones similares pueden corresponder a personas distintas. Investigación de El País.
La DGSN y la DGST negaron que sus bases internas hubieran sido vulneradas y atribuyeron la difusión a material antiguo procedente de seguros y prestaciones sociales, mezclado —según su versión— con documentos alterados. La investigación de FORTIS debe registrar ese desmentido junto a la procedencia que alegan los difusores, sin adoptar automáticamente ninguno de los dos relatos. Comunicado recogido por Le Desk.
La contribución de FIRS no es convertir una filtración en verdad; es reconstruir qué piezas coinciden, cuáles se contradicen y qué inferencias se sostienen realmente. El resultado se coteja con documentación pública, hemeroteca, peritajes y declaraciones identificables. El material bruto no se publica aquí: incluye información privada cuya difusión indiscriminada puede perjudicar a personas que no han sido acusadas de delito alguno.
Para el expediente Pegasus, los archivos difundidos por terceros son una línea documental distinta de la investigación técnica de Amnistía y del consorcio periodístico de julio. FIRS permite cruzar esas líneas sin confundir sus niveles de prueba. Para el caso Saïdi, nada de lo examinado permite utilizar por sí solo una tabla de personal filtrada como prueba de filiación, orden de asesinato o colaboración con el CNI.
FORTIS desarrolla análisis de seguridad e inteligencia para este expediente. No ha iniciado ni anuncia procesos de reclamación, denuncia administrativa o litigio contra las autoridades mencionadas; la actividad descrita es investigación, análisis y publicación periodística a través de El Estándar.
