Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre DGST.
Una información sobre el informe remitido a la jueza Tardón atribuye al CNI advertencias a los servicios marroquíes y pasividad fronteriza. No concluye que Rabat organizase las entradas.
FORTIS documenta el panel auténtico del software Predator, 15 vulnerabilidades 0-day vinculadas a Intellexa, operaciones globales y el alcance de Pegasus en Marruecos, con fuentes primarias.
FORTIS amplía el expediente DGST con peritajes, testimonios y análisis cruzado de fuentes abiertas y materiales filtrados mediante FIRS.
FORTIS cruza en FIRS hemeroteca, testimonios y registros difundidos por terceros para estudiar el espionaje atribuido a Marruecos, Ceuta y el caso Saïdi.
El expediente FORTIS sobre Pegasus reúne pruebas forenses, testimonios sobre la DGST y cotejos de FIRS; no confunde filtraciones con autoría judicial.
La Constitución reserva al rey competencias estratégicas mientras exagentes y fuentes españolas señalan operaciones del aparato de inteligencia marroquí.
La Audiencia Nacional ya no investiga sólo qué ocurrió en la frontera. La magistrada María Tardón ha abierto diligencias para identificar promotores digitales, uniformados marroquíes, posibles financiadores y niveles de mando; ha pedido información a inteligencia y fuerzas de seguridad, análisis biométricos, imágenes y rastreo financiero. El objetivo es reconstruir quién coordinó, quién financió y quién decidió. Lo que todavía no existe es una atribución judicial de autoría al Gobierno marroquí.
La búsqueda de una gran caja financiera no ha producido prueba pública. El rastro del 30-J se fragmenta entre pagos individuales, transportistas y facilitadores. En cambio, la cadena institucional se estrecha: el wali representa al poder central, la cúpula de seguridad estaba en M’diq y DGST/DGED habían recibido una alerta española. El salto que falta es una comunicación de mando.
No es una sospecha lateral: la Audiencia Nacional habla de «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos; CENIF describe «guiado activo», planificación y una capacidad superior a la de las mafias ordinarias; y el CNI había avisado a DGST y DGED la víspera. El aparato de seguridad marroquí ya está materialmente dentro del expediente. La incógnita que convierte el caso en un problema de Estado es hasta dónde sube la cadena de autorización.
Sentencias de la Audiencia Nacional, informes atribuidos al CNI y más de tres décadas de episodios públicos permiten reconstruir un patrón recurrente de cobertura oficial, colaboradores locales, vigilancia de opositores y operaciones de influencia. La paradoja es que Rabat es, al mismo tiempo, uno de los socios de seguridad más importantes de Madrid.
