Investigación de seguridad e inteligencia: FORTIS. Edición y publicación: El Estándar.
La DGST no es una abstracción ni el espionaje marroquí una acusación basada en una sola noticia. FORTIS ha cruzado los poderes constitucionales de la Corona con las investigaciones sobre Pegasus y las declaraciones de exintegrantes de los servicios marroquíes, fuentes policiales españolas y víctimas. Los datos disponibles plantean una pregunta institucional precisa: cuando se denuncia vigilancia contra periodistas y aparecen dispositivos de socios españoles seleccionados como objetivos, ¿quién supervisa realmente las operaciones del servicio y ante quién responde su dirección? Amnistía · The Guardian.
Una Constitución que sitúa al monarca en el centro del Estado
El rey Mohammed VI no ocupa en Marruecos una posición ceremonial equivalente a las monarquías parlamentarias europeas. La Constitución de 2011 le atribuye funciones sobre la orientación estratégica del Estado, la presidencia del Consejo de Ministros y determinados nombramientos de seguridad. A la vez, el país cuenta con Gobierno, elecciones y Parlamento. La discusión no es la inexistencia de instituciones, sino la capacidad efectiva de estas para examinar las actuaciones de organismos sensibles. Texto constitucional oficial.
Las denuncias técnicas sobre Pegasus plantean una prueba de responsabilidad institucional. ¿Quién autoriza y fiscaliza a la DGST? ¿Qué órgano investiga un posible abuso y de qué medios dispone? Formular estas preguntas no demuestra que Mohammed VI ordenara una operación individual; pone el foco en el funcionamiento del sistema que encabeza.
Libertad de prensa y seguridad: una relación sometida a crítica
Human Rights Watch documenta restricciones al ejercicio de la expresión y la protesta en Marruecos. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos citada por HRW, las manifestaciones de 2025 dejaron unas 2.100 personas detenidas y procedimientos contra al menos 1.400, incluidos 330 menores; tres personas murieron tras el uso de fuerza letal. Son cifras referidas a 2025 y atribuidas a una organización marroquí. HRW 2026.
Estas denuncias, junto al informe de Amnistía sobre la DGST, muestran por qué los mecanismos reales de fiscalización importan más que los anuncios de reforma. La necesidad de seguridad no elimina las garantías que protegen el periodismo y la crítica legítima.
Qué implica fiscalizar un poder estratégico
Los informes de Freedom House y Human Rights Watch permiten valorar restricciones y condiciones de libertad; no atribuyen por sí solos a una persona la autoría penal de cada abuso. Se necesita comprobar los procedimientos de control judicial, la protección de periodistas y la capacidad de obtener respuestas de organismos de seguridad.
Las organizaciones marroquíes, sus medios críticos y sus profesionales independientes forman parte de la misma sociedad que reclama garantías. Criticar la concentración de poder no significa culpar a una población.
La estabilidad y la cooperación internacional son intereses legítimos. Pero la legitimidad de esas prioridades no exime a las autoridades de explicar sus actos, publicar datos verificables y someterse a controles proporcionados.
Responsabilidad institucional no es una figura retórica
La vigilancia estatal afecta derechos que una democracia no puede dejar exclusivamente en manos de órganos secretos. Si el monarca tiene funciones estratégicas reconocidas por la Constitución, el sistema debe disponer de controles verificables, recursos judiciales efectivos y transparencia institucional compatibles con la protección legítima de información reservada.
El informe de Amnistía del 1 de octubre de 2026 documenta la actividad de la DGST contra miembros de la sociedad civil con una combinación de testimonio interno, material técnico y víctimas identificadas. La gravedad de esa investigación justifica exigir actuaciones independientes y respuestas públicas sobre supervisión, contrataciones y posibles abusos. Amnistía Internacional.
Es posible criticar con dureza el déficit de contrapesos sin atribuir al rey conocimiento personal de todas las actuaciones que se denuncian. Las responsabilidades políticas e institucionales se investigan a través de competencias, decisiones, presupuestos y sistemas de control; las penales o individuales exigen pruebas particulares.
Un Parlamento, elecciones y organismos administrativos no constituyen por sí mismos un control suficiente si sus mecanismos no pueden investigar asuntos sensibles. La prueba de rendición de cuentas llegará cuando se conozca quién supervisa a los servicios, a quién responde y qué consecuencias tienen los abusos acreditados.
Tres muertos en protestas y miles de detenidos: el coste del control político
Human Rights Watch documentó en su balance de los hechos de 2025 el uso de fuerza letal durante manifestaciones que reclamaban mejores servicios públicos y medidas contra la corrupción, con tres personas muertas. Según cifras de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos recogidas por HRW, se practicaron alrededor de 2.100 detenciones y se abrieron procedimientos contra al menos 1.400 personas, incluidos 330 menores. También constan condenas de periodistas y activistas por delitos vinculados a la expresión crítica. Son datos atribuidos a organizaciones y decisiones reseñadas, no un inventario judicial independiente elaborado por esta redacción. Informe HRW 2026.
Esa fotografía se cruza ahora con el informe de Amnistía sobre la DGST y Pegasus. Un Estado puede invocar legítimas necesidades de seguridad, pero la protección del orden público no autoriza vigilancia indiscriminada de profesionales de la información ni la represión ilegal de manifestantes.
Cinco respuestas que merece la sociedad marroquí
¿Quién autoriza técnicamente las operaciones de vigilancia? ¿Qué control judicial opera antes y después? ¿Qué órgano puede investigar una denuncia contra un servicio de inteligencia? ¿Quién dispone de acceso independiente a datos de detenciones y expedientes? ¿Qué recursos efectivos tienen periodistas y activistas sometidos a medidas abusivas?
Atribuir a Mohammed VI personalmente una operación ilícita concreta requiere pruebas propias. Exigir al sistema que encabeza responsabilidades políticas e institucionales por controles, supervisión y transparencia no requiere inventar delitos. La Corona ejerce poder; por eso el debate público tiene derecho a examinar cómo se limita y se fiscaliza ese poder.
Control desde dentro y supervisión exterior
Una relación de cooperación en seguridad debe ser compatible con el examen de los servicios que la ejecutan. La investigación internacional sobre Pegasus y agentes españoles refuerza las preguntas sobre mecanismos de autorización, controles judiciales y responsabilidad ministerial por la obtención de datos. The Guardian.
La respuesta pública a una denuncia puede contener límites legítimos de confidencialidad, pero esos límites no deberían impedir una auditoría independiente. La prueba decisiva es si existe un órgano capaz de revisar actuaciones, recibir testimonios y ordenar reparación, incluso cuando la denuncia alcanza instituciones cercanas al Palacio.
Estructuras documentales bajo análisis FIRS
El examen de la DGST y de la DGSN realizado por FORTIS integra documentación pública, investigación periodística y conjuntos de registros divulgados por terceros. FIRS — FORTIS Intelligence Record System organiza esas líneas de información y preserva su procedencia para detectar relaciones o contradicciones sin confundir la coincidencia de un nombre con la identificación de un agente.
Las cuatro tablas difundidas por Jabaroot con 70.381 entradas fueron examinadas por la prensa española y francesa en 2026. El Gobierno marroquí niega un hackeo de sus sistemas de seguridad y atribuye parte del material a registros administrativos antiguos. El País · Le Desk.
Un expediente de estructura de personal no identifica por sí solo la cadena de mando de un ataque Pegasus. La responsabilidad institucional puede examinarse por competencias, mecanismos de supervisión y decisiones documentadas, mientras la atribución individual de una operación exige pruebas específicas.
