Sánchez sitúa a Defensa en el segundo puesto de Madrid para el 29N y reivindica su amistad. La oposición relaciona la decisión con Ceuta, pero no hay prueba pública de un pacto de silencio.
Defensa adelanta su videoconferencia con las tropas y destaca la misión de vigilancia y disuasión en Ceuta. La ministra reivindica la españolidad de las dos ciudades.
FORTIS cruza en FIRS hemeroteca, testimonios y registros difundidos por terceros para estudiar el espionaje atribuido a Marruecos, Ceuta y el caso Saïdi.
El Senado aprobará el miércoles una comisión de investigación sobre la entrada masiva de julio. La mayoría del PP garantiza su creación y abre una nueva vía política paralela a la investigación judicial.
La Abogacía del Estado pide al Tribunal Supremo que desestime el recurso con el que el PP intentó obligar a Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares a comparecer en el Senado por la crisis de Ceuta. En paralelo, el Pleno de la Cámara Alta ha aprobado formalmente un conflicto de atribuciones contra el Gobierno que puede terminar ante el Tribunal Constitucional. El fondo ya no es solo político: está en juego hasta dónde alcanza la potestad constitucional de las Cámaras para reclamar la presencia de los ministros.
La Casa del Rey comunicó que Don Felipe examinó la situación de Ceuta «desde el punto de vista de la defensa» junto a la ministra Margarita Robles, el JEMAD, el Mando de Operaciones, el Mando Operativo Terrestre y el comandante general de la ciudad. La fotografía tiene peso institucional, pero no altera la arquitectura constitucional: el Rey ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas; la dirección de la política de defensa y el empleo operativo de los Ejércitos corresponden al Gobierno y al presidente.
El Consejo de Ministros abre hoy una parte de la documentación reservada sobre el 30-J. Los informes del CNI que se pretende hacer públicos están fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto. El Gobierno sostiene que ninguno anticipó la escala de la entrada masiva; mañana los documentos permitirán contrastar esa versión con la cadena real de alertas, receptores y decisiones.
Entre el 27 y el 30 de julio circularon señales por circuitos policiales, de inteligencia y militares. El Estado ya admite la existencia de avisos previos; la cuestión es cuándo se valoraron, quién los recibió y qué decisiones produjeron. Con la Fiscalía respaldando la investigación de la Audiencia Nacional, ese reloj de avisos deja de ser sólo una controversia política y pasa a tener relevancia judicial.
El Gobierno sostiene que ningún informe anticipó la escala de la entrada masiva. Pero el expediente público ya reúne una alerta militar fechada el 27 de julio, dos notas del CENIF del 28 y 29, una comunicación del CNI en Ceuta y un nuevo informe de la Guardia Civil entregado este 4 de septiembre. La cuestión ya no es si existieron señales, sino cómo fueron valoradas, a quién llegaron y por qué no alteraron a tiempo el nivel de respuesta.