El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado para el 28 de octubre de 2026 a las 10:30 al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, en condición de investigado dentro del denominado caso Leire Díez. La diligencia se relaciona con presuntas actuaciones de presión contra la jueza Beatriz Biedma, instructora del procedimiento de Badajoz sobre la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno.
La noticia fue confirmada este martes 13 de octubre por The Objective y Europa Press. Ambas publicaciones sitúan entre las posibles infracciones que se investigan organización criminal, coacciones, calumnias y delitos contra la integridad moral.
La citación es una medida de investigación, no una condena. Tampoco significa que el instructor haya considerado probado que el exjuez organizara un atentado o que un partido político como institución participara en tales hechos.
La magistrada Biedma como posible perjudicada
La jueza Beatriz Biedma instruyó parte del procedimiento sobre la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. Durante el caso Leire Díez ha denunciado una supuesta campaña para desprestigiarla y apartarla de asuntos judiciales.
Pedraz permitió su personación en la causa al menos como perjudicada por un presunto delito de calumnias, sin cerrar la posibilidad de examinar otros hechos si aparecen nuevos indicios. The Objective informó de ese acuerdo de personación en septiembre, cuya naturaleza debe distinguirse de la eventual responsabilidad penal de otros participantes.
La magistrada manifestó inquietud y angustia por posibles seguimientos y actos de hostigamiento, afirmaciones que forman parte de su declaración procesal. La descripción de esas experiencias no equivale a identificar a cada supuesto autor.
La declaración de Cintia Rocho y la gravedad de las acusaciones
Una de las líneas bajo examen se apoya en el testimonio de Cintia Rocho, que atribuyó al exmagistrado manifestaciones relacionadas con la posibilidad de «eliminar» a Biedma, según la información publicada el 7 de octubre.
La expresión tiene una gravedad que exige especial exactitud. Es una declaración atribuida a una testigo y sometida a investigación: no hay una resolución firme que considere acreditada una orden de asesinato o la existencia de un plan criminal ejecutable.
Otras declaraciones y datos incorporados a la UCO se refieren a presuntas maniobras de desacreditación pública, seguimiento y búsqueda de información sobre la magistrada. Esas actuaciones deben analizarse por separado, ya que una campaña de calumnias no es jurídicamente idéntica a la preparación de un delito violento.
Sáenz de Tejada niega las acusaciones
El exmagistrado ha negado las acusaciones. Según la información publicada por Cadena SER el 12 de octubre, sostiene que no mantuvo determinados contactos que le atribuyen y cuestiona la autenticidad o interpretación de las pruebas comunicadas por la UCO.
También ha reclamado que se investigue una supuesta falsedad cometida en documentos policiales, alegación propia que no ha quedado acreditada como conclusión judicial por el hecho de formularla.
La existencia de versiones contrapuestas obliga a examinar comunicaciones originales, cronologías de entrevistas, declaraciones testificales y documentación incorporada al proceso. La comparecencia prevista el 28 de octubre será una oportunidad procesal para que responda con todas las garantías.
La presunta trama relacionada con Leire Díez
El caso Leire investiga si determinadas personas trataron de entorpecer procedimientos judiciales sensibles para dirigentes o entornos políticos vinculados al PSOE. Las actuaciones se han vinculado públicamente con nombres como Leire Díez, el exdirigente Santos Cerdán y otros investigados, pero la responsabilidad de cada persona y de una eventual organización debe acreditarse por separado.
Es especialmente importante que Pedraz no ha imputado por el momento al PSOE como persona jurídica, según las informaciones sobre decisiones adoptadas a principios de octubre. La investigación de hechos atribuidos a miembros o antiguos miembros de una formación no implica automáticamente la responsabilidad del partido.
La función de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es investigar los hechos por encargo de la autoridad judicial y aportar elementos susceptibles de contraste. Los informes policiales pueden ser relevantes, pero están sujetos a revisión y valoración por los tribunales.
El caso David Sánchez y la independencia judicial
Biedma instruyó el expediente que desembocó en un juicio en el que David Sánchez fue condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación. La sentencia no es firme y ha sido recurrida, al igual que el fallo que impuso 18 años a Miguel Ángel Gallardo.
La coincidencia de estos procedimientos en el debate público no permite reducirlos a una única causa. La contratación pública en Badajoz y las presuntas presiones a una magistrada se sustancian en expedientes y órganos distintos, con hechos investigados y garantías específicas.
La independencia judicial requiere que los magistrados puedan actuar sin presiones ilegítimas; también exige que las personas señaladas por posibles delitos dispongan de presunción de inocencia y posibilidad real de defensa.
Las declaraciones del 28 de octubre
Pedraz ha citado para esa fecha tanto al exjuez como a otro testigo relacionado con las pesquisas. Las comparecencias pueden aclarar qué comunicaciones tuvieron lugar, qué testimonios se consideran consistentes y si procede practicar más diligencias.
Hasta entonces, el estado probado es el de una citación judicial como investigado por presuntas maniobras contra Biedma, no una condena por amenazas ni la comprobación de una conspiración institucional.
La fotografía de portada muestra la sede de la Audiencia Nacional en Madrid y no a la jueza Biedma ni al exmagistrado Sáenz de Tejada. Es archivo de 2015, acreditado con su autor y licencia.
Fuentes: The Objective, 13/10/2026; Europa Press, citación 28/10; Cadena SER, posición del investigado.
